Protección contra SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol Nº1141-2025 La Serena, ocho de agosto de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, estudiante de derecho, interponiendo recurso de protección en beneficio de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°NUM000, dirigido en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, por declarar desistida su solicitud de reconocimiento de condición de refugiado.

Expone que, el recurrente es ciudadano venezolano, activista político y opositor al régimen de Nicolás Maduro, por lo que ha sido objeto de persecución política en su país, lo que motivó la emisión de una orden de aprehensión en su contra el 3 de octubre de 2024 por el Fiscal Venezolano Luis Silva de la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por delitos de forjamiento de documento público, desobediencia a la ley, sabotaje y daño. Por lo anterior, señala que el recurrente por temor a ser detenido y torturado, decide abandonar Venezuela de manera clandestina el 04 de octubre de 2024 para ingresar irregularmente a Chile el 11 de octubre de 2024, debido a su temor fundado de ser devuelto a Venezuela por las autoridades migratorias chilenas si intentaba ingresar de manera regular, ya que su vida corría peligro debido a la persecución política en su contra.

Señala que, el 16 de octubre de 2024, presentó formalmente su solicitud de refugio ante el Servicio Nacional de Migraciones, y se le informó que su solicitud sería procesada. Alega que, a pesar de cumplir con todos los requerimientos formales y haber entregado toda la documentación requerida, incluyendo la autodenuncia ante la Policía de Investigaciones, boletas de pasajes legalizadas y la orden de aprehensión emitida por la Fiscalía venezolana, la recurrida el 20 de mayo de 2025 emite la Resolución Exenta N°NUM001, en la que desestima la solicitud de refugio de nombre reservado, alegando la falta de cumplimiento de los requisitos formales para el reconocimiento de su condición de refugiado, en particular, se menciona que su ingreso al país fue irregular y que, no se habrían presentado los documentos necesarios para acreditar el cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 8 y 35 del Reglamento de la Ley 20.430.

Señala que, en este caso, la vulneración de los derechos fundamentales del recurrente, como el derecho a la vida, a la integridad personal, y a la protección internacional, es evidente debido a la omisión de las autoridades migratorias y la demora y no reconocimiento para la tramitación de su solicitud de refugio. Indica que la Ley N°20.430 sobre Refugiados, establece el procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado en Chile, y en su artículo 8 dispone que las autoridades deben dar respuesta en un plazo razonable, lo que ha sido infringido por la recurrida, además esta ley establece que las personas que ingresen al país irregularmente debido a persecución en su país de origen tienen derecho a solicitar asilo. En cuanto al Reglamento de la referida Ley, contenido en el Decreto Supremo N°837 establece que las autoridades deben asegurar que se brinde un tratamiento adecuado a las solicitudes de refugio, por lo que el incumplimiento de los plazos y el no reconocimiento de la documentación presentada vulneran los derechos del recurrente.

Invoca el Convenio de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, ratificado por Chile, el cual establece que las personas perseguidas por motivos políticos tienen derecho a solicitar asilo en otro país, y que, el recurrente debido a su vinculación con la oposición al régimen venezolano, cumple con los requisitos establecidos en este convenio para ser considerado como refugiado. Además, señala que, la Ley 19.880 establece que los actos administrativos deben ser claros y razonables, y la recurrida no actuado conforme a estos principios.

Por lo anterior, solicita acoger la acción interpuesta, y dejar sin efecto la Resolución Exenta N°NUM001 y ordenar a la recurrida continuar con la tramitación de la solicitud de refugio del recurrente; que se adopten medidas provisionales para garantizar la seguridad y protección del recurrente mientras se resuelve su solicitud de refugio, dada la grave amenaza a su vida e integridad física por la persecución política sufrida en Venezuela; y se asegure un tratamiento adecuado y conforme a los plazos establecidos por la ley para la resolución de su solicitud.

Acompaña a su presentación: orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de Venezuela de 03 de octubre de 2024; boletas de pasajes de bus desde Lima a Tacna y de Arica a La Serena; declaración voluntaria de ingreso clandestino ante la Policía de Investigaciones de Chile, de 11 de octubre de 2024; y copia de la Resolución Exenta N°NUM001 del 20 de mayo de 2025, del Servicio Nacional de Migración.

SEGUNDO: Que, a folio 10 comparece la recurrida SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, informando al tenor del recurso, y solicitando el rechazo de la acción.

