nombre reservado con JEFATURA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PERSONAS DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

nombre reservado, nombre reservado y otra Jenapers de la P.D.I. y otro Recurso de protección Rol N°1130-2025 La Serena, ocho de agosto de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, licenciado en ciencias jurídicas y sociales, interponiendo recurso de protección en favor de doña nombre reservado, chilena, divorciada, funcionaria pública, y de su madre doña nombre reservado, chilena, viuda, pensionada, en contra de la JEFATURA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PERSONAS (JENAPERS) DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE (PDI), persona jurídica de Derecho Público, dirigida por su Jefe Nacional, Prefecto Inspector don nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario de rechazar su reposición en contra de la Resolución Exenta RA N°380/995/2025 del 01 de abril de 2025, la que destina a doña nombre reservado a cumplir funciones desde la Plana Mayor Regional de La Serena al Departamento de Infraestructura y Propiedades de la Región Metropolitana, lo que señala vulnerar sus garantías previstas en el artículo 19 N°1 “Derecho a la integridad física y psíquica” y N°2 “La Igualdad ante la Ley”, de la Constitución Política de la República.

Expone los antecedentes profesionales y familiares de las recurrentes, indicando que doña nombre reservado el 04 de agosto de 2009, ingresó a la Planta de Oficiales de Administración de la Policía de Investigaciones de Chile, con una intachable trayectoria que casi suma 15 años de servicios efectivos, y desde esa fecha se cumplido funciones de Plana Mayor Regional de La Serena, unidad dependiente de la Región Policial de Coquimbo. Añade que, el desempeño de doña nombre reservado contempla el pago de 15% de gratificación de zona, regulada en el Decreto N°135 del Ministerio de Defensa Nacional, lo que en su caso equivale a $171.809 imponibles.

Indica que, desde hace 7 años se encuentra al cuidado de su madre doña nombre reservado de 86 años de edad, quien padece varias patologías, lo que genera dependencia absoluta para realizar hasta sus actividades básicas de la vida diaria, donde doña nombre reservado debe proporcionarle asistencia y cuidados, como palear el impacto económico que ello conlleva, pues la pensión de su madre no es suficiente.

Señala con relación al proceso de destinación, que doña nombre reservado el 01 de abril de 2025 tomo conocimiento de la Resolución Exenta RA N°380/995/2025 de la misma fecha, la cual al destina desde la Plana Mayor Regional La Serena al Departamento de Infraestructura y Propiedades de la Región Metropolitana, la que depende de la Jefatura Nacional de Logística y Grandes Compras. Indica que en atención a que su madre no es autovalente interpuso reposición, la cual fue rechazada por medio de la Resolución Exenta N°16 de 12 de junio de 2025, cuyos fundamentos descansan en la necesidad de fortalecer el capital humano, lo que guarda relación con la experiencia de doña nombre reservado por sus años de servicio, agregando que ésta se ha desempeñado por más de 10 años en la misma Región Policial, sin referirse al análisis de als circunstancias familiares expuestas.

Se refiere a la reglamentación que rige el proceso de destinaciones del personal de la P.D.I., regulado en el la Orden General N°2675 del 26 de febrero de 2021 el que aprueba el “Reglamento de destinaciones de la Policía de Investigaciones de Chile”, indicando que en su fase inicial comprende la composición de una Comisión de Destinaciones, encargada de definir las directrices inherentes a las destinaciones, fijando criterios específicos al respecto para un periodo determinado, como también la cantidad de funcionarios a movilizar, las unidades o reparticiones que requieren de ajustes en su dotación, y la destinación del personal que egrese de los planteles formativos institucionales. Esta Comisión debe ser constituida cada año por la Subdirección de Desarrollo de Personas. Y la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de Personas actuará como la secretaría técnica encargada de materializar las directrices de la Comisión de Destinaciones. Añade que el proceso descansa en cinco fases principales a saber: a) Fase de definición de prioridades; b) Fase de estimación de dotaciones; c) Fase de destinación de funcionarios provenientes de los planteles formativos Institucionales, d) Fase de destinación de funcionarios para cubrir déficit por medio de un procedimiento concursal y, e) Fase de destinación por necesidades del servicio, ciclo final que opera según lo abordado en el artículo 21, en el evento de que cumplidas las fases anteriores aún persistiera el déficit o sobredotación en unidades y/o reparticiones institucionales, debiendo la Comisión de Destinaciones disponer las destinaciones del personal institucional que sea necesario, a la unidad o repartición que lo requiera, y que para esta decisión la Comisión priorizará a los funcionarios que lleven más tiempo en la región, así como aquellas unidades que cuenten con sobredotación, tomando en cuenta lo dispuesto en su artículo 11, que refiere a los antecedentes personales de los funcionarios que corresponden a circunstancias que pueden influir en el desempeño de una persona, que no forman parte directamente de sus funciones específicas, situándose en este ámbito, el trabajo del cónyuge o del conviviente civil, edad o estudios de los hijos, estado de salud, condición de discapacidad de los integrantes de su grupo familiar.

