Protección contra SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol Nº1136-2026 La Serena, quince de julio de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, de nacionalidad venezolana, profesión u oficio desconocido, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, representada legalmente por don nombre reservado, ingeniero comercial, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en la omisión de pronunciamiento sobre su solicitud de refugio, realizada el 08 de noviembre de 2023, lo que vulnera sus derechos fundamentales del artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Señala que desde la presentación de su solicitud, ha transcurrido un tiempo prolongado sin que exista una resolución definitiva, pese a las consultas y gestiones efectuadas ante la autoridad. Señala que, aunque mantiene una residencia temporal vigente, la falta de pronunciamiento definitivo la mantiene en una situación de incertidumbre jurídica y administrativa.

Afirma que esta situación le impide acceder en igualdad de condiciones a beneficios estatales, especialmente subsidios habitacionales y programas sociales. Indica que integra un comité de vivienda que podría acceder a beneficios, pero que ella y su familia quedarían excluidas debido a su situación migratoria pendiente. Agrega que actualmente residen en un campamento emplazado en un terreno particular y enfrentan el riesgo de desalojo.

Añade que la autoridad recurrida no ha entregado fundamentos que justifiquen una dilación tan prolongada, infringiendo los principios de celeridad, eficiencia y servicialidad administrativa establecidos en la Ley N.º 19.880. Señala que la última actuación relevante fue una entrevista por videoconferencia realizada el 9 de junio de 2026, tras la cual entregó antecedentes actualizados, sin recibir información concreta sobre la fecha de resolución de su solicitud.

Luego, sostiene que se vulnera el principio de celeridad administrativa, el deber de resolver dentro de un plazo razonable y las obligaciones internacionales asumidas por Chile en materia de refugio y derechos humanos.

Como garantías constitucionales afectadas invoca el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 Nº2 de la Constitución, por impedirle acceder a beneficios estatales en igualdad de condiciones; como también, el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 Nº24 del mismo cuerpo legal, en relación con sus expectativas legítimas de acceso a programas sociales y habitacionales.

Culmina solicitando que se acoja el recurso, se declare que la demora en resolver su solicitud de refugio constituye un acto ilegal y arbitrario, y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones emitir un pronunciamiento definitivo dentro del plazo que determine el tribunal, adoptando además las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y proteger las garantías invocadas.

SEGUNDO: Que, a folio 4 compareció la recurrida SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, solicitando el rechazo de la acción, por no existir acto u omisión alguna que vulnere aquellas garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República.

Expone que la actora formalizó su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada el 6 de diciembre de 2023. Desde entonces, el Servicio le ha otorgado sucesivas residencias temporales en calidad de solicitante de refugio, incluyendo diversas prórrogas, encontrándose vigente una última autorización hasta el 19 de agosto de 2026.

Explica que, como parte del procedimiento, la recurrente fue citada a una entrevista de elegibilidad para el 8 de septiembre de 2025, diligencia a la que no asistió.

Posteriormente, fue nuevamente citada para el 9 de junio de 2026, oportunidad en que sí compareció y se realizó la entrevista correspondiente.

El Servicio destaca que no existe ninguna medida de expulsión vigente en contra de la recurrente y que su situación migratoria se mantiene regular mediante los permisos temporales otorgados durante la tramitación de la solicitud.

Luego expone el marco normativo aplicable al refugio, explicando el concepto legal de refugiado, las etapas del procedimiento, la función de la entrevista de elegibilidad y el rol de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado. Señala que la decisión final corresponde exclusivamente al Subsecretario del Interior, previa evaluación técnica de los antecedentes y recomendaciones emitidas por dicha Comisión.

Añade que el reconocimiento de la condición de refugiado exige un análisis especializado y complejo, que incluye la revisión de antecedentes personales y de información relativa al país de origen, por lo que el procedimiento requiere un tiempo razonable de estudio y evaluación.

Finalmente, sostiene que todas las actuaciones realizadas se ajustan a la Ley Nº20.430, su Reglamento, la Ley Nº21.325 y la Ley Nº19.880, por lo que no existe vulneración de las garantías constitucionales invocadas. En consecuencia, solicita que el recurso sea rechazado íntegramente, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

CUARTO: Que, por la presente acción constitucional se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dilación injustificada en resolver la solicitud de refugio presentada, lo cual califica la parte recurrente de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera sus derechos fundamentales del artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se ordene al recurrido emitir un pronunciamiento definitivo sobre su solicitud, dentro del plazo que determine el tribunal, QUINTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Asimismo, el artículo 14 del mismo cuerpo legal, define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SEXTO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa y teniendo además presente la naturaleza de la solicitud pendiente de resolver, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición refugiado, cuya tramitación se inició el 06 de diciembre de 2023, excediendo de tal forma su tramitación el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880.

SÉPTIMO: Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria, porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente, con relación al trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal y oportuna.

Por lo anterior, la presente acción deberá ser acogida, según se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones y, en consecuencia, se dispone que la recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda, respecto a la solicitud de refugio presentada por la recurrente, lo anterior, dentro del plazo de treinta días corridos desde ejecutoriada la presente sentencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1136-2026 (Protección).