nombre reservado con FUNDACION EDUCACIONAL nombre reservado SCHOOL

nombre reservado y otra Colegio nombre reservado School Recurso de Protección Rol N°1147-2023.- La Serena, a veintiuno de agosto de dos mil veintitrés.

VISTOS:

PRIMERO: Que a folio 1 y con fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés comparecen los abogados RICARDO VEGA VERGARA y SERGIO FUENTEALBA ARAVENA en representación de don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, y de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, nombre reservado, ciudad y comuna de Coquimbo por si y en representación legal de su hijo menor de edad nombre reservado, estudiante, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, mismo domicilio de sus padres e interponen acción constitucional de protección en contra del COLEGIO PARTICULAR FRANCIS SCHOOL, de la Fundación Educacional Francis School, RUT N°RUT reservado, ubicado en domicilio reservado, ciudad y comuna de Coquimbo, representado legalmente por su directora doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, por los actos y omisiones ilegales y arbitrarios cometidos por dicho establecimiento educacional con ocasión de la aplicación de una medida disciplinaria de expulsión.

Refieren que Maximiliano cursa actualmente 8° A del Colegio nombre reservado School en donde es alumno desde hace cuatro años. Además, durante toda su trayectoria como estudiante de ese colegio, ha tenido un desempeño apropiado y no registra anotaciones ni observaciones conductuales, manteniendo un buen trato con sus compañeros y profesores, siendo un estudiante querido y respetado por sus pares y docentes. Agregan que en marzo del presente año se integró a su curso el niño nombre reservado, quien provenía de un curso paralelo del mismo establecimiento educacional, quien había sido reubicado al haber sufrido bullying por parte de otros estudiantes de su curso especialmente de parte del menor nombre reservado, quien lo acosaba constantemente. No obstante, a pesar de que dicha situación se encontraba en conocimiento del colegio, éste no activó los protocolos correspondientes y a la fecha de presentación de esta acción, aún no responde.

Destacan que el niño Mauricio rápidamente se ganó la confianza y la amistad de todos sus compañeros, en especial de Maximiliano, lo que le permitió retomar su postergada nombre reservado con sus pares debido al constante acoso de que fuera víctima. No obstante, el acoso no terminó y se producía particularmente en los periodos de recreo o al término de la jornada escolar. Ante ello Maximiliano lo acompañó y apoyó, lo que se tradujo en que Miguel también lo hiciera víctima de su hostigamiento afectando su autoestima.

Manifiestan que el día cuatro de abril del presente año, Maximiliano intervino y habló con Miguel para que depusiera su acoso, lo cual hizo, pero amenazando a ambos estudiantes. Luego, a través de la red social Instagram, ambos estudiantes intercambiaron pareceres proponiendo una pelea de boxeo a fin de solucionar sus problemas. Además, se enteró, a través de la polola de Miguel, que éste portaba armas, con lo cual sintió temor y, sin contarle a sus padres, decidió conseguirse y guardar en su mochila un cortapluma junto a una manopla que le facilitó una de sus compañeras.

Es así como al día siguiente, Maximiliano fue requerido desde la Inspectoría del colegio para que se apersonara con su mochila y, en esos momentos, dos inspectores le exigieron que la abriera a lo cual se negó, por lo que le insistieron dos veces más.

Sobre este episodio destacan que siendo un niño de catorce años y al verse compelido verbalmente por dos adultos, ello se transformó en una presión psicológica por parte de las personas que veía como autoridad del colegio, lo que le provocó temor por las consecuencias que podría acarrearle el hecho de no hacerles caso. Es así como en contra de su voluntad debió abrir su mochila y sacar una por una sus pertenencias, hasta encontrar en el fondo de la misma un cortapluma y una manopla, las cuales fueron retiradas por los inspectores del establecimiento. Luego, se llamó a Carabineros, quienes recibieron la denuncia de parte del colegio e incautaron estas especies, quedando el menor como denunciado en espera de citación, cursándose también la respectiva denuncia ante el Ministerio Público de Coquimbo, a través del Parte Policial N°516 de cinco de abril del presente año, dando origen a la causa aún desformalizada RUC N°2300379422-9.

Aclaran que Maximiliano no tiene diagnosticado T.E.A. ni ningún otro espectro autista como, erradamente, se menciona en el Parte Policial, y tampoco se explica en la denuncia policial el escenario previo de bullying que afectaba a Mauricio y que se hizo extensivo a Maximiliano, lo que fue el factor detonante de toda esta lamentable situación que incluso pudo haberse evitado si el colegio hubiese adoptado a tiempo las acciones y medidas destinadas a cesar tales abusos escolares cuando fueron informados en el mes de noviembre del año pasado.

