FUND CENTRO DE EDUCACIÓN Y CAP DE LA UNIV CAT DEL NORTE con nombre reservado

Fundación Centro de Educación y Capacitación de la Universidad Católica del Norte nombre reservado, nombre reservado

Recurso de Protección ROL N° 1135-2020.- La Serena, catorce de septiembre de dos mil veinte.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha veintiséis de junio de dos mil veinte comparece nombre reservado, en representación de la Fundación Centro de Educación y Capacitación de la Universidad Católica del Norte o CEDUC-UCN, interponiendo recurso de protección en contra de nombre reservado, en virtud de los siguientes antecedentes.

Expone que la Fundación CEDUC-UCN imparte carreras conducentes al título de Técnico de Nivel Superior y además desarrolla capacitación y asistencia técnica. La Fundación cuenta con cinco sedes; una de las sedes es la de Choapa ubicada en la Comuna de Los Vilos y la casa Central o Matriz se encuentra en Coquimbo.

Agrega que una de las carreras que se imparte en la Sede Choapa es la de Técnico de Nivel Superior en Enfermería y Telemedicina. Para este efecto cuenta con salas de clases teóricas y un taller o box clínico para la práctica de sus alumnos.

Destaca que el acceso no es de libre tránsito al público, pues está controlado, por una reja y portón metálico y posteriormente por una caseta de guardia y barrera de control, ubicado a más de 100 metros de distancia del acceso al edificio donde se ubican sus dependencias e instalaciones.

Señala que en la Sede Choapa la fundación amparada imparte 6 carreras conducentes al Título de Técnico de Nivel Superior que se imparten en jornadas diurnas y vespertinas. Cuenta con 263 alumnos nuevos, 258 alumnos antiguos, 167 alumnos en práctica, 122 interesados en matricularse en distintas carreras y 4 postulantes.

Refiere que el día 18 de junio en curso, siendo las 12:08 horas don nombre reservado, se presentó en la portería y barrera de acceso a las instalaciones de la recurrente, acompañado de otras dos personas, señalando al guardia, para que se autorizara su ingreso, que era un inspector de la Municipalidad de Los Vilos y que necesitaba hablar con el Director de la Sede Choapa, don nombre reservado, razón por la cual y previa consulta a dicho funcionario se le autorizó el ingreso a las oficinas administrativas.

Una vez en presencia del Director le manifestó que estaba enterado que en la sede se desarrollaban clases presenciales y que, además, estaba funcionando el casino. Se le respondió que no habían clases presenciales y que en el box clínico había sólo una alumna efectuando una actividad práctica. Revisado el casino por los tres funcionarios no encontraron ninguna anormalidad pues su acceso estaba bloqueado y las sillas sobre las mesas. Exigieron revisar la documentación de sanitización del recinto, la que se encontraba en orden.

En el taller o box clínico de la sede de la carrera de Enfermería y Telemedicina, el recurrido advirtió la presencia de la alumna nombre reservado, quien se encontraba haciendo una práctica voluntaria, en un simulador de un brazo de una persona adulta, colocándole inyecciones, con la supervisión de la enfermera docente Doña nombre reservado, práctica necesaria para asistir al profesional de enfermería en la instalación de vía venosa periférica en distintos grupos etarios.

Hace presente que en el momento de la fiscalización no se advirtió la presencia de otros alumnos ni docentes en ninguna otra actividad en todos los recintos, pues sólo se encontraba el personal administrativo de apoyo al funcionamiento de la sede en cuanto a las clases no presenciales que si se están efectuando, tales como el Director de la sede, Coordinadores de área, Facilitador Pedagógico, Coordinador de Práctica, Titulación y Admisión, Encargada de Asuntos Estudiantiles, Ejecutora AES Choapa, Administrador de Redes, Biblioteca y Archivos.

No obstante lo constatado, el recurrido levantó el acta N° 35169 de fecha 18 de junio de 2020, a las 12:40 horas, según expresa, en su calidad de funcionario de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Coquimbo, constituido en visita de inspección en la sede ya señalada, agregando como razón de la visita: Fiscalización medidas sanitarias por brote Covid-19.

