Protección contra Intendencia de Coquimbo

nombre reservado

nombre reservado, nombre reservado

Recurso de Protección Rol N° 1125-2019.- La Serena, treinta de octubre de dos mil diecinueve.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1° Que ha comparecido don nombre reservado, Abogado, domiciliado en domicilio reservado, en favor de doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado, todas trabajadoras, todas domiciliadas para estos efectos en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Intendencia de Coquimbo, representada por su Intendente (s) don JUAN PABLO GALVEZ LILLO, y/o por su titular, doña nombre reservado, todos domiciliados en Arturo Prat Nº350 de La Serena por haber emitido en forma arbitraria e ilegal la Resolución Exenta N° 975-688 de 17 de Julio del presente año mediante la cual se impone multa por un valor ascendente al equivalente a 13, 20 Ingresos Mínimos no remuneraciones, equivalentes a $2.562.966.-“por dar trabajo a extranjeros que no cuentan con la autorización respectiva”.- Funda el recurso en que al contrario de lo señalado en la resolución impugnada doña nombre reservado, Doña nombre reservado Y Doña nombre reservado contaban a la fecha de la fiscalización por funcionarios de policía de investigaciones, esto es el 16 de mayo del presente año, con visa de permanencia, la primera de forma definitiva otorgada el 17 de mayo de 2018, que vencía el 08 de mayo de 2023, la segunda con visa temporaria otorgada el 17 de octubre de 2018 y cuyo vencimiento era el 17 de mayo de 2019, solicitando la permanencia definitiva el 18 de febrero de este año, petición que aún no está resuelta; y la tercera con visa temporaria vigente.

Asimismo expresa que la resolución en comento infringe el derecho a defensa al no haberse brindado a la Sra. nombre reservado la oportunidad de ser escuchada y por ende de defenderse previo a la resolución que da por establecida la infracción e impone multa.

Por último sostiene que dicha resolución carece de fundamentación y proporcionalidad entre el fin a alcanzar y la multa que se impuso, Agregando que sólo se ha considerado la condición de migrantes de las trabajadoras del local, las que se consideraron presuntamente irregulares, cuyo afán es meramente discriminatorio, es así que considera que no existe un acto reflexivo en que se haya analizado acabadamente las condiciones de hecho y derecho que apoyan el acto administrativo, por lo que se ha violado el artículo 11 de la ley 19.880.

Estima que las garantías infringidas son el artículo 19 N°2 y 3°de la Constitución Política del Estado.

En efecto, arguye que se le impone la carga de pagar el 50% de la multa para poder ejercer el derecho a reclamar de la misma y el fundamento de la misma es solo la condición de migrantes de las personas fiscalizadas.

Añade que se ha vulnerado el principio de audiencia del afectado y se ha resuelto sin ofrecer la posibilidad de defensa ante ella, vulnerándose el artículo 2 N°3 del Pacto internacional sobre derechos Civiles y políticos adoptado por la Asamblea General de la organización de las naciones Unidas y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o pacto de san nombre reservado Rica.

Termina solicitando se tenga por interpuesto el recurso y se ordene dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 975-688 de 17 de Julio del presente año de dicha Intendencia, y/o se adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos de las afectadas, condenando a la recurrida al pago de las costas del recurso.- 2° Que en sustento de su acción cautelar la recurrente acompañó los siguientes documentos: 1. Copia de Resolución Recurrida; 2. Fotocopia cédula de identidad de doña nombre reservado; 3. Fotocopia cédula de identidad de doña nombre reservado; 4. Copia de Visa temporaria nombre reservado.

3° Que, con fecha 17 de octubre del 2019, evacuando el informe solicitado, se pide el rechazo del mismo.

Refiere que las extranjeras, según lo informado por la Policía Internacional, al momento de la Fiscalización verificada en terreno con fecha 16 de mayo de 2019, no contaban con autorización para trabajar en Chile, y no se les había extendido el respectivo contrato de trabajo, por lo que se ha infringido el artículo 74 del Decreto Ley 1094/75, señalando que las policías de investigaciones de Chile cuenta con facultades para fiscalizar los hechos.

Agrega que el Decreto ley 1094 señala que el afectado será oído cuando la autoridad estime necesario y al ser una obligación facultativa, sólo exige una ponderación mínima de racionalidad. Haciendo presente que atendida la cantidad de personal de la intendencia no resulta razonable y eficiente fijar audiencia a todos los denunciados.

Alega, por otro lado la improcedencia de la presente acción de protección por no ser la vía idónea para los fines perseguidos por el actor, ya que no cuenta con derechos preexistentes e indubitados, más aun cuando este acto administrativo especial reconoce como vía de impugnación valida el denominado recurso de reconsideración.

Finalmente arguye que no existen actos u omisiones ilegales o arbitrarias y que no se ha vulnerado el derecho contemplado en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política del Estado.

4° Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

5° Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

6° Que, en el caso sub lite, del mérito de los antecedentes allegados al recurso se infiere que, de lo que se reclama es de la resolución que ha impuesto a la dueña del local comercial, doña nombre reservado, multa de 13,20 ingresos Mínimos No Remuneraciones por dar trabajo a extranjeras que no cuentan con la autorización respectiva.

7° Que, habiéndose acompañado por la recurrente la Resolución Exenta N°975/688 de 17 de julio de 2019, la que no fue objeto de observación por la recurrida, es dable concluir que aquella carece de la debida fundamentación, desde que no expone debidamente los antecedentes que fundan la infracción, ni desarrolla los fundamentos de hecho y derecho que permiten lograr la convicción de que los hechos denunciados efectivamente acaecieron en la forma narrada por los funcionarios fiscalizadores, por lo cual se ha infringido el artículo 41 de la ley 19.880 que dispone que “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Es más, tampoco la resolución en cometo expone al sancionado del derecho a recurrir en contra de la misma en conformidad al artículo ya citado y lo señalado en el artículo 74 inciso 3° del Decreto Ley 1094, del Ministerio de Interior, del año 1975.

8° Que, inclusive, se debe hacer presente que de acuerdo a lo señalado en el artículo 79 del decreto ley ya citado, en la Región Metropolitana de Santiago y en el resto de las regiones del país, las atribuciones señaladas en el inciso anterior serán ejercidas por los intendentes regionales respectivos, por delegación de facultades que en la materia corresponden al Ministerio del Interior, por lo que no observándose en la resolución que se actúa por orden de la autoridad respectiva o en virtud de delegación que cumpla con los requisitos del artículo 43 de la ley 18.575.-, se torna de igual forma en ilegal el acto al actuar fuera del ámbito de sus competencias.

9° Que, en consecuencia, la resolución que impuso la multa en contra de la cual se ha recurrido es un acto ilegal, que afecta la garantía constitucional del articulo 19 N°24 de la Constitución Política del Estado, al imponerse una multa con infracción a los requisitos formales, vicios que no son subsanables por lo que corresponde que aquella sea dejada sin efecto.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto el abogado Hernan Jorquera Rodríguez, en favor de nombre reservado, dejándose sin efecto la resolución Exenta N°975/688 de fecha 17 de julio de 2019 dictada por Juan Pablo Gálvez Lillo, Intendente Regional de Coquimbo (S), sin costas.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1125-2019 (Protección).- Pronunciado por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por el Ministro titular señor Fernando Ramírez Infante, el Ministro interino señor Miguel Montenegro Rossi y la abogada integrante señora María José Montesino Bianchi.

En La Serena, a treinta de octubre de dos mil diecinueve, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.