Añaden que la madre de Maximiliano acudió al colegio el día de los hechos ya descritos y pidió al colegio que se revisara e investigara los sucesos previos de bullying que desencadenaron el episodio del día cinco de abril del presente año, pero no quisieron hacerlo y en vez de ello, se adoptó la medida de suspensión de Maximiliano, y luego su expulsión, sin siquiera atender las explicaciones previas o al menos indagar sobre la existencia de un acoso escolar previo que dio origen a este lamentable suceso.

Señalan que el colegio hizo caso omiso de estos antecedentes y no observó los protocolos legales y reglamentarios existentes al efecto, obviando garantías en favor de Maximiliano y su familia, que podría haber permitido conocer las verdaderas razones que lo llevaron a mantener estos artefactos en su mochila y con ello la Inspectoría y Dirección del colegio habría entendido la reacción del menor, que aunque errónea, era comprensible y hasta justificable si se conocían las reales motivaciones, pero en vez de ello, se decidió actuar sin indagar esta contundente arista y sólo se atendió a la forma y no el fondo, adoptándose la medida más drástica de todas que contempla el Reglamento de nombre reservado, entre ellas, la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros, que contempla el artículo 1° N°3), inciso 3°, de la denominada Ley Aula Segura.

Expresan que luego del episodio antes descrito, Maximiliano se vio muy afectado psicológicamente y comenzó a sufrir un deterioro anímico importante con el pasar de los días que, por cierto, aún persiste y se agudiza cada vez más, toda vez que le cuesta entender que lo sucedido le haya significado su expulsión sin posibilidades de proseguir sus estudios junto a sus compañeros, y ha comenzado a cuestionarse y a sufrir prolongados episodios de estrés y depresión, diagnosticados por facultativos, que obligaron a sus padres a concentrarse en él y a abocarse a su contención y cuidado. De hecho, él comenzó terapias de contención para tratar sus signos de angustia y ansiedad, ya que no obstante ser un niño tranquilo y maduro conforme a su edad, se siente frustrado por lo ocurrido, por lo que comenzó a asistir con un terapeuta profesional desde el ocho de abril recién pasado, momento en el que se observó un alto grado de angustia por lo que está pasando y si bien, entiende que su actuar no fue el adecuado, tiene miedo que le puedan hacer daño y, por ello, se mantiene con crisis de ansiedad que lo han llevado a sufrir un estado depresivo que se ha prolongado incluso hasta los actuales días y transcriben informes evacuados al efecto, de los cuales destacan que la medida expulsiva aplicada no solo trajo una consecuencia psicológica y emocional a Maximiliano, sino que también tales consecuencias se desprenden del escenario previo de acoso escolar, que tanto su amigo Mauricio como él estaban siendo víctimas, bajo la pasividad evidente del colegio y sus directivos.

Aducen que con fecha veintiuno de abril de dos mil veintitrés, la madre de Maximiliano, doña nombre reservado recibió la medida de expulsión del colegio. En ella se hace referencia a una investigación interna debido a que el porte de armas es una situación gravísima, las que fueron sorprendidas de manera flagrante por inspectores del establecimiento. Asimismo, expresan que la resolución establece que los apoderados de Maximiliano no participaron ni aportaron antecedentes para la resolución del caso, y que la madre se negó a firmar la carta de inicio de procedimiento y que tampoco concurrió a entrevista el estudiante para la investigación de los hechos escolares, y prosiguen analizando la resolución de expulsión, destacando aquellos segmentos que estiman no son veraces y transcribiendo correos electrónicos enviados por los padres de Maximiliano al colegio.

Refieren que sus representados presentaron un recurso de reconsideración de la resolución de expulsión, el que fue respondido por carta fechada el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, en la que se informa que se decidió mantener la medida, sin referirse a las razones para desechar la apelación, desconociendo cual fue el criterio y la ponderación que se hizo respecto al recurso procesal, transformándose la decisión ratificatoria de la expulsión adoptada por el establecimiento, en un acto desprovisto de toda motivación o fundamentación, lo que la hace arbitraria, al no explicar ni dar a conocer las razones mínimas que sustentaron tan drástica determinación en perjuicio de un estudiante de catorce años, que aún no finalizaba ni siquiera el segundo trimestre del presente año, dejándolo en la incertidumbre e indefensión.

Debido a lo anterior, señalan que sus representados acudieron a la Superintendencia de Educación a interponer un reclamo y a la Secretaría Regional Ministerial de Educación para solicitar un cupo en otro colegio, no obstante, actualmente el menor se encuentra sin colegio y sin posibilidades de reincorporarse a su proceso lectivo, lo que ahora ya es perjudicial porque perderá el año.

Luego de indicar las normas reglamentarias que estiman transgredidas por la recurrida, fundamentan en torno a los derechos constitucionales conculcados: el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República; la igualdad ante la ley, reconocido en el artículo 19 N°2; el derecho de los padres de escoger el establecimiento de enseñanza de sus hijos, consagrado en el numeral 11° del referido artículo 19, y citan jurisprudencia al efecto.

