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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 1100-202628 ago 2026

nombre reservado con I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO

Fecha
28 de agosto de 2026
Corte
Corte de Apelaciones de La Serena
Sala
Primera Sala
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 1100-2026, sentencia de 28 de agosto de 2026

Resumen

Se acoge el recurso y se anula la vacancia por salud incompatible: faltó el presupuesto del artículo 148 de la Ley N°18.883, pues la COMPIN estimó recuperable el estado de salud. Se ordena reincorporar y pagar remuneraciones.

Texto íntegro

nombre reservado

I.Municipalidad de Coquimbo Recurso de protección Rol N°1100-2026.

La Serena, veintiocho de agosto de dos mil veintiséis Vistos y considerando:

Primero: Que comparece María José Lira Marti, abogada, en representación de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Municipalidad de Coquimbo, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el Decreto Exento N°1274, de 12 de junio de 2026, notificado el 16 del mismo mes, que declaró la vacancia de su cargo, por salud incompatible con el desempeño de sus funciones.

Señala que prestó servicios para la Municipalidad desde el año 2008 y que, desde 2019, integra la planta municipal como técnico en enfermería de nivel superior (TENS). Asimismo, indica que entre los años 2024 y 2025 hizo uso de licencias médicas debido a un cuadro depresivo derivado de la enfermedad de su hija y, posteriormente, por una lesión en su rodilla, logrando reintegrarse a sus funciones el 02 de noviembre de 2025, desempeñándolas normalmente durante aproximadamente siete meses.

Agrega que, pese a que la COMPIN, mediante resolución de 18 de mayo de 2026, concluyó que su estado de salud era recuperable, la Municipalidad igualmente declaró la vacancia de su cargo.

Sostiene que el acto impugnado carece de una debida fundamentación, desconoce el informe técnico de la COMPIN, vulnerando las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2, N°3 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Finalmente, solicita dejar sin efecto el decreto, ordenar su reincorporación y el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales dejadas de percibir, con costas.

Segundo: Que, al evacuar informe, la Municipalidad de Coquimbo solicita el rechazo del recurso.

Indica que la recurrente fue nombrada funcionaria de planta en el año 2020 y posteriormente ascendida al grado 13, desempeñándose como TENS en Departamento de Prevención de Riesgos, dependiente de la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Coquimbo.

Señala que, tras una revisión efectuada por la Dirección de Recursos Humanos, se constató que registraba 224 días de licencias médicas dentro de los últimos dos años, razón por la cual se requirió a la COMPIN la evaluación de su estado de salud.

Indica que, aun cuando dicho organismo calificó su salud como recuperable, ello no impedía al alcalde ejercer la facultad prevista en el artículo 148 de la Ley N°18.883, por cuanto la declaración de vacancia se funda en el uso de licencias médicas por un período superior a seis meses dentro de los últimos dos años.

Añade que la decisión fue adoptada conforme a derecho, debidamente motivada y orientada a resguardar la continuidad y eficiencia del servicio, sin vulnerar las garantías constitucionales invocadas por la recurrente Finalmente, solicita el rechazo íntegro de la acción, con costas.

Final del formulario Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

De lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Cuarto: Que, valorados los antecedentes incorporados conforme a las normas de la sana crítica, es posible tener por establecido los siguientes supuestos fácticos:

a.- Que doña nombre reservado, fue nombrada, en calidad de titular, mediante Decreto Exento N° 3146 de 31 de diciembre de 2019, suscrito por don nombre reservado, Alcalde (S) de Coquimbo, grado 15 de la E.U.S.M., como técnico Enfermería e Instrumentación Quirúrgica, cargo que ejerció hasta 25 de abril de 2020, oportunidad que fue ascendida a grado 13° del Escalafón Técnico E.U.S.M.

b.- Que doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado desde el 14 de enero de 2025 al 26 de septiembre de 2024, esto es, por un total de 224 días permaneció con reposo médico por enfermedad o accidente no del trabajo, otorgándosele licencias médicas, las que fueron debidamente aprobadas.

c.- Que el 19 de marzo de 2026, el municipio de Coquimbo, solicitó a la Comisión de Médica Preventiva e Invalidez de esta región, conforme el artículo 148 de la Ley N° 18.883, la evaluación de la recurrente respecto a la condición de salud incompatible y/o irrecuperable de su salud, por un total de 224 días hasta el 30 de septiembre de 2024.

