Protección contra Servicio de Reinserción Social Juvenil y el Ministerio de Justicia y Derechos Hu

nombre reservado

Servicio de Reinserción Social Juvenil/Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Recurso de protección Rol N°115-2026 La Serena, treinta y uno de marzo dos mil veintiséis.

VISTO Que, a folio 1 el veinte de enero de dos mil veintiséis comparece doña nombre reservado, licenciada en trabajo social, domiciliada en domicilio reservado y recurre de protección en contra del Servicio de Reinserción Social Juvenil y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por haber dispuesto el reintegro a su funciones, existiendo riesgos que determinaron enfermedad de origen laboral, alegando vulneración de su derecho constitucional del número 1 del artículo 19 de la Constitución.

Expone que, en su calidad de trabajadora social, decidió postular al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, sin que existieran vacantes para desempeñarme como profesional, optando por el cargo de tutora, en razón de su experiencia en el trabajo con infancia y adolescencia en situación de vulneración de derechos, lo que consta en su currículum vitae.

Relata que, si bien la remuneración asociada al cargo no se encontraba acorde a su nivel de formación profesional, asumió la función con la convicción de contribuir al nuevo sistema de reinserción social juvenil, donde el 27 de noviembre de 2024 ingreso a desempeñarme en el Centro de Internación Provisoria e Internación en Régimen Cerrado, centro dependiente del Servicio de Reinserción Social Juvenil de la Región de Coquimbo en calidad de tutora diurna, dando cuenta de ciertas prácticas empleadas por parte de sus compañeros de trabajo, también tutores, consistentes en el ingreso de implementos no permitidos según reglamento interno del centro; malos tratos a los jóvenes del centro; incumplimiento de funciones propias del cargo; comentarios mal intencionados hacía otros tutores; incumplimiento con los relevos de los turnos; entorpecimiento de autorizaciones y materiales para actividades con jóvenes; falta o demora en dar respuesta y aplicación de protocolos en casos de descompensación de jóvenes, significando un riesgo alto de seguridad.

Explica que el manejo inadecuado de esta representación de situaciones devino en represalias, siendo denunciada como quien ingresaba droga, instruyéndose un sumario en su contra, que ordenó la suspensión de sus funciones, realizando labores administrativas en dicho período dentro del Centro.

Refiere que, concluido el sumario administrativo, se estableció el carácter falso de la denuncia, siendo absuelta y reintegrada a sus funciones como tutora, destacando que, a la fecha, no se le ha informado la identidad de la denunciante, privándosele de ejercer las acciones legales por la imputación de un delito que no cometió.

Hace presente que, desde el 15 de mayo de 2025, fue designada a la Casa 6, instancia en la que, en un breve período, comenzó a generar un vínculo recíproco con los jóvenes a su cargo, lo que se tradujo en una mejora significativa de su comportamiento, evidenciada en la ausencia de consumo de sustancias, asistencia regular a escuela y talleres, adhesión a tratamientos y una conducta general positiva, mediante estrategias costeadas incluso por ella, lo que dio lugar a tensiones con tutores antiguos y conductas de hostigamiento laboral en su contra, que se manifestaron en la obstrucción injustificada de materiales autorizados destinados a actividades con los jóvenes y cambios abruptos de asignación de casa, afectando los procesos de reinserción de los adolescentes.

Precisa que el 1 de junio de 2025, pese a desempeñarse de manera fija en la Casa 6 desde el 15 de mayo, al iniciar su turno a las 8:30 horas, se le instruyó trasladarse a la Casa 3, unidad de alta complejidad, con siete jóvenes condenados —en su mayoría mayores de edad—, respecto de los cuales existía un riesgo reforzado de alteración del orden interno, con un riesgo serio de ingreso de droga, destacando que el cambio fue justificado por el traslado temporal de otro tutor, requiriendo a un funcionario que resguardara sus pertenencias personales -cigarrillos- con el objeto de evitar eventuales conflictos con jóvenes, quien comenzaron a exigirle aquello en un tono agresivo, quienes refirieron que “si iba a esa casa debía llevar cigarros”, ingresando los jóvenes a uno de los dormitorios, advirtiendo de inmediato un cambio significativo en su actitud y que, por razones de resguardo, ingresó a la oficina, indicando uno de los jóvenes que pediría un cambio de tutora.

