nombre reservado con POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

nombre reservado

Policía de Investigaciones de Chile Recurso de protección Rol N° 1149-2022.

La Serena veintinueve de junio de dos mil veintidós Vistos y considerando:

PRIMERO: Que don nombre reservado, egresado de Derecho, con domicilio en La Serena, ha interpuesto recurso de protección en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, persona jurídica de Derecho Público, representada legalmente por su Director General don Sergio Antonio Muñoz Yáñez, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dilación injustificada de la tramitación del sumario administrativo Nº 353 del 09 de julio de 2021, incoado por la Prefectura Provincial Elqui, vulnerando con ello lo previsto en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, esto es, la Igualdad ante la Ley, solicitando se le otorgue la debida cautela jurisdiccional, acogiendo el recurso y se ordene a los recurridos dar curso progresivo al sumario administrativo, fijando un plazo perentorio para dictar el acto terminal.

Indica que mientras se encontraba en servicio activo, y en el ejercicio propio de sus funciones, en el mes de enero de 2021, sufrió contagio de coronavirus SARS-CoV-2, atendido la gravedad fue ingresado de urgencia el día 22 de enero en la Clínica Regional del Elqui por un periodo de 07 días, se le diagnosticó una neumonía bilateral por la exposición al virus. Agrega que atendido lo ocurrido y existiendo indicios claros de que el contagio se produjo con motivo u ocasión del servicio, el 07 de junio de 2021, mediante cuenta escrita, solicitó al quien en dicho momento era el Jefe de la Prefectura Provincial Elqui, Prefecto don nombre reservado, la instrucción del sumario administrativo en referencia, quien previo informe del Área Asesoría Jurídica La Serena, con fecha 09 de julio de 2021 le dio curso a su petición, disponiendo el proceso sumarial ya individualizado, designando como Fiscal al Subprefecto nombre reservado, actual Jefe de la Brigada de Investigación Criminal Coquimbo, estima que por la falta de experiencia del fiscal designado se realizaron una serie de diligencias impertinentes, entre ellas dos cometidos funcionarios a la ciudad de Santiago que irrogaron gasto fiscal, en circunstancias que los hechos acaecieron en la ciudad de La Serena, haciendo entrega de la encuesta sumarial en el mes de diciembre de 2021 al nuevo Jefe de la Prefectura Provincial Elqui, Prefecto don nombre reservado, seguidamente, el cuaderno sumarial fue remitido a la Jefatura Nacional de Salud de la Policía de Investigaciones, a fin de que la Comisión Médica institucional, previo examen a su persona, emitiera el respectivo informe técnico sobre su actual condición de salud, siendo citado para tales fines a la ciudad de Santiago el día 10 de febrero de 2022, asignándosele cita con la médico cirujano nombre reservado, lo que finalmente no se concretó, toda vez que la citada profesional no se encontraba disponible. Señala que desde la fecha que se inició el sumario administrativo, esto es el 07 de junio de 2021, a este hito, han transcurrido más de 10 meses sin que a la fecha se concreten las acciones intermedias para la dictación del respectivo acto que ponga término al procedimiento. Sostiene que el hecho que motivó su instrucción no revestía mayor complejidad, puesto que su finalidad era precisamente establecer si el contagio se produjo a consecuencia de las labores propias que en ese instante ejercía como miembro activo de la Policía Investigaciones de Chile, sustanciación que se extendió más allá de lo racionalmente necesario en su etapa indagatoria, manteniéndose así sometido a un procedimiento sin fecha cierta de finalización.

Señala que, en el ámbito de los procedimientos impulsados por la Administración, ésta debe velar que la resolución que lo concluye sea oportuna. La Ley N° 19.880, que regula la actividad de los órganos de la Administración -a la cual la recurrida se encuentra afecta- establece reglas básicas que se deben aplicar de forma imperativa, las que se erigen como principios normativos elementales que vienen en constituirse en una garantía en favor de los particulares frente a los actos de la Administración, los que deben ser respetados en el procedimiento administrativo mencionados en el artículo 4º de la citada ley, entre los que se incluyen los de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad.

