Protección contra Tesorería Regional de Coquimbo y de su representante legal

nombre reservado

Tesorería Regional de Coquimbo Recurso de Protección (Rol Corte N° 1158-2017-Civil).- La Serena, a once de septiembre de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Tesorería Regional de Coquimbo y de su representante legal, don nombre reservado, por las acciones ilegales y arbitrarias que señala, acciones que vulneran de manera continua los derechos y libertades fundamentales que la Constitución Política de la República reconoce a todos los habitantes del territorio, y solicita que se acoja el recurso de protección que deduce.

Sostiene la recurrente que, desde el año 2011 se mantenía una discrepancia por la devolución de Impuesto a la Renta, con el Servicio de Impuestos Internos, el que en forma arbitraría e ilegal retuvo las devoluciones de Impuesto a la Renta de la recurrente, de los Años Tributarios (AT) 2011 y 2012.

Señala que, por lo anterior, se realizaron dos presentaciones administrativas ante el Servicio de Impuestos Internos. La primera de ellas para solicitar la devolución del Impuesto a la Renta del Año Tributario 2011, por lo que el Servicio de Impuestos Internos mediante Resolución Ex. N° 71.828 de fecha 22 de febrero de 2017, da lugar la devolución en su totalidad del monto solicitado a devolución para ese año tributario, por la suma de $1.658.375, más los intereses y reajustes correspondiente y establecidos en la ley. La segunda presentación fue para solicitar la devolución del Impuesto a la Renta del Año Tributario 2012. Por lo que el Servicio de Impuestos Internos mediante Resolución Ex. N° 71.883 de fecha 23 de Febrero de 2017, da lugar a la devolución en su totalidad del monto solicitado, por la suma de $1.579.957 más los intereses y reajustes correspondientes y establecidos en la ley.

Sostiene la recurrente que mediante las Resoluciones Exentas antes citadas el Servicio de Impuestos Internos autoriza y mandata a la Tesorería General de la República, que para este caso corresponde a la Tesorería Regional de Coquimbo, para que emita y pague los montos antes citados a la contribuyente, siendo esta la recurrida.

Señala la recurrente que, por lo anterior, se tiene que desde el 23 de Febrero de 2017, la Tesorería Regional de Coquimbo, debió haber generado los pagos de devoluciones de Impuesto a la Renta, lo que aún no ha sucedido, es decir, la Tesorería Regional de Coquimbo se ha negado a hacer efectiva la devolución de Impuesto a la Renta de la recurrente, sin tener ningún sustento o restricción legal para hacerlo.

Afirma que con todo lo anterior, claramente la Tesorería Regional de la República ha negado la devolución del Impuesto a la Renta para los años tributarios 2011 y 2012, en forma arbitraria e ilegal, habiendo agotado la recurrente todas las instancias al solicitar las devoluciones en cuestión, en múltiples oportunidades.

Por último, sostiene la recurrente, no es menos importante señalar que, las retenciones de los valores aún se mantienen, lo que afectaría las garantías constitucionales de la recurrente del artículo 19 N° 2° de la Carta Fundamental, esto es, la igualdad ante la ley, y la garantía del artículo 19 N° 22 de la Constitución, esto es, la no discriminación arbitraria que deben dar el Estado y sus órganos en materia económica.

Concluye solicitando, en síntesis, que se acoja el recurso de protección deducido, y se decrete en especial, que se ordene a la Tesorería Regional de Coquimbo cesar la medida de impedir la devolución del Impuesto a la Renta de la contribuyente; que se instruya a la misma Tesorería Regional de Coquimbo, en orden a que sus facultades no pueden ser ejercidas en términos que vulneren las garantías constitucionales del contribuyente, imponiendo restricciones ilegales y arbitrarias; y que se instruya a dicho servicio para que inicie todos los procedimientos administrativos destinados a poner fin a los actos arbitrarios e ilegales contra de esta contribuyente y completar el proceso de devolución de los Impuestos a la Renta de los años tributarios 2011 y 2012.

Por su parte, comparece en primer término don nombre reservado, Director Regional del Servicio de Tesorerías de La Serena, informando al tenor del recurso de protección deducido en estos antecedentes. Al efecto, en síntesis, sostiene que se procedió a indagar los antecedentes a partir del recurso de marras, pero que resulta ajeno al ámbito de competencia de dicho servicio el dar una solución inmediata a la situación planteada, por cuanto aún se encuentra en la esfera previa, correspondiente al Servicio de Impuestos Internos.

Añade el informante, a modo explicativo, que cuando el Servicio de Impuestos Internos autoriza cualquier liberación de dineros en favor de un contribuyente, debe enviar la información con los códigos respectivos a cada uno de los RUT, mediante una cinta magnética que contiene toda la información necesaria relativa a éstos, a fin de procesar las devoluciones.