Expone que, al recurso de reposición de la actora se acompañó el certificado médico extendido por la médico de la madre de 04 de abril de este año y resumen de atención de paciente del 15 de febrero de 2023 con epicrisis emitidas por el Hospital San Pablo de Coquimbo, que pone de relieve las patologías que padece la adulta mayor recurrente y su sujeción permanente a doña nombre reservado, no existiendo otras redes de apoyo que colaboren en los cuidados que su delicado estado de salud demandan. Agrega que, se torna inconveniente destinar a la recurrente a otra región por el impacto que generará en la salud de la adulta mayor a su cuidado, lo que afecta la vida familiar y el ejercicio de la responsabilidad de los hijos para con los padres en la vejez, pues se torna francamente imposible que ambas puedan radicarse en la Región Metropolitana, teniendo en cuenta la condición médica que presenta la adulta mayor como la potencial interrupción de los controles y tratamientos médicos a los que se halla sujeta, añadiéndose el alto costo económico que aquello representa, con la consecuencial afectación de las remuneraciones de la servidora actuante, a quien se le suprimirá la gratificación de zona, ya que la Región Metropolitana no da derecho a percibir tal beneficio, viendo disminuido sus ingresos. Señala que no se sopesó adecuadamente la situación familiar, elementos que hacen improcedente el traslado.

Señala que la Ley 19.880 obliga a motivar y fundamentar en el mismo acto administrativo la decisión, los hechos y los fundamentos de derecho que afecten las potestades y prerrogativas de las personas. Se considera como un requisito sustancial la expresión del motivo o fundamento de la decisión, condición vinculada a una exigencia que ha sido puesta como requisito de mínima racionalidad desde el punto de vista técnico y táctico lo que se encuentra asentado en los artículos 11° y 41°, compeliendo con ello a la Administración a abordar las cuestiones planteadas por los interesados, ajustándose a sus peticiones. Alega que el acto impugnado adolece de toda fundamentación y motivación, pues no basta con citar el principio de servicialidad para rechazar el recurso de reposición entablado, desconociendo el escenario en que se haya la funcionaria, alejándose de lo dispuesto por el artículo 11 del Reglamento de destinaciones.

Alega que es obligación del Estado velar por la protección de la familia, consagrado en el artículo 1° de la Carta Magna y señala la definición de familia contenida en la Ley 21.150 modificada por la Ley 20.530. Se refiere a la obligación legal de los hijos de cuidar a sus padres en la ancianidad establecida en el artículo 223 del Código Civil, prosigue con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores la que en su artículo 9 consagra la protección del derecho a la vida e integridad física y psíquica de personas mayores, lo cual refuerza la garantía constitucional del artículo 19 N°1, por lo que, constituyendo las relaciones de familia un elemento vital que propende a la integridad psíquica de sus miembros, es imprescindible para alcanzar una sana convivencia y realización espiritual en esa esfera íntima. Por lo que, la legislación impone al Estado de Chile, observar y hacer valer los Tratados Internacionales ratificados y promulgados como Ley de la República, creando las condiciones para velar por el pleno respeto de los derechos de los adultos mayores, principios a los que la Institución recurrida debe inclinarse. Invoca el considerando 9° del fallo de esta Corte Rol 531-2025.