d.- Que el 12 de junio de 2026, mediante Decreto Exento N° 1274 suscrito por don nombre reservado, se declaró la salud incompatible con el desempeño del cargo que detenta doña nombre reservado, el cese en el cargo y la vacancia de este por salud incompatible, el que fue notificado el 15 de junio de este año.

e.- Que el 24 de junio de 2026, mediante OFICIO CP N°15164 / 2026, la Presidenta (S) de la Comisión Medica Preventiva e Invalidez de esta región, remitió a la Municipalidad de Coquimbo resoluciones de trámite de salud irrecuperable, ejecutoriadas el 22 de junio de 2026, de doña nombre reservado.

En este sentido, sin perjuicio que las partes no han controvertido tanto la fecha del nombramiento ni el cargo que servía la recurrente al tiempo de pronunciarse el acto administrativo que se cuestiona por esta vía, también fueron aparejados los decretos que dan cuenta del nombramiento de la aquella en los cargos que se mencionaron ut supra.

Tampoco resultó un hecho cuestionado, el que por lo demás también fue aparejado, que el 12 de junio fue dictado el decreto exento cuestionado, menos aun que el mismo fuese notificado tres días más tarde, porque junto con aparejarse este también lo fue el acta de entrega de documentos en el que aparece el número de cédula de identidad de la recurrente, agregándose una frase mano alzada, dejándose constancia de la negativa de esta de recibir el instrumento señalado.

Quinto: Que según lo dispone el artículo 148 de la Ley 18.883 que Aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, dispone que “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

Corresponde entonces determinar si en el uso de la facultad que la ley entrega al Alcalde aquella fue utilizada de forma igual o arbitraria como lo denuncia la recurrente.

Sexto: Que, sobre la aplicación de tal preceptiva se ha pronunciado la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, indicando que es posible distinguir “(…) entre la declaración de vacancia por salud irrecuperable de aquella dispuesta por salud incompatible con el desempeño del cargo, más allá de las diferencias semánticas entre lo irrecuperable (lo que no se puede recuperar) y lo incompatible (lo que no puede estar, funcionar o coexistir sin impedimento de otra cosa).

En efecto, según los textos citados, la declaración de vacancia por salud irrecuperable sólo puede fundamentarse en un antecedente médico que así lo establezca, emitido por las autoridades técnicas establecidas al efecto y que, eventualmente, habilita al funcionario para solicitar su jubilación anticipada por invalidez. Ello permite que, excepcionalmente, una vez notificada la declaración del irrecuperabilidad, se pague al funcionario sus remuneraciones durante seis meses, sin necesidad de presentar licencia médica ni de desempeñar sus funciones, lapso tras el cual se procederá a declarar la vacancia del cargo, salvo retiro o jubilación anticipada del funcionario.

En cambio, la declaración de vacancia por salud incompatible con el desempeño del cargo no otorga ninguno de esos beneficios pues, como expresan los textos legales citados, ella se dispone “sin mediar declaración de salud irrecuperable” o, lo que es lo mismo, cuando la autoridad técnica establece que su salud es recuperable. Aquí, la incompatibilidad con el desempeño del cargo se traduce en el hecho de que, salvo excepciones legales como el diagnóstico de cáncer y la protección de la maternidad, cualquiera sea la enfermedad que padezca el funcionario, y a pesar de ser recuperable, su condición médica resulta incompatible con el desempeño de la función pública, al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un lapso de dos años.

Quinto: Que a lo dicho anteriormente no se opone, a la reforma operada por la Ley N° 21.050, de 2017, que otorgó el reajuste de remuneraciones, entregó otros beneficios a los empleados públicos y modificó diversos cuerpos legales, entre otros, los artículos 151 y 148 del Estatuto Administrativo y del Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, respectivamente, agregando sus actuales incisos finales, ni la operada en el Estatuto Docente por la Ley N° 21.093, de 2018, que replicó para esa clase de profesionales lo dispuesto en la normativa general antes citada. Ello por cuanto, en primer término, los legisladores no modificaron —pudiendo hacerlo— el inciso primero de dichos artículos, que establece, en su literalidad, la facultad de declarar la vacancia del cargo por salud incompatible con su desempeño, “sin mediar declaración de irrecuperabilidad”.

