nombre reservado con SAINT MARY SCHOOL S.A.

nombre reservado, nombre reservado y otros Sociedad Colegio Saint Mary School S.A.

Recurso de Protección Rol N° 1160-2020.- La Serena, catorce de agosto de dos mil veinte.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha veintiséis de junio de dos mil veinte comparece CLAUDIO ULISES RIOS AGUILERA, abogado, en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Sociedad Colegio Saint Mary School S.A., en virtud de los siguientes antecedentes.

Expone que como es un hecho notorio y de público conocimiento, producto de la crisis sanitaria derivada de la pandemia que nos afije, desde el 16 de marzo del año en curso las actividades de los colegios se encuentran totalmente suspendidas, encontrándose los establecimientos educacionales sin posibilidad de abrir las puertas de sus instalaciones a los estudiantes y desde esta fecha nos encontramos en una situación de cuarentena obligatoria que hace inviable la posibilidad de continuar con la actividad educacional presencial en forma indefinida.

En el contexto antes mencionado, se encuentra la relación contractual entre los apoderados recurrentes y la recurrida sostenedora del establecimiento SAINT MARY SCHOOL S.A.; la prestación que entrega la recurrida es la de un servicio educacional que se regula por un contrato de prestación de servicios educacionales, que en forma resumida establece para el sostenedor, la obligación de entrega del servicio educacional en su establecimiento ubicado en domicilio reservado, Coquimbo y la obligación de los apoderados como contraprestación a este servicio, la de pagar una matrícula y una anualidad por dichos servicios.

Destaca que a la fecha los servicios educacionales no se están prestando en la forma en que fueron contratados, es decir, desde la fecha de la suspensión de clases al día de interposición de esta acción, no han tenido clases presenciales como es el objeto de las obligaciones de la recurrida según el contrato de adhesión al cual se han adscrito los apoderados y recurrentes de esta acción.

Indica que se podría sostener que el servicio se está prestando en forma virtual, con clases a distancia mediante alguna plataforma virtual, como lo ha aconsejado la autoridad educacional con la finalidad para servir de apoyo a los estudiantes en cuarentena. Pero estas actividades, por parte de la recurrida son de manera ocasional, no en la totalidad del horario en que los estudiantes deberían tener clases. Claramente esta forma de instrucción no puede asimilarse a la prestación por la que se está pagando.

Sostiene que en estricto rigor estamos en presencia de un incumplimiento contractual por parte de la recurrida.

Añade que luego de diversas acciones por parte de los apoderados recurrentes, los que por medio de correos electrónicos han intentado obtener algún tipo de solución, el colegio sólo de manera informal, por teléfono ha señalado que no modificará su cobro, siendo la última de esta informal comunicación la llamada en la primera semana de Junio del presente año.

Refiere que en este escenario tenemos que por una parte la recurrida no cumple sus obligaciones del contrato, y por otra busca modificar unilateralmente sus obligaciones, siendo dichas situaciones por una parte arbitrarias e ilegales en el sentido que exija el cumplimiento del pago de los servicios sin cumplir con su contraprestación y por otra se comete un acto ilegal que vulnera la garantía constitucional de derecho a la propiedad.

Agrega que los actos referidos en el título anterior constituyen un acto arbitrario y además, ilegal en la medida que se aparta de las normas jurídicas que reglamentan las relaciones en materia del consumidor, vulnerando el principio de protección al consumidor como parte más débil en la relación de consumo y atenta contra la garantía constitucional al derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones solicita suspender el cobro de los servicios mientras no se regularicen las actividades educacionales en la forma contratada o acuerden con los apoderados contratantes nuevas condiciones para los servicios educacionales contratados, que impliquen una rebaja ecuánime al 50% del arancel, o en su defecto la devolución de los montos pagados para los que ya han pagado el año, con costas.

Acompaña contrato tipo celebrado entre las partes con la respectiva estructura de pagos.

SEGUNDO: Que, con fecha veintitrés de julio de dos mil veinte evacuó informe GONZALO PHILLIPS DEL POZO, abogado, en representación de SAINT MARY SCHOOL S.A., en los siguientes términos.

Sostiene, en primer lugar, que corresponde el rechazo del arbitrio constitucional, por cuanto, tal como se ha sostenido reiteradamente por nuestra jurisprudencia, para que pueda prosperar la acción de protección se exige la existencia de derechos indubitados, es decir, de derechos cuya existencia y titularidad carezca de discusión o aparezcan en forma incontrovertible de los antecedentes aportados en la presentación del recurrente.