En cuanto a las garantías conculcadas, primero se refiere al derecho a la integridad física y psíquica, indicando que la decisión de los recurridos afecta de manera grave y determinante la integridad psíquica de las protegidas, pues implica la dispersión familiar con grave detrimento de la psiquis de la adulta mayor accionante y de su salud física, quien no puede quedar en un estado de abandono por cumplir su hija y cuidadora con una orden del servicio, lo que afecta gravemente la salud mental de ambas.

Luego se refiere a la garantía de la igualdad ante la ley, señalando que la recurrente ha sido objeto de un tratamiento asimétrico que la perjudica, en vista de que más allá de su investidura regular como integrante de la PDI, tiene como cualquier otra persona el legítimo derecho a obtener un pronunciamiento fundado por parte de los recurridos, quienes sopesaron lacónicamente la delicada situación de contexto familiar, sorteando su propia reglamentación interna que les apercibe a tener en cuenta las circunstancias personales de los funcionarios, sin valorar con un criterio razonable lo vertido en los certificados médicos allegados, acudiendo incluso a eufemismos inherentes a sus capacidades profesionales como una manera de fundamentar su laudo, alejándose en definitiva de la obligación de fundamentación instaurada por la ley 19.880, dándole un trato desigual frente a otras personas que han obtenido de la autoridad una respuesta íntegra y motivada.

Solicita que se acoja el recurso de protección y se ordene a la recurrida dejar sin efecto la decisión de destinar a la recurrente doña nombre reservado, manteniéndola en su actual lugar de desempeño, esto es la Plana Mayor Regional La Serena, con condena en costas.

Acompaña a su recurso: Resolución Exenta RA N°380/995/2025 del 01 de abril de este año de la JENAPERS; Resolución Exenta (R) N°16 del 12 de junio de 2025 de la JENAPERS, que rechaza el recurso de reposición; certificado médico de 04 de abril del 2025; y resumen de atención de paciente de 15 de febrero de 2023 y epicrisis emitidas por el Hospital San Pablo de Coquimbo SEGUNDO: Que, a folio 12 comparece la recurrida evacuando informe, y solicitando el rechazo del recurso.

En primer término alega la improcedencia del recurso, pues lo solicitado por las recurrentes es ajeno a la finalidad propia de esta acción cautelar, pues en la especie se ha planteado una controversia respecto de la atribución del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, de destinar a los funcionarios a cumplir funciones en un lugar determinado, facultad contemplada en el artículo 10 N°3 del D.L. 2460, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, y delegada en el Jefe de Administración y Gestión de las Personas, asunto que por su naturaleza no es susceptible de ser revisado vía recurso de protección, pues no constituye la vía idónea para formular cuestionamientos sobre la correcta aplicación de dicha norma. Añade que el recurso de protección no puede constituirse en una nueva instancia administrativa, por lo que la acción debe ser rechazada.