Señala que la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado en su artículo 27, establece que: El procedimiento no podrá exceder de 6 meses, de duración en su sustanciación, contado desde su iniciación y hasta la decisión final, y según fue indicado por el Ejecutivo en su Mensaje, se buscaba terminar con la abusiva brecha que consideraba que a la Administración no le afectaban los plazos y que solamente su incumplimiento generaba responsabilidades administrativas. Indica que a la fecha de interposición de este recurso, la recurrida ha superado los 10 meses en un procedimiento que debió concluir dentro de 6 meses, y que lo anterior no hace más que demostrar que la recurrida ha infringido manifiestamente su deber de diligencia y razonabilidad.

Sostiene que se ha conculcado el derecho a la igualdad ante la Ley, consagrado en el artículo 19 Nº 2 de la Carta Fundamental, pues es notorio que se le ha otorgado un trato diferenciado y discriminatorio que lo perjudica, por cuanto he sido objeto de un burocrático procedimiento, lo que trae consigo una omisión ilegitima que desemboca en una obstrucción al ejercicio de la jurisdicción. Cita igualmente el recurrente el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San nombre reservado Rica).

Solicita en definitiva, se acoga el presente recurso y se ordene a la recurrida dar curso progresivo al procedimiento administrativo, fijando un plazo perentorio para concluir la tramitación del sumario administrativo con expresa condena en costas. Acompaña los siguientes documentos, Resolución Exenta RA 380/1855/2021, del 18 de octubre de 2021, del señor Director General de la PDI, que dispone retiro temporal voluntario; Orden Nº 353 del 09 de julio de 2021, de la Prefectura Provincial Elqui de la Policía de Investigaciones de Chile, que instruye sumario administrativo y Radiograma Nº 197 del 19 de enero de 2022, del Departamento Contralor de Salud.

SEGUNDO: comparece la abogada doña Marcia Cecilia Gallardo González actuando en representación de la Policía de Investigaciones de Chile informando al tenor de lo ordenado por esta Corte.

Señala que en cuanto a las alegaciones de hecho expuestas en el recurso, es efectivo que el ex-funcionario don nombre reservado, en el periodo que se encontraba en servicio activo, así como más del 50% de los miembros de la Institución resultó contagiado de coronavirus SARS-CoV-2. Agrega que el objeto del sumario que da origen a esta acción constitucional, no solo fue para establecer si el contagio se produjo a consecuencia de las labores propias que en ese instante ejercía como miembro activo de la PDI el recurrente, sino que fue ordenado: “para determinar las causas y circunstancias que se gestaron entre la última semana del mes de diciembre del año 2020 y la primera quincena del mes de enero del presente año, oportunidad en que el Asistente Policial grado 14o nombre reservado, cédula de Identidad No RUT reservado, de dotación de la Prefectura Provincial, resultó contagiado de coronavirus SARS-CoV- 2;brote que afectó a funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal de La Serena, entre ellos, al entonces Jefe de esa Brigada, Prefecto don nombre reservado, quien durante los días 24 y 31.DIC.020, estuvo desempeñándose como Jefe Subrogante de ese mando provincial, con quien el referido funcionario aparentemente tuvo contacto estrecho, por lo que otorgó con fecha 11.ENE.021, reposo preventivo, agravándose su estado de salud, diagnosticándose neumonía bilateral por COVID-19, ingresando el día 21.ENE.021, a la UTI, de la Clínica Regional del Elqui, manteniéndose internado por 7 días en ese centro de salud privado, debiéndose determinar la naturaleza y gravedad de la señalada afección, si los hechos ocurrieron en actos propios del servicio, si tiene derecho a impetrar beneficios previsionales, y si por ello le afecta responsabilidad administrativa a éste o a otros miembros de la institución”.

Sostiene que el punto anterior, es de vital importancia para entender, que el sumario en cuestión, por su naturaleza e implicancias, revestía gran complejidad, ya que antes de la pandemia no se había tramitado por los organismos públicos sumarios relativos a COVID-19 afección que sólo se conoció en el año 2019 y cuyos efectos al día de hoy no es posible conocer en su totalidad y que tal como se desprende del sumario, no existían a la fecha de su interposición sumarios de esa naturaleza en la Policía de Investigacciones de Chile. Indica que se instruye el sumario ya singularizado, respecto de una enfermedad desconocida en cuanto sus características y consecuencias siendo obligación del fiscal “determinar la naturaleza y gravedad de la señalada afección, si los hechos ocurrieron en actos propios del servicio, si tiene derecho a impetrar beneficios previsionales, y si por ello le afecta responsabilidad administrativa a éste o a otros miembros de la institución”, por lo que, las actuaciones realizados por el oficial investigador, fueron del todo necesarias para poder hacer su Vista Fiscal la que se realizó con fecha 01 de diciembre de 2021, esto es a menos de 5 meses de haberse dictado la orden de la instrucción del sumario por el Jefe de la Prefectura Provincial Elqui, esto es, el 09 de julio de 2021.

