nombre reservado con MINISTERIO DE EDUCACION
- Fecha
- 2 de octubre de 2019
- Sala
- Primera Sala
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 1132-2019, sentencia de 2 de octubre de 2019
Resumen
Se rechaza el recurso de protección contra el Ministerio de Educación: la revocación oficiosa del decreto que otorgaba subvención se ampara en el artículo 61 de la Ley 19.880 y no se acreditó ilegalidad ni arbitrariedad; además, el asunto es de lato conocimiento.
Texto íntegro
nombre reservado.I.E Ministerio de Educación Recurso de Protección Rol N° 1132-2019 La Serena, dos de octubre de dos mil diecinueve VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que con fecha diecisiete de agosto de dos mil diecinueve se presenta doña Elizabeth Fredes Rosales, abogado, en representación de nombre reservado.I.E, ambos con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Ministerio de Educación, representada por el Subsecretario de Educación don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, solicitando se acoja, declarándose la arbitrariedad e ilegalidad del acto atacado que se describirá, y se disponga, como medida destinada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección, la nulidad del Decreto Exento N° 0431 de cinco de julio de los corrientes emitido por la entidad pública emplazada.
Reclama como acto ilegal y arbitrario el Decreto Exento N° 431, de cinco de julio de este año, que le fuera notificado personalmente el veintitrés de julio pasado, que revoca el Decreto Exento N° 1020, de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, del Ministerio de Educación, y dicta acto de reemplazo referente al establecimiento educacional Jardín Infantil nombre reservado.
Al efecto la recurrente expresa que el acto impugnado es arbitrario pues no se encuentra avalado por la normativa vigente, específicamente, por los artículos 13, 61 y 62 de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.
Sostiene la recurrente que había adquirido el derecho, consistente en la subvención contemplada en el Decreto N° 148, de 2016, del Ministerio de Educación, y que por ende, no correspondía la revocación del acto, por lo que quedaría en evidencia la arbitrariedad del acto cometido por el Ministerio de Educación.
Reclama vulneradas sus garantías fundamentales, específicamente aquella consagrada en el N° 11 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que dispone que la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales.
Expone que la educación es uno de los elementos más importantes del proceso de desarrollo de una persona, la actividad educativa constituye, por una parte, en su dimensión educativa propiamente dicha, una actividad dirigida a aprender, comprender y perfeccionar en los aspectos valóricos e intelectuales a cada persona. Indica que, por ello, debe atenderse con especial cuidado los requisitos y exigencias que requieren para el reconocimiento y otorgación de subvenciones.
Refiere que, en nuestra legislación, este derecho está establecido en el artículo 19 N° 11 de la Carta Fundamental, en su inciso 5o, el cual reproduce.
Añade la recurrente, que cumplió con los requisitos para el Reconocimiento Oficial y obtención de subvención, según lo estableció en diferentes resoluciones exentas, por lo que, en su opinión, no se explicaría el actuar que considera arbitrario, de revocar dichas resoluciones, sin fundamento legal.
Acompaña los siguientes documentos: (1) Contrato de transferencia de calidad de sostenedor de fecha 13 de noviembre de 2017, celebrado entre nombre reservado; doña nombre reservado y doña nombre reservado;(2) Resolución Exenta N° 1613 de 19 de junio de 2018, que autoriza la transferencia e calidad de sostenedor; (3) Resolución Exenta 1125 de fecha 23 de abril de 2018, que aprueba la entidad individual educacional denominada nombre reservado.I.E; (4) Resolución Exenta N° 0576, que aprueba ampliación de Modalidad de Educación Especial en Trastornos Específicos del Lenguaje; (5) Resolución Exenta N° 0079, que rechaza solicitud de subvención, (6) Mail de fecha 7 de enero de 2019, de don nombre reservado; (7) Resolución Exenta N° 4137 de fecha 9 de agosto de 2018, que rechaza recurso jerárquico; (8) Resolución Exenta N° 1020 del 5 de diciembre de 2018, que ACOGE RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION; (9) Oficio N° 073/2019 de fecha 5 de febrero de 2019, del Consejo Nacional de Educación al Subsecretario de Educación; (10)Oficio N° 182 /2019 de fecha 5 de abril de 2019, donde el Consejo Nacional de Educación al no recibir respuesta del Ministerio de Educación reitera la solicitud, sin tener respuesta hasta la fecha; (11) Notificación decreto exento N° 431, realizada con fecha 23 de julio de 2019; (12)Decreto Exento N° 0431 de fecha 5 de julio de 2017, donde se revoca el decreto exento 1020 de 5 de diciembre de 2018; (13)Resolución Exenta N° 2019/PA/04, de fecha 24 de enero que aprueba procesos administrativos ante la Superintendencia de Educación; (14) Recurso de Reclamación ante la Corte de Apelaciones; (15) Copia sentencia causa Rol 0-783-2018 del Juzgado del Trabajo de La Serena; (16) Sentencia causa Rol 0.790-2018, y; (17) Mandamientos de ejecución y embargo de distintas AFP, todos del Juzgado Laboral de la serena RIT. P- 9532-2018, P-9502-2018; P-9005-2018; P 8909-2018; P- 8829-2018; P-8118-2018 y P-7666-2018.
