nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol Nº1102-2025 La Serena, once de julio de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, interponiendo recurso de protección en beneficio de doña nombre reservado, empleada, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, dirigido en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por don nombre reservado, sociólogo, con domicilio en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en no acoger a trámite la solicitud de residencia definitiva, señalando que dicho acto vulnera el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política.

Expone que la recurrente, de nacionalidad venezolana, el 08 de noviembre de 2019 obtuvo residencia temporal sujeta a contrato por un año, para posteriormente, el 19 de mayo de 2023 obtener nuevamente una residencia temporal.

Por lo anterior, señala que postuló para obtener residencia definitiva, acompañando todos los antecedentes necesarios para postular al beneficio.

Sin embargo, afirma que el 27 de mayo de 2025, el recurrente recibió notificación código de trámite N° 73050185, que declara no acogida a trámite su solicitud de residencia definitiva, señalando la resolución: “No cumple con los requisitos para optar al permiso de residencia solicitado al no cumplir con el Art. 65 N°1 del Reglamento de la ley de Migraciones y Extranjería. De acuerdo a lo anterior, se remitieron sus antecedentes al Departamento de Residencias Temporales con el objeto de analizar la tramitación de una solicitud de residencia temporal (…)”.

Sin embargo, reprocha que la resolución es contraria a derecho puesto que no corresponde a la realidad del recurrente, quien ha realizado actividades remuneradas desde que ingresó a Chile.

Asimismo, cuestiona que el Servicio tampoco le solicitó mayores antecedentes conforme lo permite el artículo 31 de la Ley N°19.880, pues de haberlo hecho, señala la recurrente hubiese remitido contratos de trabajos celebrados, certificado de cotizaciones histórico y otros documentos ad-hoc para acreditar solvencia económica en el periodo consignado.

Luego, señala que del certificado de cotizaciones AFP MODELO acompañado, se colige que las cotizaciones pagadas, que corresponden a un 10% del sueldo bruto, coincide con el sueldo mínimo contemporáneo a la fecha de pago. En términos numéricos, el sueldo mínimo en junio de 2024 alcanzaba los $460.000, correspondiendo con la cotización pagada en esa fecha (46.000). Por otro lado, el sueldo mínimo durante lo que restó del año 2024 ascendió a $500.000, correspondiente con las cotizaciones pagadas en esa data (50.000). Continuando con la metodología, desde enero del presente año 2025, el sueldo mínimo asciende a $ 510.636, correspondiente la cotización pagada en esa fecha (51.064).

Asimismo, señala que con fecha 25 de junio de 2025 la recurrente logró un aumento salarial, como consta en anexo de contrato de trabajo suscrito ante notario que da cuenta que el sueldo bruto asciende a $650.000, excediendo con creces el sueldo mínimo prescrito en artículo 65 N°1.

En consecuencia, afirma que la resolución es ilegal y arbitraria, por cuanto no se corresponde a la realidad de la recurrente.

Además, señala que vulnera su derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política, toda vez que el Servicio Nacional de Migraciones ha dado un trato desigual a la recurrente en comparación a otros interesados en iguales circunstancias.

Por lo anterior, solicita acoger la acción interpuesta, y ordenar a la recurrida que acoja a trámite la solicitud de residencia definitiva de la recurrente, con costas.

SEGUNDO: Que, a folio 4 compareció la recurrida SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, solicitando el rechazo de la acción.

Señala que, previamente, el 07 de octubre de 2020 la recurrente postuló a una residencia definitiva, la que fue rechazada el 19 de mayo de 2023, otorgándose en su lugar una residencia temporal por dos años, con vigencia desde el 19 de mayo de 2023 hasta el 19 de mayo de 2025.

Luego, el 18 de abril de 2025 presentó una nueva solicitud de residencia definitiva. Sin embargo, por resolución de 23 de mayo de 2025, dicha solicitud no fue acogida a trámite, en virtud de lo dispuesto en el artículo 65, numerales 1 y 2 del Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería, debido a lo siguiente: 1° Insuficiencia de medios de vida que permitan la subsistencia del interesado y su grupo familiar, según los indicadores establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 2° Falta de estabilidad laboral durante el periodo de residencia, entendida como la realización de una actividad económica lícita, ya sea de forma dependiente o independiente, que permita acreditar ingresos al menos durante la mitad de los meses de residencia temporal en el país.

Respecto al numeral 2, se establece que el interesado deberá acreditar ingresos durante, al menos, 12 meses dentro del periodo comprendido entre el 19 de mayo de 2023 y el 19 de mayo de 2025.

Sin embargo, conforme al certificado de cotizaciones de AFP presentado por la recurrente, se acredita que, entre abril de 2023 y abril de 2025, solo registra 9 meses de cotizaciones. Agrega que esta información es claramente visible en el documento acompañado en la solicitud.

