AM CONSTRUCCIONES Y DEMARCACIONES VIALES SPA con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (REGIÓN COQUIMBO)

AM Construcciones y nombre reservado.

Tesorería General de la República Recurso de protección Rol Nº1106-2026.- La Serena, veintitrés de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece el abogado, Pedro Guerrero Serantoni, en representación de AM CONSTRUCCIONES Y nombre reservado., rol único tributario N°77.077.596-5, con domicilio en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actos arbitrarios e ilegales que han vulnerado las garantías constitucionales de su representada consagradas en el artículo 19 N°2, N°21, N°24 y N°26 de la Constitución Política de la República.

Expone, que en el marco de un procedimiento administrativo de cobranza ejecutiva del artículo 170 del Código Tributario, Rol N°10.853-2023, caratulado “Fisco con nombre reservado” se persigue el pago de una deuda ascendiente a $27.182.376.-, más reajustes, intereses y multas. Indica que el 2 de junio de 2026 la recurrida dictó la Resolución N°E179471/2026, por la cual ordenó retener todos los dineros, créditos u otras prestaciones que la CONSTRUCTORA MASSAN Spa., adeudare o debiese pagar a su representada, por cualquier concepto, incluyendo facturaciones ya devengadas, hasta el monto total de la deuda demandada.

Refiere que antes de la retención ordenada, la recurrente se encontraba en proceso de regularizar su situación tributaria, así el 4 de junio de 2026 suscribió un Convenio de Pago Propyme Fiscal, formalizado mediante Resolución N°125.769, respecto de una deuda por la suma de $6.351.458, no por la cantidad de $27.182.376, ya que todas las demás deudas se encontraban en convenios de pago vigentes y al día, por lo que la resolución de la Tesorería Regional no se amparaba en un incumplimiento por parte de su representada, y afecta gravemente derechos constitucionales de la empresa al disponer retenciones existiendo convenios vigentes y al día, deviniendo su actuar en ilegal y arbitrario.

Afirma que la suscripción de un convenio de pago importa la suspensión de todo procedimiento de cobro ejecutivo en los términos del artículo 192 del Código Tributario, en tanto el convenio se mantenga vigente, y que, así lo reconoció la recurrida mediante resolución del 5 de junio de 2026 -Resolución Cobranza N°E186088/2026-, en la cual, conociendo de una solicitud de la recurrente, resolvió textualmente “el cese de las retenciones ordenadas en contra del deudor AM CONSTRUCCIONES Y nombre reservado., RUT RUT reservado, mientras subsista vigente el Convenio de Pago”, dejando constancia de que la demanda se encontraba en etapa de suspensión conforme al artículo 192 del Código Tributario, lo que impide proseguir con las acciones tendientes al cobro mientras el convenio se mantenga vigente.

Indica que su representada actualmente mantiene vigente tres convenidos de pago con la recurrida, del 20 de marzo y 31 de octubre, ambos del 2025, y el último del 4 de junio de 2026, cuyos totales de los saldos netos adeudados bajo dichos convenios asciende a $25.750.211.-, y que, se encuentra al día en el pago de las cuotas de los convenios, por tanto, la medida de retención es ilegal y arbitraria pues no existía incumplimiento por la recurrente.

Señala que el acto ilegal y arbitrario que motiva el presente recurso es la comunicación electrónica del 16 de junio de 2026 realizada por una funcionaria de la recurrida, por medio de la cual se le instruyó a la Constructora Massan Spa. que “si las facturas o trabajos ya existían antes del 2 de junio y no se habían pagado, debe rendir esos fondos a Tesorería”, exigiendo en los hechos que aquella sociedad continúe entregando a la Tesorería fondos que corresponden a su representada, no obstante encontrarse vigente el convenio de pago y haberse ordenado expresamente el cese de las retenciones.