Señala que el Fiscal instructor tuvo que tomar declaraciones a varios funcionarios y funcionarias, como al requirente y su cónyuge; que se añadieron y revisaron numerosa documentación y jurisprudencia administrativa e informes oficiales sobre la nueva enfermedad.

Señala que todas las actuaciones realizadas en el sumario están ajustadas a lo que dispone el Decreto N° 1, de fecha 06 de enero de 1982, que establece el Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias de la Policía de Investigaciones de Chile, en el cual dentro de las normas relativas al Fiscal y al Actuario establecidas entre los artículos 9 a 16 se señala que el Fiscal estará obligado entre otras cosas “a practicar personalmente todas las diligencias del sumario, apreciar la procedencia de los medios de prueba y en general, realizar todos aquellos actos que tiendan al completo esclarecimiento del hecho o hechos del sumario, extender la investigación a todos los hechos que puedan ser constitutivos de falta y que se desprendan de las diligencias del sumario o tengan relación con ellos, efectuar todas aquellas diligencias tendientes a establecer los hechos, o los derechos que puedan corresponder hasta agotar la investigación”, por lo que en este punto no se advierte que la gestión del Fiscal esté fuera de sus atribuciones reglamentarias.

Agrega que, el citado reglamento establece en su artículo 18 que el plazo para la instrucción de un sumario será de 20 días, sin embargo, en casos calificados, a petición fundada del Fiscal, la autoridad que ordenó la instrucción del sumario podrá prorrogar dicho plazo por una o más veces, hasta por el término de 20 días en cada caso, y siempre que la prórroga se solicite antes del vencimiento del plazo que se encuentra vigente, y en el caso en cuestión cada prórroga fue solicitada en plazo y con la fundamentación necesaria, presentándose la Vista Fiscal con fecha 01 de diciembre de 2021, a menos de 5 meses de su inicio, en la que se señala en la letra c) de la parte resolutiva de la misma que “para la constatación si el hecho materia del sumario constituye o no una enfermedad profesional se deberá estar a la respuesta de la Comisión Médica de la Policía de Investigaciones de Chile, conforme lo prescribe el artículo 4to del Decreto N° 36, de 01.AGO.084, de Defensa, que aprueba el Reglamento sobre Enfermedades Profesionales e Invalidantes del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile”.

Por último, en cuanto a lo que se reclama en relación a que la encuesta sumarial fue remitida a la Jefatura Nacional de Salud de la PDI, a la Comisión Médica institucional, para que emitiera el respectivo informe técnico, sostiene la recurrida, que dicha actuación está amparada y ordenada conforme a la norma contenida en el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile D.F.L N° 1, de 1980, en su capítulo N° 2, “Derechos del funcionario” artículo 114, inciso 4°, que indica “Sin perjuicio de lo expresado en el inciso anterior, el personal que se accidentare en acto determinado de servicio o se enfermare a consecuencia de la funciones tendrá derecho, previo Sumario Administrativo, a que sean de cargo fiscal todos los gastos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica, dental, ortopédica y de todos los medios terapéuticos y auxiliares relativos al tratamiento prescrito para la recuperación, hasta que sea dado de alta o sea declarado imposibilitado para resumir sus funciones” y a la norma contenida en el Reglamento de Enfermedades Profesionales e Invalidantes del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, artículo 1, que señala “Enfermedad profesional es causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza el funcionario y le produce muerte o incapacidad para continuar en el servicio”, y también a lo señalado en el artículo 3 del mismo texto normativo que prescribe “para que una enfermedad se considere profesional, es indispensable que haya tenido u origen en los trabajos o funciones que entrañan el riesgo respectivo”, además el artículo 4° de la referida norma, indica “Que la enfermedad profesional se verificará mediante la instrucción de un sumario administrativo, en el cual deberán dejarse plenamente establecidas las exigencias y condiciones a que se refieren los artículos 1° y 3°, necesariamente, deberá requerirse a la Comisión Médica de la Policía de Investigaciones de Chile.”, lo que se encuentra acorde a lo indicado en el artículo 35 del Reglamento de Sumarios ya referido anteriormente que señala que “Cuando aparezcan en el sumario, hechos susceptibles de ser esclarecidos por medio de informes técnicos o periciales, el Fiscal deberá recabarlos de las Unidades o Reparticiones o funcionarios de la Institución idóneos para este fin, los que tendrán pleno valor probatorio respecto de aquellos puntos que resulten claramente establecidos en la pericia. Estos informes serán requeridos de otros organismos o funcionarios públicos cuando no sea posible efectuarlos por la Institución y las circunstancias así lo aconsejen”.