Por otra parte, señala que la recurrente acompañó un contrato de trabajo, en el cual se indica que presta servicios desde el 1 de junio de 2024. No obstante, dicho contrato fue firmado ante notario el 11 de abril de 2025, lo que no permite verificar con certeza que efectivamente la relación laboral haya comenzado en junio de 2024. Incluso considerando tal fecha como válida, el periodo que se podría acreditar como trabajado va desde junio de 2024 hasta mayo de 2025, es decir, solo 11 meses, insuficientes para cumplir con el requisito exigido de 12 meses.

En consecuencia, señala que atendido que el artículo 65 del Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería establece de manera imperativa los requisitos para la tramitación de la residencia definitiva, la decisión adoptada por el Servicio no es ilegal ni arbitraria, ya que se ajusta estrictamente a la normativa vigente.

Por último, señala que, con el fin de evitar la imposición de una medida de abandono, el Servicio ha remitido de oficio los antecedentes al Departamento de Residencias Temporales, a fin de gestionar una eventual nueva residencia temporal a favor de la recurrente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la decisión de no acoger a trámite la solicitud de residencia definitiva presentada, lo cual califica la parte recurrente de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se ordene al recurrido acoger a trámite su solicitud.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe tener presente que el artículo 65 del Decreto N°296 del Ministerio del Interior, que aprueba el Reglamento de la Ley N°21.325, señala en su numeral 1 lo siguiente: ”Sin perjuicio de los requisitos que establezca el decreto supremo que fije las subcategorías migratorias de residencia temporal, los residentes temporales titulares, para postular a la residencia definitiva, deberán haber residido en el país en tal calidad al menos por veinticuatro meses.

Para postular a la residencia definitiva se necesitará un periodo de residencia mayor al referido en el inciso precedente, en mérito de los antecedentes personales del interesado, en los siguientes casos:

1.- Insuficiencia de medios de vida que permitan la subsistencia del interesado y la de su grupo familiar, según los indicadores estimados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, entendida como la situación de aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores al mínimo establecido para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros.

El Servicio deberá procurar la realización de las acciones de coordinación necesarias para contar de manera oportuna con la información actualizada referida a esta materia, la cual será divulgada mediante los canales de comunicación del Servicio.

Si al momento de la solicitud, los ingresos del interesado no superan el estándar mínimo antes señalado, para postular se deberá acreditar una residencia en el país de al menos treinta y seis meses”.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo con lo señalado por el Servicio Nacional de Migraciones al informar, la razón de no acoger a trámite la solicitud de residencia definitiva de la actora, radica en que no acreditó contar con suficientes medios de subsistencia ni con estabilidad laboral, por el hecho de no demostrar al menos 12 meses de ingresos dentro del periodo comprendido entre el 19 de mayo de 2023 y el 19 de mayo de 2025.

OCTAVO: Que, para la resolución del asunto, conviene precisar que, si bien la resolución ha sido dictada por autoridad competente y en ejercicio de sus facultades legales, se advierte que la justificación entregada por la autoridad migratoria en la resolución impugnada no resulta efectiva, lo que la vuelve en arbitraria, al aparecer desprovista de sustrato fáctico real.

En efecto, según se advierte de los antecedentes acompañados por la actora a su libelo, en particular, su certificado de cotizaciones previsionales emitido por AFP Modelo, el mismo da cuenta que la solicitante sí cuenta con 12 meses de ingresos entre mayo de 2023 y mismo mes de 2025, desvirtuando así lo sostenido por la autoridad en su resolución.

NOVENO: Que, por otra parte, si bien consta que el contrato de trabajo acompañado, fue autorizado ante notario recién el 11 de abril de 2025, en circunstancias que se señala como fecha de celebración del mismo el 01 de junio de 2024 (elemento que el Servicio consideró para restarle valor a su vigencia), al cotejar ese instrumento con su certificado de cotizaciones previsionales, se advierte que efectivamente registra cotizaciones del mismo empleador a partir de junio de 2024, lo que permite asentar la estabilidad laboral no considerada por la recurrida. En este punto, resulta oportuno recordar que la relación laboral es de carácter eminentemente consensual, siendo su escrituración únicamente una formalidad probatoria que se impone al empleador respectivo, mas no al trabajador, de forma tal que resulta plausible acreditar estabilidad laboral en virtud de otros documentos que sean concernientes al vínculo con el empleador.

DÉCIMO: Que, concordante con lo razonado en forma precedente, se concluye que la resolución impugnada resulta arbitraria, vulnerando el derecho a la igualdad ante la ley de la recurrente, con respecto al trato otorgado a otros solicitantes de residencia que en circunstancias equivalentes han podido dar tramitación a sus solicitudes de residencia, lo que necesariamente lleva a acoger la acción.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de doña nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se deja sin efecto la resolución que no acogió a trámite la solicitud de residencia de la parte recurrente y, en su lugar, se dispone que el Servicio recurrido deberá realizar un nuevo análisis de los antecedentes acompañados a la solicitud y dictar la resolución que en derecho corresponda.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1102-2025 (Protección).