Según el acta señalada el fiscalizador habría constatado lo siguiente:

1. "Al momento de la inspección se confirma que Centro de Formación Técnica mantiene clases presenciales en el establecimiento.

2. Que producto del inciso anterior se prohíbe el funcionamiento de clases presenciales de cualquier indole. Además se da inicio a sumario sanitario para esclarecer las responsabilidades del caso.

3. Déjese como conocimiento la resolución exenta N° 322 de fecha 14 de mayo de 2020 del Ministerio de Salud, la cual dispone medidas que indica por brote Covid-19".

Los números 4 y 5 señalan otras recomendaciones relacionadas con el incumplimiento de la medida sanitaria, plazo para contestar los cargos y correos electrónicos para formularlos.

En el punto 6 el fiscalizador dejó constancia de lo siguiente: "Usuario se niega a firmar acta de inspección por no quedar estipulado que son actividades prácticas voluntarias".

Una vez redactada el acta le solicitó al Director de la Sede don nombre reservado que la firmara, a lo cual éste se negó porque lo aseverado en el acta no correspondía a los hechos constatados, según dejó constancia en la misma acta, no hizo referencia a la existencia de una alumna y una docente efectuando actividades prácticas con todas las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad del ramo.

Al finalizar la inspección, en la Portería de acceso al edificio de la sede y a sus instalaciones, puso un sello, con la ayuda de otro funcionario, de prohibición de funcionamiento de la totalidad de la sede al tiempo que se sacó una foto ejecutando dicha acción, que posteriormente remitió al diario El Día de La serena, el que la publicó en su versión On Line el mismo día de la inspección y posteriormente el día 19 lo hizo en la versión impresa en la página 7 de dicho diario.

Indica que el acto recurrido consiste en la actuación ilegal y arbitraria del fiscalizador señor nombre reservado, quien ingresó bajo engaño a un recinto que no es de acceso público, según se aprecia en las fotografías que se acompañan y registrar y allanar las instalaciones del Centro de Formación Técnica sin previo decreto de allanamiento, luego redactar un acta de inspección o fiscalización donde formula una apreciación de carácter personal, errónea, equivocada o sesgada de lo que efectivamente estaba sucediendo y habla constatado, apartado de toda realidad como fue la presencia de una alumna practicando la colocación de inyecciones en un brazo artificial, bajo la supervisión de una docente, apartándose de su obligación de referirse a los hechos "constatados", razón por la cual el Director de la Sede se negó a firmar el acta, lo que quedó de manifiesto en el mismo documento y prohibiendo el funcionamiento de la sede con clases presenciales.

En la misma acta el fiscalizador recurrido da inicio a un sumario sanitario, para establecer las responsabilidades del caso.

Finalmente, el funcionario recurrido habría aplicado erróneamente a la Fundación CEDUC-UCN, institución de Educación Superior, la Resolución N° 322 exenta, que es aplicable solamente a los Jardines Infantiles y Establecimientos Educacionales, contraviniendo, además en todo caso, las propias instrucciones y recomendaciones del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación que autorizan a las Instituciones de Educación Superior para la realización de actividades presenciales en el contexto de Covid-19, consistente en clases, reuniones, seminarios o actividades presenciales de cualquier tipo con asistencia de hasta 50 personas.

Arguye que el Código Sanitario en los artículos 155 y siguientes, para los efectos de la fiscalización en edificios o lugares cerrados, como es el caso de la sede Chopa, deberá procederse a la entrada y registro previo decreto de allanamiento del Director General de Salud. En caso de constatarse alguna infracción deberá sellarse la parte del local y de los muebles en que se hubiere cometido la infracción a la ley, mientras resuelve la autoridad sanitaria.

Refiere que la acción del funcionario recurrido de levantar un acta con apreciaciones subjetivas u opiniones personales, alejándose de su deber de constatar hechos es esencialmente ilegal y arbitrario. En efecto, de acuerdo con el significado de la palabra "constatar" contenido en el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, es comprobar un hecho, establecer su veracidad y dar constancia de él. El funcionario recurrido lejos de hacerlo manifestó una apreciación personal muy alejada de la realidad.

