Protección contra Compañía General de Electricidad S

nombre reservado

Compañia General de Electricidad S.A Recurso de protección.

ROL N°1121-2026 La Serena, seis de agosto de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, en favor de su madre, doña nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de Compañía General de Electricidad S.A., en adelante CGE, por la mantención de la suspensión del suministro eléctrico correspondiente al inmueble ubicado en domicilio reservado.

Expone que la afectada tiene 88 años, vive sola y se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, pues presenta movilidad reducida, deterioro cognitivo asociado a su edad y graves limitaciones visuales. Señala que perdió completamente la visión de uno de sus ojos a consecuencia de un aneurisma y que, atendidas sus condiciones, requiere de cuidados y supervisión, debiendo su hijo trasladarse diariamente para acompañarla durante las noches.

Refiere que existía una deuda por suministro eléctrico y que previamente se celebró con la recurrida un convenio destinado a regularizarla, cuyas cuotas resultaron excesivamente elevadas en relación con las posibilidades económicas de la afectada, razón por la cual no pudieron ser cumplidas. Añade que, pese a haberse realizado gestiones destinadas a obtener un plan de pago compatible con sus ingresos, no se habría alcanzado una solución.

Sostiene que la ausencia de electricidad impide iluminar adecuadamente la vivienda, aumenta el riesgo de caídas y accidentes domésticos, imposibilita la refrigeración de alimentos y dificulta calefaccionar el inmueble durante el invierno. Afirma que ello ha repercutido negativamente en la salud física y emocional de su madre, provocándole temor, angustia e inseguridad, y que habría presentado episodios de neumonía y malestar físico.

Alega que, si bien la empresa puede contar con facultades para suspender el suministro frente a la morosidad, su ejercicio y mantención respecto de una persona adulta mayor, con severas limitaciones de salud y escasos recursos, resulta desproporcionado, irrazonable y contrario a la especial protección que merece. Estima vulneradas las garantías consagradas en el artículo 19 N°1 y N°2 de la Constitución Política de la República, relativas a la vida e integridad física y psíquica y a la igualdad ante la ley.

Solicita que se ordene la reposición inmediata del suministro eléctrico, que se prohíba efectuar nuevos cortes mientras no se alcance una solución compatible con la situación socioeconómica y de salud de la afectada, y que se adopten las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, informando Compañía General de Electricidad S.A., solicita el rechazo íntegro del recurso, con costas.

Explica que suministra energía eléctrica al inmueble ubicado en domicilio reservado, cuyo titular registrado es don nombre reservado.

Señala que el servicio mantiene una deuda vigente y que el último pago registrado corresponde a la suma de $57.612, efectuado el 3 de diciembre de 2024.

En su informe inicial indica una deuda total de $4.084.508, compuesta, según expresa, por $1.105.977 por concepto de energía, $548.457 por intereses y $1.273.066 asociados a convenio de pago. Posteriormente acompañó un estado de cuenta emitido el 19 de julio de 2026, que registra deuda por consumos de $1.820.496 y convenios impagos por $2.808.567, alcanzando un total de $4.629.063. Asimismo, acompañó un convenio de pago por $2.914.810, pactado en cuarenta y ocho cuotas, que se encontraría incumplido, y la boleta N°NUM001, emitida el 14 de enero de 2026, con vencimiento el 3 de febrero de 2026, en la que se consigna un total a pagar de $2.314.000 y la expresión “corte en trámite”.

Sostiene que la suspensión se ajustó a la Ley General de Servicios Eléctricos y a su Reglamento, por cuanto existía morosidad tanto por consumos de energía como por convenios impagos. Cita el artículo 141 de la Ley General de Servicios Eléctricos y el artículo 147 del Decreto Supremo N°327, conforme a los cuales el concesionario puede suspender el suministro de un servicio impago, previa notificación al usuario con al menos cinco días de anticipación y una vez transcurridos cuarenta y cinco días desde el vencimiento de la primera boleta o factura impaga. Añade que la prohibición legal de suspensión se refiere a inmuebles en los que resida una persona electrodependiente, y a hospitales y cárceles, sin que conste que la señora nombre reservado tenga aquella calidad.

Afirma que el suministro se encuentra suspendido desde febrero de 2026, aunque en distintas secciones del informe menciona como fechas el 17 y el 26 de ese mes. Alega extemporaneidad, pues la acción fue deducida el 1 de julio de 2026, una vez transcurrido ampliamente el plazo de treinta días establecido en el Auto Acordado.