Finalmente solicitan a esta Corte acoger el presente recurso y, en definitiva, ordenar a la recurrida dejar sin efecto la medida de expulsión de Maximiliano; ordenar su reintegro inmediato a todas las actividades lectivas de su curso y colegio a fin de continuar con su proceso escolar; y, ordenar que se reabra proceso investigativo iniciado a raíz de los hechos acaecidos el día cinco de abril del presente año, a fin de que el colegio se haga cargo y aborde el escenario de acoso escolar señalado en este libelo; y, ordenar que se implemente un proceso de nombre reservado para tratar preventivamente los casos de bullying actuales en el establecimiento educacional recurrido, todo con costas.

Acompañan a su presentación los siguientes documentos: 1) Comprobante de Matrícula para el año dos mil veintitrés, de nombre reservado, en el Colegio nombre reservado School; 2) Contrato de Servicios Educacionales de 8° Básico, entre Fundación Educacional Francis School y nombre reservado; 3) Certificado de Matrimonio de los padres del menor expulsado; 4) Certificado de Nacimiento del niño Maximiliano; 5) Copia de carta de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, que comunica la medida de expulsión; 6) Copia del escrito de reposición de veintiocho de abril de dos mil veintitrés; 7) Copia de carta de cuatro de mayo de dos mil veintitrés que comunica mantención de la medida de expulsión; 8) Copia del escrito de reclamo ante Superintendencia de Educación de la Región de Coquimbo; 9) Informes de terapia realizados al niño Maximiliano; 10) Informe Médico de dos de mayo de dos mil veintitrés, de la Dra. nombre reservado, Especialista en Psiquiatría Clínica y Salud Mental Adultos; 11) Copia de carta de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós de doña nombre reservado; 12) Copia de carta suscrita por los padres y apoderados de un estudiante de 8°; 13) Copia de carta de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés suscrita por veintinueve estudiantes; 14) Reclamo N°CAS-39654-Q7R8W8 de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, ante la Superintendencia de Educación de la Región de Coquimbo; 15) Copias de correos electrónicos enviados por los padres del menor Maximiliano; 16) Parte Policial N°516 de cinco de abril de dos mil veintitrés, de la Tenencia de Carabineros Las Encinas de la 2da. Comisaría de Coquimbo; 17) Declaración jurada de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, de doña nombre reservado; 18) Declaración jurada de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés de doña nombre reservado; 19) Declaración jurada de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés de don nombre reservado; 20) Reglamento de nombre reservado.

SEGUNDO: Que a folio 12, y con fecha dieciocho de julio de los corrientes comparece evacuando el informe de rigor el abogado ALEJANDRO NAVARRO MARTÍNEZ, en representación de la recurrida Fundación Educacional Francis School, quien controvierte los antecedentes aportados por el recurrente.

Aduce que no es efectivo que el alumno tuviera una hoja de vida intachable. Señala que además los padres desde siempre tuvieron un bajísimo nivel de compromiso tanto para con el alumno como para con el colegio, demostrando un grave ausentismo y despreocupación, lo que originó derivaciones a OPD.

Expone que la acción de protección tiene como único propósito intentar aminorar una grave situación, que conforme la Ley Aula Segura y nuestros reglamentos de nombre reservado, significó una alteración de la nombre reservado, lo que llevó a la expulsión del alumno y ello fue la comisión de un delito, porte de armas dentro del establecimiento, con la intención de dañar a un compañero, situación que fue oportunamente detectada e impedida por funcionarios del colegio.

Recalca que esa es la situación que significó la expulsión del alumno, y a dicha decisión se arribó luego de aplicar todos los protocolos y reglamento de nombre reservado, aprobados por la Superintendencia de Educación.

Indica que, con relación al temor de verse expuesto a represalias por parte del otro alumno involucrado, aclara que éste ya no pertenece al establecimiento por los mismos motivos; y que dicha situación no logró acreditarse y quedó en un rumor.

Manifiesta que Maximiliano fue sorprendido portando un arma cortopunzante y una manopla, armas que fueron voluntariamente aportadas por el alumno, y no por exigencia o amenazas de los inspectores. Agrega que el colegio favoreció que el alumno no fuera detenido, postergando lo más posible la denuncia a carabineros para que pudiera ser retirado por sus padres, intentando siempre, a pesar de la grave infracción cometida, proteger la integridad física y psicológica del alumno, quien además estaba siendo requerido de detención por los padres del otro alumno involucrado.

Considera que el recurso intenta enmascarar o aminorar la grave infracción al reglamento de convivencia, que significó una grave alteración de la nombre reservado, de tal entidad que calificó para la aplicación del procedimiento contenido en la Ley Aula Segura. Además, se acusa al colegio de no indagar, de no realizar una investigación con un procedimiento justo, lo cual es una falacia, pues este es un proceso investigativo desarrollado en el marco de la Ley Aula Segura y, en dicho contexto, se procedió a la suspensión del alumno, facultad establecida en la Ley 21.128.