Manifiesta que el funcionario que los atendió respondió que no realizaría cambios, enfrentándose verbalmente con los jóvenes, donde uno de ellos afirmó estar exponiendo a la profe “a que le pase algo”, quedando sola con los jóvenes, visiblemente alterados y descompensados, quienes regresaron al dormitorio, y uno de ellos comenzó a gritar e insultarla, refugiándose en la oficina, donde un joven comenzó a patear reiteradamente la puerta y la ventana, exigiendo que abriera e intentando ingresar para agredirla.

Da cuenta de que sus llamados de emergencia por radio no fueron atendidos, por aproximadamente treinta minutos, acudiendo finalmente otros tutores, siendo trasladada posteriormente a Casa 2, de mediana complejidad, con jóvenes en internación provisoria, y se retiró a las dos tutoras que se encontraban asignadas a dicha casa, quedando sola, en un estado de evidente afectación emocional.

Relata que, durante el resto de la jornada, los jóvenes de la Casa 2 continuaron presentando conductas disruptivas, como salidas no autorizadas y golpes a puertas, mientras operaba con intenso malestar físico, dolor torácico y sensación de falta de aire, experimentando un temor constante por su vida, siendo relevada al término del turno, con aproximadamente treinta minutos de retraso respecto del horario correspondiente, indicando una de las tutoras que “esto se sabía de anoche, porque los cabros dijeron que no te iban a recibir”, concluyendo de aquello que, pese a existir conocimiento previo del riesgo, fue expuesta y enviada a la Casa 3 por parte de las tutoras nombre reservado, nombre reservado y el funcionario nombre reservado; siéndole informada que, respecto a su traslado desde Casa 6, que iba a volver y se la mantendría en la Casa 2, expresión que fue acompañada de risas y pronunciada en presencia del resto de los tutores, sin que existiera una decisión formal que justificara tal determinación.

Argumenta que lo expuesto configura una planificación y manipulación previa, cuyo nivel de riesgo fue escalando progresivamente, desde la obstrucción de materiales destinados a actividades psicoeducativas, pasando por denuncias falsas en su contra, hasta la exposición deliberada a una situación de extrema violencia en la Casa 3 y la omisión prolongada de auxilio ante sus llamados de emergencia, lo que atribuye a sus denuncias por irregularidades al interior del centro, particularmente aquellas relacionadas con el ingreso de drogas.

Hace presente que el eventual retorno al trabajo constituye un riesgo real, encontrándose en un estado de grave alteración emocional, con temblores, llanto incontenible, sensación de ahogo y crisis de angustia en su domicilio, en presencia de sus hijos, formalizando, el 2 de junio de 2025, una denuncia por maltrato laboral ante la Dirección Regional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, acudiendo a la Asociación Chilena de Seguridad, por la obligación del empleador de readecuar el puesto de trabajo o cambiar al trabajador de puesto de trabajo, para cesar la exposición al agente causante de la enfermedad profesional, encontrándose con licencia médica por trastorno de adaptación, trastorno de estrés post traumático, trastorno por estrés agudo, trastorno mixto de ansiedad y depresión, con tratamiento farmacológico, instruyéndose sumario administrativo, alegando graves deficiencias, donde el fiscal instructor se basó en el testimonio de su jefatura directa, concluyendo que no existían antecedentes suficientes para acreditar irregularidades.

Precisa que no se consideraron los medios de prueba solicitados, como registros de cámaras de seguridad y las bitácoras de las casas; testigos que prestaron declaración; contrastación de los hechos con el testimonio del personal de Gendarmería.

Asimismo, da cuenta de que, concluida su licencia, pidió una audiencia con la directora Regional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, realizada el 23 de octubre de 2025, donde se le planteó la posibilidad de ser designada en comisión de servicio a la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Coquimbo, hasta el 31 de diciembre de 2025, fecha de término de su contrata, y el 13 de noviembre de 2025, se integró al equipo de la SEREMI de Justicia, y se le informó que sería requerida la prórroga de la comisión de servicio para el 2026 y que, en el marco de una visita realizada el 5 de diciembre por el subsecretario de Justicia, las funcionarias hicieron entrega de una carta, manifestando preocupación por la ausencia de liderazgo de la autoridad política a cargo, destacando no haber firmada dicha misiva y que el subsecretario la invitó a participar de la reunión.