Hace presente que en sede proteccional, no es dable una discusión para obtener la declaración de un derecho, mediante la interpretación que corresponde dar a un instrumento contractual, en este caso en particular, en cuanto a los términos del contrato de prestación de servicios educacionales que vincula a la recurrente con el colegio recurrido.

Así las cosas, existiendo controversia acerca del cumplimiento o incumplimiento de la relación contractual de consumo, no es esta sede de excepción la que debe conocer y resolver la reclamación deducida, la cual, desde luego, presupone un conflicto de intereses de lato conocimiento, declarativo de derechos cuestionados, y ante una judicatura especial.

En cuanto al fondo, aduce en primer lugar, que el objeto del contrato de prestación de servicios educacionales es la entrega de educación, bajo determinadas condiciones que la habilitan para ser reconocida oficialmente por el Estado, y que se encuentran reguladas en el artículo 46 de la Ley General de Educación (LGE). Además, de acuerdo al artículo 36 de la Ley General de Educación y Decreto Supremo N°289 de 2010 del Ministerio de Educación, los sostenedores deben cumplir con un calendario escolar regional, de carácter anual.

De ahí que, como señala la Superintendencia de Educación en Ordinario 0621 de 25 de marzo de 2020 (apartado "3. Síntesis y opinión de este Servicio"), "El objeto del contrato de prestación de servicios educacionales celebrado con un establecimiento reconocido oficialmente por el Estado, subvencionado o particular pagado, es la entrega de educación bajo las condiciones que impone la normativa legal y reglamentaria aplicable, las cuales no son fraccionables".

Ahora bien, con ocasión de la emergencia sanitaria producto del COVID 19 que afecta al país, el Ministerio de Salud, ha venido dictado una serie de Resoluciones Exentas regulando y suspendiendo distintas actividades para evitar la propagación del virus. En este sentido, el 16 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud dictó la Resolución Exenta N°180 que dispuso "Suspéndanse las clases en todos los jardines infantiles y colegios del país, por un periodo de dos semanas, a contar de hoy". Con posterioridad, la autoridad sanitaria dictó, entre otras, las resoluciones exentas N°208, N°210, N°212, que dispusieron "Suspéndanse presencialmente las clases en todos los jardines infantiles y establecimientos educacionales del país, pudiendo continuar la prestación del servicio educacional de manera remota, conforme a los criterios que establezca el Ministerio de Educación...", variando en cada una de las resoluciones, la fecha de vigencia de las medidas. Por último, el Ministerio de Educación, terminado el período anticipado de las vacaciones de invierno que se extendió entre el 13 y el 24 de abril de 2020, dispuso que las clases presenciales se suspenden hasta que las condiciones sanitarias permitan un retorno gradual.

Señala que el día 16 de marzo de 2020, al momento de tomar conocimiento de la resolución ministerial que ordenó la suspensión de clases en todos los colegios del país, las unidades pedagógicas de enseñanza Básica, Media e Inglés, la Psicóloga, equipo de convivencia escolar y el Director del Colegio, definieron como plataforma de trabajo con los alumnos la "Plataforma Microsoft Teams", que se comenzó a implementar en el Colegio como vía de comunicación y de trabajo colaborativo solo para docentes y funcionarios, el segundo semestre del año 2018.

Manifiesta que su mandante ha venido dando cumplimiento a su obligación de impartir enseñanza de acuerdo a sus planes de estudio y acorde a las normativas impuestas por la autoridad sanitaria y el Ministerio de Educación durante la pandemia que nos aqueja; se implementó la denominada Aula Virtual.