Refiere que una vez confiscadas las armas que portaba el estudiante, de inmediato se puso en conocimiento de los padres, se intentó contactarlos por medios presenciales, telefónicos y digitales. Sin embargo, no quisieron apersonarse ni recibir la información del caso, negándose incluso a firmar la notificación de inicio de procedimiento y desatendiendo las medidas educativas que durante este proceso el colegio tomó para continuar la educación de Maximiliano y se les informó sobre el derecho a presentar descargos y aportar prueba, pero nada dijeron ni aportaron al mismo.

Releva que este procedimiento se inició por una actuación del propio alumno que es el resultado del lamentable acompañamiento realizado por sus padres, el que refleja, además, una gran despreocupación por el adolescente, lo que fue oportunamente advertido por el colegio, pero no hubo respuesta por parte de los apoderados.

Así, continúa, diciendo que en la página treinta del Reglamento de nombre reservado, se contempla un catálogo de faltas gravísimas, entre las cuales está en su N°22, “Asistir al colegio portando armas de fuego, corto punzantes o de otro tipo (como fogueo, de juguete que aparenten ser reales y cuyo uso implique el generar temor y/o intimidación)”.

Señala que los recurrentes manifiestan reparos al procedimiento reglamentario, sin embargo, no debemos perder de vista que el nombre reservado, se encuentra socializado y es de conocimiento obligatorio de todos los miembros de la comunidad educativa, por lo que tienen o debían tener pleno conocimiento de las normas de nombre reservado, las faltas y sanciones, así como los procedimientos. Incluso existía una instancia recursiva que la contraria realizó precisamente a través de su recurso de reconsideración, reconociendo con esto la existencia de un proceso. Proceso que tuvo su resultado y que fue debidamente comunicado. Todas estas actuaciones dan cuenta de que fueron los padres de Maximiliano quienes fueron negligentes en la defensa de su hijo, como así lo demostraron durante el tiempo que fue alumno de nombre reservado School. Por ende – concluye- el establecimiento actuó amparado por la Ley y no ha cometido una acción u omisión ilegal, pues la medida de expulsión se produce en el marco de un proceso sancionatorio contemplado en la referida ley y en el reglamento interno, por lo cual tampoco es arbitraria.

Añade que inclusive la Superintendencia de Educación determinó que no existe falta alguna por parte del establecimiento, pues el proceso se llevó a efecto con pleno respeto de las garantías del alumno y transcribe partes de la resolución emanada de dicho organismo.

Estima que los recurrentes confunden gravemente el proceso aplicado, pues no se procedió por el procedimiento de expulsión contemplado en el Reglamento de nombre reservado, sino que se aplicó aquél indicado por el artículo 1 de la Ley de Aula Segura, el cual requiere del cumplimiento de algunos requisitos en el reglamento de convivencia.

Arguye que el actuar de su representada no ha conculcado ninguna de las garantías indicadas en el libelo recursivo y solicita finalmente el rechazo de la presente acción y acompaña los siguientes documentos: 1) Ordinario N°601 de dos de junio de dos mil veintitrés, de la Superintendencia de Educación Región de Coquimbo; 2) nombre reservado año dos mil veintitrés.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, sea que se denomine recurso o acción el arbitrio intentado, cabe tener presente que es “un proceso de protección de derechos fundamentales, o bien, un proceso sumario especial, que permite dar efectividad urgente, aunque con un carácter provisional, a los derechos fundamentales” (Bordalí Salamanca, Andrés. El Proceso de Protección. Revista de Derecho (nombre reservado), dic. 1999, vol.10, N°1, pp. 43-58.), o sea, un procedimiento de urgencia destinado a restablecer el imperio del derecho.

QUINTO: Que, sobre el fondo, conforme al mérito de los escritos principales y de la documental acompañada por las partes, se deriva lo que sigue:

1.- Que durante el presente año escolar nombre reservado, de actuales quince años, cursa el 8° básico A del Colegio nombre reservado School de la comuna de Coquimbo.

2.- Que el día cinco de abril de dos mil veintitrés, al ser convocado a la Inspectoría del Colegio, el estudiante tuvo que vaciar el contenido de su mochila ante el requerimiento de los inspectores encontrándose un cortapluma y una manopla.

3.- Acto seguido, personal del Colegio efectuó una denuncia por delito de porte de arma blanca ante Carabineros de Chile, abriéndose también la respectiva investigación por parte de la Fiscalía Local de Coquimbo.