En segundo término, dichas reformas profundizaron en la necesidad de un examen técnico previo que permitiera distinguir, por sus diferentes efectos ya señalados, entre el caso de una salud irrecuperable y el de la recuperable, pero incompatible —objetivamente— para el desempeño de un cargo público.

Y, en tercer lugar, porque al estudiarse la historia de la Ley N° 21.050, nada de lo que allí se expresa hace referencia a la causal de vacancia por salud incompatible con el desempeño en el cargo, causal que no es mencionada ni una sola vez en la discusión parlamentaria, sino que ella se refiere, en cambio, a la necesidad de exigir un informe técnico para declarar la vacancia en el cargo por salud irrecuperable, como se expresa en su Mensaje: “La presente iniciativa legal modifica el Estatuto Administrativo de la ley N° 18.834 y el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales de la ley 7 N° 18.883, estableciendo que los jefes superiores de servicio y los Alcaldes deberán requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo, para poder declarar la vacancia del mismo”. Sentencia de 27 de noviembre de 2025. Rol Nº 4.348-2025.

Séptimo: Que, ahora bien, uno de los argumentos desplegados por la recurrente en su arbitrio, consiste en que la administración incurrió en un error al calcular el tiempo en que estuvo con reposo médico derivado de la emisión de una licencia médica, puesto que el plazo de dos años contados hacia atrás, quedó fijado en el momento en que la autoridad municipal requirió a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la declaración a la que alude el artículo 148 de la Ley 18.883, lo que logra advertirse del listado maestro de licencias médicas aparejado por el municipio recurrido, donde se constata que aun cuando el requerimiento fue realizado el 19 de marzo de 2026 se computaron periodos de tiempo anteriores a esa fecha. Sin embargo, calculando desde ese momento igualmente el término de 180 días a que se refiere la disposición aludida se encontraba en exceso cumplido, tal como se advierte de la petición contenida en el folio 12 numeral 4, por lo que en ese extremo tal alegación será desestimada.

Octavo: Que, enseguida, según tal como se consignó en el fundamento cuarto de esta sentencia, la decisión alcaldicia se encuentra contenida en el Decreto Exento N° 1274 que declaró la vacancia de cargo a planta por salud incompatible de la funcionaria doña nombre reservado, de los fundamentos 14 y 15 de la resolución aludida se advierten las siguientes consideraciones:

“14. Que, por aquel motivo mediante Oficio N° 1753, de fecha 19 de marzo de 2026, esta entidad edilicia solicitó la evaluación de salud irrecuperable de la funcionaria doña nombre reservado a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, quien a la fecha del requerimiento acumulaba más de 6 meses de ausencias derivadas de licencias médicas por enfermedad común o no del trabajo, cuyo detalle se encuentra en el considerando anterior.

15. Que mediante resolución de Evaluación folio N° 20507130, de fecha 29 de mayo de 2026, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, declara que la funcionaria doña nombre reservado, presenta actualmente un estado de salud recuperable”.

Así lo que puede inferirse de esa narrativa es que, en forma previa a la emisión del acto administrativo cuestionado, el municipio recurrido tuvo en su poder la resolución a la que alude su fundamento 15, esto es, la resolución de evaluación de 29 de mayo de 2026. Empero dicha circunstancia resulta contradictoria con todos los antecedentes aparejados en esta instancia. En efecto, según consta del OFICIO CP N°15164/2026 de 24 de junio de 2026, aparejado por el municipio a folio 12 numeral 5, mismo que tiene como antecedente “RESOLUCIONES POR TRAMITE DE SALUD IRRECUPERABLE EJECUTORIADO LEY 19880” y cuya materia es “ENVIO DE RESOLUCIONES DE TRAMITE DE SALUD IRRECUPERABLE EJECUTORIADAS CON FECHA 22 DE JUNIO 2026”, doña nombre reservado, Presidente (S) COMPIN Región de Coquimbo envía a la Municipalidad de Coquimbo “(…) las resoluciones ejecutoriadas con fecha 22 de Junio de 2026, con el fin de dar por finalizado el proceso de solicitud de evaluación del trámite de salud irrecuperable, correspondiente a funcionarios públicos de su institución, según el siguiente detalle:” para luego individualizar a la recurrente, su cédula de identidad, un ID N° 33963651, y resolución de recuperable, sin que conste de ellas su contenido ni menos aun el acto administrativo como tal, describiéndose exclusivamente su remisión y la fecha en que la misma quedó ejecutoriada.

