SOCIEDAD DE SERVICIOS MINEROS Y MECÁNICOS SPA con nombre reservado

Sociedad de Servicios Mineros y Mecánicos Spa nombre reservado

Recurso de Protección Rol N° 1115-2017.- La Serena, a doce de julio de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Comparece el abogado don Ignacio Alejandro Avendaño Leyton, domiciliado en domicilio reservado, actuando a favor y en nombre de Sociedad Servicios Mineros y Mecánicos SPA, persona jurídica de derecho privado del giro de su denominación, representada legalmente por doña nombre reservado, empresaria, ambos domiciliados en domicilio reservado, y deduce acción de protección en contra de los Ministros Titulares señor nombre reservado y señor nombre reservado y la abogada integrante señora nombre reservado, integrantes de la nombre reservado de la Corte de Apelaciones de La Serena, todos domiciliados en domicilio reservado.

Señala que la procedencia de la acción constitucional de protección en contra de resoluciones judiciales encuentra fundamento no sólo en la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, que al efecto reproduce, sino también en la historia de la ley, específicamente sesión Nº 214 de la Comisión Constituyente encargada de elaborar el anteproyecto de la Constitución Política del año 1980, precisamente cuando éstas son dictadas desconociendo derechos de terceros, como sería, el caso de autos. Agrega que, además, debe tenerse en consideración que la causa que motiva el presente recurso fue tramitada bajo las normas del procedimiento monitorio laboral, por lo que no se puede recurrir de Unificación de Jurisprudencia y el recurso de queja deducido por su parte la Excma. Corte Suprema lo declaró inadmisible. (causa rol 25006-2017).

Indica, haciendo una relación de hechos, que don nombre reservado demandó a su representada en causa RIT M-23-2017 seguida ante el Juzgado del Trabajo de La Serena, alegando que primeramente fue contratado por la Sociedad de Montajes y Servicios a la Industria Minera Ltda., representada por don nombre reservado, que posteriormente renunció a dicha empresa, siendo contratado por su representada con fecha 01 de abril de 2016, acordándose entre las partes un reconocimiento de antigüedad laboral para el solo efecto de la indemnización por años de servicios que pudiera proceder desde el 01 de febrero de 2015 y; que con fecha 18 de agosto de 2016 se le comunica su desvinculación por necesidades de la empresa, a partir del 19 de septiembre de 2016, haciéndosele pago de la totalidad de la indemnización legal por años de servicios y feriado proporcional. Sin embargo dicho demandante alegó que estarían impagas las cotizaciones de seguridad social desde febrero 2015 a marzo de 2016 (período anterior al inicio de la relación laboral con su representada); que contestando la demanda se solicitó su rechazo por cuanto el actor pretendía que se sancionara a su representada por un periodo impago anterior a la relación laboral, careciendo en consecuencia de legitimación pasiva, por cuanto quien tenía la obligación de retener parte de las remuneraciones y enterarlas en los organismos de seguridad social era su anterior empleador y no su representada y que también se alegó que el acuerdo entre las partes en cuanto al reconocimiento de antigüedad laboral era sólo para el efecto de la indemnización legal por años de servicios, no pudiendo extenderse a otro tipo de prestaciones como la solicitada por el actor.

Continua señalando que, por otro lado, el inciso 5° del artículo 162 del Código del Trabajo establece que si el empleador no hubiere pagado las cotizaciones al momento del despido, éste no producirá efecto de poner término al contrato de trabajo, pero su representada no revestía la calidad de empleador en los términos del artículo 3° del Estatuto Laboral en el periodo reclamado, siendo inoponible la acción entablada en su contra y, además, se negó que su representada fuese la continuadora del anterior empleador del actor, no habiendo ocurrido un cambio de dominio o posesión en la empresa, por cuanto el anterior empleador está plenamente vigente, pero la sentencia de primer grado acogió la demanda de nulidad de despido pese a las fundadas alegaciones vertidas por su parte, alzándose de nulidad.