Expone que, el recurrente ingresó al país de manera clandestina, eludiendo los controles fronterizos y el 16 de octubre de 2024 manifestó su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, solicitud ID NUM002. Luego refiere que, el 28 de febrero de 2025 se realiza la entrevista de admisibilidad y el 13 de mayo de 2025 es notificado de la Resolución Exenta N°NUM003, la que dispone que no cumple requisitos formales mínimos relativos a “mantener ingreso al país por paso no habilitado, y no presentar los antecedentes que permitan acreditar cumplimiento de los plazos establecidos en el artículo 8 y 35 del Decreto Supremo N°837, Reglamento de la Ley 20.430; según lo establecido en el numeral 5 del artículo 26 de la Ley 20.430”, y solicita antecedentes dentro del plazo de 15 días hábiles bajo apercibimiento de tener por desistida la solicitud.

Señala que el 20 de mayo de 2025 se notifica Resolución Exenta N°NUM001 que declara desistida la solicitud de condición de refugiado, por haber presentado documentación que no permite entender por subsanado el requisito formal faltante; luego el 26 de mayo de 2025 presenta recurso de administrativo de reposición en contra de la referida resolución, y se indica que actualmente el servicio está analizando el recurso y por ende se suspenden todos los efectos, hasta la resolución del pertinente recurso, por lo que no agotado la instancia administrativa.

Sobre el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, india que el 20 de febrero de 2024 entró en vigencia la Ley 21.655 la que modifica la Ley 20.430, realizando importantes modificaciones a la tramitación del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y estableció nuevos requisitos para la admisibilidad y formalización de una solicitud de refugio. Indica que, en virtud de la Ley 20.430, toda persona se encuentra habilitada para solicitar en Chile el reconocimiento de la condición de refugiado, con independencia de su condición migratoria, siempre y cuando se encuentre en territorio nacional, debe solicitarlo ante el Servicio Nacional de Migraciones, a través de carta certificada o de forma presencial, en los términos del artículo 36 bis del Reglamento de la Ley 20.430. Sin perjuicio de lo anterior, para que un extranjero sea considerado como solicitante de refugio, su solicitud debe haber sido declarada admisible y formalizada con arreglo a los articules 2, 6, 26 y 28 de la Ley N°20.430, y a los artículos 8, 35 y 37 de su Reglamento, así indica cuales son los requisitos para la formalización de una solicitud de refugio, que haya manifestado su intención de solicitar refugio ante autoridad competente y dentro del plazo legal establecido por el artículo 26 de la Ley 20.430; que haya cumplido los requisitos establecidos para solicitantes de refugio que ingresaron por paso no habilitado y/o que ostenta condición migratoria irregular; que la solicitud contenga mencione mínimas exigidas por el artículo 28 de la Ley 20.430; y que esta solicitud sea declarada admisible con arreglo al artículo 2 y 28 bis de la Ley 20.430.

Luego, señala que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley N°20.430, todo extranjero que ingrese al territorio nacional con el objeto de solicitar refugio debe informar a la autoridad contralora de frontera, al entrar al país, sobre su intención de solicitar refugio en Chile, en cuyo caso será trasladado a la dependencia más cercana de la Policía de Investigaciones para llevar a cabo un registro biométrico o cualquier otra tecnología que permita la identificación de datos que se encuentre vigente, y se le informará sobre los requisitos y plazos que contempla el procedimiento conducente al reconocimiento de la condición de refugiado. Posteriormente, el solicitante deberá manifestar su voluntad de solicitar refugio en cualquier oficina del Servicio Nacional de Migraciones, presencialmente o por carta en un plazo fatal de siete días, contados desde su ingreso al país.

Señala que excepcionalmente, se podrá dar curso a la solicitud fuera de aquel plazo cuando existan antecedentes suficientes que den cuenta de un cambio en las circunstancias del solicitante, posteriores a su ingreso a Chile, que pongan en riesgo la vida, la libertad o la integridad física del solicitante, y en dicho caso, la solicitud de reconocimiento debe presentarse en el mismo plazo del inciso precedente, contado desde que ocurrió el hecho que funda la solicitud.

Se refiere a los requisitos para solicitantes de refugio en condición migratoria irregular, indicando que el artículo 6 de la Ley 20.430 y artículos 8 y 35 de su Reglamento señalan que, en el caso de aquellos extranjeros que ingresen de manera clandestina al territorio nacional o cuya residencia actual fuese irregular, y que deseen formalizar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, podrán realizarlo sin perjuicio de la infracción cometida, presentándose ante la autoridad contralora de fronteras, a saber, Policía de Investigaciones, dentro del término de 10 días, contados desde la infracción migratoria, a objeto de alegar una razón justificada para ello.