4.- Con estos antecedentes, el mismo día el establecimiento educacional abrió un proceso de investigación de conformidad con lo establecido en la Ley de Aula Segura y en el nombre reservado, adoptándose como primera medida la de suspenderlo por el término de diez días. Dicho procedimiento culminó con la medida de expulsión, notificada por carta certificada a la madre del adolescente Maximiliano, doña nombre reservado con fecha veintiuno de abril de dos mil veintitrés y en donde se notifica además que dicha medida será aplicada a contar del veinticuatro de abril de este año.

5.- Que con fecha veintiocho de abril del presente año, la madre y apoderada de Maximiliano presentó un recurso de reconsideración de la medida de expulsión, indicando al establecimiento que durante el proceso investigativo no se contó con los antecedentes de descargo de su parte, solicita poder adjuntarlos y hace presente la existencia de un contexto de violencia escolar que involucra a otros estudiantes cuya data es del año dos mil veintidós.

6.- Que con fecha cuatro de mayo de dos mil veintitrés, la directora del Colegio nombre reservado School comunica a la madre y apoderada de Maximiliano que con fecha tres de mayo fue consultado el Consejo de Profesores sobre la reconsideración de la medida, siendo ésta ratificada.

7.- Que el ocho de abril de dos mil veintitrés Maximiliano inicia tratamiento terapéutico con profesional psicólogo y posteriormente acude a médico psiquiatra.

SEXTO: Que, a fin de delimitar el conflicto constitucional sometido a conocimiento de esta Corte, es preciso señalar que los recurrentes reclaman en su libelo que la medida de expulsión adoptada por la recurrida es arbitraria e ilegal, pues conculca los derechos a la integridad física y psíquica del adolescente Maximiliano, así como su derecho a la igualdad ante la ley, pues el procedimiento previo que dio origen a dicha decisión adolece de vicios que impiden estimarla como legítima. Asimismo, consideran que esta actuación vulnera el derecho de los padres a elegir el establecimiento educacional.

Por su parte, el colegio recurrido indica que su actuar se encuentra conforme con lo establecido en la Ley de Aula Segura, así como en el nombre reservado y releva especialmente que dicho procedimiento fue revisado y aprobado por la Superintendencia de Educación de la Región de Coquimbo, por lo cual su decisión no puede estimarse como ilegal o arbitraria.

SÉPTIMO: Que para la resolución de este caso resulta necesario determinar si el procedimiento en virtud del cual se determinó la expulsión de Maximiliano se erige con una mirada de derechos, de respeto por las garantías de la participación de todos los involucrados y, por cierto, con absoluto e irrestricto respeto de los niños y niñas a quienes, en definitiva, afectará la eventual decisión sancionatoria.

Lo anterior emana con prístina claridad de la Convención de Derechos del niño, niña y adolescentes, texto que nuestro país ratificó en noviembre de 1990 y que en sus diversos pasajes destaca el cambio de paradigma, desde uno tutelar a uno respetuoso de sus derechos, en su calidad de sujeto de derechos. Lo anterior impone dejar de adoptar decisiones “por él”, sin contar con su intervención, participación u opinión. El mundo adulto debe, en cumplimiento de esta normativa convencional, que a la luz del artículo 5 de nuestra carta fundamental es, al menos, de rango constitucional, promover, propiciar y respetar todos los espacios de participación de un niño o niña, creándolos, cuando no los haya, o perfeccionarlos y defenderlos, cuando se vean amenazados.

Es así como toda decisión que pudiera afectar al niño o niña debe ser adoptada en conformidad a su interés superior, que no es otra cosa que optar por aquella medida que permita el ejercicio de sus derechos, desplazando aquella que los prive o restrinja. Dicha consideración esencial fluye ya desde el artículo 3° de este texto convencional, cuando sostiene que “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

Aquello tiene perfecta sintonía con el artículo 12, que contempla que “Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”.

Aquello, luego, tiene réplica en asuntos de educación, cuando la aludida Convención de Derechos en su artículo 28 refiere que “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:… b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; …d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas; e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.”

Agrega el artículo que “Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo”.

Ahora, en cuanto al derecho a la educación, el documento internacional que venimos relevando prescribe que “Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural”.

Este robusto compendio normativo, que tiene plena eficacia interna en nuestro país, permite sostener que la posición de los niños jamás puede ser la de simples receptores de definiciones del mundo adulto, sino que ellas deberán estar precedidas de su participación, siempre adoptándose las que le permita ejecutar sus diversas garantías.

Así, como ya ha establecido esta Corte, “La garantía de participación de niños y niñas en todos los asuntos que los pudieren afectar permite dotar al procedimiento de un calificativo esencial en un Estado de Derecho: “debido proceso”. Sin considerar instancias de escucha activa y efectiva, el procedimiento, por muy reglado que esté, adolece de un elemento esencial.