Indica que como consecuencia directa de esta instrucción —que contraviene la propia resolución de cese dictada por la misma Tesorería—, el 16 de junio de 2026 se materializó en la cuenta corriente N°[cuenta reservada] que su representada mantiene en Scotiabank un cargo por $106.202 bajo la glosa “509-9041010 RET CONV TGR”, esto es, una retención de fondos ejecutada en cumplimiento de las instrucciones de cobro de la Tesorería, no obstante encontrarse vigente y al día el convenio de pago suscrito el 4 de junio de 2026 y los demás convenios, y existiendo una resolución expresa de la propia repartición que ordenó el cese de tales retenciones. Sostiene que existe una doble actuación arbitraria e ilegal, pues por un lado mediante resolución reconoce la vigencia del convenio y ordena el cese de retenciones, y por otro, continúa instruyendo y ejecutando nuevas retenciones contraviniendo su propio acto administrativo y el artículo 192 del Código Tributario.

Afirma que, la sola circunstancia de que el órgano recurrido pretenda aplicar, por la vía de instrucciones informales a un tercero, un criterio restrictivo no contenido en su propia resolución de cese —ni en el convenio de pago, ni en el artículo 192 del Código Tributario— configura un actuar caprichoso, carente de motivación jurídica suficiente y por tanto arbitrario, en los términos exigidos por la jurisprudencia reiterada de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema en sede de protección.

En cuanto a la conculcación de garantías constitucionales, se refiere a aquellas consagradas en el artículo 19 numerales 2, 21, 24 y 26 de la Constitución, por cuanto la Tesorería ha retenido y embargado fondos de la cuenta corriente de recurrente el 16 de junio, y ha impuesto a clientes y contratistas la obligación de no pagarle, pese a existir convenios de pago vigentes y suspendido legalmente el procedimiento de cobro por aplicación del artículo 192 del Código Tributario, sin que medie resolución de caducidad ni causa legal habilitante, configurándose así una privación material de dominio sobre dineros líquidos y exigibles ejecutada por vía de hecho, que priva a la sociedad del capital de trabajo necesario para su giro, impidiéndole cumplir obligaciones laborales, previsionales y comerciales, afectando gravemente el ejercicio de su actividad económica lícita; asimismo, mientras otros contribuyentes en idéntica situación jurídica gozan de la suspensión de apremios, la recurrida ha aplicado un trato diferenciado, discriminatorio y sin justificación objetiva, vulnerando la igualdad ante la ley; finalmente, dicha interpretación y aplicación del artículo 192 vacía de contenido la suspensión por convenio, afectando en su esencia el derecho a no ser objeto de apremios mientras el convenio se mantenga vigente, lo que constituye una afectación sustancial de las garantías constitucionales invocadas.

Solicita, por tanto, se acoja el recurso, y se ordene a la recurrida alzar de inmediato y sin más trámite toda retención y embargo trabado sobre la cuenta corriente N°[cuenta reservada] de su representada en Scotiabank, y sobre cualquier otra cuenta, fondo o instrumento de propiedad de AM CONSTRUCCIONES Y DEMARCACIONES VIALES SpA, así como restituir íntegramente los dineros retenidos con posterioridad a la suscripción del convenio de pago, en particular la suma de $106.202 retenida el 16 de junio de 2026; además, que se ordene a la recurrida abstenerse de instruir a CONSTRUCTORA MASSAN Spa., LAVEL INGENIERÍA Spa., o a cualquier otro tercero retenedor, la retención o entrega a la Tesorería de fondos que corresponda pagar a su representada, mientras los Convenios de Pago Propyme Fiscal se mantengan vigentes y al día, con condena en costas.

SEGUNDO: Que, a folio 7, comparece don nombre reservado, Director Regional Tesorero (s) de Coquimbo, evacuando el informe ordenado, pidiendo la desestimación del recurso, con condena en costas.

Expone, que la contribuyente AM CONSTRUCCIONES Y DEMARCACIONES VIALES SPA, es deudora del Fisco, por concepto de diversos formularios 21, vencidos entre abril de 2023 y marzo de 2026, por la suma neta de $25.750.211.- y liquidada de $38.017.991.- Ante ello, en cumplimiento del mandato legal entregado al Servicio por su Ley Orgánica, existen a la fecha iniciados tres procesos de cobro de obligaciones tributarias, Roles 10.853-2023,14.453-2024 y 13.215-2026.

