Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y de la Superintendencia de Segurida

nombre reservado

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Recurso de protección Rol N°113-2025.- La Serena, veinte de febrero dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y de la Superintendencia de Seguridad Social, señalando como acto ilegal y arbitrario el rechazo de la licencia médica N°RUT reservado, lo que representa una vulneración a los derechos de integridad física y psíquica y de propiedad, consagrados en el artículo 19 N°1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Relata su historial médico, manifestando que padece un episodio depresivo, trastorno por estrés postraumático, reacción al estrés grave y trastorno de adaptación, a lo que se añade antecedentes de reciente aborto retenido de 10 semanas, hipovitaminosis D, e hipertiroidismo.

Refiere que el 16 de diciembre 2024, interpuso un recurso de reposición, presentando todos los antecedentes que acreditan y confirman sus patologías; y, que el 24 de diciembre del mismo año, tomó conocimiento de la Resolución Exenta N°R-01-S-197696-2024, de la Superintendencia de Seguridad Social, que confirmó el rechazo por no encontrarse justificado el reposo.

Explica que el actuar es arbitrario, pues la falta de la necesaria fundamentación de la resolución de rechazo de la licencia médica transforma la decisión en caprichosa y carente de razones, además de injustificada, motivos por los que culmina solicitando se apruebe la licencia médica objeto del recurso.

Acompaña a su presentación: 1. Antecedentes médicos de la actora; 2. Pronunciamiento sobre la licencia médica N°4-19852091; y 3. Resolución Exenta N°R-01-S-197696-2024, de 23 de diciembre de 2024, de la Superintendecia de Seguridad Social.

SEGUNDO: Que a folio 4, comparece la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de nombre reservado, emitiendo el informe requerido.

En primer término, alega la extemporaneidad del recurso intentado. En efecto, manifiesta que la licencia médica recurrida fue rechazada, interponiendo la actora la apelación respectiva el 26 de noviembre de 2024, la que fue resuelta en la misma data y comunicada en la página web milicenciamedica.cl, habiendo ejercido la acción recién el 22 de noviembre de 2024 (sic), esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba vencido. Sobre el particular, adiciona que la notificación de la resolución de rechazo de la licencia médica se realizó mediante la página destinada para ello, según se expresó, fecha a partir de la cual debió recurrir. Ahora bien, acota que en caso de estimarse que el plazo para la interposición de la acción debe computarse desde la notificación de la resolución pronunciada por la Superintendencia de Seguridad Social, igualmente la acción de protección se presentó fuera de plazo, por cuanto la propia recurrente menciona que tomó conocimiento de la misma el 24 de diciembre de 2024.

Asimismo, alega la improcedencia de la acción de protección, por cuanto el asunto por el que se recurre dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra amparado por el recurso de protección.

Luego, en subsidio, en cuanto al fondo, solicita el rechazo del recurso intentado, mencionando que efectivamente la licencia médica fue rechazada, por considerarse que no existe causa médica que justifique el reposo prolongado para la patología.

Refiere que la cartola médica de la recurrente consigna “RR se mantiene rechazo de LME 091. No aporta informe médico que justifique prolongación de reposo mayor al otorgado ni su rol terapéutico”.

Indica que la recurrente con anterioridad a la licencia médica por la que recurre –extendida por un médico general– presentó 5, por un total de 105 días, todas autorizadas.

Argumenta que su actuar se ajustó al marco de sus facultades legales, con estricto apego a los criterios administrativos y médicos dispuestos para determinar el pronóstico, lo que excluye de plano que se esté en presencia de un acto arbitrario e ilegal, en tanto, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Acompaña a su informe: 1. Resolución de rechazo licencia médica N°4-19852091; 2. Cartola médica de la recurrente; y 3. Copia apelaciones y antecedentes presentados.

TERCERO: Que, a folio 7 evacuó informe la Superintendencia de Seguridad Social.

En primer lugar, alegó la improcedencia de la acción de protección en los mismos términos que la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

En subsidio, informa en cuanto al fondo, solicitando el rechazo de la acción intentada, con costas.

Expone el marco regulatorio del derecho a licencia médica, enfatizando su carácter esencialmente temporal, añadiendo que se limitó a resolver la situación de la recurrente dentro del ámbito de su competencia, agregando que la pretensión de la actora desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección.

Refiere que mediante presentación de 16 de diciembre de 2024, la recurrente reclamó respecto del rechazo de la licencia médica N°RUT reservado, extendida por 21 días, a contar del 14 de noviembre de 2024, por reposo no justificado.