Sostiene la recurrida que, atendido lo dispuesto en la normativa citada, el informe de la Comisión Médica es indispensable para la adecuada resolución de la encuesta sumarial, no siendo efectivo como se da a entender en el recurso que el recurrente no haya sido atendido hasta la fecha y sin causa justificada por cuanto la Comisión Médica Institucional, en virtud a la normativa vigente, mediante radiograma N° 197CM, de fecha 19 de enero citó al recurrente Sr. nombre reservado, para concurrir a la Centro de Salud Institucional de Santiago, a objeto de realizar evaluación médica para el día 10 de febrero con la Médico Cirujano nombre reservado, solicitándole aportar todos los antecedentes clínicos en posesión relacionados con la patología investigada en el sumario administrativo, dicha evaluación resultó frustrada puesto que justo el día antes de la entrevista la médico cirujano que debía atenderlo, sufrió un accidente que la obligó a tomar reposo médico, lo que fue oportunamente avisado al recurrente mediante Radiograma N° 347CM, de fecha 09 de febrero, posteriormente, se envió Radiograma N° 678CM, de fecha 06 de abril, donde se solicita concurrir al recurrente a una nueva evaluación médica para el día 12 de abril con la misma profesional mencionada, entrevista a la cual el recurrente no se presentó, y finalmente, mediante Radiograma N° 760CM, de 19 de abril, se le citó para una nueva evaluación médica el día 26 de abril a las 10:40 hrs., evaluación que se realizó a la hora y fecha indicadas, este informe de la evaluación ya está realizado y será presentado ante la Comisión Médica Institucional la próxima semana, con el objeto de que esta Comisión Técnica informe lo pertinente en relación al caso.

Conforme lo señala entonces, desde la fecha en que se inició el sumario administrativo, esto es el 9 de julio de 2021 a la fecha de la interposición del recurso, transcurrieron 9 meses y no 10 como se indica en el recurso, tiempo en el que se han realizado rigurosamente las acciones tendientes a la dictación del respectivo acto conclusivo que de término al procedimiento.

Señala que todo lo relatado y la forma del sumario, atendida la naturaleza de la enfermedad que se debía investigar ha hecho que le sumario administrativo demorara lo que se ha indicado en su informe. Agrega que no existe constancia que el recurrente haya ejercido las prerrogativas y recursos administrativos en el curso del mencionado proceso disciplinario, con la finalidad de instar por su rápida y pronta prosecución, para así poner remedio a los defectos que ahora denuncia en su libelo de protección, es más, el mismo no concurrió a una citación de la Comisión Médica, diligencia esencial para dar curso progresivo a los autos. Que la actuación de su representada no se puede catalogar de arbitraria e ilegal.

Arguye que no cualquier dilación en la dictación del respectivo acto administrativo conlleva la pérdida de eficacia del procedimiento, sino sólo aquella que es excesiva e injustificada, pues si bien es cierto que el procedimiento administrativo se extendió por un plazo superior a aquel regulado en el artículo 27 de la Ley N°19.880, no lo es menos que ello se debió a la complejidad, falta de antecedentes y conocimiento de la enfermedad, lo que generó una serie de actuaciones tendientes a cumplir con lo ordenado al momento de dictarse la orden de apertura del sumario. Solicita en definitiva sea rechazado el recurso en todas sus partes.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que el recurrente, en resumen, solicita se declare que la recurrida ha excedido los plazos legales para dar por finalizado un sumario administrativo que ha dado origen a esta acción constitucional, tornándose la actuación de la recurrida en arbitraria e ilegal y por tanto afectando su garantía constitucional de igualdad ante la Ley.

