Protección contra HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA SERENA

nombre reservado

Hospital de La Serena Recurso de protección Rol Nº1140-2025 La Serena, cinco de agosto de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, ingeniero de ejecución en informática, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA SERENA, establecimiento autogestionado representado legalmente por su director don nombre reservado, ingeniero comercial, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el actuar que señala como ilegal y arbitrario, consistente en la negativa injustificada a otorgarle atención psiquiátrica, lo que vulnera sus derechos fundamentales a la integridad física y psíquica, derecho a la igualdad ante la ley y derecho a la protección de la salud, consagrados en los numerales 1, 2 y 9 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que es paciente en la Unidad de Cuidados Paliativos del Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT) del Hospital de La Serena, donde recibe tratamiento por un cuadro de dolor crónico severo.

Expone que hasta el 27 de junio de 2024 habría recibido atención psiquiátrica por parte del Dr. nombre reservado, profesional adscrito a dicha unidad. Sin embargo, desde esa data, le habría sido negada abruptamente la atención médica especializada, sin justificación clara ni alternativa real ofrecida; afirmando el recurrente que tal interrupción estaría relacionada con una denuncia que interpuso ante el Consejo de Defensa del Estado, en mayo de 2024, en la cual acusó a diversos profesionales del hospital de negligencias, malos tratos y humillaciones.

Añade que, desde diciembre de 2024, ha intentado obtener una nueva atención especializada psiquiátrica, sin recibir una respuesta, o bien, recibiendo respuestas genéricas de que “se está buscando una hora”.

Hace presente que su condición de dolor crónico y severo de salud requiere de seguimiento constante y ajustes terapéuticos regulares.

Como derechos fundamentales vulnerados, invoca el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República; el derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 19 N° 9 del mismo cuerpo legal; así como el derecho a la igualdad ante la ley, del artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental.

Culmina solicitando que se ordene al Hospital de La Serena reanudar de forma inmediata su atención psiquiátrica, asignando un nuevo profesional; establecer un calendario de controles periódicos, acorde a las necesidades de su diagnóstico y plan terapéutico; prohibir cualquier represalia institucional derivada de la denuncia formal presentada ante el Consejo de Defensa del Estado; y designar una autoridad competente para supervisar el cumplimiento de esta orden y garantizar el acceso efectivo a la atención médica.

SEGUNDO: Que, a folio 10 del expediente, se evacuó informe por el Hospital de La Serena, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que el actor ha sido atendido en la Unidad de Cuidados Paliativos del CDT del Hospital de La Serena, a raíz de una condición de dolor crónico severo secundario a una polineuropatía sensitivo-motora de extremidad inferior izquierda, vinculada a una cirugía previa por hernia del núcleo pulposo a nivel L4- L5 izquierdo. A partir del año 2023, fue evaluado por equipos clínicos especializados y diagnosticado con un síndrome de espalda fallida y una posible distrofia simpática refleja, cuadros que conllevan dolor de alta complejidad, de difícil manejo y que han sido abordados con enfoque paliativo.

Agrega, que el 14 de julio de 2025, el paciente fue evaluado por el Dr.

nombre reservado, médico de la Unidad de Cuidados Paliativos. En tal sentido, afirma que en atención a la complejidad de su cuadro, se reafirmó su ingreso al programa de Cuidados Paliativos, con plan de seguimiento y adecuación farmacológica ajustada a su sintomatología.

Asimismo, señala que se prescribió un esquema terapéutico, que busca el control integral del dolor, el insomnio, la ansiedad, y la estitiquez, todo lo cual forma parte de un abordaje paliativo multimodal, conforme a las directrices clínicas vigentes.

En cuanto a la atención psiquiátrica, señala que el paciente fue evaluado por psiquiatría el 10 de julio de 2025, por el Dr. nombre reservado, quien renovó extraordinariamente su receta por 60 días. Además, puntualiza que, conforme a lo informado por el Dr. nombre reservado (psiquiatra), actualmente la Unidad de Salud Mental del CDT no cuenta con un programa especializado para el manejo de dolor crónico no oncológico, motivo por el cual no es pertinente su atención dentro de dicha unidad, siendo la derivación a Cuidados Paliativos la estrategia clínica más adecuada para su seguimiento integral.