Del mismo modo, también es ilegal y arbitrario el actuar del funcionario recurrido, en cuanto no se ajusta en absoluto a las normas de derecho y procedimientos según se dirá, vulnerando en forma simultánea los preceptos legales de la Ley General de Educación, de la Ley de Educación Superior, del Código Sanitario, de instructivos emanados de los Ministerios de Salud y Educación y de la propia Resolución N° 322 exenta que se dice vulnerada.

Por estas consideraciones solicita que se adopten de inmediato las providencias para restablecer el imperio del derecho y para asegurar la debida protección de los derechos de su representada, declarando ilegal y arbitraria la fiscalización y el acta de la misma N° 35169, de 18 de junio de 2020 y los efectos de la misma, todo ello bajo el apercibimiento que se acuerde y con expresa condenación en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.

- Copia del acta de fiscalización folio N° 35169 de fecha 18 de junio del año en curso suscrita por el funcionario recurrido; 2.- Copia de la resolución N° 322 del Ministerio de Salud; 3.- Fotografía del diario El Dia en que aparece el funcionario recurrido colocando en la portería de la Sede Choapa un sello de prohibición de funcionamiento; 4.- Fotografía panorámica de la Sede Choapa de la institución amparada donde se aprecia la reja perimetral y portón metálicos de y portería y barrera de acceso, apreciándose al fondo el edificio con las instalaciones, oficinas y dependencias de la sede; 5.- Fotografía de la portería de acceso a la Sede Choapa donde se aprecia parte de la dependencia, la barrera, el sello de prohibición de funcionamiento y el edificio al fondo; 6.-Fotocopia de la página del Libro de Novedades del guardia de la Portería de la Sede Choapa, del dia 18 de junio en curso, en que consta el ingreso del funcionario recurrido a las 12:08 Hrs., en calidad de Inspector de la Municipalidad de Los Vilos; 7.- Fotografía de la puerta de acceso al box clínico de la Sede Choapa, sin sello; 8.

- Documento emanado de Doña nombre reservado, como alumna regular de la carrera Técnico en Enfermería y Telemedicina, dando cuenta de su participación voluntaria en actividades prácticas de libre acceso ofrecidas por CEDUC-UCN comprometiéndose a respetar las normas para evitar contagio y transmisión del virus covid-19; 9.- Fotografía de la alumna nombre reservado manipulando un brazo artificial en el interior del box clínico, con elementos de protección personal; 10.- Fotografía de la alumna antes mencionada manipulando otros elementos de atención médica en el interior del box clínico de la sede Choapa; 11.- Correo de don nombre reservado para nombre reservado de fecha 19 de junio, reenviando correo de don nombre reservado, Fiscalizador Oficina Comunal Coquimbo de SEREMI de Salud Región de Coquimbo, que remite copia digital de protocolo para la realización de actividades presenciales, en instituciones de Educación Superior en el contexto de Covid-19; 12.- Protocolo emanado del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación con recomendaciones de actuación para la realización de actividades presenciales en instituciones de Educación Superior en el contexto de Covid-19; 13.- Extracto del Decreto N° 1355 exento del Ministerio de Justicia de 24 de diciembre de 1998, que concede personalidad jurídica y aprueba estatutos de la fundación amparada; 14.- Decreto exento N° 105 de 12 de abril de 1999 del Ministerio de Educación que otorga el reconocimiento oficial del Centro de Formación Técnica CEDUC-UCN, aprobando además su proyecto institucional.

SEGUNDO: Que, con fecha veinticuatro de julio de dos mil veinte evacuó informe nombre reservado, encargado Oficina Comunal de Los Vilos SEREMI de Salud Región de Coquimbo, en los siguientes términos.

En primer lugar, señala que la argumentación del recurrente carece de todo sustento legal, toda vez que no ha señalado expresamente la vulneración de derechos constitucionales afectados.

Hace presente que no se establece de manera alguna cómo sus derechos y garantías fundamentales han sido supuestamente vulneradas por una decisión de carácter técnica y legal, como la aplicación de una medida sanitaria por incumplimientos normativos, que se enmarca per se en un procedimiento legal y debidamente tipificado en el Código del ramo.