Destaca que el 24 de diciembre de 2025, la Secretaria Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos le informó que la prórroga de su comisión de servicio se extendería únicamente hasta el 31 de enero de 2026, en cuanto habría participado de la reunión con la autoridad y haberse mezclado con el resto de los funcionarios, se le hizo presente que no era necesaria, comenzando a llorar y siendo contenida por sus compañeras de trabajo, informando el 22 de diciembre de 2025, el Servicio de Reinserción Juvenil, mediante Oficio NUM000 que existen en funciones 25 tutores, concluyendo que no existe una necesidad de personal más aguda que cuando fue designada.

Afirma que ha experimentado un recrudecimiento de la sintomatología asociada al trauma vivido, presentando pesadillas recurrentes, dificultad para conciliar el sueño y recuerdos intrusivos de los hechos que motivaron su alejamiento laboral, con episodios de llanto durante la jornada.

Da cuenta de que el 14 de enero de 2026, el equipo de trabajo de la SEREMI de Justicia entregó una carta solicitando la reconsideración del término de su designación, fundada en las mismas razones que hicieron necesario su arribo al servicio, la que fue encontrada por una funcionaria sobre un contenedor de reciclaje, destacando que el 13 de enero de 2026 la SUSESO concluyó que la afección de salud mental laboral que presentó la trabajadora no ha sido adecuada ni suficientemente tratada por la mutualidad, sugiriendo acoger el reclamo por alta prematura y prestaciones médicas, procediendo otorgar la cobertura del Seguro Social de Ley 16.744, por tratarse de una patología de origen laboral, debiendo reingresar al trabajador y otorgar las prestaciones de la Ley 16.744 que corresponda o reembolsar las prestaciones médicas y económicas correspondientes a la enfermedad laboral. Instruye, asimismo, el reingreso a la entidad empleadora o al lugar de trabajo donde se detectó el caso y haga seguimiento de las medidas que tengan por finalidad modificar las condiciones de riesgo causantes de la enfermedad profesional.

Arguye que su situación constituye un caso centinela, concepto que la propia normativa utiliza para referirse a una señal de alerta temprana que revela la existencia de factores psicosociales y condiciones laborales potencialmente dañinas dentro del lugar de trabajo, no solo para su salud, sino también para la de otros trabajadores, pretendiendo su empleador forzar su retorno al mismo puesto y ambiente laboral donde se identificaron los riesgos psicosociales, manteniéndose las situaciones de riesgo, esto es, los jóvenes y los funcionarios referidos.

Alega que no se modificó ningún protocolo, no se implementó ninguna medida sugerida por la ACHS, ni SUSESO y la comisión de servicio no se otorgó como medida de mitigación y resguardo y que, con ocasión de la suspensión por enfermedad de origen laboral, ha sufrido una disminución significativa de sus ingresos, producto de la pérdida del componente remuneracional asociado al sistema de turnos sin recargo, lo que atribuye a la imposibilidad de desempeñar turnos por razones de salud debidamente calificadas como de origen laboral.

Sostiene que la decisión de la SEREMI de no prorrogar la comisión de servicio y disponer su reintegro al IP–IRC, aun existiendo antecedentes objetivos, técnicos y administrativos que acreditan la persistencia de los factores de riesgo que dieron origen a la enfermedad laboral, existiendo incluso un pronunciamiento de la Superintendencia de Seguridad Social, constituye un acto arbitrario, por cuanto prescinde de toda razonabilidad, desconoce el deber de cuidado del Estado empleador y contradice la propia finalidad de la comisión de servicio previamente otorgada, exponiéndola a un riesgo cierto, actual e inminente para su integridad psíquica, sin que se hayan implementado medidas efectivas de mitigación, resguardo o readecuación laboral, transformando así una potestad administrativa en un instrumento de vulneración de derechos fundamentales.

