nombre reservado con MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

nombre reservado, nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones y otro Recurso de protección Rol Nº1112-2026 La Serena, diez de julio de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Álvaro Seguel Pérez, abogado, con domicilio en domicilio reservado, Región de la Araucanía, interponiendo recurso de protección en beneficio de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, pasaporte N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, dirigido en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, dependiente del Ministerio del Interior, representado por don nombre reservado, ingeniero, con domicilio en domicilio reservado, y en contra de la SUBSECRETARIA DEL INTERIOR, dependiente del Ministerio del Interior, representado por don nombre reservado, abogado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la omisión de pronunciamiento sobre la solicitud de regularización extraordinaria, realizada el 06 de junio de 2025, omisión que vulnera su derecho fundamental de la igualdad ante la ley, derecho al debido proceso y derecho de petición, establecidos en los numerales 2, 3 y 14 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente envió una solicitud de regularización extraordinaria, normada en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, siendo aquella presentada el 06 de junio de 2025.

No obstante, indica que a la fecha no ha recibido ninguna respuesta por parte de las recurridas, lo que lo mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre. Señala que mantiene arraigo en Chile, desempeñándose como trabajador formal, contando con pareja chilena, un hijo chileno de nueve meses y una madre residente en el país. Afirma que la falta de tramitación de su solicitud lo mantiene en una situación de incertidumbre jurídica que afecta también a su grupo familiar frente a un eventual procedimiento de expulsión.

Destaca lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley Nº19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en particular los artículos 7 y 27 que regulan el principio de celeridad, con la obligación de impulsar el procedimiento de oficio.

Finalmente, denuncia vulneración de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso y derecho de petición, previstas en los numerales 2, 3 y 14 del artículo 19 de la Constitución, por cuanto la falta de acuse de recibo, de inicio formal del procedimiento y de información sobre la tramitación impide el ejercicio efectivo de sus derechos.

Por lo anterior, solicita acoger la acción interpuesta, y ordenar a la recurrida emitir el acto de inicio del procedimiento y acusar recibo formal de la solicitud presentada; que se practiquen las actuaciones de instrucción correspondientes y se informe el estado de tramitación; que la solicitud sea derivada y tramitada conforme a derecho para su resolución de fondo; y que, mientras ello ocurra, no se adopten medidas de expulsión o apremio en su contra.

SEGUNDO: Que, a folio 4 se evacuó informe por el SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, solicitando el rechazo de la acción por improcedente, al no existir acción u omisión ilegal o arbitraria, que pueda atentar contra alguno de los derechos constitucionales garantizados en el artículo 20 de la Carta Política.

Expone que mediante oficio N°46.241 de 16 de septiembre de 2025, cumplió con derivar la presentación a las dependencias de la Subsecretaría del Interior, del Ministerio del Interior, para los fines pertinentes.

Agrega, que de conformidad a la Ley N°21.325, el Servicio Nacional de Migraciones solo es el encargado de recibir las solicitudes de regularización, gestionar su procedimiento, remitiendo la información por medio de proyecto de resolución a la Subsecretaría del interior, siendo la autoridad llamada por ley a resolver la solicitud del recurrente, careciendo en consecuencia de legitimidad pasiva el Servicio de Migraciones, por lo que solicitó el rechazo del recurso de protección.

TERCERO: Que, a folio 5, se evacuó informe por la Subsecretaría del Interior, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que la regularización migratoria se enmarca dentro de las concesiones cuyo otorgamiento es una facultad de la autoridad, no una obligación para la misma, la que sólo accederá a la solicitud, siempre que se cumplan los requisitos y estándares que se han establecido internamente.

Refiere que la normativa de la Ley N°21.325 regula dos tipos de regularizaciones migratorias: una de carácter general, cuyos criterios y procedimientos son dispuestos por el Subsecretario del Interior, pero ejecutados por el Servicio Nacional de Migraciones; y otra de carácter excepcional, de aplicación particular, por casos calificados o motivos humanitarios, sujeta a un procedimiento desformalizado que resuelve el Subsecretario del Interior.

Sin embargo, precisa que en la actualidad no existen procedimientos de regularización vigentes de aplicación general. Por lo que, cualquier solicitud que se realice sobre esta materia sólo puede tramitarse como solicitud de otorgamiento excepcional por casos calificados o humanitarios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325.

En cuanto al estado de tramitación de la solicitud de otorgamiento excepcional de la parte recurrente, señala que aquella se encuentra en sus últimas etapas de tramitación, previo a que la autoridad suscriba el acto administrativo que la resuelve.

Por otro lado, señala la vía del recurso de protección, de naturaleza cautelar y emergencia, no es la pertinente para declarar derechos nuevos ni tutelar meras expectativas, lo que desnaturaliza su finalidad. Asimismo, sostiene que al acogerse recursos como el de autos, se produce una afectación a la garantía de la igualdad ante la ley, al colocar en una situación favorable a la parte recurrente, sin que exista una razón aparente que lo justifique.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones y en contra de la Subsecretaría del Interior, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de regularización migratoria presentada, lo cual califica la parte recurrente de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera sus garantías fundamentales contempladas en los numerales 2, 3 y 14 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

Solicita que se ordene a los recurridos resolver sin más demora su solicitud o bien adoptar las medidas que se estimen apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho.

SÉPTIMO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 del mismo cuerpo legal, define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

OCTAVO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de regularización, cuya presentación fue realizada el 06 de junio de 2025, habiéndose remitido los antecedentes a la Subsecretaría del Interior el 16 de septiembre del mismo año, excediendo de tal forma el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880.

NOVENO: Que, por tanto, la dilación de la Subsecretaría del Interior en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente, con relación al trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal y oportuna, en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente, todo lo que transforma en arbitrario el proceder de la referida recurrida.

Por último, respecto a la recurrida Servicio Nacional de Migraciones, no hay medida que esta Corte actualmente pueda tomar, por cuanto ya cumplió con enviar los antecedentes a la referida Subsecretaría el 16 de septiembre de 2025, de forma que, la fase de tramitación correspondiente a la primera repartición, fue concluida, habiendo perdido oportunidad a su respecto el recurso de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA el recurso de protección respecto al Servicio Nacional de Migraciones.

II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de don nombre reservado en contra de la Subsecretaría del Interior y, en consecuencia, se dispone que esta última deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de regularización presentada por la parte recurrente, lo anterior, dentro del plazo de sesenta días corridos desde ejecutoriada la presente sentencia.

Acordada con el voto en contra del Ministro (S) señor Díaz, quien estuvo por rechazar igualmente la acción respecto de la Subsecretaría del Interior, teniendo para ello en consideración que, en la especie, atendido que la solicitud de regularización extraordinaria fue remitida a la Subsecretaría del Interior el 16 de septiembre de 2025, encontrándose actualmente en sus últimas etapas de tramitación, no es posible sostener que la falta de pronunciamiento respecto de su solicitud revista carácter ilegal o arbitrario, pues tampoco puede soslayarse la conocida crisis migratoria y el consecuente aumento de la carga de trabajo de los órganos administrativos con competencia en la materia, antecedentes que importan que las solicitudes asociadas a los diversos permisos de residencia y trámites migratorios se vean demorados, no solo para la parte recurrente, sino que para la generalidad de la población que se relaciona con esos servicios públicos. Conforme a aquello, el lapso transcurrido hasta el momento se encuentra dentro de los márgenes del derecho a obtener una resolución emitida dentro de un plazo razonable y no puede considerarse que afecte los derechos fundamentales invocados por la parte recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1112-2026 (Protección).-