Agrega que dicha cinta es recibida por la Sección Egresos y Recaudación de la Tesorería General de la República, a nivel central, la que valida la información de la cinta, y en caso de ser válidos los códigos del SII en relación a los formularios 22 con devolución aprobada, da curso derechamente al proceso respecto de todos los RUT en ella contenidos, y que si, por algún motivo, el SII cometiere un error en dicha cinta o ésta es recibida en forma defectuosa, debe devolverse íntegramente, a fin de que se corrija y poder dar curso a las devoluciones en ella contenidas, lo que precisamente habría ocurrido con el RUT de la recurrente.

Al respecto, señala el informante que por tratarse de la operación de envío en línea entre el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, atendida la tardanza en la devolución, de la cual Tesorería sólo habría tomado conocimiento a partir del recurso, se consultó con fecha 28 de julio a la Sección IVA – Rentas de aquel Servicio, quien verificó en el sistema que el envío de la orden de devolución hecho por el SII a la Tesorería General, fue rechazado a nivel central por un problema en la cinta magnética contenida en el proceso ya descrito, y producto de tal situación, la contribuyente aún no ha percibido la devolución solicitada.

Reitera que el inconveniente para haber procesado la devolución en cuestión no resulta atribuible a acto arbitrario o ilegal alguno y menos aún cometido por el Servicio que representa, puesto que la Tesorería sólo puede ejecutar las devoluciones en base a la información proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos el que, a su vez, cometió un error involuntario, tampoco calificable de arbitrario o ilegal, en la remisión de la cinta señalada.

Finaliza el informante señalando que, tal como se observa del documento acompañado a su informe, no existen retenciones de ningún tipo decretadas o ingresadas en la Cuenta Única Tributaria de la contribuyente por parte de Tesorería, puesto que la orden de devolución aún no ha sido traspasada a dicho servicio.

Con fecha 14 de Agosto de 2017, mediante Oficio N° 2050, se dispuso solicitar al Servicio de Impuestos Internos al tenor del recurso y de lo informado por el Servicio de Tesorería General de la República.

Que, posteriormente, comparece don nombre reservado, en su calidad de Jefe del Departamento Jurídico (S) de la IV Dirección Regional de La Serena del Servicio de Impuestos Internos quien, informando al tenor del recurso, solicita su rechazo, señalando en síntesis que, con fecha 14 de agosto del año en curso, dicho servicio remitió la información adecuada a la Tesorería General de la República, para que ésta procediera con la devolución correspondiente al año tributario 2012, lo cual se encontraría pendiente a la fecha del informe, esto es, 25 de agosto de 2017.

Señala asimismo el informante que, respecto de la devolución solicitada para el año tributario 2011, con fecha 28 de julio de 2017 se ha procedido a enviar dicha información a la Tesorería General de la República la cual procedió al depósito en la cuenta bancaria de la contribuyente, la suma de $2.061.360, con fecha 11 de agosto de 2017.

Agrega el informe que, como consecuencia de lo anterior, no existe una actuación que afecte a la recurrente en relación con la revisión de sus declaraciones anuales de Impuesto a la Renta, formularios N° 22, de los años tributarios 2011 y 2012, en las que se solicitaba una devolución de impuestos por las sumas de $1.658.375 y de $1.579.957, respectivamente, siendo en todo caso el actuar del organismo que informa ajustado a derecho.

Hace presente que de la revisión de las declaraciones señaladas, se constataron observaciones, que implicaron impugnar la devolución solicitada, por lo que, en cumplimiento de su función fiscalizadora, el Servicio de Impuestos Internos comunicó a la contribuyente las observaciones, solicitándole que las subsanara, lo que no ocurrió, por lo que, mediante Resoluciones Ex. N° 104101000330, de fecha 16 de diciembre de 2013, y N° 104101000160, de fecha 11 de diciembre de 2014, se resolvió denegar las devoluciones de impuestos solicitadas. Tales resoluciones fueron objeto de solicitudes de revisión por la contribuyente con fecha 12 de diciembre de 2016, las que fueron resueltas mediante Resoluciones Ex. N° 71.828 y 71.883, la primera respecto del año tributario 2011 y la segunda por el año tributario 2012, de fechas 22 y 23 de febrero de 2017, respectivamente, emitidas por la Oficina de Procedimientos Administrativos Tributarios de la IV Dirección Regional de La Serena, dando lugar a la totalidad de las devoluciones de impuestos solicitadas.

Agrega que, como consecuencia de lo señalado, con fecha 16 de marzo de 2017, se informó a la Tesorería general de la República la liberación del saldo a favor de la recurrente, respecto de ambos años tributarios, pero que en las cintas magnéticas mediante las cuales se envía la información, se cometió un error involuntario, lo que motivó que con fecha 20 de marzo de 2017, el Servicio de Tesorerías rechazara la información referida.