Por otro lado arguye que la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, pese a ejercer funciones de supervigilancia respecto del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, decidió no prorrogar su comisión de servicio, disponiendo de facto su retorno al centro, con pleno conocimiento de la persistencia de los factores de riesgo, actuando de manera arbitraria y consintiendo una exposición inminente a un daño grave e irreparable.

Sostiene que el actuar denunciado infringe el artículo 184 del Código del Trabajo, que obliga al empleador a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, en su equivalente en el artículo 61 letra i) de la Ley 18.834, complementado por las obligaciones preventivas establecidas en la Ley N°16.744, lo que atenta contra su derecho constitucional de resguardo de la integridad física y psíquica.

Por lo expuesto, pide se ordenen las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su protección efectiva y que el Servicio adopte las medidas correspondientes antes del reintegro a sus funciones y puesto de trabajo.

Acompañó a su recurso los siguientes documentos:

Resolución de calificación del origen de los accidentes y enfermedades ley N°16.744 emitida por ACHS, con fecha 13/06/2025; Resolución Exenta NUM001 emitida por SUSESO, de fecha el 13 de enero de 2026; Resolución exenta NUM002, emitida por el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil de Coquimbo de fecha 02-01-2026 que autoriza comisión de servicio hasta el 31 de enero del 2026; Resolución ord.

NUM003 emitida por la Seremi de Justicia, de fecha 24 de diciembre de 2025; Copia del correo electrónico remitido hacia Director de IP IRC y Jefe técnico informando y denunciado lo vivido en IP IRC con fecha 02 de junio de 2025;

Correo de respuesta de coordinador operativo nombre reservado involucrado en los hechos con fecha 03 de junio 2025; Carta entregada por los funcionarios hacia el Subsecretario de Justicia con fecha 05 de diciembre de 2025, donde exponen temáticas anteriores a mi llegada al Servicio; Carta de funcionarios Seremi solicitando la prórroga de la comisión, por falta de personal, de fecha 14 de enero de 2026; Foto de la carta, arriba de los basureros de reciclaje, con fecha 14 de enero.

Que a folio 11 el 3 de febrero de dos mil veintiséis informa nombre reservado, Subsecretario de Justicia, quien pide el rechazo de la acción, con costas.

Indica, respecto a los hechos denunciados, que, en relación con el episodio acaecido en la Casa 3, que se instruyó un sumario, donde los resultados de la investigación no lograron determinar responsabilidad administrativa de parte de los funcionarlos denunciados, y se dictó sobreseimiento, encontrándose vigente una reclamación realizada por la recurrente.

Hace presente que la ACHS calificó a la recurrente como aquejada de una enfermedad profesional de origen laboral, y solicitó el 14 de julio de 2025, a la Dirección Regional de Coquimbo del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, la adopción de las siguientes medidas: a) Creación de canal de comunicación especial con área de RRHH para el trabajador/paciente pueda reportar nuevas vivencias asociadas al factor de riesgo. b) Evaluar el perfil del trabajador requerido para el puesto, teniendo en cuenta el perfil de cliente/usuario y el área donde se desenvolverá. En base a esto realizar un adecuado reclutamiento y selección. c) Realizar entrenamiento y capacitación para la interacción con clientes y/o usuarios.

Argumenta que las medidas prescritas por la ACHS fueron fiscalizadas el 17 de octubre de 2025 y se obtuvo, por parte de la Dirección Regional de Coquimbo, la verificación y validación del cumplimiento satisfactorio de las medidas detalladas, certificándose que el Servicio de Reinserción Social Juvenil dio cabal cumplimiento a lo dispuesto por la Asociación Chilena de Seguridad.

Relata que, el 23 de octubre de 2025, la recurrente realizó a la Dirección Regional del Servicio la solicitud de no retornar al centro IP-IRC, por su tratamiento médico y, coincidiendo con una solicitud de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Coquimbo, de contar con un funcionario en comisión de servicio, durante un tiempo determinado, la funcionaria fue destinada en comisión de servicios a dicha Secretaría Regional Ministerial, concluyendo el 31 de diciembre de 2025, prorrogada al 31 de enero de 2026.