Luego se refiere a los antecedentes preliminares, indicando que mediante la Resolución Exenta RA N°380/995/2025, de 01.ABR.025, de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas, notificada el 02.ABR.025, se destinó a la recurrente de autos, a contar del 03.ABR.025, desde la Plana Mayor Regional La Serena, a la Jefatura Nacional de Logística y Grandes Compras, en la Región Metropolitana de Santiago, para ejercer las funciones de Dotación en el Departamento de Infraestructura y Propiedades; y que la resolución señala en su parte considerativa la Orden General N°2675, del año 2021, y el objetivo del sistema de destinaciones de la Policía de Investigaciones de Chile: “Que, el objetivo del sistema de destinaciones es lograr una adecuada composición jerárquica de las unidades y reparticiones, así como dotarlas de la cantidad óptima de funcionarios que posean la formación, capacitación, experiencia y competencias idóneas que favorezcan la observancia de las labores establecidas legal y reglamentariamente, velando por el cumplimiento de las funciones de la Institución, permitiendo alcanzar los objetivos institucionales y el desarrollo de carrera de las personas que la componen, promoviendo mejorar la eficacia y eficiencia investigativa y operacional’’. Prosigue señalando que la misma resolución alude a las circunstancias fácticas y jurídicas tenidas a la vista para disponer la destinación de la recurrente: “Que, la funcionaria ha cumplido con el tiempo mínimo de permanencia establecido en el artículo 9° de la Orden General N°2675 de 26 de febrero de 2021 que aprueba el Reglamento de Destinaciones de la Policía de Investigaciones de Chile. Que, hace indispensable dotar el Departamento de Infraestructura y Propiedades, con el personal idóneo que cuente con la formación, experiencia y competencias adecuadas para ejecutar labores administrativas. La funcionaria deberá apoyar y colaborar con las tareas diarias, garantizando la eficiencia en los procesos administrativos, optimizando recursos y coordinando actividades alineadas con los objetivos institucionales. Que, teniendo en consideración que la Inspector (A) nombre reservado cuenta con más de 15 años de servicio, durante los cuales ha desempeñado sus funciones exclusivamente en unidades administrativas, como la entonces IX Región Policial de Coquimbo y la Plana Mayor Regional La Serena, se vuelve relevante considerar su destinación al Departamento de Infraestructura y Propiedades, a fin de que aporte con sus conocimientos y experiencia”. Indica que la resolución fue notificada a la funcionaria el 2 de abril de 2025.

Expone que, mediante la Resolución Exenta (R) N°36, de 12.JUN.025, se rechazó la reposición que interpuso la recurrente, en contra de su destinación a la ciudad de Santiago, y el tenor de su parte resolutiva, es el siguiente: “RECHÁZASE, el Recurso de Reposición interpuesto por la Inspector (A) nombre reservado, RUN N°RUT reservado, de dotación de la Plana Mayor Regional La Serena, por una necesidad institucional y en la forma que prescribe la normativa aplicable a la materia, puesto que esta facultad es una prerrogativa exclusiva y excluyente de la autoridad superior o delegada en su caso, y que es utilizado como medio para robustecer el éxito de las políticas institucionales, ajustándose el acto impugnado a la normativa aplicable a la materia”.

Sobre la reglamentación que regula el proceso de destinación, señala que se regula en el “Reglamento de Destinaciones” consagrado en la Orden General N°2675, de 26 de febrero de 2021. Luego se refiere a las cinco fases que posee este proceso, lo que se encuentra en el artículo 16 inciso 1° del citado reglamento, y que estas son complementarias según dispone el artículo 21, pues persistiendo el déficit o sobredotación en unidades la Comisión podrá disponer destinaciones del personal institucional que sea necesario, a la unidad o repartición que lo requiera. Señala que una vez terminadas las fases la Comisión de Destinaciones elabora el “Plan Anual de Destinaciones”, lo que es comunicado a los funcionarios en el mes de agosto de cada año, y posteriormente materializado, así lo dispone el artículo 23 del citado reglamento.

Indica que en todo el proceso la Comisión de Destinaciones sí considera los antecedentes profesionales y personales de los funcionarios, más aún el Reglamento define esos tópicos, artículos 10 y 11, y señala que la funcionaria cumple con las hipótesis previstas por la ley para su destinación: calidad funcionaria y tiempo de permanencia.