La exigencia de respeto del debido proceso en el ámbito disciplinario que puede imponer cada establecimiento educacional en cumplimiento de la normativa escolar y constitucional se ve actualmente reforzada en relación a los niños, niñas y adolescentes por la entrada en vigencia de la Ley N° 21.430, la que, conforme establece su artículo 1°, tiene por objeto “… la garantía y protección integral, el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en especial, de los derechos humanos que les son reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes”. Destaca, en la normativa singularizada y, en lo que interesa a la presente acción de protección, el artículo 50, al disponer, en relación al debido proceso, que “Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a que en todos los procedimientos administrativos y judiciales se le respeten las garantías de un proceso racional y justo, y se le aseguren, entre otros, el derecho de tutela judicial; el derecho a ser oído; el derecho a ser informado del procedimiento aplicable y de los derechos que le corresponden en el proceso; el derecho a una representación jurídica y/o judicial distinta de la de sus padres y/o madres, representantes legales, o de quienes los tengan legalmente bajo sus cuidado, en caso de intereses incompatibles; el derecho a una representación judicial especializada para la defensa de sus derechos; el derecho a presentar pruebas idóneas e independientes; el derecho a recurrir; así como los derechos y garantías que le confieren la Constitución Política de la República, los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes y las leyes” (Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena, sentencia rol N°6054-2022, de tres de noviembre de dos mil veintidós, c. 10°).

Por ende, la labor de respeto, protección y garantía jurisdiccional de los derechos de los niños, niñas y adolescentes tiene por objetivo determinar los estándares de actuación que tanto la autoridad como los privados deben tener en consideración al momento de adoptar decisiones que pueden afectar el ejercicio de derechos fundamentales.

OCTAVO: Que las exigencias constitucionales y legales relativas a la existencia de un proceso disciplinario o de investigación regido por la exigencia del debido proceso importa, por tanto, no solo la presencia de la reglamentación interna que regule las relaciones entre el establecimiento educacional y los actores de la comunidad escolar, sino la obligación de respeto del debido proceso al momento de investigar conductas que pueden ser transgresoras de los lineamientos de la respectiva política escolar a la luz del proyecto educativo concreto. Ello importa, como adecuadamente lo establece el artículo 50 de la Ley N° 21.430, que “Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a que en todos los procedimientos administrativos y judiciales se le respeten las garantías de un proceso racional y justo, y se le aseguren, entre otros, el derecho de tutela judicial; el derecho a ser oído…”.

Por ende, la necesidad que el procedimiento contemple determinadas garantías como el derecho real y efectivo a ser escuchado, a conocer concretamente la imputación, al otorgamiento de un plazo razonable para plantear y preparar la defensa, el derecho de conocer los antecedentes que incriminan, el derecho a presentar descargos en forma previa a la decisión que se adopte, el derecho a presentar prueba y contradecir aquella de cargo, implica justamente velar por la objetividad de la investigación, el efectivo derecho a la defensa y la determinación real del hecho que se supone constituye la infracción, todo ello además en base a una sanción proporcionada al hecho y su real dañosidad.

Todas estas manifestaciones específicas a que se ha hecho referencia procuran que los procesos disciplinarios deben poseer etapas claras, que permitan a los afectados hacer sus descargos en base a la imputación que se realiza y en conocimiento de los antecedentes que existen en su contra, ello como única forma de contrastar las versiones que puedan existir con aquellas del propio ajusticiado, debiendo existir el período de tiempo necesario para aportar sus propios medios de convicción en apoyo de sus descargos, todo esto a fin de asegurar que la resolución que se adopte conlleve el pleno y efectivo respeto a la dignidad de los involucrados y de los derechos que ésta supone.

NOVENO: Que, de esta forma, revisados los antecedentes, no consta que en el escenario previo al cinco de abril de dos mil veintitrés (momento en que se determinó convocar a Maximiliano a Inspectoría y compelerlo a mostrar el contenido de su mochila), ni en aquel que sirvió de base a la decisión comunicada a la madre del alumno el veintiuno de abril del presente año, esto es, al cumplir los diez días de suspensión, haya tenido parte el alumno como sujeto de derecho que es.

Ya ha sostenido nuestro Máximo Tribunal que es menester que estos procesos disciplinarios cuenten con etapas claras que permitan a los involucrados hacer sus descargos y contrastar sus versiones con las que proporcionan otros, contemplado asimismo un lapso en el que puedan aportar sus medios de convicción en apoyo de sus descargos; de modo que en definitiva la resolución que se adopte conlleve el pleno y real respeto de la dignidad de los involucrados y de los derechos que ésta supone.

En tal sentido, no aparece el fiel apego a la normativa expuesta por parte del establecimiento recurrido, indicar que la indefensión del alumno se debe exclusivamente a la desidia o pasividad de los padres, pues consta de los antecedentes allegados por la actora, el envío de sendos correos electrónicos al personal del colegio explicando que los padres se encontraban en otra ciudad y solicitando se les contacte por vía telefónica y no por correo pues no pueden acceder a ellos de forma inmediata. Asimismo, en uno de los mensajes los padres indican que el hijo mayor de ambos irá al colegio para ser informado de la situación de Maximiliano lo cual tampoco dio resultados.