Da cuenta de que la Superintendencia de Seguridad Social ordenó el reingreso de la recurrente a la ACHS y que la mutualidad realizó una nueva calificación del origen de los accidentes y enfermedades, el 19 de enero de 2026, que reemplaza la resolución de 13 de junio de 2025, sugiriendo garantizar el cese de las conductas de violencia y brindar protección ante posibles represalias por haber presentado una denuncia o reclamo; promover el cese de la hostilidad por parte de la jefatura y brindar protección ante posibles represalias por haber presentado una denuncia o reclamo; verificar, implementar o reforzar las medidas de seguridad física en el entorno laboral.

Sostiene que el Servicio de Reinserción Social Juvenil ha dado cumplimiento a las medidas prescritas por la ACHS, creando un canal de comunicación especial con área de RRHH para que el trabajador pueda reportar nuevas vivencias asociadas al factor de riesgo; aprobando el 13 de septiembre de 2024 protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y, el 1 de octubre de 2024, procedimiento de denuncia, investigación y sanción del acoso sexual laboral y violencia en el trabajo del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Asimismo, se creó una plataforma de denuncia y se evalúa el perfil del trabajador requerido para el puesto, teniendo en cuenta el perfil de usuario y el área donde se desenvolverá; adjuntándose a la ACHS el documento que contiene el perfil de cargo de tutor estableciendo los perfiles de cargo para la función junto a un Manual de Procedimiento de Reclutamiento y Selección del Servicio.

Agrega que se adjuntó a la ACHS el registro de capacitaciones para mejores interacciones con jóvenes usuarios, y un Memorándum Interno NUM004, de 19 de diciembre de 2024, que informa sobre la inducción institucional.

Explica que el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil refiere que la Dirección Regional de Coquimbo, cada vez que la recurrente ha solicitado ser oída, se le ha concedido el espacio necesario, y se han buscado las soluciones más convenientes para ella, donde el Servicio ha manifestado su intención de tomar otras medidas de resguardo ante el posible reintegro de la recurrente a sus labores habituales, medidas encaminadas a evitar la exposición de la funcionaría a la Casa en donde se encuentre alguno de los jóvenes con los cuales sufrió los eventos del 1 de junio de 2025 y se ha considerado ser destinada a trabajos en sector IP -internación provisoria para jóvenes usuarios sujetos a medida cautelar personal- de menor complejidad, además de establecer trabajo en dupla, para asegurar una reincorporación paulatina a sus funciones, a fin de resguardar su integridad psíquica.

Indica que el 29 de enero de 2026, dando cumplimiento a la orden de no innovar decretada en autos, se designó a la funcionarla en comisión de servicio al centro de administración directa LAE IP Coquimbo, con el objeto de que dicha medida propenda a su mejor reintegro a funciones, desempeñando las mismas funciones para las cuales fue contratada, al interior de un centro de menor complejidad, donde se ejecuta la medida de libertad asistida especial con internación parcial, donde el foco es el despliegue en terreno respecto de jóvenes usuarios que están sujetos a sanciones de la Ley 20.084, concluyendo que el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil ha tomado las medidas conducentes al restablecimiento de los derechos constitucionales invocados por la recurrente, implementando las medidas de resguardo solicitadas por la Asociación Chilena de Seguridad, y gestionando las instancias administrativas pertinentes para que la funcionaria recurrente desempeñe sus funciones sin desmedro de sus derechos.

Que, a folio 12, el 4 de febrero de dos mil veintiséis comparece doña nombre reservado, directora regional de Coquimbo del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, quien pide el rechazo de la acción, con costas.

Reitera los antecedentes del sumario, expuestos precedentemente y da cuenta de que se dio cumplimiento a las medidas dispuestas por la ACHS, y aquellos antecedentes referentes a su comisión de servicios, reiterando lo referido por el subsecretario sobre el cumplimiento a lo dispuesto por la mutualidad.