Refiere que en cuanto a la alegación que no se ha tomado en cuanta el contexto familiar de la funcionaria, no es efectivo, pues es necesario tener consideración que el artículo 11, de la Orden General N°2.675, se encuentra ubicado en su Título III, “Principios Orientadores de las Destinaciones”, entendiéndose como una de las circunstancias que se tendrá a la vista por parte de la autoridad al momento de determinar la destinación de algún funcionario, la cual no es decisiva, sino que una de las tantas aristas que se tendrán a la vista al momento de evaluar la destinación de un funcionario, invoca fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, en autos Rol N°2274/2024, sobre Recurso de Protección. Indica que la Resolución Exenta N°36 se hizo cargo de los antecedentes personales de la recurrente y señala: “Asimismo, respecto a lo que señala la recurrente en su recurso respecto a su situación familiar, la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, contenida, entre otros, en los Dictámenes N°40.453 de 2015, 35.593 de 2016 y 22.302 de 2018, han sostenido que, por razones de buen servicio, la Institución se encuentra facultada para destinar a sus funcionarios a las diversas localidades del país, sin que esta atribución pueda verse reducida o limitada por objetivos personales de quienes son trasladados, ya que, el fin perseguido por esta medida es lograr optimizar las funciones asignadas por la Constitución Política de la República de Chile y las leyes a la Policía de Investigaciones de Chile. En ese sentido, es la autoridad competente quien evalúa y determina la oportunidad y utilidad de la medida adoptada, debiendo primar, en el ejercicio de esa facultad, el interés público por sobre el interés particular del recurrente. Que, sobre tal punto, y conforme a lo razonado previamente, se estima que el movimiento decretado respecto de la recurrente se ha enmarcado en el ejercicio de una atribución legal y reglamentariamente encomendada, que dice relación con una necesidad existente en el departamento a la que fue destinada, debidamente fundada y aplicada con la debida razonabilidad y proporcionalidad; en consideración a objetivas causales y a las necesidades institucionales”.

Sobre que la resolución adolece de fundamentación y motivación, indica no ser efectivo por cuanto la Resolución Exenta RA N°390/995/2025 señala entre las consideraciones tenidas a la vista que autorizan la destinación, en su numeral, 5°, que la funcionaria, “ha cumplido con el tiempo mínimo de permanencia establecido en el artículo 9° de la Orden General N°2675 de 26.FEB.021 que aprueba el Reglamento de Destinaciones de la Policía de Investigaciones de Chile”. Asimismo, en su numeral 6°, expresa, “Que, hace indispensable dotar el Departamento de Infraestructura y Propiedades, con el personal idóneo que cuente con la formación, experiencia y competencias adecuadas para ejecutar labores administrativas. La funcionaria deberá apoyar y colaborar en las tareas diarias, garantizando la eficiencia en los procesos administrativos, optimizando recursos y coordinando actividades alineadas con los objetivos institucionales”. Y que lo anterior es refrendado en el numeral 7°, “Que, teniendo en consideración que la Inspector (A) nombre reservado, cuenta con más de 15 años de servicio, durante los cuales ha desempeñado sus funciones exclusivamente en unidades administrativas, como la entonces IX Región Policial de Coquimbo y la Plana Mayo Regional La Serena, se vuelve relevante considerar su destinación al Departamento de Infraestructura y Propiedades, a fin de que aporte su experiencia”.

En cuanto a la Resolución (R) N°36, de 12 de junio de 2025, de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas, a efectos de desvirtuar la alegación de falta de fundamentación se transcriben los considerandos cuarto, quinto, sexto y sétimo, en los que se entregan las razones que inciden en el rechazo del recurso de reposición.

Por lo anterior, indica que es posible concluir que los actos de autoridad pretendidamente vulneratorios, Resolución Exenta RA N°380/995/2025, y Resolución (R) N°36, ambos de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas, contienen fundamentación y se encuentran suficientemente motivados, dentro de los parámetros que la normativa establece, y sugiere que el cuestionamiento, es más bien un reproche o critica a lo resuelto por la jefatura, con motivo de la afectación personal a la funcionaria y a su madre, motivados por el desplazamiento a una ciudad distinta a aquella en que tiene su residencia.

En lo relativo al tercer argumento, esto es que las relaciones de familia, en el caso planteado, entre una madre y una hija son fundamentales, ocasionándose con el acto de destinación un perjuicio a dichas relaciones, cabe hacer presente, con motivo de alegaciones similares, que el carácter de funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile ha primado por sobre el factor o situación familiar, y así vuelve a invocar el fallo de la ICA de Talca en autos Rol 2274-2024.

Expone en relación a la vulneración de garantías constitucionales que, no se verifica vulneración a su integridad física y psíquica, pues no se acredita como el cambio de residencia puede afectar la salud de la madre de la funcionaria, o la continuidad de los tratamientos, y sin perjuicio de considerar que, en la ciudad de Santiago, las posibilidades médicas son mayores que en la Región de Coquimbo. Y en cuanto a la igualdad ante la ley, señala que la recurrente no ha señalado un caso igual, en que haya existido un trato distinto, lo que es una condición para que su alegación prospere.