Asimismo, destaca que Colegio Saint Mary School S.A. por carta de fecha 7 de Abril del año 2020, enviada a los apoderados del Colegio, invitó a todas las familias de la comunidad escolar que debido a la crisis sanitaria se vieran en el complejo escenario de perder su fuente laboral y/o que sus ingresos se proyectaren disminuidos en lo inmediato, para que presentaran formalmente y de forma individual, su problemática familiar y propusieran una forma de solución posible. El colegio se comprometió a evaluar cada caso en forma confidencial, de manera de propiciar soluciones acordes a la realidad del colegio y de las familias. Parte del comunicado señala exprsamente:

Añade que el Colegio Saint Mary School S.A. no puede dejar de percibir las colegiaturas de sus alumnos, de lo contrario, se pone en juego la continuidad de la prestación del servicio educativo y el propio proyecto educativo, pues, tratándose de un establecimiento educacional particular pagado, no recibe ningún apoyo económico externo y se sustenta económicamente sólo con las mensualidades pagadas por sus apoderados. Es necesario contar con los pagos de los apoderados para poder responder, a su vez, al pago de las remuneraciones de los profesores y de todo el personal que se encuentra trabajando arduamente para cumplir con la prestación de servicios educacionales al alumnado.

Menciona que contrariamente a lo sostenido por el recurrente, el contrato de prestación de servicios educacionales no establece que los mismos deben ser impartidos única y exclusivamente en el colegio Saint Mary School S.A. ubicado en en domicilio reservado, sino por el contrario el referido contrato contempla la posibilidad que unilateralmente el Colegio los preste en un lugar diverso, y más aún en una modalidad diversa, a consecuencia de la Pandemia y las ordenes del ministerio de Educación.- En este marco de actuación, refiere que se ha cumplido y se cumplen estrictamente las directrices que sobre el particular ha impartido el Ministerio de Educación.

Tocante a la imputación de que existiría una situación de incumplimiento contractual, en el ámbito de la relación de consumo, sostiene que ello no es efectivo. Ha habido y continuará habiendo debido y diligente cumplimiento por parte del Colegio de sus obligaciones académicas, como ya ha sido señalado en lo previo, utilizando los medios técnicos y humanos necesarios para una adecuada entrega de los aprendizajes vía tele presencia y remota.

Tampoco es efectivo que la recurrida haya pretendido modificar unilateralmente sus obligaciones. Al contrario, conforme se relató existe un vínculo en que cada parte debe asumir sus obligaciones y ejercer sus derechos, lo que el Colegio ha realizado en la forma, modalidad y condiciones antes descritas, negando cuantas imputaciones se efectúen sobre el particular, razón por la que, de existir y subsistir alguna disputa sobre los efectos del contrato, ha debido utilizarse la sede judicial especial para ello.

En relación a la reclamación sobre una supuesta negativa a negociar, individual o colectivamente, las condiciones de cada contrato celebrado, para la prestación de servicios educacionales, lo niega de manera tajante, siendo ésta una alegación improcedente e inadmisible en una acción cautelar como la de la especie, por cuanto no existe ninguna obligación a negociar que fluya del contrato, o sea efecto del mismo, aplicación básica de la ley del contrato, y menos establecer una rebaja del 50% del Arancel, materia que no puedes ser tratadas por medio de un recurso de protección.

Así las cosas, no existe actuar ilegal ni arbitrario de su representado a la medida objeto de la presente acción constitucional por lo que, no se pueden considerar afectadas las garantías constitucionales mencionadas en el recurso.

Sin perjuicio de lo anterior, aduce la extemporaneidad del recurso, por cuanto de las propias declaraciones de la parte recurrente, se desprende que los alumnos han asistido a clases Online desde el día 17 de marzo del año 2020, quedando de manifiesto que la fecha de la interposición del recurso de protección, habían transcurrido sobradamente los plazos dispuestos por el auto acordado sobre tramitación del recurso de protección, debiendo en consecuencia éste ser declarado extemporáneo por haber transcurrido más de 104 días desde el inicio de la nueva modalidad on line del estudio y enseñanza.- Del mismo modo aduce la falta de legitimidad pasiva de su representada, porque los actos que el recurrente sostiene que le afectan provienen de la autoridad sanitaria, constituyendo los hechos que alega el recurrente un caso fortuito o fuerza mayor, no concurriendo los requisitos del actuar ilegal o arbitrario que exige la normativa.