Argumenta que, siendo objetivo del servicio el resguardo del bienestar de los funcionarios, las medidas adoptadas atienden a no exponer a la funcionaria en casa en donde se encuentren jóvenes con los cuales haya sufrido el evento en cuestión, y se deriva a trabajo en sector internación provisoria para jóvenes usuarios sujetos a medida cautelar personal de menor complejidad, además de establecer trabajo en dupla, para asegurar una reincorporación paulatina a sus funciones, sin que estas medidas hayan podido materializarse, pues no ha retornado a su cargo para cumplir las funciones de tutora diurna en centro privativo IP IRC desde junio de 2025.

Invoca como nuevos antecedentes que, respecto de la Resolución de SUSESO NUM001 de 2026, que acoge reclamo por alta prematura y prestaciones médicas, concluye que dicha resolución está dirigida a ACHS ordenando un reingreso y no al Servicio y no contiene lineamientos por lo que no hay medida que implementar al respecto.

Sostiene que la mutualidad realizó una nueva calificación del origen de los accidentes y enfermedades disponiendo nuevas medidas que compromete cumplir a cabalidad, siendo designada, desde el 1 de febrero de 2026 y por treinta días, en comisión de servicio al centro de administración directa LAE IP Coquimbo, con el objeto de que dicha medida propenda a su mejor reintegro a funciones, desempeñando las mismas funciones para las cuales fue contratada por el servicio, al interior de un centro de menor complejidad.

Concluye que el Servicio no ha realizado acción u omisión alguna, ilegal o arbitraria, que haya amenazado, perturbado o privado de derecho alguno de la funcionaría recurrente, ya que, de manera constante en el tiempo, se cumple con el resguardo de la garantía constitucional de la actora.

Que a folio 26 el 10 de marzo de dos mil veintiséis, por la Asociación Chilena de Seguridad, informa nombre reservado

Castillo Barrios, abogado, informa sobre los hechos expuestos en el recurso.

Junto con dar cuenta de las actuaciones de su representada, posteriores al pronunciamiento de la SUSESO, indica que se emitió nueva resolución de calificación del origen de los accidentes y enfermedades Ley N°16.744, de 19 de enero de 2026, determinando: “(…) hacer llegar un informe de prescripción de medidas a través del Experto en Prevención ACHS directamente al centro de trabajo donde se originó la Enfermedad Profesional.

Se deberá privilegiar la indicación de medidas que tengan por finalidad modificar las condiciones de riesgo causantes de la Enfermedad Profesional. Empleador debe aplicar cuestionario CEAL- SM/-SUSESO en caso de no haberlos realizado.

Además de lo anterior, se entregan la(s) siguiente(s) medida(s) inmediatas a modo de recomendación: Garantizar el cese de las conductas de violencia y brindar protección ante posibles represalias por haber presentado una denuncia o reclamo; Promover el cese de la hostilidad por parte de la jefatura y brindar protección ante posibles represalias por haber presentado una denuncia o reclamo.; Verificar, implementar y/o reforzar las medidas de seguridad física en el entorno laboral (cámaras, botones de pánico, entre otros)”.

Refiere que la recurrente reingresó a la ACHS, el 20 de enero pasado, para el otorgamiento de la cobertura del seguro social de la Ley N°16.744, con sesiones de psicoterapia cada quince días, tratamiento farmacológico y control médico, donde el 3 de febrero se le otorgó reposo laboral, el que mantiene hasta la fecha por estar pendiente el informe de medidas de mitigación a adoptar por parte de su empleador, tratamiento farmacológico, ingresar a programa de vigilancia y mantener sesiones de psicoterapia.

Destaca que el 3 de marzo se emite el informe de la terapeuta ocupacional, quien sugiere remitir una carta al empleador de la recurrente para que la reubique en un trabajo administrativo por un periodo de doce semanas y con pausas de descanso de 10 a 15 minutos, en caso de presentar sintomatología, por ese mismo periodo y se remitió al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil una carta indicando: “(…) se sugiere de acuerdo a indicación médica y a lo conversado con Jefe técnico el Sr. nombre reservado, su reintegro en puesto de trabajo habitual como Asistente Social, con las siguientes sugerencias:

Se sugiere una reubicación en labores administrativas por un periodo de 12 semanas.

Permitir pausas de descanso de 15 minutos si presenta síntomas por un periodo de 12 semanas”.