Solicita tener por evacuado informe.

Acompaña a su informe: Orden General N°2675, de 2021, que establece el Reglamento de Destinaciones de la Policía de Investigaciones de Chile y Resolución (R) N°36, de 12.JUN.025, que rechaza Recurso de Reposición.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional se recurre en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por haber destinado a la funcionaria doña nombre reservado a una unidad policial en la Región Metropolitana, no considerando su contexto familiar, esto es, que es la única cuidadora de su madre de tercera edad quien padece varias patologías y requiere de cuidados constantes, y que, sin perjuicio de haber acompañado antecedentes de su situación familiar se rechaza su reposición por medio de Resolución Exenta N°36 del 12 de junio de 2025, todo lo cual señala vulnerar sus garantías constitucionales y las de su madre, en especial su integridad física y psíquica, y la igualdad ante la ley.

A su turno la recurrida, señala que la destinación de la recurrente dice relación con necesidades de la institución, la experiencia de la recurrente con la cual es necesario contar en la unidad a la que fue destinada en la Región Metropolitana, además, que la funcionaria ya ha cumplido más de 10 años en la unidad policial de La Serena, por lo que lo resuelto sólo viene a dar cumplimiento a la Orden General 2.675 de la Policía de Investigaciones de Chile, la que aprueba el Reglamento de Destinaciones de la Policía de Investigaciones de Chile.

SEXTO: Que, en el caso de marras, debe tenerse presente que la norma que regula las destinaciones es la Orden General 2.675 de la Policía de Investigaciones de Chile que aprueba el Reglamento de Destinaciones de la Policía de Investigaciones de Chile. Dicha norma establece, entre otros principios, que ese reglamento forma parte de la política de desarrollo de personas de la institución (Artículo 1°), y que tiene como objetivo lograr una adecuada composición jerárquica de las unidades y reparticiones, así como dotarlas de la cantidad óptima de funcionarios que posean la formación, capacitación, experiencia y competencias idóneas que favorezcan el cumplimiento de las labores establecidas legal y reglamentariamente (Artículo 2°).

En el mismo sentido, la referida Orden General establece que son principios orientadores de las destinaciones institucionales, entre otros, los de Igualdad de oportunidades, Imparcialidad, Favorecimiento del desarrollo de carrera, y Transparencia que no hacen si no concretar para el procedimiento específico de la destinación funcionaria, los principios constitucionales de la igualdad ante la ley y no discriminación que se encuentran en la Constitución Política de la República.

Y en su artículo 11 dispone en relación a los procesos de destinación que “Antecedentes personales de los funcionarios. Los antecedentes personales corresponden a circunstancias que pueden influir en el desempeño de una persona, que no forman parte directamente de sus funciones específicas. Se sitúan en este ámbito, el trabajo del cónyuge o del conviviente civil, edad o estudios de los hijos, estado de salud, condición de discapacidad de los integrantes de su grupo familiar. No se podrán considerar dentro de estos antecedentes, situaciones que no consten fehacientemente o no se encuentren debidamente acreditadas.”

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes arribados al recurso, se constata que Resolución Exenta N°36 del 12 de junio de 2025, la cual confirma la destinación de doña nombre reservado ordenada por medio de Resolución Exenta RA N°380/995/2025 del 01 de abril de 2025, se ponderan los antecedentes de su contexto familiar, pero se prioriza por la necesidad de la institución en la destinación de doña nombre reservado a esta nueva unidad policial, en atención a la pertenencia funcional y experiencia acreditada, así como en las necesidades de la institución y en su facultad exclusiva y excluyente para las destinaciones.