Sostiene, además, que las reclamaciones relativas a la suspensión, calidad del servicio y cumplimiento de la normativa eléctrica deben plantearse ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, organismo al que corresponde fiscalizar y supervigilar a las empresas distribuidoras, conforme al artículo 2° de la Ley N°18.410.

Añade que la acción de protección no es la vía idónea para resolver la controversia, porque la determinación del monto de la deuda, la vigencia y cumplimiento de los convenios, los intereses cobrados, la regularidad de la notificación y las condiciones de reposición exigirían un procedimiento de lato conocimiento. Afirma que no existe un derecho preexistente e indubitado a obtener la reposición del servicio mientras subsiste la morosidad y que no ha ejecutado un acto ilegal o arbitrario, sino ejercido una facultad legal frente a un servicio impago.

Finalmente, acompañó una fotografía captada por personal técnico en terreno, que, según expresa, demostraría que el servicio se encuentra “autorepuesto”.

TERCERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que dicha disposición enumera, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan privación, perturbación o amenaza en su ejercicio, facultando a esta Corte para adoptar de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de las demás acciones que puedan hacerse valer ante la autoridad o los tribunales competentes.

CUARTO: Que, para la procedencia de esta acción, debe acreditarse la existencia de un acto u omisión contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento racional y que tal conducta produzca una afectación actual respecto de alguna de las garantías susceptibles de protección.

El carácter cautelar del recurso impide emplearlo como instancia declarativa para fijar definitivamente el monto de una deuda, interpretar un convenio de pago o resolver controversias técnicas propias de la regulación eléctrica. Sin embargo, ello no obsta al examen de si la mantención de una medida adoptada por una empresa concesionaria, aun fundada formalmente en una potestad legal, ha sido ejercida de manera razonable y proporcionada y si amenaza actualmente la vida o integridad de una persona determinada.

QUINTO: Que, el acto impugnado no consiste en la existencia de la deuda ni en el cobro de una suma determinada, asuntos que el propio recurrente no desconoce, sino en la mantención de la suspensión del suministro eléctrico del inmueble en el que habita doña nombre reservado.

La controversia exige resolver, en primer término, la alegación de extemporaneidad; luego, si CGE acreditó los presupuestos que invoca para ejercer la facultad de corte, especialmente la notificación previa; y, finalmente, si la mantención de la suspensión, atendidas la edad, estado de salud, discapacidad visual, situación socioeconómica y condiciones de vida de la afectada, constituye una actuación arbitraria o amenaza las garantías invocadas. También debe determinarse el alcance de la tutela que puede disponerse sin extinguir, modificar ni condonar la deuda y sin sustituir las competencias de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

SEXTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, cabe precisar que la conducta que el recurrente identifica como origen de la afectación es la suspensión del suministro realizada durante febrero de 2026, hecho conocido desde su ejecución. El recurso fue deducido el 1 de julio del mismo año, una vez transcurrido con exceso el plazo de treinta días previsto en el Auto Acordado.

La permanencia de las consecuencias de un acto no renueva indefinidamente el plazo para impugnarlo. La mantención del corte constituye el efecto propio de la suspensión por morosidad y no aparece asociada a una decisión nueva e independiente adoptada dentro del plazo. Por esta sola razón, la acción podría ser desestimada.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, aun examinada la controversia en cuanto al fondo, los antecedentes permiten establecer la existencia de una deuda significativa por consumos y convenios impagos, el incumplimiento de un convenio pactado en cuarenta y ocho cuotas y la ausencia de pagos desde el 3 de diciembre de 2024.

La boleta emitida el 14 de enero de 2026 registra saldo vencido, cuotas de convenio y la expresión “corte en trámite”, mientras el estado de cuenta de 19 de julio de 2026 informa una deuda total de $4.629.063. Si bien ese total difiere del señalado en el informe inicial, la discrepancia no elimina la morosidad ni permite tener por discutido que existían obligaciones impagas por un período superior a cuarenta y cinco días.