Sostiene que el recurrente aduce la vulneración de las garantías de los numerales 11, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución, referentes a la libertad de enseñanza, desarrollo de cualquier actividad económica y derecho de propiedad, sin embargo no existen hechos concretos ni verificables de que efectivamente a consecuencia del actuar del recurrido, se hayan vulnerado dichos derechos.

En relación a la libertad de enseñanza, menciona que la prohibición de realizar clases presenciales bajo ningún supuesto supone una amenaza al ejercicio de tal derecho, máxime cuando toda esta situación debe enmarcarse en un contexto de alerta sanitaria por pandemia mundial de Covid-19, existiendo a la fecha en el país un estado de excepción constitucional de catástrofe, que, según la misma Carta Fundamental, faculta al Presidente para restringir ciertos derechos y libertades, de forma que el recurrente no puede pretender ejercer de forma plena los derechos que reclama, sobre todo porque se encuentran restringidos en virtud del señalado estado de excepción y en pos de la protección de la salud de la población, que pasa a ser el bien jurídico superior.

En este escenario, queda a salvo la posibilidad de realizar clases en modalidad online, tal como lo indica la resolución ministerial Nº 322/2020, que si bien el recurrente pretende no hacer aplicable a su establecimiento, señala que dicha norma no establece distinción alguna. Misma razón y argumento aplica para el derecho a realizar cualquier actividad económica.

Además, el acta levantada por el inspector, ministro de fe para todos los efectos legales (Art. 156 del Código Sanitario), establece claramente qué actividades se encuentran prohibidas, resultando la alegación del recurrente en un melodrama sin sustento, pues en ningún caso se ha prohibido el acceso a la sede en general y el sello prohibitivo colocado no está en algún lugar que implique restricción de acceso físico a las dependencias de la Sede (por el contrario, de mutuo acuerdo con el Director de la Sede, se colocó bajo la ventana de la garita del guardia, a la entrada de la sede), perdiendo validez el argumento del recurrente.

Finalmente, y en relación a la supuesta vulneración del derecho de propiedad, aduce idénticos argumentos.

Por estas consideraciones, y sobre todo por la falta de fundamentación y acreditación por parte del recurrente en materia de vulneración de derechos, solicita que el recurso sea rechazado, al faltar uno de sus supuestos legales esenciales.

En subsidio se pronuncia respecto del fondo del recurso, destacando el contexto de su actuación en el marco de la fiscalización realizada a CEDUC-UCN y la pandemia mundial por Covid-19.

En este sentido hace presente que el 05 de febrero de 2020, el Ministerio de Salud dictó el Decreto N° 4, de 2020, que decreta Alerta Sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus {2019-NCOV). Dicho decreto fue modificado en primera instancia por el Decreto N° 6, de 2020, del Ministerio de Salud, y ha tenido modificaciones posteriores, pero para efectos del presente recurso las atribuciones que importan, y que no han sufrido variación, son las contenidas en el Decreto N° 4.

En mérito de lo anterior, a través de la Resolución Exenta N°322/29.04.2020., el Ministerio de Salud estableció en el numeral 8º la suspensión presencial de las clases en todos los jardines infantiles y establecimientos educacionales del país, pudiendo continuar la prestación del servicio educacional de manera remota, conforme a los criterios que establezca el Ministerio de Educación, hasta que las condiciones sanitarias permitan el levantamiento de esta medida.

A su vez, el numeral 13° de la misma resolución, dispone que el incumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad en virtud de esta resolución y las resoluciones señaladas en el numeral anterior serán fiscalizadas y sancionadas según lo dispuesto en el Libro X del Código Sanitario, así como en lo dispuesto en el Código Penal, cuando corresponda. Por lo tanto, otorga plenas facultades fiscalizadoras y sancionadoras a las Seremis de Salud.