Indica que, la deudora ha suscrito 8 convenios de pago a fin de regularizar su deuda, de los cuales cuatro han caducado, precisando que cinco de estos convenidos se han suscrito durante la vigencia de sus causas de cobro, y dos de ellos han tenido el carácter de “Convenio Social Fiscal", correspondiente a convenios excepcionales y especialísimos que se otorgan a los contribuyentes que requieren facilidades adicionales, tales como un menor monto de cuota pie o menor monto de cuota mensual, a fin de propender o ayudar a regularizar su situación tributaria. A su vez, de los tres convenios vigentes, dos de ellos se encuentran en riesgo de caducidad por no pago de cuotas.

Refiere que se decretó, en virtud de lo establecido en los artículos 170, 171, 174 y 195 del Código Tributario, la retención de los dineros que debiera percibir la ejecutada de dos empresas a las que prestaba servicios, a saber, CONSTRUCTORA MASSAN SPA y LAVEL INGENIERÍA SPA, hasta por la suma de $27.182.376.- (liquidada a la fecha de la resolución), notificándose tanto a la deudora como a las dos retenedoras el 2 de junio de 2026. Prosigue señalando que el 4 de junio de 2026, el contribuyente suscribió Convenio de Pago N°125.769 en modalidad ProPyme, con un pie de $376.444.; a su vez, el día 3 de junio el contribuyente solicitó en módulo de atención, de forma especialísima (una vez más) reactivar el convenio N°67.379 que había mantenido en suspensión su caso, pero había caducado el 20 de mayo, por no pago de 3 cuotas consecutivas (febrero, marzo y abril de 2026), precisa por tanto, que es en este periodo de convenio inactivo en que se trabó la retención en cuestión.

En virtud de lo anterior y habiendo re-ingresado toda su deuda a convenios, el mismo día 4 de junio solicitó la suspensión de las acciones de cobro y, específicamente, dejar sin efecto la orden de retención, y que, el 5 de junio de 2026, resolviendo de forma inmediata la petición, se decretó por el Juez Sustanciador el cese de las retenciones, en los siguientes términos: “SE RESUELVE: Atendidos los fundamentos expuestos, como se pide al cese de las retenciones ordenadas en contra del deudor AM CONSTRUCCIONES Y DEMARCACIONES VIALES SPA, RUT RUT reservadomientras subsista vigente el Convenio de Pago referido en la parte considerativa. Sin perjuicio, ríndase cuenta por parte de las empresas retenedoras acerca de dineros que pudieran haberse retenido entre la fecha de su notificación y la suscripción de convenio.”

En cuanto al último párrafo de la resolución citada, que ordena rendir cuenta a las empresas retenedoras, señala que obedece a que la orden fue impartida antes de comenzar la suspensión, en el marco de un proceso plenamente vigente; considerando, además, que la suspensión por convenio no implica ni conlleva el efecto de perder lo obrado con anterioridad en la causa, sino la detención inmediata de toda nueva medida de apremio a contar de la fecha de su disposición, por lo que no resultaba procedente dejar sin efecto o anular las actuaciones practicadas antes de ello.

Sobre el correo electrónico del 16 de junio de 2026, acto impugnado por la recurrente, señala que no hace más que orientar o aclarar la duda remitida por la empresa Constructora Massan Spa., en relación con lo ordenado en la resolución citada, esto es, que los dineros generados antes del convenio de pago deben “rendirse” a Tesorería. Concluye de lo anterior, que no existe contravención a la resolución dictada en procedimiento administrativo de cobro ejecutivo, puesto que sólo expresa, con términos más comprensibles, el destino de los dineros generados antes del convenio. Indica que, en caso alguno de su lectura se desprende que se debe proseguir con retenciones de dineros posteriores al convenio de pago, refiriendo en todo momento a dineros generados y existentes antes de éste.

Expone que, a la fecha de la expedición de la orden de retención, la deudora registraba una factura emitida el 1 de junio de 2026, N°194, por la suma de $16.770.670.-, la que a la fecha no ha sido enterada en arcas fiscales ni informada su situación de pago por la retenedora, por lo que tal “rendición”, que puede ser positiva, remitiendo los fondos, o negativa, informando que fue pagada o cedida antes de tomar conocimiento de la orden, no se ha cumplido a la fecha de presentación del informe.

