Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana

nombre reservado

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Recurso de Protección Rol N° 1110-2025.- La Serena, doce de agosto de dos mil veinticinco.

Visto y considerando.

Primero: Que nombre reservado, trabajadora dependiente, recurre de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, por el rechazo de su licencia médica número NUM000, conforme resolución de 25 de mayo del presente, alegando vulneración de sus garantías de los números 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Expone que el 12 de mayo del presente año presentó dolores lumbares, indicándosele en servicio de urgencias que aquello obedecía a un estado viral, siendo evaluada posteriormente, vía telemedicina, donde fue diagnosticada con un cuadro de influenza, infección urinaria, gastritis y dolor lumbar, otorgándosele una licencia médica por 15 días, junto a tratamiento farmacológico.

Afirma que, a pesar de haber cumplido con todas las indicaciones médicas, la recurrida decidió rechazar el subsidio, desconociendo las razones de la negativa, alegando vulneración de sus derechos como paciente y su estado de salud.

Sostiene que esta negativa es arbitraria, en cuanto, junto a la falta de fundamentación del acto, no se dispusieron medidas adicionales para acreditar la procedencia del reposo, por lo que, previas citas legales y jurisprudenciales, pide que se restablezca el imperio del derecho y se deje sin efecto la resolución dictada por la Contraloría Médica de la COMPIN y, en consecuencia, se ordene la autorización de la licencia objeto del recurso y se proceda a su pago, con costas.

Segundo: Que el informe requerido fue evacuado por nombre reservado

González, abogado de la SEREMI de Salud RM, quien da cuenta de que, revisado el expediente administrativo de la protegida, ésta presentó un recurso de reposición al rechazo de las licencias médicas, cuya causal de rechazo fue la carencia de antecedentes médicos que justificaran la prolongación del reposo, sin información de valoración de especialista traumatólogo, imágenes, plan de kinesiología, recuperabilidad laboral, ni fecha probable de alta.

Destaca que la usuaria no adjuntó antecedentes suficientes para revocar lo ya determinado, habiéndose determinado que presentaba una patología transitoria, por lo que el reposo evaluado era más que suficiente para la mejoría del cuadro y reintegro laboral.

Concluye que las actuaciones realizadas por la COMPIN se enmarcan en los parámetros objetivos que se han dispuesto por ley, en búsqueda de que el uso de las licencias médicas cumpla con su finalidad terapéutica y de carácter transitorio, mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Quinto: Que, conforme el mérito de los antecedentes, puede concluirse que la licencia médica rechazada se funda en la falta de justificación del reposo, sin un idóneo desarrollo de la conclusión y los fundamentos que la sustentan.

Sexto: Que, considerando la naturaleza de la resolución impugnada, cabe analizar lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, contenido en el Decreto Supremo N° 3, del Ministerio de Salud, de 1984, que señala que, en caso de rechazo de una licencia, la resolución o pronunciamiento respectivo debe dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida. En consecuencia, la reconsideración a su vez también debe cumplir con el mínimo exigido.

Del mismo modo, el artículo 11 de la ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la sustanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, y agrega que “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada y pormenorizada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley.

De esta manera, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicitando al solicitante las razones del acto, su sustento material y las normas jurídicas aplicables a la situación que debe resolver.

Séptimo: Que, la fundamentación de la resolución recurrida resulta evidentemente escueta y acotada, limitándose a precisar la causal de rechazo, sin las razones que la motivan, tratándose en definitiva de una respuesta meramente formal.

Octavo: Que, además, el “Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por la COMPIN” contenido en el D.S. N°3 de 1984, establece en su artículo 21 que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b)

Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica”.

Lo anterior resulta relevante, en cuanto, al no constar la práctica de las medidas referidas, se ha dejado a la recurrente en una situación compleja, imponiendo una obligación que la ley no pone de cargo de la paciente, sino del organismo que en este caso por ley debe resolver el rechazo de las licencias médicas y que, insistimos, cuenta con las herramientas legales y técnicas para hacerlo.

Noveno: Que, en conformidad a lo razonado precedentemente, aparece que el rechazo de la licencia médica carece de la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico, en la medida que las decisiones contenidas en los actos administrativos objeto de la presente acción es arbitraria, al no expresar razones concretas en base a las cuales resuelve y confirma el reposo como no justificado, lo que, además, la torna en ilegal, desde que es dictada por la entidad competente, pero omitiendo requisitos que la hacen válida.

Décimo: Que, la conducta del organismo recurrido constituye una perturbación y amenaza al derecho a la vida e integridad física de la recurrente, el que se encuentra garantizado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, ya que su obrar, en la forma descrita, le priva de obtener una calificación de su enfermedad que le permita gozar de un estatuto adecuado a su estado de salud y de acuerdo a los fines de éste.

Asimismo, dicho proceder afecta y lesiona la garantía consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Ley Fundamental, toda vez que el actuar cuestionado le priva del trato que a toda persona en la misma situación corresponde dar.

Por último, también importa una afectación al derecho de propiedad, pues la decisión cuestionada le impide acceder a los beneficios económicos que supone la declaración de enfermedad laboral del padecimiento que le afecta.

Undécimo: Que, por ende, habiéndose acreditado que por la institución recurrida se cometió un acto ilegal y arbitrario que perturba, amenaza y vulnera garantías fundamentales de la recurrente, corresponde acoger el recurso de protección.

Por estas consideraciones, las normas legales ya citadas, artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y, en consecuencia, se declara que se deja sin efecto el rechazo de la licencia médica reclamada, declarando, en consecuencia, que dicho organismo gubernamental deberá disponer el pago de la licencia rechazada, en un plazo que no podrá exceder de quinto día corrido, desde la fecha que el presente fallo quede ejecutoriado.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol No.1110-2025 Protección.