Agrega que con fecha 25 de mayo de 2017 los jueces recurridos, en autos rol 35-2017 (Reforma laboral) rechazaron el recurso de nulidad sin siquiera entrar al fondo de las alegaciones formuladas por su parte, conformándose única y exclusivamente con lo resuelto por el tribunal de primer grado, tal como se puede desprender de los considerandos tercero y quinto de la sentencia pronunciada; resolución que constituye un abuso de particular entidad en contra de su representada, que se debe corregir mediante el presente recurso, puesto que en la especie se está imponiendo una gravosa carga de la cual es ajena su representada, ya que no tenía la calidad de empleadora durante el tiempo que alegó el actor que hubo incumplimiento de pago de las cotizaciones de seguridad social, pues de seguir el errado raciocinio de los jueces recurridos existirían en la especie dos deudores para una misma deuda previsional y se impone a su representada una carga previsional que no le concierne, incurriendo los sentenciadores en un error manifiesto en la aplicación de la Ley.

Expresa que la Carta Fundamental señala que nadie puede ser sancionado con otra pena que la que señala la ley, bajo este entendido, la sanción de nulidad se aplica sólo al empleador que no hubiere efectuado el íntegro pago de las cotizaciones, no al empleador siguiente o futuro, tal como ha acontecido en la especie, perjudicándose considerablemente el patrimonio de un tercero –su representada-, quien debería asumir un pago superior a los $20.000.000 (veinte millones de pesos), pese a dar pleno y cabal cumplimiento a las normas laborales y previsionales durante la vigencia de la relación laboral con el demandante de autos y así la decisión de los jueces recurridos pasa a ser una contravención directa y flagrante al inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo.

Sostiene que con la actitud antes descrita se afecta los derechos consagrados constitucionalmente a favor de su representada, en lo tocante al derecho de propiedad sobre su patrimonio, ya que la sanción impuesta lo amenaza directamente y, el derecho de propiedad sobre el derecho de no ser sancionado con otra pena que la que señala la ley, por cuanto la ley sanciona al empleador que con su actuar no hubiere efectuado el pago íntegro de las cotizaciones durante la vigencia de la relación laboral, no al empleador anterior o siguiente.

Finalmente expresa que con su resolución los jueces recurridos han vulnerado el derecho de propiedad de su representada, consagrado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República y, en consecuencia, corresponde disponer el cese de tal actuar ilegal, solicitando en definitiva que acogiendo el recurso se declare que el actuar de los jueces recurridos es ilegal y no se ajusta a lo dispuesto en la Constitución, ni a la ley; y vulneran la garantía constitucional del derecho de propiedad de su representada, que se ponga término a las actuaciones de los jueces recurridos ordenando acoger el recurso de nulidad laboral deducido por su parte, en razón de haberse vulnerado el inciso 5º del artículo 162 del Código del Trabajo, en relación con las demás normas señaladas en el recurso; se disponga todas aquellas medidas que se juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y que corresponde a los recurridos pagar las costas del recurso.

Adjunta antecedentes fundantes del recurso.

Con fecha tres de julio pasado se evacua informe por los Ministros y la abogado integrante recurridos, señalando que del tenor del libelo recursivo se desprende que el acto que se les atribuye como ilegal y que se invoca como sostén del recurso es la decisión adoptada en la causa Rol 35-2017 sobre reforma laboral de esta Corte, que incide en el Rol M-23-2017 del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, materializándose en una resolución judicial, lo que lleva a estimar cuestionable la procedencia de la acción constitucional, toda vez que quien intenta el recurso es una de las partes del juicio en que recae dicha resolución y que ha tenido la posibilidad de ejercer todos los derechos que la legislación procesal entrega, por lo que no se trata de una de aquellas situaciones de excepción en que, singularmente, se ha estimado por la jurisprudencia la procedencia de la acción cautelar respecto de decisión jurisdiccionales, desprendiéndose del mismo escrito del recurso que lo que se intenta no es más que una nueva revisión de la causa laboral en comento y, con ello, una decisión diversa.