Manifiesta que estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica no se encontraba justificado, la que se basó en que el informe médico aportado no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 105 días por la misma patología, considerándose este tiempo suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, en ausencia de elementos psicopatológicos de gravedad que justifiquen el rol terapéutico y la extensión del reposo. En efecto, los antecedentes médicos aportados no describen evolución clínica, limitación funcional ocasionada ni plan de cuidados orientado al reintegro laboral. Tampoco se acredita atención por especialidad de psiquiatría, asistencia regular a psicoterapia ni derivación a su centro de salud primaria para manejo multidisciplinario, fundamentos contenidos en Resolución Exenta N°R-01-S-197696-2024, de 23 de diciembre de 2024, que por esta vía se reprocha. Asimismo, hace presente que habiéndose notificado el dictamen antes referido en la misma data, remitiendo copia al correo electrónico proporcionado por la recurrente, no interpuso recurso de reconsideración previsto en el artículo 59 de la Ley Nº19.880.

Esgrime que profesionales de su dependencia analizaron los elementos del caso en concreto, concluyendo que por sí solos son más que suficientes para formarse una convicción médica, sin ser indispensable para su decisión la solicitud nuevos informes de tal tipo.

Niega, finalmente, que la recurrente tenga un derecho indubitado a gozar de licencia médica, así como haber incurrido en alguna actuación ilegal o arbitraria que haya afectado sus derechos fundamentales.

Acompaña a su informe expediente administrativo de la recurrente.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que en relación a la alegación de extemporaneidad, es dable señalar que el numeral primero del Auto Acordado N°94-2025, dispone que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

A su turno, conviene indicar que, conforme fluye del recurso intentado, por esta vía se reprocha el actuar ilegal y arbitrario de las recurridas consistente en el rechazo de la licencia médica N°RUT reservado, de la que la recurrente afirma haber tomado conocimiento el 24 de diciembre de 2024, de manera tal es dable concluir que el recurso fue interpuesto dentro del plazo contemplado en el Auto Acordado que regula la materia, circunstancia por la que se rechazará la alegación planteada, conforme se dirá en lo resolutivo.

SÉPTIMO: Que, en lo que respecta a la alegación de improcedencia del recurso de protección, planteada por ambas recurridas, cabe señalar –como ya se ha fallado- que a lo que corresponde atender es a las prerrogativas constitucionales que se alegan como afectadas en el arbitrio objeto de este pronunciamiento, que en la especie son el derecho a la vida e integridad física y de propiedad, de las que tratan los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, expresamente contemplados bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo, razón por la que se desestimará la defensa opuesta por la recurrida.

OCTAVO: Que, en relación al rechazo de la licencia médica que por esta vía se reprocha, conviene indicar que el fundamento expuesto por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social en su resolución fue el siguiente: “el informe médico aportado no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 105 días por la misma patología, considerándose este tiempo suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, en ausencia de elementos psicopatológicos de gravedad que justifiquen el rol terapéutico y la extensión del reposo. En efecto, los antecedentes médicos aportados no describen evolución clínica, limitación funcional ocasionada ni plan de cuidados orientado al reintegro laboral. Tampoco se acredita atención por especialidad de psiquiatría, asistencia regular a psicoterapia ni derivación a su centro de salud primaria para manejo multidisciplinario”.

A su turno, el MOTIVO de la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez fue: “sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología”.

NOVENO: Que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, dispone en el artículo 1 que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "nombre reservado", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda”.

DÉCIMO: Que, para los fines de solucionar la controversia planteada, es preciso traer a colación el artículo 16 del referido Decreto que, en lo pertinente, preceptúa: “La nombre reservado, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como, asimismo, lo estatuido en el artículo 21, a saber, “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la nombre reservado, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica. Sin perjuicio de lo anterior la nombre reservado, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine”.

UNDÉCIMO: Que, de lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo, en consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y legal.

DUODÉCIMO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada a la paciente por las recurridas, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, carece del debido sustento, dejándola, además, en una situación compleja, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de la licencia dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron.

DÉCIMO TERCERO: Que, este actuar de la recurrida, atenta evidentemente contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; y la segunda, porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta su patrimonio, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental, motivos por los que se acogerá el recurso conforme se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA, la alegación de extemporaneidad planteada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

II.- Que, SE RECHAZA, la alegación de improcedencia de la acción de protección planteada por las recurridas Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y Superintendencia de Seguridad Social.

III.- Que, SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y de la Superintendencia de Seguridad Social, ordenando que las recurridas deberán proceder a autorizar el pago de la licencia médica N°RUT reservado, dentro de quinto día desde que el presente fallo se encuentre ejecutoriado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°113-2025 Protección.-