En ese sentido, el Reglamento de Destinaciones de la Policía de Investigaciones de Chile, en su artículo 11° considera “Los antecedentes personales corresponden a circunstancias que pueden influir en el desempeño de una persona, que no forman parte directamente de sus funciones específicas. Se sitúan en este ámbito, el trabajo del cónyuge o del conviviente civil, edad o estudios de los hijos, estado de salud, condición de discapacidad de los integrantes de su grupo familiar. No se podrán considerar dentro de estos antecedentes, situaciones que no consten fehacientemente o no se encuentren debidamente acreditadas".

Por lo que, conforme a lo razonado previamente, se estima que el movimiento decretado respecto de la recurrente se ha enmarcado en el ejercicio de la atribución legal y reglamentariamente encomendada, que dice relación con una necesidad existente en la unidad a la que fue destinada, debidamente fundada y aplicada con la debida razonabilidad y proporcionalidad; en consideración a objetivas causales y a las necesidades institucionales.

OCTAVO: Que, de los antecedentes arribados al recurso, se desprende que efectivamente la madre de doña nombre reservado es una mujer octogenaria que padece diversas enfermedades, y que requiere el cuidado constante de su hija, la cual es la única red familiar que le queda, así de hecho se refiere la médico tratante de doña nombre reservado en el certificado que se adjuntó, sin perjuicio de ello, esta Corte no advierte como podría vulnerar las garantías constitucionales aludidas en el recurso por medio de la destinación de doña nombre reservado a la Región Metropolitana, pues ello implica un traslado del grupo familiar (madre e hija) y no su separación, además las recurrentes no han señalado como este cambio podría interrumpir los cuidados que hasta el día de hoy y trabajando le proporciona doña nombre reservado a su madre.

NOVENO: Que, la resolución de que se trata contempla el fundamento de la decisión adoptada, teniendo en consideración el ejercicio de la facultad de la autoridad respectiva de la Policía de Investigaciones de Chile, a quien le corresponde destinar al personal a los diversos cargos y empleos según los requerimientos de la función; dicha orden, por cierto, forma parte del Proceso Anual de Traslados, conocido por los miembros de la institución. Se suma a lo anterior, que del mérito de la acción constitucional entablada, el presupuesto fáctico que sustenta tal medida administrativa, esto es, el ejercicio de las facultades de la autoridad respectiva de la institución no ha sido objeto de la controversia, sino la supuesta carencia de fundamento de la decisión, que como se observa no resulta efectivo, pues la decisión de destinación de la recurrente está fundada y motivada, y se encuentra expresamente prevista en la ley; de consiguiente, no es ilegal, toda vez que se afinca en las facultades de la Autoridad, considerado las circunstancias de buen servicio, dentro del Plan Anual de Traslado; ni arbitraria, como quiera que la recurrente carece de inamovilidad geográfica en el cargo y cuenta con la especialidad requerida en la localidad de destino, especialidad que está al servicio de la institución y sus particulares circunstancias no resultan ser absolutamente impeditivas de su nueva destinación.

DÉCIMO: Que, no está de más recordar que sobre la base de la normativa ya mencionada, los miembros de la Policía de Investigaciones por su sólo ingreso, se han comprometido a acatar las destinaciones y desempeñar las tareas y funciones que se les encomienden según las necesidades del servicio; lo que evidentemente deriva de la estructura jerárquica y sistema disciplinado de la institución y así expresamente se consagra en el artículo 115 del Decreto Ley 2460, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, al señalar que todo funcionario, desde que legalmente entre a ocupar un cargo o empleo, tiene derecho a continuar en él, a menos que medie una causal legal de expiración de funciones. Del mismo modo, un funcionario no puede ser cambiado de las funciones propias de su escalafón o empleo que esté legalmente desempeñando, sino de acuerdo con las causales y procedimientos señalados en este Estatuto o en la reglamentación complementaria.

UNDECIMO: Que, así las cosas, no advirtiéndose vulneración de derechos para la madre de doña nombre reservado y que, la decisión técnica de mejor servicio adoptada por la institución recurrida no puede ceder en beneficio de las circunstancias no impeditivas de la funcionaria recurrente, lo que lleva necesariamente al rechazo de la acción constitucional entablada.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado y de su madre nombre reservado en contra de la POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1130-2025 Protección