Asimismo, el Decreto N°4, que decretó la Alerta Sanitaria, facultó a las Seremis de Salud en el artículo 3º, para que, entre otros aspectos, pudiera: “Disponer de la prohibición de funcionamiento de los establecimientos y lugares de trabajo que pongan en peligro a las personas que trabajan o asisten a ellos" (artículo 3° N°8).

Así, las facultades con las que actúa la Seremi de Salud, y sus funcionarios, encuentran respaldo legal en los cuerpos legales antes indicados (además por supuesto de las propias del Código Sanitario), debiendo considerarse en este sentido que la Resolución Nº 322, que en armonía con el numeral 8º, artículo 3º del Decreto N° 4 y el artículo 178 del Código Sanitario, sustentó la prohibición de funcionamiento de las clases presenciales en CEDUC-UCN, no establece distinción particular en relación a los establecimientos educacionales, ni reconoce excepciones expresas, extendiéndose a los establecimientos de educación superior, sobre todo considerando el riesgo sanitario asociado a la congregación de alumnos en este tipo de establecimientos y la rapidez de contagio y propagación del virus.

En este mismo orden de ideas, refiere que la citada resolución N° 322 tampoco se contrapone al protocolo de recomendaciones de actuación para la realización de actividades presenciales en instituciones de educación superior en el contexto de Covid-19, sobre todo porque la hipótesis con que parte dicho protocolo, es que se entregan orientaciones para el "adecuado retorno a las actividades presenciales en las instituciones de educación superior, en el caso que las circunstancias así lo permitan" {página 2 del protocolo), de forma que el retorno presencial no es una prerrogativa de las instituciones de educación superior ni basta con adoptar las medidas sanitarias pertinentes, sino que además se requiere que las condiciones epidemiológicas lo permitan, situación que hasta el momento en la región de Coquimbo no ha ocurrido, y que, la Autoridad Sanitaria dé además su visto bueno al retorno, lo que tampoco ha ocurrido a la fecha.

Lo anterior, se justifica porque el mismo protocolo, en su página 6, establece que: "Cada institución que retome actividades deberá informar a la Seremi de Salud correspondiente, la fecha de inicio de clases, además de entregar información sobre las medidas preventivas a implementar”, presupuesto con el que a la fecha él recurrente no ha cumplido, pues por más que pretenda aducir que se trató de actividades con consentimiento expreso de la alumna, y que era sólo ella y la docente, dicha circunstancia, casi como hecho aislado, no tiene porqué constarle a esta Autoridad Sanitaria, además de que la verificación de las medidas sanitarias suficientes corresponde determinarlas a esa institución, y tal requerimiento no ha sido solicitado por el recurrente.

En efecto, con fecha de 22 de julio de 2020, se hace entrega de forma física del protocolo en comento al Director de la sede CEDUC-UCN Los Vilos, para hacer el alcance de las respectivas instrucciones y recomendaciones que debía adoptar el establecimiento, solicitando en ese momento un Plan de Contingencia informando todas las medidas, el cual debía ser presentado en la Oficina Comunal de Los Vilos, para posteriormente coordinar una visita y verificar las condiciones sanitarias para el correcto funcionamiento.

Que, al no informar debidamente a dicha Autoridad Sanitaria y al no haber presentado hasta la fecha el Plan de Contingencia solicitado, para el retorno de las actividades presenciales en el contexto de la pandemia, la medida sanitaria aplicada actualmente se mantiene vigente. Ahora, una vez presentado el plan requerido y encontrándose las condiciones sanitarias conformes, procede en derecho, decretar el alza de la medida sanitaria, pero sólo en la medida que estos supuestos se cumplan.

Hace presente que al momento de la fiscalización y al presentarse en portería, conducía camioneta fiscal y vestía ropa institucional, por lo que resulta prácticamente imposible haber ingresado ‘bajo engaño’, siendo que, además, facilitó su credencial al guardia para que registrara mis datos.

En relación a la resolución de entrada y registro que el recurrente imputa incumplida (artículo 155 del Código Sanitario), consigna que al momento de solicitar el ingreso, el guardia primeramente se contactó con la Dirección, no habiendo ninguna oposición para acceder al lugar, por lo que sencillamente no se ajusta a derecho haber presentado un decreto de allanamiento.