Segundo: Que informando el recurso el diecisiete de septiembre pasado comparece nombre reservado, jefe de la división jurídica del Ministerio de Educación, solicitando el rechazo de la acción constitucional impetrada en autos.
Como primer argumento de rechazo sostiene la inadmisibilidad del recurso de protección puesto que los hechos que la fundan y las peticiones que se formulan, exceden las materias que pueden ser conocidas por el presente recurso, atendida su naturaleza cautelar.
Expresa que se trata de un asunto de lato conocimiento, cuyo objetivo no es solucionar una cuestión de emergencia que ha irrogado una manifiesta vulneración de derechos fundamentales; sino que, por el contrario, la recurrente ha impugnado un acto de la Subsecretaría Ministerial, emitido en virtud de la potestad expresamente consagrada en el artículo 61 de la Ley N° 19.880, y que faculta a aquél órgano de la Administración del cual hubiere emanado un acto administrativo, para ordenar su revisión de oficio y revocarlo para el caso de ser procedente, dictó el Decreto Exento N° 431, de 5 de julio de 2019, que revoca el Decreto Exento N° 1020, de 5 de diciembre de 2018, del Ministerio de Educación, y dicta acto de reemplazo referente al establecimiento educacional Jardín Infantil nombre reservado.
Hace presente que la actora de protección, interpuso demanda civil de cobro de pesos e indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, y que actualmente se encuentra en tramitación ante el 1o Juzgado de Letras de La Serena, signada con el Rol de Ingreso C-2926-2019, y que se funda en idénticos hechos expuestos en el presente recurso.
Precisa que el actuar de esta Cartera Ministerial se encuentra estrictamente ajustado al principio de legalidad previsto en los artículos 6o y 7o de la Constitución Política de la República; en concordancia a lo dispuesto en el artículo 2o de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases General de la Administración del Estado, que dispone que los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y las leyes, debiendo actuar dentro de su competencia, no teniendo más atribuciones que las aue expresamente les hava conferido el ordenamiento jurídico.
Cita la tramitación en sede administrativa y todas las normas que configuran el marco jurídico que rige la discusión de marras.
Estima que no existe una conculcación de las garantías fundamentales de la actora, por haber actuado su representada en pleno ejercicio de la normativa legal y constitucional.
A mayor abundamiento expresa que la recurrente ha sido sancionada por la Dirección Regional de Coquimbo, de la Superintendencia de Educación, con la inhabilitación a perpetuidad para obtener y mantener la calidad de sostenedora, y conjuntamente, haberse revocado el Reconocimiento Oficial del establecimiento educacional Jardín Infantil nombre reservado.I.E., Rol Base de Datos N° 13331, de la comuna de Coquimbo.
Acompaña con su informe los antecedentes que individualiza de la siguiente forma: (1) Resolución Exenta N° 2341, de 13 de noviembre de 2017, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Coquimbo, a través de la cual se requirieron antecedentes al establecimiento educacional Jardín Infantil nombre reservado, de acuerdo al artículo 31 de la Ley N° 19.880, y Decreto Supremo de Educación N° 148, de 2016; (2) Resolución Exenta N° 79, de 23 de enero de 2019, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Coquimbo, que rechaza solicitud de subvención de acuerdo al Decreto Supremo de Educación N° 148, de 2016, respecto de la solicitud de ampliación de modalidad solicitada para el establecimiento educacional denominado Jardín Infantil nombre reservado, RBD N° 13331-0, de la comuna de Coquimbo; (3) Resolución Exenta N° 4137, de 9 de agosto de 2019, de la Subsecretaría de Educación, que rechaza recurso jerárquico interpuesto por la sostenedora del establecimiento educacional denominado Jardín Infantil nombre reservado, de la comuna de Coquimbo; (4) Decreto Exento N° 1020, de 5 de diciembre de 2018, del Ministerio de Educación, que acoge recuso extraordinario de revisión interpuesto por la sostenedora del establecimiento educacional Jardín Infantil nombre reservado; (5) Oficio N° 073/2019, de fecha 4 de febrero de 2019, del Consejo Nacional de Educación; (6) Decreto Exento N° 431, de 5 de julio de 2019, que revoca el Decreto Exento N° 1020, de 5 de diciembre de 2018, del Ministerio de Educación, y dicta acto de reemplazo referente al establecimiento educacional Jardín Infantil nombre reservado; (7) Resolución Exenta N° 219/PA/04/025, de 24 de enero de 2019, de la Dirección Regional de Coquimbo de la Superintendencia de Educación, que aprueba proceso administrativo Rol N° 244/2018 y acumulados, ordenados instruir por Resoluciones Exentas N° 2018/PA/04/680 y N° 2018/PA/04/681 de 30 de octubre de 2019, N° 