Luego enuncia los requisitos formales establecidos en el artículo 28 de la referida ley, la cual dispone que la solicitud debe contener datos mínimos respecto del solicitante, sus motivos para solicitar refugio y, además, debe encontrarse respaldada mediante medios de prueba idóneos, remitiendo el detalle de estas menciones a las establecidas en su Reglamento en su artículo 37. Señala que, de no cumplir una solicitud con las menciones y documentos mínimos exigidos por las normas anteriores, el servicio notificará de aquello al solicitante y le otorgará un plazo 15 días hábiles para que subsane su solicitud, en los términos de artículo 28 ter de la Ley N°20.430, y de no cumplirse lo requerido dentro de plazo, la solicitud se entenderá como desistida.

Añade que, el artículo 28 bis de la Ley N°20.430 indica el último requisito para declarar la admisibilidad y formalización de una solicitud de refugio es que ésta se encuentre fundada, y se entenderá fundada siempre y cuando los motivos expuestos por el solicitante para acogerse al procedimiento de refugio respectivo se condigan con aquellas hipótesis establecidas en el artículo 2 de la Ley N°20.430, de lo contrario será manifiestamente infundada y será declarada inadmisible mediante resolución fundada.

Señala que, una vez cumplidos con todos los requisitos respectivos a la forma y oportunidad de la presentación de la solicitud, a su contenido y fundamentación mínima, se entenderá entonces que dicha solicitud ha sido declarada admisible y formalizada, extendiendo al peticionario y a su familia una visa de residencia temporaria por ocho meses, prorrogables por períodos iguales, mientras su solicitud de refugio se encuentre en tramitación, por aplicación al artículo 32 de la Ley N°20.430.

Alega que lo pretendido por medio de la presente acción es que se le reconozca al extranjero la calidad de refugiado por la vía judicial, materia que la propia Ley 20.430 determina como órgano competente a la Secretaria Técnica, previa observancia de una serie de requisitos de forma y fondo, que claramente no son cumplidos por el recurrente.

Concluye solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por carecer de todo sustento normativo y siendo totalmente improcedente, toda vez que existe un recurso administrativo de reposición presentado por el recurrente que se encuentra actualmente en análisis, con condena en costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por resolver desistida su solicitud de reconocimiento de condición de refugiado, alegando que ha dado cumplimiento a todos los requisitos formales establecidos por la Ley 20.430, por lo que solicita ordenar al Servicio continuar con la tramitación de su solicitud.

Por su parte, la recurrida ha señalado que la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado debe cumplir con requisitos formales establecidos por la Ley 20.430 y su Reglamento, las cuales no cumple el recurrente por cuanto no presentó la documentación solicitada por el servicio que decía relación con el cumplimiento del requisito señalado en el N°5 del artículo 26 de la Ley 20.430, por lo que resolvió como desistida la solicitud. Agrega que se mantiene pendiente de resolución recurso de reposición interpuesto por el recurrente en contra del desistimiento de su solicitud.

SEXTO: Que, La Ley N 20.430 sobre Protección de Refugiados, en su artículo 26 dispone que podrá solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado toda persona que se encuentre dentro del territorio de la República, sea su residencia regular o irregular, indicando los requisitos para ello. Luego añade que dicha solicitud, cuyo contenido lo regula el artículo 28, puede presentarse en cualquier oficina de Extranjería y que, al ingresar a territorio nacional, los extranjeros también podrán hacerlo ante la autoridad migratoria que se encuentre en un paso habilitado de la frontera, quien le proporcionará la información necesaria sobre el procedimiento y requerirá al interesado declarar las razones que lo forzaron a dejar su país de origen.

Por su parte el artículo 27 de la misma ley establece que los funcionarios de la Administración del Estado que tuvieran conocimiento de la presentación de una solicitud para el reconocimiento de la condición de refugiado de un extranjero deberán ponerla en conocimiento, en el más breve plazo, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

SÉPTIMO: Que, apareciendo del mérito de los antecedentes que el recurrente intentó, el 26 de mayo en curso, un recurso de reposición en contra del acto administrativo que por esta vía excepcional se impugna, esta Corte concluye que el asunto se encuentra sometido al imperio del derecho, al tratarse de un acto intermedio cuya tramitación no ha concluido. Sólo una vez resuelto éste y en el evento de mantenerse la decisión, podría constituir una situación en la que esta Corte debería intervenir, a fin de analizar la legalidad y arbitrariedad de la medida.

Sin perjuicio de lo anterior, considerando la tardanza que experimenta el recurrido en evacuar dicha respuesta, el libelo se acogerá sólo para instruir agilizar dicha tramitación.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se ordena al servicio recurrido resolver el recurso de reposición administrativo pendiente en el más breve plazo posible, el que no podrá exceder de 30 días corridos desde la ejecutoria del fallo Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 1141-2025 Protección