Entiende que este punto resulta de suma relevancia, pues las resoluciones de allanamiento aplican sólo frente a la negativa o existencia de obstáculos por parte de quien será fiscalizado, y de hecho así lo indica el Manual de Fiscalización Sanitaria del MINSAL, versión 2012 y actualmente vigente.

Por lo tanto, en esta inspección en particular, dicha resolución no era necesaria, pues no existió ningún obstáculo o impedimento para ingresar a las dependencias del establecimiento.

Agrega que en dicha visita, y en conversación con el Director de la Sede, se explicó el motivo de la visita, mencionando que se manejaba información sobre la realización de clases presenciales, y, esta información fue confirmada abiertamente por el mismo Director, haciendo mención que desde el lunes 15 de julio de 2020 habían comenzado a retomar las actividades presenciales, indicando a su vez que la sede de Coquimbo, también se encontraba funcionando bajo la misma modalidad.

Por lo anterior, se solicitó poder realizar un recorrido por la instalación, donde se constató la presencia de una alumna realizando actividades prácticas. Mencionar que luego de terminar la ronda, el Director verbalmente expuso al personal que desempeña funciones en la sede, que llamaría a los demás alumnos que estaban citados para ese mismo día, debido a la eventual suspensión de las actividades presenciales.

Por ende, al confirmarse la realización de actividades presenciales por parte del Director, verificar la presencia de una alumna al momento de la fiscalización, y considerando las normas que gobiernan la materia, las particulares emitidas a propósito de la pandemia por Covid-19 y aquellas propias del sumario sanitario (artículos 161 y siguientes del Código del ramo), se procedió a decretar la medida sanitaria de prohibición de funcionamiento de clases presenciales, como supra se indicó, por incumplir la Res. Ex. 322 y a su vez el protocolo de recomendaciones, que establece la obligación de informar el retorno de clases a la Seremi respectiva.

Sobre los hechos constatados en terreno y que se imputan como subjetivos y sesgados, recuerda que en materia de sumarios sanitarios, la forma en que el legislador ha dispuesto que se den por acreditados los hechos que investiga la autoridad sanitaria es el acta de inspección que se levanta por el fiscalizador, al que además se le atribuye el carácter de ministro de fe. Lo anterior, regulado en los artículos 156 y 166 del Código Sanitario.

Por lo tanto, el análisis que se efectúa en terreno por los fiscalizadores para cumplir el mandato del artículo 155 del Código Sanitario, como las conclusiones que pueden obtener a partir de ello, y que son plasmadas en las actas de inspección, constituyen prueba suficiente para acreditar infracción a las normas sanitarias (artículo 166).

En el caso en comento, considera también que la expresión “clases presenciales” tampoco está debidamente definida en cuanto al número de estudiantes que deben encontrarse presentes, pudiendo tratarse de 1, 2 o más personas, el criterio en este caso, según el sentido natural y obvio de la misma palabra, es que sean presenciales y eso fue precisamente lo que observó, sumado a que el mismo Director indicó que ese día irían otros alumnos, por lo tanto puede haberse negado a firmar el acta por no considerar que una sola alumna califica como “clases presenciales" pero, como se indicó, basta la presencia de un alumno para considerar esa clase, precisamente, como presencial. Así, no existen faltas a la verdad en el acta levantada, imputaciones que por lo demás, deben ser debidamente acreditadas porquien las reclama (en este caso el recurrente), pues el principio de la carga probatoria en materia de sumarios sanitarios recae en éste.

Sobre la medida sanitaria, indica que el acta levantada es clara en establecer qué es lo que se encuentra con prohibición (clases presenciales), y de hecho ante la consulta de una trabajadora ese mismo día se aclaró que la prohibición afectaba sólo la realización de las clases presenciales, y no así a las labores administrativas; y así también se dejó en claro al Director que sólo correspondía a las clases presenciales, con lo que malamente el recurrente puede hacer extensiva la medida sanitaria al desarrollo de toda labor en la sede fiscalizada, pues no existe medio probatorio de ello.