Concluye que su representada ha dado cumplimiento a lo instruido por la SUSESO en el caso de la recurrente.

Que acompaña los siguientes documentos: Informe NUM005 de fecha 14 de julio de 2025 emitido por ACHS sobre Prescripción de medidas Post Calificación de Enfermedad Profesional Psicosocial; Verificación de Medidas Prescritas Post Calificación de Enfermedad Profesional de fecha 17 de octubre de 2025, por funcionaria nombre reservado de ACHS; Resolución Exenta N°012/2023 de 22 de septiembre de 2023 que aprueba perfiles de cargo del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil; Resolución Exenta Nº272 de fecha 13 de septiembre de 2024, que aprueba el protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil; Resolución Exenta Nº289 de fecha 01 de octubre de 2024, que aprueba el procedimiento de denuncia, investigación y sanción del acoso sexual laboral y violencia en el trabajo del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil; Resolución NUM002 de 02 de enero de 2026, se regulariza y autoriza la comisión de servicio señalada, desde el 1 hasta el 31 de enero de 2026, de esta repartición; Resolución Exenta Nº494/2024 de fecha 30 de diciembre de 2024, de la Dirección Nacional de nuestro Servicio, que aprueba el Manual de Procedimiento de Reclutamiento y Selección del Servicio; Carta de incorporación a programa de vigilancia de riesgos psicosociales, de fecha 20 de enero de 2026 emitida por ACHS;

Resolución de calificación del origen de los accidentes y enfermedades ley N°16.744, de fecha 19 de enero de 2026 emitida por ACHS; Resolución NUM006 de fecha 13 de enero de 2026 emitida por SUSESO; Currículum Vitae de la funcionaria doña nombre reservado presentado por ella en su proceso de postulación a cargo de tutora en Centro IP IRC; Resolución Exenta NUM007 de fecha 09 de octubre de 2025, que aprueba sumario administrativo y sobresee, y acta de notificación personal de la funcionaria respecto de la misma, de fecha 13 de octubre de 2025; Resolución de calificación del origen de los accidentes y enfermedades Ley N°16744, de fecha 13 de junio de 2025 de la funcionaria doña nombre reservado; Correo electrónico de funcionaria doña nombre reservado a Encargada de la Unidad de Personal del centro IP IRC, con copia a encargada regional de unidad de personal de esta Dirección Regional, con fecha 30 de enero de 2026, solicitando cancelación de días de feriado legal, programados del 2 al 20 de febrero de 2026, y respuesta;

Resolución Exenta RA N°217369/41/2023 que nombra en cargo de Alta Dirección Pública, de 28 de noviembre de 2023, tomada de razón por Contraloría General de la República con la misma fecha; Resolución Exenta NUM008 de 27 de enero de 2026 de esta repartición, que designa receptor de denuncias de maltrato, acoso laboral y sexual y violencia en el trabajo según procedimiento vigente en la materia.

El recurso fue declarado admisible y se ordenaron traer los autos en relación y se procedió a su vista en la audiencia del jueves diecinueve de marzo pasado, oportunidad en que se anunciaron para alegar y lo hicieron telemáticamente, vía plataforma Zoom, la abogada doña María Izquierdo Ilufi, por 20 minutos, por el recurso y de forma presencial la abogada doña Javiera Labbé Sagastibelza, por 15 minutos, contra el recurso, por el Servicio de Nacional de Reinserción Social Juvenil, antecedentes que quedaron registrados en el sistema de audio, adoptándose acuerdo que se plasma en la siguiente sentencia.

OÍDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas. Sobre este punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

TERCERO: Que, conforme al libelo que contiene el arbitrio constitucional lo impugnado como arbitrario e ilegal lo sería el haber dispuesto la recurrida -Servicio de Nacional de Reinserción Social Juvenil- el reintegro a su funciones, existiendo los riesgos que determinaron una enfermedad de origen laboral diagnosticada por la ACHS, lo que le provoca una vulneración de su derecho constitucional del número 1 del artículo 19 de la Constitución, solicitando a esta Corte que adopte todas las medidas correspondientes antes de su reintegro a sus funciones y puesto de trabajo, lo anterior originado por un episodio de agresiones y malos tratos experimentado en su puesto de trabajo.