Agregan que es menester recordar que el recurso de nulidad laboral tiene por objeto, según sea la causal invocada, asegurar el respeto a las garantías o derechos fundamentales, o bien, conseguir sentencias ajustadas a la ley, como se desprende de los artículos 477 y 478 del Código del Trabajo, lo cual evidencia su carácter extraordinario, además de no constituir una instancia, de manera que los sentenciadores no pueden ni deben revisar los hechos que conforman el conflicto jurídico de que se trata, siendo la apreciación y establecimiento de éstos una facultad exclusiva y excluyente del juez que conoció del respectivo juicio oral laboral y, asimismo, está vedado a la Corte efectuar una valoración de la prueba rendida ante el Juzgado del Trabajo, lo que corresponde únicamente a éste, tratándose de un arbitrio de derecho estricto que requiere claridad y precisión en su fundamentación.

Indican que el recurrente interpuso recurso de nulidad en contra de la sentencia dictada en la causa Rol M-23-2017 del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena fundado en dos causales, a saber, 1) la prevista en la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, esto es, cuando haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, y, 2) En subsidio, la causal establecida en la segunda parte del artículo 477 del Código citado, es decir, cuando se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo y, atendida la naturaleza y finalidad de las causales intentadas y la forma en que se interpusieron estas suponen un análisis distinto, no conjunto, y un control diverso de la sentencia impugnada. Pues, en cuanto a la primera de la causales de nulidad invocadas que les correspondió conocer y fallar, no se apreció violación a las normas de la sana crítica, en concreto, al principio de la lógica formal de razón suficiente como se consignó en el motivo Tercero de la sentencia de nulidad en comento y, en cuanto a la segunda de las causales, esto es, la del artículo 477 del Código laboral, teniendo presente los hechos establecidos por el tribunal consignados en el motivo Quinto de la sentencia recaída en causa Rol M-23-2017 del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, la que reproducen, sin embargo, al estimar correcto el proceso de subsunción de los hechos al derecho realizado por la sentenciadora, se decidió en la forma que se plasmó en la sentencia dictada en la causa Rol 35-2017, ya citada.

Concluyen que al no ser ilegal su actuar cabe rechazar el recurso de protección pues no existe el supuesto básico para su acogimiento y, lo mismo, lleva a omitir toda referencia a las garantías fundamentales reclamadas como vulneradas.

Con fecha cuatro de julio pasado se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

TERCERO: Que en estos autos, se ha reclamado en contra de la decisión de los ministros Titulares señor nombre reservado y señor nombre reservado y la abogada integrante señora nombre reservado de esta Corte de Apelaciones, que por sentencia de fecha 25 de mayo de 2017, en autos rol 35-2017 (Reforma laboral) rechazaron el recurso de nulidad sin siquiera entrar al fondo de las alegaciones formuladas por su parte, conformándose única y exclusivamente con lo resuelto por el tribunal de primer grado, vulnerando de esta forma el derecho de propiedad de su representada, consagrado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que el abogado don Ignacio Avendaño Leyton en su acción cautelar sostiene que dicha resolución constituye un abuso en contra de su representada puesto que se le está imponiendo una gravosa carga de la cual es ajena su representada, ya que ésta no revestía la calidad de empleadora durante el tiempo que alega el actor hubo incumplimiento de pago de las cotizaciones de seguridad social. Agrega que con ello se afecta el derecho de propiedad sobre su patrimonio, ya que la sanción impuesta lo amenaza directamente y, el derecho de propiedad sobre el derecho de no ser sancionado con otra pena que la que señala la ley, por cuanto solo sanciona al empleador que con su actuar no hubiere efectuado el pago íntegro de las cotizaciones durante la vigencia de la relación laboral, no al empleador anterior o siguiente, amenazando el patrimonio de su representad, por lo que la decisión de los jueces recurridos pasa a ser una contravención directa y flagrante al inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo.

