nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

nombre reservado

Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes Recurso de Protección Rol N°1157-2025.- La Serena, ocho de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, cedula de identidad N°RUT reservado, y deduce recurso de protección en contra de la Caja de compensación Los Andes, representada legalmente por su Gerente don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, debido al acto ilegal y arbitrario que vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la República.

Indica que, el 29 de septiembre de 2021 contrajo un mutuo de dinero con la recurrida de autos, denominado “crédito social”, el que fue pactado en diversas cuotas, cuyos pagos serían efectuados en conformidad a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 18.833.

Agrega que, por motivos ajenos a mi voluntad, quedé sin trabajo, perdiendo la fuente de mis ingresos y cayendo por tanto en situación de endeudamiento, en particular con el crédito mencionado, en mora por el mutuo anteriormente enunciado, a partir de la cuota número 29.

Sostiene que el 06 de septiembre de 2024, la recurrida, haciendo uso de la cláusula de aceleración, inició un juicio ejecutivo de cobro de pagare ante el 3º Juzgado de Letras de Coquimbo, en los autos Rol C-2091-2024.

Afirma que el actuar de la recurrida vulnera el derecho de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, señalando, en síntesis, que a través del acto de la recurrida se priva al actor del legítimo derecho de propiedad a percibir su remuneración íntegra.

Por lo expuesto, solicita, acogerlo en todas sus partes, declarando como arbitrarios e ilegales los hechos descritos y ordenar a la recurrida, que se abstenga de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones, y reembolsar el dinero descontado de sus remuneraciones, con costas.

SEGUNDO: Que evacuó informe la recurrida solicitando el rechazo del recurso. Expone, que es efectivo que se otorgó el 29 de septiembre de 2021, un crédito al recurrente, por la suma de $6.121.371, a una tasa de 1.1%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota de $145.206, cuyo primer vencimiento fue el 30.11.2021.

Asimismo, el 05 de octubre de 2023, otorgó el crédito código 208DIG100231049, por la suma de $334.991, en un plazo de 48 meses, con una cuota de $12.948, cuyo primer vencimiento fue el 31.12.2023, sin embargo, se adeudan las cuotas del mes de agosto de 2024 a junio de 2025 (9 a 19).

Afirma que no existe una actuación ilegal o arbitraria por parte de la recurrida, ya que los descuentos para el pago de las cuotas del crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833 y que la acción de cobro no ha sido declarada prescrita, haciendo presente que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por el actor existe y es plenamente exigible.

Por lo expuesto solicita el rechazo de la acción de protección, por no existir acto ilegal o arbitrario.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que del tenor del recurso de advierte que el acto reprochado como ilegal y arbitrario consiste en que la recurrida requirió el descuento por planilla de las cuotas adeudadas por el actor en virtud de tres contratos de mutuo de crédito social celebrado entre las partes.

SEXTO: Que, establecidos los hechos expuestos en el motivo precedente, cabe dilucidar si al iniciar el cobro del crédito social que el actor mantenía con la Caja recurrida mediante la modalidad de descuentos directos del pago de su remuneración, dicha entidad ha actuado de modo ilegal o arbitrario conculcando garantías constitucionales del recurrente.

Al respecto es necesario tener presente que la Ley N°18.833 prescribe en su artículo 22 que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. Esta disposición contempla una potestad legal que la Caja de Compensación acreedora puede ejercitar con el objeto de obtener el pago de los créditos sociales, y constituye, en definitiva, una garantía para la entidad acreedora.

Que, en la especie, se verifica una vulneración y amenaza del derecho de propiedad del recurrente, por cuanto el actor ha visto disminuidas sus remuneraciones, derivado de un acto arbitrario de la recurrida, en atención a que si bien ambas partes no discuten la existencia de las deudas que dan origen al descuento por planillas, si puede discutirse la vigencia de estas, en tanto se trata de obligaciones que se hicieron exigibles.

SEPTIMO: Que, sin perjuicio de reconocer que la recurrida goza de la potestad legal para cobrar el crédito social otorgado por la vía de realizar deducciones a la remuneración o pensión del afiliado, es necesario tener presente que tal atribución no puede ser ejercida de modo arbitrario o abusivo.

Entonces, el beneficio contemplado en el artículo 22 de la Ley 18.833 ya citado resultaba improcedente, considerando el extenso lapso que alcanzó a transcurrir entre la fecha de otorgamiento de los créditos y la que se efectúa el cobro, a través del mecanismo de descuento y considerando especialmente que la recurrida acreedora había optado por la vía judicial para el cobro, lo que lo hace más arbitrario el descuento al recurrente, ya que por propia voluntad dejó de lado este cobro judicial, por lo que la actual decisión de requerir el pago a través de esa vía especial del descuento de sus remuneraciones, deviene en antojadiza.

Así, constituye el actuar de las recurridas un retraso desleal, mismo que supone el ejercicio inadmisible de un derecho propio, que tiene lugar cuando su titular ha permanecido inactivo durante un período significativo sin hacer valer dicho derecho, de modo que el sujeto pasivo se ha confiado y podía confiar en que el derecho en cuestión ya no iba a ser objeto de ejercicio en el futuro. Se produce, por tanto, un retraso desleal que se erigirá en obstáculo al ejercicio del derecho. “Miranda Núñez, nombre reservado. “La Teoría del Retraso Desleal”. Revista Jurídica Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 2021.Vol. 3, p. 86-95).

OCTAVO: Que la conducta de la Cajas recurrida constituye un acto arbitrario, que vulnera la garantía constitucional del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, desde que se priva al recurrente de una parte de sus remuneraciones, al retenérsele indebidamente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solo en cuanto la recurrida deberá cesar de inmediato con los descuentos por planilla efectuados sobre las remuneraciones del recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1157-2025 Protección.-