De dicho antecedente, solo es posible inferir que la conclusión a la que arriba el organismo especializado debidamente ejecutoriado, lo fue con una fecha posterior a la emisión de la resolución cuestionada. En efecto del documento antes singularizado solo se individualiza con un número ID, en donde se consignan datos de individualización de la recurrente, como su nombre completo y número de su cédula de identidad, con la indicación expresa que la resolución, de la que desconocemos su contenido, quedó ejecutoriada el 22 de junio de 2026, según el mismo instrumento lo reseña, en tanto el decreto cuestionado fue emitido 10 días antes de este, esto es, el 12 de junio del mismo año, sin que conste de los antecedentes aparejados la resolución de recuperabilidad que se enuncia en los fundamentos de la resolución cuestionada, con lo que no puede afirmarse que se haya cumplido con las exigencias descritas en la preceptiva atinente y menos aun con lo argumentado por al Excma. Corte Suprema.

Noveno: Que como lo ha sostenido esta Corte en otras tantas oportunidades la exigencia de motivación de los actos administrativos “(…) se satisface mediante una exposición clara y completa de los motivos del acto administrativo de que se trata, lo que importa un examen riguroso de las razones que lo sustentan y un análisis concreto de sus fundamentos. Además, la motivación debe incluir una relación circunstanciada de los fundamentos de la decisión indispensables para evaluar su razonabilidad y proporcionalidad” (Corte Suprema Roles Nos 3598-2017 y 20.783-2018).

Entonces el Decreto cuestionado carece de la debida fundamentación, puesto que no resulta posible controlar su razonabilidad y proporcionalidad, toda vez que la remisión a otros actos administrativos o actuaciones que no se encuentran debidamente ejecutoriadas, tomando en consideración las consecuencia de dicha conclusión, y que según el mismo instrumento consigna en los fundamentos quinto a noveno, lo utilizan como antecedente para arribar a la decisión de declarar la salud incompatible y la vacancia del cargo de la recurrente, constituye un argumento aparente en tanto “(…) Es sabido que para la validez jurídica de un acto administrativo -y muy en especial de un acto-sanción, dados los principios de legalidad y tipicidad que intrínsecamente lo rigen- se requiere, entre otros requisitos, la existencia del hecho/motivo que la ley configura como "habilitante" para que el órgano competente actúe, satisfaciendo la necesidad pública que tal hecho comporta; de allí que tal hecho sea el "motivo", fundamento, o razón, que induce a obrar, que mueve a actuar al órgano publico. Sin ese hecho, no se estimula jurídicamente la potestad que ha sido atribuida a dicho órgano, porque éste existe y actúa para resolver o satisfacer "necesidades públicas", esto es, aquellas que el legislador estima necesario o conveniente que sean resueltas o satisfechas por un órgano estatal.

Ese hecho (motivo o fundamento) es lo que mueve a obrar a la Administración, y su satisfacción o resolución -ya que es una necesidad pública- es el fin por el cual y para el cual ella actúa, y es la razón o justificación por la cual le han sido atribuidas determinadas potestades públicas.” nombre reservado. Eduardo. La fundamentación del acto administrativo y el vicio por inexistencia de los hechos. Un recuento jurisprudencial. Revista ACTUALIDAD JURIDICA N° 3 - enero 2001 Universidad del Desarrollo.

Décimo: Que, entonces, fluye la ilegalidad y arbitrariedad de la actuación de la recurrida, puesto que se declaró terminado el vínculo estatutario sin cumplir con el presupuesto legal del artículo 148 de la Ley N° 18.883, todo lo cual se traduce en una vulneración de los derechos fundamentales de la recurrente, contemplados en los numerales 2 y 24 artículo 19 de la Constitución Política de la República, razones que autorizan acoger el recurso intentado.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por doña María José Lira Marti, abogada, por de doña nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Coquimbo representada por su alcalde don Alí Manouchehri Moghadam Kashan Lobos; y, en consecuencia, se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N°1.274 del 12 de junio del año en curso, disponiéndose la reincorporación de nombre reservado de la Vega a sus funciones y el pago de sus remuneraciones del tiempo que duró la separación.

Comuníquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministra doña Marcela Sandoval Durán.

Rol N°1100-2026 (Protección).-