Junto a lo anterior, resulta necesario destacar que la recurrida en su resolución de expulsión señala expresamente: “Que si bien, en la investigación se concluye la existencia de un conflicto previo entre Maximiliano y estudiante X, no se pueden acreditar amenazas de ataque con arma para dicho día, desde Maximiliano al otro estudiante…” (el destacado es nuestro).

Además, en el recurso de reconsideración la madre señala claramente las situaciones previas de acoso escolar que afectaron a Maximiliano y a otro compañero, las que no fueron abordadas en la respuesta enviada por la señora directora, y de las cuales el Colegio, efectivamente, estaba en conocimiento, pues así lo establece la carta de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós enviada por la apoderada doña nombre reservado y del Inspector General del establecimiento, don nombre reservado. Estos antecedentes, sumados a las declaraciones de Maximiliano en terapia con profesional psicóloga – particularmente la del día ocho de abril- avala a juicio de estos sentenciadores la existencia de un contexto para el acaecimiento de los hechos que permite cuestionar la razonabilidad y proporcionalidad de la medida.

Asimismo, consta que, durante el proceso investigativo, y tal como lo indica la recurrida en su resolución, Maximiliano no pudo expresar sus descargos, y mucho menos probarlos, fue convocado a entrevista, pero no asistió, y no hay antecedentes de que el estudiante y sus apoderados hayan conocido las imputaciones, las pruebas que las respalden y las medidas adoptadas para revertirlas o trabajarlas, lo que tampoco se encuentra plasmado en la decisión de expulsión.

De esta forma, la adopción de aquella resolución adolece de un defecto insalvable que debe ser corregida por la autoridad educacional recurrida, pues además recibió denuncias que no fueron investigadas ni asumidas conforme con lo establecido en el Protocolo de actuación cuando ocurren situaciones de maltrato o acoso escolar contenido en el nombre reservado (página 42 y siguientes).

Junto a lo anterior, cabe destacar que entre las alegaciones de la recurrida se refiere que ésta ejerció el procedimiento disciplinario establecido en el artículo 1 de la Ley 21.128, no obstante, olvida que esta legislación establece determinadas garantías en favor de los estudiantes afectados, entre ellas: “No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional”; “Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y, o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida”; y, “En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros”.

DÉCIMO: Que atendido lo anterior, resulta necesario analizar la medida de expulsión de Maximiliano a la luz del estándar de razonabilidad exigido a todas las autoridades que ejercen un poder, sea este público o privado. Y, en este caso, dicho estándar es particularmente estricto por la entidad de la medida adoptada.

Al efecto nos recuerda Bidart Campos que “La razonabilidad y lo razonable, superan las formalidades para internarse en un contenido o sustancia que no es “puesto” discrecionalmente por quien dicta la norma, sino que se anuda a patrones axiológicos superiores y objetivos” (Bidart Campos, Germán. Nociones Constitucionales. Las intersecciones iusnaturalistas de la Constitución. 2007, Buenos Aires: Ediar, p. 54).

Es decir, la decisión analizada, para que sea válida, se supone razonable solo en cuanto se arregla a ciertos valores y principios, los que son comprendidos como intrínsecamente razonables, es decir, se justifican a sí mismos. En este caso, esos valores y principios cuentan con una consagración constitucional en el artículo 1° inciso primero de la Carta Fundamental, que ligados al caso que nos convoca, son los valores de la dignidad e igualdad de las personas.

Desde esta perspectiva, la fundamentación primaria de la expulsión, esto es, la aplicación de la Ley y del reglamento, resulta racionalmente insuficiente para justificar la afectación de varios derechos fundamentales de Maximiliano, pues la propia recurrida reconoce las situaciones de violencia escolar previas al momento del hallazgo de las armas en la mochila del estudiante, mas no adjunta ningún antecedente que tenga por objetivo cumplir con su propia reglamentación interna al respecto. Asimismo, la recurrida estima que debe ser castigada la pasividad de los padres al no acudir a los llamados del colegio, cuando, conforme con la normativa internacional, constitucional y legal antes citada, la decisión adoptada por el colegio afecta no solo los derechos de un adolescente de hoy quince años, sino probablemente el desarrollo de su historia de vida, que es – precisamente- lo que estamos llamados a proteger. Y, se advierte que el proceso disciplinario se llevó a cabo con desprolijidad, en forma incorrecta, infringiendo las garantías mínimas para asegurar una adecuada defensa y el respeto al principio de inocencia, que el mismo establecimiento escolar dispuso para substanciar las investigaciones disciplinarias en su reglamento, vulnerando las garantías constitucionales del debido proceso, el respeto a la integridad física y psicología de Maximiliano, limitando su derecho a la educación y a la igualdad ante la ley.