QUINTO: Que los recurridos en su informe sostienen que en la causa de nulidad laboral Rol Corte 35-2017, la demandada Sociedad Servicios Mineros y Mecánicos SPA., interpuso dos causales, la del articulo 478 letra b) del código del trabajo y subsidiariamente la del artículo 477 del citado texto legal. Que, en cuanto a la primera de la causales de nulidad invocadas que les correspondió conocer y fallar, es dable decir que ésta solo supone el control del razonamiento del tribunal y que al realizar dicho proceso, centrado en la infracción particular denunciada, no se apreció violación a las normas de la sana crítica, en concreto, al principio de la lógica formal de razón suficiente como se consignó en el motivo Tercero de la sentencia de nulidad en comento y, en cuanto a la segunda de las causales, esto es, la del artículo 477 del Código laboral, hay que tener en consideración que este motivo de nulidad, en cualquiera de sus hipótesis, supone que el recurrente acepta los hechos asentados por el juez de la instancia, sólo que, en su concepto, el razonamiento jurídico practicado por el sentenciador a partir de ese hecho aceptado es errado y, en el caso sub lite, estimaron que los hechos establecidos por el tribunal del juicio oral consignados en el motivo Quinto de la sentencia recaída en causa Rol M-23-2017 del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, estimaron correcto el proceso de subsunción de los hechos al derecho realizado por la sentenciadora, decidiéndose en la forma que se plasmó en la sentencia dictada en la causa Rol 35-2017.

SEXTO: Que para un mejor acierto es preciso consignar los siguientes antecedentes que dicen relación con la causa rol M-23-2017 del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena:

a) Que el actor don nombre reservado dedujo demanda de nulidad de despido y cobro de prestaciones en contra de doña nombre reservado, en representación de Sociedad de Servicios Mineros y Mecánicos SPA., señalando, en síntesis, que celebró contrato con la empresa el 1 de abril de 2016, luego de haber trabajado anteriormente en la empresa Sociedad de Montajes y Servicios a la Industria y Minería Limitada desde el 1 de febrero de 2015 al 5 de marzo de 2016, en que le solicitaron presentara carta de despido, terminando el segundo contrato el 18 de agosto del 2016, por la causal necesidades de la empresa.

b) Que consta del considerando sexto de la sentencia objeto de nulidad, que en la cláusula octava del contrato celebrado el 1 de abril de 2016 el empleador expresamente reconoce la antigüedad laboral del trabajador desde el 1 de febrero del año 2016, para efectos del pago de indemnizaciones legales por años de servicios.

c) Que se acogió la demanda declarándose la nulidad del despido condenando al empleador al pago de cotizaciones previsionales y de salud correspondientes al actor por el periodo comprendido entre el 1 de febrero del año 2015 y el 31 de marzo del 2016, más las correspondientes a la nulidad del despido, teniendo en consideración que la juez en el considerando quinto estimó que la empresa Sociedad de Servicios Mineros y Mecánicos SPA. era continuadora de la empresa anterior, en mérito al reconocimiento de antigüedad formulado por el nuevo empleador que se consigna en la letra precedente y los demás argumentos que indica de los considerandos sexto a octavo del fallo.

d) Que la demandada interpuso recurso de nulidad en base a dos causales, la del artículo 478 letra b) del código del trabajo y subsidiariamente la del artículo 477 del citado texto legal.