Por estas consideraciones solicita rechazar en todos sus términos el recurso interpuesto, con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Ordinario 0621 de la Superintendencia de Educación de fecha 25 de marzo 2020; 2.- Recurso de protección presentada en contra del Colegio Ingles Católico de La Serena, ante la Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena, Rol 690-2020; 3.- Sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena, Rol 690-2020, de fecha 18 de Junio de 2020, que Rechaza el recurso de protección; 4.- Recurso de protección presentada en contra del Colegio Ingles George Chaytor Carson ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco, Rol 2560-2020; 5.- Sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco, Rol 2560-2020, de fecha 17 de Junio de 2020, que Rechaza el recurso de protección; 6.- Recurso de protección presentada en contra de la Sociedad Educacional Colegio Centenario S.A. ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 38384-2020; 7.- Resolución de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 38384-2020, de fecha 30 de Abril de 2020, que declara inadmisible el recurso de protección; 8.- Recurso de protección presentada en contra de la Fundación Educacional Alicante del Sol, ante la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol 4172-2020; 9.- Resolución de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol 4172-2020, de fecha 04 de Mayo de 2020, que declara inadmisible el recurso de protección; 10.- Resolución de la Excma. Corte Suprema, Rol 59578-2020, de fecha 27 de Mayo de 2020, que confirma la resolución que declara inadmisible el recurso de protección; 11.- Recurso de protección presentada en contra de la Sociedad Educacional American Academy S.A., ante la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol 4223-2020; 12.- Resolución de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol 4223-2020, de fecha 04 de Mayo de 2020, que declara inadmisible el recurso de protección; 13.- Resolución de la Excma. Corte Suprema, Rol 59581- 2020, de fecha 27 de Mayo de 2020, que confirma la resolución que declara inadmisible el recurso de protección; 14.- Instructivo Orientaciones Mineduc Covid 19 de fecha 15 de Marzo de 2020, que obliga a los establecimiento el mantenimiento del funcionamiento de los colegios en forma virtual on line; 15.- Sentencia dictada en el recurso de protección Rol 508-2020, de la Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena, de fecha 01 de Julio de 2020, que falló un recurso de protección de la misma naturaleza y por los mismos motivos y fundamentos que el recurso de protección de autos rechazándolo en todas sus partes, siguiendo la tendencia de todos los recursos de protección presentados hasta la fecha; 16.- Carta de fecha 07 de Abril del año 2020, enviada por el Colegio Saint Mary School S.A., a los apoderados del Colegio; 17.- Protocolo para estudiantes Apoyo Pedagógico On Line; 18.- Tutorial Ingreso y Uso del Sistema de Apoyo Pedagógico On Line nombre reservado; 19.- Informe Cualitativo, 6º Básico Colegio Saint Mary School, Profesora nombre reservado; 20.- Informe Cualitativo, 3º Medio Colegio Saint Mary School, Profesora nombre reservado; 21.- Informe Cualitativo, 3º Básico Colegio Saint Mary School, Profesora nombre reservado; 22.- Informe Cualitativo, 2º Básico Colegio Saint Mary School, Profesora nombre reservado; 23.- Informe Asistencia, 3º Medio Colegio Saint Mary School, Profesora nombre reservado; 24.- Informe Asistencia 3º Básico Colegio Saint Mary School, Profesora nombre reservado; 25.- Informe Asistencia, 2º Básico Colegio Saint Mary School, Profesora nombre reservado; 26.- Informe Cualitativo 7º Básico colegio nombre reservado, Profesora Esperanza nombre reservado; 27.- Informe Cualitativo 4º Básico colegio nombre reservado, Profesora Marcela catalina nombre reservado; 28.- Informe Reunión de Apoderados 3º Básico colegio nombre reservado, profesora nombre reservado; 29.- Informe Reunión de Apoderados 6º Básico colegio nombre reservado, Profesora nombre reservado; 30.- Informe Reunión de Apoderados 3º Medio colegio nombre reservado, Profesora nombre reservado; 31.- Informe Reunión de Apoderados 2º Básico colegio nombre reservado, Profesora nombre reservado; 32.- Informe Reunión de Apoderados 7º Básico colegio nombre reservado, Profesora Esperanza nombre reservado; 33.- Informe Reunión de Apoderados 4º Básico colegio nombre reservado, Profesora Marcela catalina nombre reservado; 34.- Informe y descripción de la Modalidad de Trabajo On Line del Colegio Saint Mary School; 35.- Informe del proceso pedagógico de implementación de Aula Virtual del Colegio Saint Mary School; 36.- Carta a apoderados señalando horario de fecha 30 de Marzo de 2020 para el funcionamiento on line; 37.- Video Diferenciado Educación Física; 38.- Video Diferenciado Ciencias Catabolismo de Proteínas; 39.- Video Electivo Artes; 40.- Video Diferenciado Matemática Guía de proceso parte 1; 41.- Video Diferenciado Lenguaje Cómo escribir una ficha de registro; 42.- Video Diferenciado Física Leyes de Newton; 43.- Video Clase 10_ Historia Economía Global; 44.- Video Clase 3° medio Sindempart. Clase Filosofía. ¿Qué buscamos cuando dialogamos; 45.- Video 3 y 4 medio_ clase 12_ Diferenciado Química Realizar ejercicios de hibridación_ diferenciado química_ Sindempart.- TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad formulada por la recurrida, cabe hacer presente que, conforme consta del claro tenor de la acción impetrada, el acto que por esta vía se cuestiona, consistente en la negativa a la solicitud de rebaja de arancel formulada por los apoderados recurrentes, se ha materializado mediante una comunicación informal dirigida por la sociedad educacional denunciada a los actores durante la primera semana del mes de junio del presente año, circunstancia que no aparece como controvertida en el informe evacuado.