Por lo anterior, la presente acción constitucional será acogida, en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se resuelve:

I.- QUE SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de nombre reservado en contra del COLEGIO PARTICULAR FRANCIS SCHOOL, de la Fundación Educacional Francis School, representado legalmente por su directora doña nombre reservado y se deja sin efecto la sanción de expulsión informada al actor mediante carta de veintiuno de abril de dos mil veintitrés y, en consecuencia, el niño nombre reservado continúa siendo parte de dicha comunidad escolar.

II.- El establecimiento educacional aludido deberá en un plazo de treinta días corridos, elaborar un plan de trabajo integral, esto es, con todos los actores de la comunidad educacional, en el que se den a conocer la normativa que rige la materia, se reflexione al efecto y se capacite a los trabajadores del establecimiento educacional, a fin de evitar situaciones de acoso escolar.

Acordada con el voto en contra de la Ministra titular doña Marcela Sandoval Durán quien estuvo por rechazar la presente acción constitucional conforme con las siguientes argumentaciones:

1° Que, atendido lo sostenido por los recurrentes, es menester revisar la normativa que establece la competencia de la recurrida para actuar como lo hicieron y evaluar, en su mérito, una eventual ilegalidad o arbitrariedad en sus acciones.

En este sentido, el artículo 16 A de la Ley General de Educación señala que “Se entenderá por buena nombre reservado la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”.

Asimismo, se debe considerar lo establecido en el artículo 6 letra d) del DFL N°2 del año 1998, sobre Subvención del Estado a establecimientos educacionales, el que establece un procedimiento para actos violentos que tengan como sanción la expulsión o cancelación de matrículas, cuando estos afecten los derechos e integridad de los miembros de la comunidad educativa. En lo atingente, dicha norma señala “No podrá decretarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula de un o una estudiante por motivos académicos, de carácter político, ideológicos o de cualquier otra índole, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos siguientes.

Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento o afecten gravemente la nombre reservado, conforme a lo dispuesto en esta ley.

Siempre se entenderá que afectan gravemente la nombre reservado los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.

Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el director del establecimiento deberá haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementado a favor de el o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno del establecimiento educacional, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del niño o pupilo. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional.

Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, de conformidad al Párrafo 3º del Título I del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Misterio de Educación. En ese caso se procederá con arreglo a los párrafos siguientes.

Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y/o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida.

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles.

Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes por causales que se deriven de su situación socioeconómica o del rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter permanente y transitorio definidas en el inciso segundo del artículo 9°.

El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la nombre reservado, conforme a lo dispuesto en esta ley.

El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la nombre reservado, conforme a lo dispuesto en esta ley.

El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros.

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula...” (el destacado es nuestro).

2° Que este marco normativo de carácter legal también se complementa con las disposiciones reglamentarias pertinentes que rigen la actividad interna del establecimiento educacional recurrido. En lo relacionado con el caso de marras, el reglamento interno vigente al año dos mil veintitrés establece en su página veintidós con relación a la medida de expulsión, que “Este tipo de medida disciplinaria es una medida para situaciones que lesionan gravemente la convivencia, el clima escolar y a la comunidad educativa. Procede en los siguientes casos:

- Los hechos que la originan se encuentren tipificados como falta gravísima en el presente reglamento y afectan gravemente la nombre reservado (Ley Aula Segura N°21.128): Los hechos son constitutivos de delito.

La decisión de expulsar a un/a estudiante sólo podrá ser adoptada por la Directora del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al apoderado de él o la estudiante afectado(a).

La Directora, una vez que haya adoptado la medida de expulsión, deberá informar de su aplicación a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento contemplado para este tipo de medidas.

Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la resolución y adoptar las medidas de apoyo necesarias” (lo destacado es nuestro).

3° Que, además, es necesario considerar que el ejercicio de una facultad sancionatoria debe necesariamente estar limitada por las normas jurídicas que la reconocen y desarrollan a fin de preservar en todo momento los derechos fundamentales de las personas.

4° Que, en el caso de marras, el actor reconoce el porte de un arma blanca y de una manopla, lo que configura un hecho objetivo, cuenta con testigos y un acta que fue presentada junto a la denuncia respectiva ante Carabineros de Chile y por ello se abrió la respectiva carpeta investigativa ante la Fiscalía Local de Coquimbo, pues el porte de armas es un delito previsto y sancionado por el inciso segundo del artículo 288 bis del Código Penal, con lo cual se cumple el requisito exigido que originó el proceso disciplinario y la consecuente sanción, lo que a juicio de esta sentenciadora se encuentra ajustada con la normativa legal y por ende, tampoco resulta arbitraria, ya que es la misma legislación la que compele al establecimiento educacional a adoptar medidas para evitar ilícitos incluso de mayor gravedad y envergadura.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por la abogada integrante señora nombre reservado y el voto por su autora.

Rol N° 1147-2023 Protección.-