2018/PA/04/707 de 15 de noviembre de 2018, N° 2018/P A/04/716 de 16 de noviembre de 2018 y N° 2018/P A/04/717 de 19 de noviembre de 2018; por contravenciones a la normativa educacional en contra del establecimiento educacional Jardín Infantil nombre reservado - nombre reservado, RBD N° 13331, de la comuna de Coquimbo, del sostenedor nombre reservado - nombre reservado.I.E., RUT N° RUT reservado, representada legalmente por Elizabeth Fredes Rosales, RUT N° RUT reservado; y aplica sanción; (8) Resolución Exenta PA N° 744, de 27 de mayo de 2019, de la Superintendencia de Educación, que rechaza recurso de reclamación interpuesto en contra de la Resolución Exenta N° 2019/PA/04/025, de fecha 24 de enero de 2019, del Director Regional de la Superintendencia de Educación de la Región de Coquimbo; (9)Sentencia de 21 de agosto de 2019, de la Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena, en causa Rol Ingreso Corte N° 26-2019, que resuelve recurso de reclamación deducido por doña Elizabeth Fredes Rosales, en contra la Superintendencia de Educación; (10) Sentencia de 9 de septiembre de 2019, de la Excma. Corte Suprema, en causa Rol Ingreso Corte N° 25719-2019, que confirma la sentencia apelada en contra la sentencia dictada en causa Rol Ingreso Corte N° 26-2019, de la Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena; (11) Demanda civil deducida por doña Elizabeth Fredes Rosales, en su calidad de representante legal de nombre reservado.I.E., en contra del Fisco de Chile, por el no pago de subvenciones, y que se encuentra en tramitación ante el 1o Juzgado de Letras de La Serena, signada con el Rol C-2926-2019.
TERCERO: Que el veintitrés de septiembre pasado se hace parte en el presente recurso el Consejo de Defensa del Estado.
CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.
QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.
SEXTO: Que, lo que cabe determinar a esta Corte, según el petitorio de las partes, es si la resolución de cinco de julio de dos mil diecinueve, individualizada como Decreto Exento N° 431, emitido por el Ministerio de Educación, puede ser tachada de arbitraria o ilegal, en los términos reclamados por la actora.
Cabe antes precisar que, mediante el acto administrativo que se reclama, la recurrida procedió a dejar sin efecto lo resuelto por ella misma en resolución de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, oportunidad en que resolviendo un recurso extraordinario de revisión impetrado por la actora en estos antecedentes en contra de la decisión adoptada por el mismo organismo, por la cual se rechazó la solicitud de subvención estatal.
Para adoptar la última de las decisiones, la recurrida se valió de lo dispuesto en el artículo 61 de la ley 19.880, el cual dispone lo siguiente “De la revisión de oficio de la Administración Artículo 61. Procedencia. Los actos administrativos podrán ser revocados por el órgano que los hubiere dictado. La revocación no procederá en los siguientes casos: a) Cuando se trate de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente; b) Cuando la ley haya determinado expresamente otra forma de extinción de los actos; o c) Cuando, por su naturaleza, la regulación legal del acto impida que sean dejados sin efecto”.
SÉPTIMO: Que no es descartable que la administración se percate de errores propios, y por ello la norma replicada en el considerando precedente autoriza, constatado un yerro, que la administración pueda enmendarlo, mediante la revisión oficiosa del mismo.
Dicha prerrogativa está expresamente establecida por nuestro legislador, por lo que en su uso, malamente se puede hablar de un actual ilegal o arbitrario como lo reclama la actora, máxime si consideramos, que la norma en análisis establece en términos precisos cuando la facultad oficiosa se encontraría interdicta, lo que no se verifica en la especie.
OCTAVO: Que, conforme a lo razonado se permite descartar la hipótesis de un actuar reprochable del recurrido, lo que conduce inevitablemente a rechazar el presente arbitrio.
A mayor abundamiento resta consignar, que estos sentenciadores estiman que la actora pretende por esta vía cautelar el reconocimiento de un derecho que le ha sido desconocido en sede administrativa, y respecto del cual ha ejercido acciones de carácter civil en busca de responsabilidad pecuniaria del Estado, lo que permite concluir que se trata de un asunto de lato conocimiento, cuya decisión con los tramites de rigor y las probanzas respectivas corresponde a un tribunal civil y no a esta Corte.
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se declara que:
Que se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña Elizabeth Fredes Rosales, en representación de nombre reservado.I.E, en contra del Ministerio de Educación.
Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
Rol N° 1132-2019 Protección.-