SEPTIMO: Que, los jueces recurridos, en los autos rol 35-2017 de esta Corte, en relación a la causal de nulidad del articulo 478 letra b) del Código del Trabajo, luego de reproducir el considerando quinto de la sentencia recurrida que estableció la calidad de continuadora legal a la empresa demandada y teniendo presente los demás argumentos formulados por la juez a quo, concluyeron que de la lectura de la sentencia no se visualiza la infracción denunciada y que es más, la sentencia impugnada en el considerando sexto, explica de manera coherente y lógica las razones por las que no puede obviar el reconocimiento de antigüedad laboral ,concluyendo que no se dan los presupuestos en que se funda la causal, rechazándola.( considerando tercero).

OCTAVO : Que en este mismo orden y en relación a la causal subsidiaria en que se invocó, entre otras, como norma infringida la de la letra a) del artículo 3° e inciso segundo del artículo 4° del Código del Trabajo, los jueces en el considerando quinto señalan que el tribunal a quo aplicó la normativa laboral que la vincula al momento de interpretar la cláusula octava del contrato de trabajo, la que tiene el carácter de especial por sobre la contenida en el código civil, reproduciendo los argumentos de la juez a quo en que alude al principio de la primacía de la realidad y pro operario, que estiman la llevaron a la correcta aplicación del derecho.

Por tanto, concluyen que no ha existido una errónea aplicación del derecho como alega la recurrente, toda vez que la sentenciadora del grado ha interpretado la normativa laboral, informada por sus principios básicos en el contexto de los hechos probados y el ordenamiento jurídico en toda su completitud lo que lleva a desestimar la causal subsidiaria alegada.

NOVENO: Que para decidir la controversia, primeramente cabe señalar que en la jurisprudencia reiterada de la Excma. Corte Suprema se ha asentado el criterio general de que esta acción constitucional no procede en contra de resoluciones judiciales y que encontrándose una controversia sometida al imperio del derecho no cabe, entonces, otorgar amparo constitucional, toda vez que a los tribunales respectivos les corresponde dirimir el conflicto planteado entre las partes.

Que es del caso además tener presente que excepcionalmente se han acogido recursos de protección dirigidos contra resoluciones judiciales, cuando éstas afectan derechos de terceros ajenos a la causa en que fue dictada y, en la especie, al accionante de protección es parte en la causa, por lo que procede rechazar desde ya el recurso.

DECIMO: Que a mayor abundamiento, la actuación de los jueces no puede catalogarse de ilegal, desde que la resolución dictada por ellos y que motiva la presente acción constitucional, lo fue en el contexto de un procedimiento de nulidad laboral contemplado en el artículo 479 del Código del Trabajo, es decir, dentro del ámbito de su competencia y de la esfera de sus atribuciones. Por lo demás, para resolver, debieron tener en cuenta que se encontraba asentado el hecho que la empresa demandada era la continuadora legal de la empresa “Sociedad de Montajes y Servicios a la Industria y Minería Limitada”, hecho que era inamovible para los jueces, de manera tal que no puede estimarse que hubiere existido infracción a lo previsto en el inciso quinto del artículo 162 del Código laboral, que dispone la carga del pago de las cotizaciones al empleador, disposición en que el accionante cautelar fundamenta la ilegalidad atribuida a los jueces.

Por otra parte, no corresponde anular una sentencia ejecutoriada por esta vía, porque ello atentaría contra el principio de la seguridad jurídica.

UNDECIMO: Que, en consecuencia, no existiendo acto ilegal, no es posible estimar que se hubiere vulnerado la garantía denunciada y, por tanto, el recurso deberá desestimarse.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se RECHAZA el recurso de protección deducido por el abogado don Ignacio Avendaño Leyton en favor de Sociedad Servicios Mineros y Mecánicos Spa.

Redacción de la ministro titular, señora Marta Maldonado Navarro.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 1115-2017.

Pronunciado por la Segunda nombre reservado de esta Corte de Apelaciones integrada por los Ministros Titulares señor nombre reservado, señora Marta Maldonado Navarro y el Ministro suplente señor Carlos Jorquera Peñaloza.

En La Serena, a doce de julio de dos mil diecisiete, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.