SEXTO: Que al tenor de lo dispuesto por el artículo 18 del “Reglamento de sumarios administrativos e investigaciones sumarias de la Policía de Investigaciones de Chile” contenido en el Decreto Nº 1 del 6 de enero de 1982, “El plazo para la instrucción de un sumario será de 20 días, pudiendo restringirse según la naturaleza y gravedad de los hechos o la urgencia que requiera la investigación, lo que determinará en cada caso el funcionario que lo ordena. Dicho plazo empezará a regir desde que el Fiscal reciba los antecedentes. Sin embargo, en casos calificados, a petición fundada del Fiscal, la autoridad que ordenó la instrucción del sumario podrá prorrogar dicho plazo por una o más veces, hasta por el término de 20 días en cada caso, y siempre que la prórroga se solicite antes del vencimiento del plazo que se encuentra vigente”.

SÉPTIMO: Que la investigación administrativa que nos ocupa, según consta en el documento adjunto a la carpeta virtual identificado como “Instruye Sumario administrativo Orden Nº 353 de 9 de julio de 2021”, dice relación con investigar ciertos hechos, para “determinar la naturaleza y gravedad de la afección del recurrente”, quien se contagio por coronavirus SARS-CoV-2, toda vez que, de tratarse de un contagio en su lugar de trabajo trae aparejado una serie de consecuencias.

Que es de público conocimiento que la pandemia por SARS-CoV-2 que nos ha afectado, ha sido por un virus desconocido hasta ahora para la ciencia y medicina actual en cuanto a su forma de contagio, tratamiento y consecuencias. Que de lo anterior se puede colegir que el sumario ordenado por la recurrida, naturalmente debió haber presentado una serie de contratiempos como los expuestos en su informe, los que ameritan la extensión de los plazos para investigar, como lo dispusó la autoridad respectiva en su caso.

OCTAVO: Que, como se desprende de la normativa vigente que regula este tipo de investigaciones administrativas en nuestro derecho público, el principio de celeridad es una garantía para el administrado que puede verse afectado con un sumario. Que sin perjuicio de lo dicho, es también un hecho no controversial que el sumario que nos ocupa, por la naturaleza de los hechos a investigar está revestido de circunstancias excepcionales que ameritaban las extensiones de los plazos conforme se expuso por la recurrida, no apareciendo arbitrarias ni ilegales dichas decisiones de la autoridad recurrida, pues como ya se dijo, la investigación recayó sobre materias nuevas para la humanidad completa, lo que sin duda hizo que las actuaciones del fiscal fueran más complejas y delicadas a su vez, requiriendo de un mayor tiempo del que que en una situación normal se espera de ellas.

NOVENO: Que sin perjuicio de estimar estos sentenciadores que no ha habido actuación arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, no es menos cierto que en virtud de la certeza jurídica que nos debe proveer el derecho, se hace necesario que esta investigación administrativa llegue a su fin y se dicte el acto de cierre. Que es un hecho notorio y público, que la ciencia ha ido avanzando y evolucionando en el conocimiento de las enfermedad adquirida por el recurrente, lo que nos lleva a entender que no puede el sumario durar indefinidamente o hasta tener certezas científicas totales sobre la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2, lo que sería una exigencia imposible de cumplir. Que la actuación diligente para investigar los hechos que se exige del Fiscal instructor, conforme lo dispone el Reglamento citado en el considerando Sexto de este fallo, no puede tornarse en una amenaza del derecho del administrado a conocer, en un plazo razonable, la situación legal que le atañe.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado por sí, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, solo en cuanto se ordena a dicha repartición pública que debe concluir el sumario ordenado instruir por el Jefe de la Prefectura Provincial de Elqui de la Policía de Investigaciones de Chile don nombre reservado, bajo Orden Nº 353 de 9 de julio de 2021 en La Serena, en un plazo de 30 días corridos desde la ejecutoria de esta resolución.

Redactado por la abogada integrante Elvira Badilla Poblete.

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Rol N° 1149-2022 Protección.-