OCTAVO: Que, el artículo 141 de la Ley General de Servicios Eléctricos y el artículo 147 de su Reglamento autorizan al concesionario para suspender el suministro de un servicio impago, previa notificación y cumplido el tiempo legal desde el vencimiento de la primera boleta insoluta. La parte recurrente no niega la deuda ni sostiene haberla solucionado, sino que funda su pretensión en la situación personal y económica de la afectada.

No se encuentra acreditado que doña nombre reservado tenga la calidad legal de persona electrodependiente, supuesto respecto del cual la ley excluye expresamente la facultad de corte. Su avanzada edad y condiciones de salud merecen especial consideración, pero no permiten por sí solas crear una excepción no prevista por el legislador ni imponer a la concesionaria el suministro indefinido sin pago.

NOVENO: Que, la falta de incorporación de un documento separado de notificación previa no basta, en este caso, para tener por acreditada una ilegalidad manifiesta. La boleta anterior al corte anuncia que éste se encuentra en trámite y la acción no desarrolla una impugnación concreta acerca de la inexistencia o defecto del aviso, centrándose en la desproporción de mantener la suspensión. Determinar con precisión la regularidad del procedimiento de corte y la suficiencia técnica de sus comunicaciones requiere antecedentes y actividad probatoria que exceden esta sede cautelar.

DÉCIMO: Que, la pretensión exige además examinar la composición de la deuda, los intereses, el subsidio asociado a obligaciones de la pandemia, el convenio y sus cuotas, las gestiones de renegociación y las condiciones para una eventual reposición. Tales materias se encuentran controvertidas y no pueden ser resueltas definitivamente en un procedimiento que carece de una etapa probatoria de lato conocimiento.

La diferencia entre el total informado inicialmente y el que aparece en el estado de cuenta, así como la alegación relativa a intereses superiores al consumo mensual, confirman que existe una controversia contractual y regulatoria que debe ventilarse ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles o ante la judicatura competente.

UNDÉCIMO: Que, el recurso de protección tutela derechos preexistentes e indubitados, pero no permite constituir un derecho a la reposición gratuita o a la modificación judicial de un convenio vigente. La afectada no posee un derecho indubitado a mantener indefinidamente el suministro pese a la morosidad, y la Corte no cuenta con antecedentes suficientes para fijar una cuota, plazo o forma de pago distinta de la pactada.

DUODÉCIMO: Que, los antecedentes médicos, previsionales y sociales acreditan una situación de vulnerabilidad, pero no demuestran por sí solos que la suspensión autorizada por la normativa haya sido adoptada por mero capricho o sin fundamento. La empresa aplicó el régimen previsto para los servicios morosos, de modo que no se advierte una diferencia de trato arbitraria respecto de personas que se encuentran en la misma situación jurídica.

La igualdad ante la ley tampoco impone a una empresa concesionaria establecer excepciones individuales fuera de las contempladas en la normativa sectorial. La ausencia de una regulación específica para toda persona adulta mayor no puede ser suplida en esta sede mediante la creación de un régimen particular de suministro.

DÉCIMO TERCERO: Que, en cuanto a la vida e integridad física y psíquica, no se desconoce que la falta de energía puede producir dificultades importantes. Sin embargo, no se acompañó un antecedente médico que vincule de manera concreta una lesión actual con la conducta de CGE, ni se acreditó que la afectada dependa de equipamiento eléctrico para mantener funciones vitales. Las afirmaciones posteriores relativas a neumonía y anegamiento del inmueble no fueron respaldadas por un certificado médico específico que establezca causalidad con el corte.

DÉCIMO CUARTO: Que, la fotografía acompañada por CGE indicaría, según la recurrida, que el servicio se encuentra “autorepuesto”. Este antecedente introduce una cuestión adicional respecto del estado material y regularidad de la conexión, que no puede ser dilucidada en esta sede y que deberá ser revisada técnicamente por la empresa y, en su caso, por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

En cualquier evento, dicho antecedente impide afirmar de manera indubitada que subsista actualmente una privación total del suministro atribuible exclusivamente a la recurrida en los términos descritos en el recurso.

DECIMO QUINTO: Que, por consiguiente, no se ha acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario que permita adoptar la tutela solicitada, sin perjuicio del derecho de la afectada a reclamar ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a discutir la corrección de los cobros por las vías correspondientes y a solicitar directamente a la empresa una nueva alternativa de regularización.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en favor de doña nombre reservado en contra de Compañía General de Electricidad S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1121-2026 Protección.