Protección contra defensora doña Pía Bustamante Fuentes

nombre reservado

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Recurso de Protección Rol N° 1122-2020.- La nombre reservado, doce de agosto de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece personalmente nombre reservado, operador de maquinaria, domiciliado en domicilio reservado, La nombre reservado, quien se encuentra en el CCP Huachalalume, y recurre en contra de la defensora doña Pía Bustamante Fuentes, de la defensoría penal pública.

Esgrime que con fecha 13 de mayo de 2020 fue formalizado en causa Rit 3268-2020. Allí se le designan como defensora a doña nombre reservado, de la defensoría de La nombre reservado.

Acusa que dicha defensora, en el lapso de 37 días, ha tenido una sola videoconferencia con él, sin que haya accedido a la capeta investigativa. Así, ha sido objeto de medidas cautelares siendo trasladado a un penal sobrepoblado y riesgoso por los casos de Covid-19 confirmados, lo que además repercute en la integridad de sus hijos, quienes se ven privados de sus cuidados.

Particularmente, refiere que se decretó su prisión preventiva y que la defensora no vertió argumentos a su favor, siendo que él posee un trabajo estable y que su libertad no constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Pese a todo lo anterior, reclama que la defensora ni siquiera apeló de la resolución en cuestión.

Pide, se admita a tramitación el recurso y se disponga su libertad y se adopten las demás medidas pertinentes para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Atendido a que los hechos relatados en la acción son constitutivos de una acción de protección y no de una de amparo, esta Corte enderezó debidamente la acción interpuesta, solicitando informe a la defensora recurrida.

Tercero: Que, evacuando el informe requerido, la defensora Pía Paulina Bustos Fuentes, abogada de la defensoría penal pública, domiciliada en domicilio reservado, La nombre reservado, expuso que el recurrente se encuentra sujeto a medida cautelar de prisión preventiva en Centro de Cumplimiento Penitenciario de Huachalalume.

Expone que el 13 de mayo del año en curso, asistió a la audiencia de control de detención del imputado la que se llevó a cabo ante el Juzgado de Garantía de La nombre reservado. El amparado había sido detenido la madrugada del 13 de mayo en el sector de La Florida, La nombre reservado, luego de una denuncia realizada por su ex conviviente en razón de un delito de daños y desacato.

Expone que se comunicó telefónicamente con la primera y sexta comisarías de La nombre reservado a fin de entrevistarse con el detenido. Allí recabó los datos personales de este, quien le expuso su versión de los hechos.

Luego, con antelación a la audiencia de control de la detención, pudo tener acceso a la carpeta investigativa, ya que aquello se encuentra establecido de conformidad al protocolo institucional.

Explica que en la audiencia en cuestión no formuló incidentes sobre vicios de la detención. Luego el fiscal procedió a la formalización por los siguientes hechos: “El día 13 de mayo de 2020, a las 03:05 horas aproximadamente, el imputado condujo bajo la influencia del alcohol el automóvil placa patenteXA.1607, con su licencia suspendida mediante resolución del Juzgado de Familia de Ovalle, en causa RIT Z-600- 2011, que suspende su licencia por 60 días, de fecha 08/04/2020, hasta el domicilio reservado de La nombre reservado, lugar donde tiene su domicilio su ex conviviente nombre reservado, señalándole a la víctima que ingresaría y dejaría la caga, encerrándose la víctima en el baño de la caseta del conserje, procediendo el imputado a acelerar el motor y con su vehículo derribar el portón de ingreso del condominio, causando daños en el mismo, incumpliendo además la medida cautelar decretada por el Juzgado de Garantía de La nombre reservado, de fecha 25 de abril de 2020, en la causa RUC 2000416316-9, que en audiencia de control de la detención, ordenó al imputado la prohibición de acercarse a la víctima, lugar de trabajo o estudio u otro lugar al que esta concurra o visite habitualmente, la que fue notificada personalmente al imputado en la referida audiencia. Por otro lado, el imputado además infringió las normas de salubridad impuestas por la autoridad en tiempo de epidemia y catástrofe, derivadas del virus COVID-19 y que dice relación con el periodo de aislamiento preventivo nocturno que va desde las 22:00 horas, hasta las 05:00 horas, sin contar con salvo conducto, logrando ser detenido por funcionarios de carabineros, quienes al fiscalizarlo, se percataron de su ebriedad por su fuerte hálito alcohólico, rostro congestionado, incoherencia al hablar e inestabilidad al caminar, arrojando el alcotest 0.67g/l.”

Así al amparado se le formaliza por cuatro delitos; manejo bajo la influencia del alcohol; desacato; delito de atentado a la salud pública y daños simples.

A raíz de aquello el Fiscal pidió la prisión preventiva a la que la defensora se opone. Sin embargo, el juez la decreta. Asimismo, se dispuso la revisión de la medida cautelar el 22 de mayo de 2020, es decir, en un plazo de 9 días. Por consiguiente, decidió no recurrir.

Señala que esa audiencia se llevó a cabo con la participación de otra defensora, sin que se aportasen nuevos antecedentes y, por el contrario, la nombre reservado hizo presente que la víctima manifestó su voluntad de declarar en contra del imputado.

Puntualiza que, dada la pandemia, a quien ingresa al penal de Huachalalume se le hace cumplir una cuarentena de 14 días, donde no es ingresado al penal en cuestión sino que está en un módulo especial. Luego de ese periodo es que se podía establecer una entrevista por videoconferencia. Así las cosas, se sostuvo una entrevista con el imputado a quien se le explicó el estado del juicio y sus posibilidades.

Se hace presente que Gendarmería de Chile informó que no existe factibilidad técnica para monitoreo telemático, pese a que fue por ella solicitado.

Precisa que sólo detentó la defensa del imputado por 21 días, dado que se encuentra con licencia por un embarazo de alto riesgo.

Reconoce que no le entregó la carpeta investigativa al recurrente, pero aquello se debe a las restricciones derivadas de la pandemia y que, en cualquier caso, los antecedentes más relevantes de la investigación fueron conocidos por el imputado ya que estuvo presente, vía online, el día de su formalización.

En consecuencia, desestima que haya existido alguna vulneración a los derechos fundamentales del recurrente.

Tercero: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el nombre reservado de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que el nombre reservado, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

Quinto: Que, en definitiva, lo que esgrime el recurrente es que no se ha dado una debida defensa a sus intereses en juicio.

Al respecto, conviene recordar, en primer término, que el legislador busca con celo la debida protección de los derechos de los imputados, disponiendo un entramado jurídico que importa la constitución de juzgados de garantía y, asimismo, asegurando la defensa a todo imputado por medio de la creación de la Defensoría Penal Pública.

Este contexto general se ve precisado en el artículo 106 del Código Procesal Penal, el que consagra el abandono de la defensa de hecho, la que es controlada por el juez de garantía.

Ese primer tamiz ha sido superado por el ejercicio de la defensa técnica de la recurrida.

A mayor abundamiento, del mérito de las diligencias que son expuestas por la defensora, no puede colegirse que ella haya incurrido en un actuar arbitrario o ilegal, pues desempeñó sus labores dentro de la rectitud que exige la lex artis durante el breve plazo en que tomó a su cargo la defensa del imputado. Valga destacar que tras este periodo, el imputado no fue dejado en desamparo, procediéndose a la designación de otra defensora que ha asumido la defensa letrada durante la ausencia por licencias médicas de la recurrida.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por don nombre reservado contra doña nombre reservado, defensora penal.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1122-2020 Protección.-