Sobre la señalética de prohibición de funcionamiento, en consulta con el Director se acordó poner el sello en sector de portería, solicitándole a personal administrativo que los acompañara hasta el lugar para colocarlo. Hace presente que el sello materialmente y por sí mismo no impide ni inhabilita el uso del resto de las dependencias, ni menos el desarrollo del resto de las actividades de la sede, pues se encuentra bajo la ventana de la caseta del guardia, no teniendo sustento la alegación del recurrente en este aspecto.

Finalmente, sobre la acusación de haber difundido una fotografía de la fiscalización en diario El Día, indica que estos hechos son meramente presuntivos y no existe medio probatorio que acredite tal aseveración, además de que la labor comunicativa de la Seremi le corresponde a los periodistas que se desempeñan en el servicio y no a los fiscalizadores. Difusión que, por lo demás, en ninguna normativa particular se encuentra prohibida.

Por estas consideraciones solicita negar lugar al recurso de protección.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Copia de la Resolución Exenta N° 356/09.03.2020, de la Seremi de Salud Coquimbo; 2.- Copia de protocolo de recomendaciones de actuación -para la realización de actividades presenciales en instituciones de educación superior en el contexto de Covid-19; 3.- Copia del Decreto 104/2020 que declara Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile, y del Decreto 269/2020 que dispone su prórroga por 90 días a contar del vencimiento del plazo inicial; 4.- Copia del Decreto 4/2020, que decreta Alerta Sanitaria y otorga facultades extraordinarias; 5.- Copia de la Res. Ex. 322/2020 del Ministerio de Salud, que establece medidas sanitarias que indica por brote de COVID-19; 6.- Copia del Manual de Fiscalización Sanitaria del MINSAL, versión 2012; 7.- Copia del acta de inspección levantada con fecha 18.06.2020, en sede CEDUC-UCN Los Vilos y que decretó la prohibición de funcionamiento de clases presenciales.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, del tenor de lo expuesto en el recurso de protección interpuesto es posible concluir que el acto u omisión arbitrario e ilegal que se dice vulnera sendos derechos fundamentales de la entidad recurrente sería la Fiscalización que llevó a cabo el funcionario público de la Secretaria Regional Ministerial de Salud Coquimbo, don nombre reservado, y que dio inicio a un sumario sanitario.

Se cuestiona el obrar del funcionario fiscalizador por ingresar bajo engaño a un recinto que no es de acceso público, sin previo decreto de allanamiento; por redactar un acta de inspección donde formula una apreciación personal, errónea, equivocada, sesgada y apartada de la realidad; por prohibir el funcionamiento de la sede con clases presenciales, dando inicio a un sumario sanitario y aplicando erróneamente la Resolución N° 322 exenta, que seria sólo aplicable a los Jardines Infantiles y Establecimientos Educacionales, contraviniendo, las instrucciones y recomendaciones del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación que autorizan a las Instituciones de Educación Superior para la realización de actividades presenciales en el contexto de Covid-19, consistente en clases, reuniones, seminarios o actividades presenciales de cualquier tipo con asistencia de hasta 50 personas.

SEXTO: Que, el numeral octavo de la Resolución Exenta N°322/29.04.2020., del Ministerio de Salud, que dispuso la suspensión presencial de las clases en todos los jardines infantiles y establecimientos educacionales del país, hasta que las condiciones sanitarias permitan el levantamiento de esta medida, es una norma de índole sanitaria, siendo de competencia de la autoridad administrativa, a través de los funcionarios del Servicio de Salud, la fiscalización de su cumplimiento.

En la especie, la medida adoptada por el funcionario recurrido, junto con dar inicio al sumario administrativo, fue reiterar lo dispuesto en el citado numeral, esto es, suspender las clases presenciales, porque a su entender resultaría aplicable a la institución de Educación Superior Fiscalizada en el contexto de la actual situación sanitaria, sin que tampoco se contara con una solicitud de apertura por parte de la entidad recurrente, que autorizara las clases presenciales bajo determinadas condiciones.