Así las cosas, constando en la tramitación digital de la presente causa que el presente arbitrio ha sido interpuesto con fecha 26 de junio de los corrientes, se concluye que el mismo se ha formulado dentro del plazo previsto en el Auto Acordado que regula la materia, por lo que solo cabe desestimar dicha alegación.

SEXTO: Que, del mismo modo, se impone la negativa en lo que refiere a la excepción de falta de legitimación pasiva invocada por la denunciada, por cuanto del claro texto del libelo pretensor se advierte que el acto que se cuestiona, referido en el considerando que antecede, ha emanado de la sociedad educacional emplazada en estos antecedentes, lo cual determina su calidad de sujeto pasivo respecto de la presente acción.

SEPTIMO: Que, en cuanto al fondo, ha objeto de resolver lo que corresponda, ha de hacerse notar, por una parte, que del contenido del arbitrio constitucional se advierte que en definitiva se ha calificado como un “incumplimiento contractual” la forma en la que actualmente la recurrida se encuentra desarrollando sus actividades educacionales, que no corresponderían a las pactadas, de manera que aquello ameritaría una rebaja o revisión del monto de colegiatura o aranceles que deben seguir satisfaciendo las recurrentes, no obstante todas las deficiencias acusadas.

Sin embargo, desde el otro ángulo, corresponde apreciar que de lo informado por el ente recurrido, aparece que en su concepto ha dado cumplimiento a su obligación de impartir enseñanza de acuerdo con sus planes de estudio y acorde a las normativas impuestas por la autoridad sanitaria y el Ministerio de Educación durante el estado de pandemia. Además, justifican su derecho a seguir recibiendo las colegiaturas de sus alumnos puesto que de lo contrario, se pondría en juego la continuidad de la prestación del servicio educativo ya que tratándose de un establecimiento educacional particular pagado, no recibe ningún apoyo económico externo y se sustenta económicamente sólo con las mensualidades pagadas por sus apoderados. Sin perjuicio de lo anterior respecto de este último tema, expresaron haber dado un trato especial a algunos apoderados de acuerdo con sus particulares situaciones.

OCTAVO: Que, así las cosas, tal como se ha explicado en el motivo tercero de este fallo a propósito de las características del recurso deducido, la presente acción de cautela de derechos constitucionales, constituye a no dudar, una vía destinada a dar protección respecto de aquellos cuya existencia aparezca indubitada y no discutidos, sin que pueda llegar a constituirse en una instancia de declaración de tales derechos.

En consecuencia, no resulta procedente que en ese ámbito, esta Corte conozca de una controversia acerca del cumplimiento o incumplimiento de la relación contractual que liga a las recurrentes con el establecimiento educacional recurrido, y que regla la prestación de los servicios educacionales en los términos que ha sido presentada. Por cierto que existe un conflicto de intereses, pero su conocimiento, su discusión, la instancia de prueba y aquella de determinación, sin duda que deben ser planteados a través del ejercicio de la acción procesal pertinente que provoque un juicio de lato conocimiento para así obtener la tutela judicial que se pretenda y que sea en justicia la que corresponda.

Entretanto, el recurso de protección deducido deberá ir a su indefectible rechazo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por Claudio Ulises Rios Aguilera, en la representación que invoca, en contra de Sociedad Colegio Saint Mary School S.A., sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1160-2020 (Protección).-