CUARTO: Que, así plateado el asunto, el quid de la controversia radica en determinar si efectivamente existió un evento en el desarrollo de sus funciones que en definitiva le provoco una enfermedad que fue diagnosticada por la entidad de salud respectiva como de origen laboral y que frente a aquello la empleadora adoptó alguna medida tendiente a evitar, disminuir o paliar los agentes que le dieron origen a dicha enfermedad.

QUINTO: Que, en relación a lo primero, no existe controversia entre las partes que efectivamente la recurrente sufrió un evento mientras desempeñaba las función o cargo para el cargo para el cual fue contratado, esto es, tutora diurna en el Centro de Internación Provisoria en Régimen Cerrado, centro dependiente del Servicio de Reinserción Social Juvenil de la Región de Coquimbo, como así mismo que de dicho evento le provocó una serie de efectos y traumas que en definitiva desencadenaron en que fuera diagnosticada dichos síntomas como una enfermedad de origen laboral.

SEXTO: Que, producto del episodio vivido y teniendo presente que su situación laboral o contractual estaba sujeta a contrata, la cual se extendía hasta el 31 de diciembre de 2025, se adoptó, por el Servicio, entre otras medidas paliativas a su situación, destinarla, en calidad de comisión de servicio, desde el 13 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2025, fecha del término de su contrata, a desempeñar otras funciones en la Secretaría Ministerial de Justicia y Derechos Humanos y que dicha comisión de servicios se extendería sólo hasta el 31 de enero de 2026, pese a que su contrata finalizaba el 31 de diciembre de 2025.

Que no obstante lo anterior y siguiendo las recomendaciones de la entidad fiscalizadora y con el objeto de evitar provocar cualquier daño a la recurrente el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil a barajado diversas alternativas para el retorno de la recurrente para el desempeño de las funciones para las culés fue contratada - Tutor- tales como ser destinada a trabajos en sector IP - internación provisoria para jóvenes usuarios sujetos a medida cautelar personal- de menor complejidad, además de establecer trabajo en dupla, para asegurar una reincorporación paulatina a sus funciones, a fin de resguardar su integridad psíquica.

En este orden de ideas el 29 de enero de 2026, fue destinada, en comisión de servicio, al centro de administración directa LAE IP Coquimbo, desempeñando las mismas funciones para las cuales fue contratada, al interior de un centro de menor complejidad, donde se ejecuta la medida de libertad asistida especial con internación parcial.

SEPTIMO: Que, teniendo presente lo pedido por la recurrente y lo efectuado por las recurridas, en especial las medidas adoptadas y sugeridas por las entidades o mutualidades de seguridad, aparece que dicho arbitrio constitucional ha perdido oportunidad, desde que las medidas de resguardo sugeridas por las mutualidades como por la recurrida al día de hoy se encuentran adoptadas y practicadas en resguardo de los intereses de la recurrente, tanto es así que la recurrente no se encuentra prestando servicios en el lugar que tuvo lugar el evento del 1 de junio de 2025, reconociendo, además, el propio servicio, que el reintegro a su puesto de trabajo habitual como Asistente Social, se efectuará en labores administrativas por un periodo de 12 semanas; permitiendo pausas de descanso de 15 minutos si presenta síntomas por un periodo de 12 semanas, en un sector diverso.

OCTAVO: Que, como se ha fallado por nuestro máximo tribunal el presente arbitrio constitucional es una acción eminentemente cautelar que supone y requiere la existencia de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, que impliquen privación, perturbación o amenaza “actual” a alguna garantía resguardadas por dicho arbitrio, requisito que conforme a lo dicho no concurre en la especie.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se decide:

I.- Que se RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra del Servicio de Reinserción Social Juvenil y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

II.- Que conforme a lo señalado en el resolutivo I precedente, se deja sin efecto la orden de no innovar decretada el veintinueve de enero de dos mil veintiséis de folio ocho de la carpeta digital.

II.- Que no se condena en costas de esta instancia.

Redacción encargada al Abogado Integrante Sr. Gabriel Alfonso Gallardo Verdugo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°115-2026 Protección.