Es así como el numeral 13° de la misma resolución, dispone que el incumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad en virtud de esta resolución y las resoluciones señaladas en el numeral anterior serán fiscalizadas y sancionadas según lo dispuesto en el Libro X del Código Sanitario, así como en lo dispuesto en el Código Penal, cuando corresponda.

SÉPTIMO: Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 155 del Código Sanitario, la autoridad sanitaria tiene facultades para practicar la inspección y registro de cualquier sitio, edificio, casa, local y lugares de trabajo, sean públicos o privados, y, solo para el caso que se encuentren cerrados, requiere de un decreto de allanamiento, con el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario.

Ya sea que el recinto se encuentre cerrado sin ocupantes, o se le niegue el ingreso al fiscalizador, puede operar la figura del allanamiento, para lo cual se exige contar con el correspondiente decreto que lo autorice, sin el cual deviene en ilegal, pero en este caso el funcionario recurrido pudo ingresar y recorrer las distintas dependencias del establecimiento fiscalizado, bajo la compañía de personal de la recurrente sin que existan elementos probatorios que otorguen alguna verosimilitud o credibilidad en cuanto a que ese acceso habría sido bajo engaños.

OCTAVO: Que, por su parte el artículo 156, también del Código Sanitario, dispone que las actuaciones inspectivas a fin de fiscalizar el cumplimiento de la normativa sanitaria serán realizadas por funcionarios del Servicio de Salud, y en caso de constatar una infracción al referido Código o a sus reglamentos, se deberá levantar acta dejándose constancia de los hechos materia de la infracción, teniendo el funcionario que practique la diligencia, el carácter de ministro de fe.

Además, según previene el art. 166 del Código antes referido bastará para dar por establecido la existencia de una infracción a las leyes y reglamentos sanitarios el acta, que levante el funcionario del Servicio al comprobarla.

En consecuencia, en la especie, lo realizado por el funcionario recurrido se encuadra precisamente en la normativa antes citada, obrando dentro de su competencia.

NOVENO: Que, en este contexto, si el fiscalizador, en ejercicio de sus atribuciones, detecta alguna infracción, está autorizado para dar inicio, de oficio, a un sumario sanitario, que fue precisamente lo que aconteció en este caso, proceso que está debidamente regulado en el Título II del Libro X del Código Sanitario, disponiendo su artículo 163 que deberá citarse al infractor después de levantada el acta respectiva para que concurra el día y horas que se señale, con todos sus medios probatorios, oportunidad que puede realizar sus descargos.

De este modo, el acto inspectivo y de constatación de infracción a la normativa sanitaria, solo da inicio a un sumario sanitario, no siendo un acto terminal o decisorio, sino que, de trámite, contando el fiscalizado con la oportunidad para realizar sus descargos de forma y de fondo, y aportar las pruebas que estime pertinentes, conforme expresamente lo reconoce el art.163 citado en el párrafo anterior.

Tan evidente es esta situación, que aun cuando la autoridad administrativa aplique sanciones al fiscalizado en el contexto de un sumario sanitario, se contempla expresamente una etapa judicial a fin de revertir lo decidido, al así disponerlo el art. 171 del Código Sanitario.

Así las cosas, al recurrente no se le ha privado de la oportunidad de resultar absuelto de los cargos formulados si demuestra que el acta de inspección es errónea o contraria a la realidad o que no ha infringido la normativa vigente, quedándole a salvo, incluso, la etapa judicial.

DECIMO: Que, en consecuencia, el recurso de protección no es la vía idónea para discutir una materia cuya resolución ha sido entregada en una primera etapa a la autoridad sanitaria y en otra, a los tribunales de Justicia, bajo las garantías de un debido proceso donde es posible discutir y aportar prueba para acreditar las respectivas alegaciones sobre todo en un caso como este donde se cuestiona, además, el obrar material de la autoridad recurrida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en representación de la Fundación Centro de Educación y Capacitación de la Universidad Católica del Norte, en contra de nombre reservado, sin costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1135-2020 (Protección).- Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros titulares señora nombre reservado, señor nombre reservado y el abogado integrante señor Jorge Fonseca Dittus.

En La Serena, a catorce de septiembre de dos mil veinte, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.