Aclara en cuanto al embargo de la suma de $106.202.- en la cuenta bancaria, no tiene relación con los hechos antes descritos, pues su cobro se ventila en expediente distinto, Rol 14.453-2024, y reconoce que se gestionó erróneamente esta retención de fondos en la cuenta bancaria de la contribuyente por encontrándose un convenio activo, y por tanto, el 2 de julio se ordenó su devolución a la ejecutada, lo que quedó materializado en su cuenta bancaria el día 7 del mismo mes, según consta en comprobante de egreso que acompaña. Señala que este error fue enmendado, lo cual es distinto a la retención de dineros por cobrar (facturas), pues se gestiona respecto de fondos anteriores al convenio.

Alega la improcedencia del recurso pues lo que realmente se pretende impugnar a través de esta acción constitucional son las actuaciones y resoluciones verificadas en el juicio de cobro, como las órdenes de retención y petición de cuenta a los clientes de la recurrente de dineros anteriores al convenio, y que, tales actuaciones han sido efectuadas en un proceso legalmente tramitado, es decir, tutelado por el imperio del derecho, lo cual se encuentra sometido a los recursos y procedimientos que la ley establece, que permite tanto a las partes como a los afectados por ellas, ejercer las acciones que al efecto consagra la ley para su impugnación.

Luego de invocar el artículo 2 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1994, que fija el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías; y los artículos 168 y 192 del Código Tributario, señala que se evidencia que la facultad de proceder a decretar retención de dineros, en virtud de un mandato legal y del derecho de prenda general, es exclusiva del respectivo Tesorero Regional o Provincial, en su carácter de Juez Sustanciador y, por ende, no podría constituir acto u omisión arbitraria e ilegal, sino más bien un estricto apego de las normas legales y el ejercicio de una facultad legal entregada a este organismo público.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, el objeto de la presente acción cautelar consiste en reclamar como ilegal y arbitrario el actuar de la Tesorería General de la Republica al comunicar, el 16 de junio de 2026, a un emisor de facturas a favor de la sociedad recurrente, que se retengan los montos a pagar y se enteren a la recurrida, a pesar de existir convenidos de pago vigentes y resolución del Juez Sustanciador que ordena el cese de la retención ordenada por la existencia del convenio de pago; materializándose una retención en su cuenta bancaria con esa misma fecha por la suma de $106.202.- Que, a su turno, la recurrida informa el estado por deudas tributarias de la recurrente, y refiere que el cese de la retención de dineros resuelto por el Juez Sustanciador el 5 de junio, era sin perjuicio de que las empresas retenedoras debían rendir cuenta acerca de dineros que pudieran haberse retenido entre la fecha de su notificación y la suscripción de convenio de pago, lo cual es indicado por la resolución; por tanto, la misiva electrónica del 16 de junio sólo tuvo por objeto explicar a una de las empresas retenedoras lo anterior. Agregó que la retención en la cuenta bancaria de la recurrente del 16 de junio dice relación con otra causa, lo cual fue un error por existir un convenio vigente, por lo cual fue reversado el 7 de julio pasado.

SEXTO: Que, para la resolución del asunto en examen, conviene relevar que la controversia planteada ya se encuentra sometida a un procedimiento específico dotado de las garantías necesarias para que las partes puedan hacer valer íntegramente sus derechos y pretensiones ante el Juez Sustanciador, de forma tal que sólo cabe concluir que la materia se halla bajo el imperio del derecho y cuenta con un mecanismo idóneo de resolución, circunstancia que conduce al rechazo de la acción incoada.

Lo anterior, pues su naturaleza cautelar, urgente y subsidiaria impide que pueda transformarse en una instancia paralela destinada a revisar cuestiones que ya están siendo conocidas por la autoridad competente al amparo del procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico para resolver el conflicto propuesto.

A mayor abundamiento, se advierte que la sociedad recurrente carece de un derecho indubitado que haga procedente la presente acción, debiendo ser resuelto lo alegado por el juez sustanciador que conoce del procedimiento de cobro ejecutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección incoado en contra de la Tesorería General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1106-2026 (Protección)