Por otra parte, da cuenta que el actor ha ejercido conductas agresivas que dieron origen a un proceso penal por amenazas a funcionarios del Hospital. Al respecto, señala que el 20 de febrero de 2025 el actor concurrió a la Unidad de Salud Mental del Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT) del Hospital San Juan de Dios de La Serena para solicitar una receta médica. Al recibir el documento en un formato distinto al habitual, el paciente reaccionó de forma violenta y desproporcionada, profiriendo insultos a viva voz contra funcionarias del área de admisión, señalando que “no servían para nada”. Acto seguido, ingresó abruptamente a la oficina del médico de atención ambulatoria, Dr. nombre reservado

nombre reservado, a quien increpó de manera hostil y amenazante, diciéndole: “mira como me tení, huevón, cámbiame al doctor, por tu culpa estoy así” (sic). Luego procedió a empujarlo e intentó agredirlo físicamente con un bastón que portaba, expresándole, además: “te voy a pegar, huevón, te voy a sacar la cresta” (sic).

Debido al temor fundado del profesional de salud frente a estas amenazas, se debió solicitar la intervención del personal de seguridad del recinto para retirar al paciente del lugar.

Añade que estos hechos dieron lugar a un procedimiento penal en su contra, tramitado bajo el RIT 3065–2025, RUC 2500307671-K, por el delito de amenazas contra profesionales y funcionarios de establecimientos de salud, previsto y sancionado en el artículo 297 bis del Código Penal, en relación con el artículo 296 N° 3 del mismo cuerpo legal. Con fecha 30 de mayo de 2025, el recurrente fue formalizado por el Ministerio Público en calidad de autor del referido delito, en grado de consumado. El procedimiento finalizó mediante una salida alternativa consistente en un acuerdo reparatorio, mediante el cual el imputado ofreció disculpas públicas al Dr. nombre reservado, víctima de las amenazas.

Sin perjuicio de ese hecho, indica que el Hospital San Juan de Dios de La Serena, lejos de recurrir a una alta disciplinaria justificada por el artículo 35 de la Ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, ha continuado garantizando la atención y seguimiento clínico del paciente, incluso gestionando su ingreso efectivo a la Unidad de Cuidados Paliativos.

Por lo tanto, afirma que el hospital de La Serena ha actuado, no sólo dentro del marco normativo que rige los deberes institucionales de atención en salud, sino incluso más allá de lo exigido por el imperativo legal, priorizando el principio de continuidad del cuidado y el respeto a la dignidad del paciente.

En el mismo sentido, sostiene que no ha existido una acción u omisión ilegal o arbitraria por parte del Hospital San Juan de Dios de La Serena, explicando que la atención psiquiátrica del recurrente cesó únicamente por razones clínicas y de pertinencia técnica, por cuanto la Unidad de Salud Mental del CDT no cuenta con un programa específico para el tratamiento de dolor crónico no oncológico. Por ello, el actor fue derivado a la Unidad de Cuidados Paliativos, instancia clínica especializada que sí cuenta con el enfoque interdisciplinario y las capacidades resolutivas requeridas para su caso.

En consecuencia, señala que tampoco existe amenaza, privación o perturbación de garantías constitucionales.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, sin embargo, de acuerdo a lo informado por la recurrida y los antecedentes allegados al proceso, se advierte que la atención médica del paciente no ha sido suspendida, denegada ni postergada, como se da a entender en el libelo recursivo, sino que ha sido reconducida hacia la Unidad de Cuidados Paliativos, unidad clínica que, de acuerdo a los profesionales especialistas, resulta adecuada para el tratamiento de su cuadro doloroso y sus comorbilidades. En consecuencia, la derivación del paciente y la continuidad de su seguimiento clínico se enmarcan en lo dispuesto por la Ley N° 20.584 y por la Ley N° 21.331 sobre salud mental, las cuales consagran como principios rectores la oportunidad y la protección de la dignidad e integridad tanto de los pacientes como del equipo sanitario.

SEXTO: Que, acorde a lo consignado en forma precedente, se verifica que la situación de hecho que motivó la interposición de la presente acción cautelar, esto es, la supuesta negativa injustificada a otorgar atención psiquiátrica al actor, no es efectiva, motivo por el cual tampoco se advierte alguna vulneración a los derechos fundamentales que se invocan en el libelo, razón por la cual, no existe fundamento que amerite acoger la acción presentada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del Hospital San Juan de Dios de La Serena.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1140-2025 (Protección).-