Señala que, atendido lo expuesto, y para los efectos de proceder a la devolución de impuestos correspondiente al año tributario 2011, con fecha 28 de julio de 2017, se ha procedido a enviar nuevamente la información a la Tesorería General de la República, la que ha depositado en la cuenta bancaria de la contribuyente la suma de $2.061.360, con fecha 11 de agosto de 2017, y en cuanto a la devolución correspondiente al año tributario 2012, el Servicio de Impuestos Internos, con fecha 14 de agosto de 2017, ha remitido nuevamente la información a Tesorería General de la República, para que ésta proceda a su devolución, encontrándose pendiente a la fecha del informe.

Concluye el informante solicitando el rechazo del recurso de protección, atendido el mérito de lo informado.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza, debiendo la Corte adoptar las medidas de resguardo o providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección al afectado.

SEGUNDO: Que, para la procedencia del recurso de protección, se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) que se compruebe la existencia de la omisión (o acción) reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa omisión (o acción); c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección; y e) en lo formal, que se le haya interpuesto en el plazo legal.

TERCERO: Que asimismo, resulta indispensable para que prospere la acción constitucional, dada la finalidad cautelar de la misma, que la situación de privación, perturbación o amenaza arbitraria o ilegal, y que motiva la interposición del recurso de protección, sea actual o inminente, requisito que condiciona la posibilidad de que la Corte de Apelaciones respectiva se encuentre en situación material y jurídica de brindar la protección que se solicita.

CUARTO: Que, en este aspecto, conviene destacar los antecedentes tenidos a la vista, en especial lo informado por el Servicio de Impuestos Internos, en que se sostiene que para proceder a la devolución de impuestos correspondientes al año tributario 2011, con fecha 28 de julio de 2017 se procedió nuevamente a enviar a Tesorería General de la República la información respectiva, por lo que, con fecha 11 de agosto de 2017, este último servicio procedió a depositar en la cuenta bancaria de la contribuyente, la suma de $2.061.360, como asimismo el documento acompañado por Tesorería con fecha 24 de agosto de 2017, consistente en el Comprobante de Egreso relativo al Rut de la contribuyente doña nombre reservado, recurrente en estos antecedentes, documento en el que consta el depósito efectuado a su favor, por la suma de $1.889.629, correspondiente al Formulario Declaración Renta de fecha 18 de abril de 2012.

QUINTO: Que, conforme el mérito del informe y documento señalado y tenido a la vista, resulta palmaria la pérdida de oportunidad respecto de la acción constitucional deducida en estos antecedentes, desde que, al haberse concretado la devolución de impuestos referida en el recurso mediante los respectivos abonos en la cuenta bancaria de la contribuyente recurrente en estos autos, desaparece el acto arbitrario o ilegal que motivó la interposición del recurso de protección que nos ocupa, y que permitiría a esta judicatura adoptar medidas oportunas y eficaces para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la recurrente.

SEXTO: Que, atendido lo razonado en el motivo precedente, el recurso de protección deducido en autos no podrá prosperar, debiendo en consecuencia ser desestimado, por haber perdido la oportunidad al haberse subsanado las actuaciones reclamadas tanto por el Servicio de Tesorería General de la República como por el Servicio de Impuestos Internos.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de los razonamientos consignados precedentemente, esta judicatura no puede dejar de observar la falta de prolijidad que los órganos de la Administración del Estado han evidenciado a la luz de lo antecedentes allegados al caso. No se puede comprender la excesiva dilación en dar una respuesta oportuna y eficaz a un requerimiento efectuado por un contribuyente, escudándose en errores imputables precisamente al ente administrativo, y en el que ninguna responsabilidad le incumbe al administrado, no obstante lo cual es este último quien en definitiva debe soportar las consecuencias de la ineficiencia evidenciada en este caso, en que, sólo a raíz de la interposición de la acción cautelar que nos ocupa, el ente administrativo, especialmente el Servicio de Impuestos Internos, sale de su pasividad y realiza las gestiones que permiten dar una respuesta final a la solicitud de la contribuyente, en muy breve tiempo, lo cual evidencia que el problema que afectaba a la recurrente de estos autos era de relativa simple solución, si la Administración del Estado con competencia en la materia hubiera actuado con la prontitud y celeridad que exige el ordenamiento jurídico, bastando para ello tener presente los principios y mandatos más elementales que en materia administrativa contempla la Ley N° 19.880 artículo 4º en relación con el artículo 7º (principio de celeridad), artículo 8º (principio conclusivo), y el artículo 14 (principio de inexcusabilidad), principios que no fueron respetados al tiempo de la interposición de la acción constitucional de protección.

Y visto además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de Tesorería Regional de Coquimbo.

Redacción del abogado integrante señor Claudio Fernández Ramirez.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Nº 1158-2017-Civil.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por el Ministro Titular señor Fernando Ramírez Infante, el Ministro Suplente señor Carlos Jorquera Peñaloza y el abogado integrante señor Claudio Fernández Ramirez.

La Serena, once de septiembre de dos mil diecisiete, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.