Protección contra HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA SERENA

nombre reservado

Hospital San Juan de Dios Peni de La Serena Recurso de protección Rol Nº11-2026 La Serena, doce de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece el abogado David Castro Cortés, en representación convencional de don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, deduciendo recurso de protección en contra del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA SERENA, representado por su Director don nombre reservado

nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal que vulnera las garantías constitucionales del recurrente consagradas en el artículo 19 números 2 y 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República.

Expone que, mediante resolución exenta N°18.484 de 24 de septiembre de 2024 se instruyó un sumario administrativo en contra de don nombre reservado, con la finalidad de investigar los hechos denunciados en causa Rit F-1057-2024 del Juzgado de Familia de La Serena. Señala que, la causa mencionada se inició por denuncia de doña nombre reservado en contra del recurrente, ambos funcionarios del Hospital de La Serena, quienes habrían mantenido una relación amorosa durante dos años. Indica que, el 2 de septiembre de 2024 se decreta en la causa de violencia intrafamiliar la suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Refiere que, las condiciones para la suspensión decretada eran de exclusiva responsabilidad de las partes, en cuanto realizar las gestiones pertinentes con su empleador para hacer efectivo el acuerdo de distanciamiento en el lugar de trabajo, sin embargo por razones que son materia de un sumario administrativo, la funcionaria nombre reservado, testigo de la denunciante y su amiga íntima, sin autorización, ni competencia remitió la sentencia de la causa de violencia intrafamiliar al personal de recursos humanos del Servicio de Salud y a otros funcionarios.

Señala que el Servicio de Salud y el Hospital de La Serena, tomaron conocimiento de la suspensión condicional de la sentencia en sede familia por la filtración de doña nombre reservado, sin autorización del afectado, que, en definitiva, era el encargado de gestionar la ejecución del acuerdo.

Indica que, el 20 de diciembre de 2024 la Fiscala a cargo de la investigación del sumario formuló un cargo en contra del recurrente por el trato descortés con doña nombre reservado el 4 de julio de 2024, lo que constituiría una infracción grave de sus obligaciones funcionarias consagrada en los artículos 61 letra c) del D.F.L. N°29, que fija el texto de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo.

Refiere que, se sustanció el procedimiento administrativo, realizando descargos el recurrente, y ofreció y rindió su prueba. Así el 1 de abril de 2025 la Fiscala del sumario propuso sobreseer a don nombre reservado por no haberse acreditado su responsabilidad funcionaria.

Relata que, mediante resolución N°2025-NUM000 de 23 de octubre de 2025 el director del Hospital ordenó reabrir el sumario administrativo, nombrando a una nueva Fiscala, doña Mary Villalobos Briceño. Añade que, la causa en sede familia fue archivada por haber cumplido las condiciones de la suspensión de la dictación de la sentencia. Señala que, la nueva Fiscala procedió el 5 de diciembre de 2025 a formular dos cargos, y el 22 de diciembre de 2025 el actor presentó sus descargos.

Afirma que, la acción de protección es la vía jurídica idónea para controlar judicialmente el adecuado ejercicio de las facultades disciplinarias, especialmente, cuando por su intermedio se materializan acciones u omisiones ilegales y arbitrarias que afectan gravemente garantías constitucionales como en la especie se verifica, con la reformulación ilegal de cargos en un proceso disciplinario que ha excedido los plazos legales, lo cual señala ser vulneratorio de sus garantías constitucionales y el debido proceso.

Sobre la conculcación de garantías constitucionales, se refiere en primer término a la igualdad ante la ley, señala encontrarse infringida al ser parte de un procedimiento disciplinario que ha pasado por todas sus etapas, y al momento de su cierre, se ha ordenado la reapertura y reformulación sin existir hechos nuevos respecto del primer cargo que se le había reformulado, lo que ha generado un trato arbitrario en su desmedro, respecto de otros funcionarios públicos que involucrados en procedimientos disciplinarios han recibido un trato conforme a derecho con respeto irrestricto a las normas que rigen los sumarios administrativos, especialmente, en lo que dice relación con los plazos de sustanciación. En cuanto al debido proceso, refiere haber sido vulnerado pues existe abuso de poder por la recurrida, pues se han incorporado facultades a la fiscala que la ley no ha reconocido, como es la reformulación de cargos.

Expone, que la reformulación de cargos, vulnera el debido proceso y la igualdad ante la ley, y el derecho a una legítima defensa, toda vez que terminado el período probatorio que se abrió con ocasión de las primitivas imputaciones, y efectuados los descargos correspondientes, no es posible modificar la primitiva imputación sin afectar la regla de procedimiento que establece el artículo 139 del Estatuto Administrativo, a lo que se suma, que en la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo no se regula la posibilidad de reformular cargos alegando falta de precisión de los primeros, ya que expresada la voluntad de la Fiscala sumariante deben aplicarse las reglas del artículo 140, del citado Estatuto Administrativo. Agrega que llama la atención, que la fiscala vuelva a interrogar a la denunciante y a los testigos, lo cual sólo sería factible si existe un vicio de nulidad, lo cual señala no ser el caso. Alega que, la fiscala a cargo de la reapertura del sumario, agregó un segundo cargo que no tiene ningún tipo de relación con los hechos que dieron origen al sumario.

Refiere que, la reapertura del sumario administrativo es absolutamente arbitrario e ilegal, la modificación de los cargos y agregar un cargo que no tiene relación con los hechos a investigar, significan una grave vulneración a las garantías constitucionales de su representado, especialmente a la garantía de un debido proceso.

Concluye solicitando que, se acoja el recurso, y se ordene dejar sin efecto la reformulación de cargos, por infringir los artículos 139 y 140 del Estatuto Administrativo, debiendo remitirse los antecedentes a la autoridad administrativa para su resolución, con condena en costas.

Acompaña a su recurso copia del expediente disciplinario sumario administrativo N°18.484 de 24 de octubre de 2025 y Mandato Judicial de 27 de noviembre del 2024.

SEGUNDO: Que, a folio 8, evacua informe el abogado Liam Camus Quelopana en representación del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA SERENA.

Expone que, la Resolución Exenta N°NUM000 de 23 de octubre de 2025 del Hospital San Juan de Dios de La Serena que ordena la reapertura del procedimiento disciplinario no es antojadiza ni caprichosa, sino que se encuentra debidamente motivada en sus considerandos, los cuales dan cuenta de vicios relevantes en la tramitación del sumario original, particularmente en la etapa indagatoria y en la rendición de la prueba testimonial. Señala que, en el expediente sumarial se advirtieron defectos formales graves, tales como declaraciones manuscritas ilegibles, ausencia de firmas de declarantes, fiscal y actuario, así como la falta de indagación respecto de hechos de especial gravedad consignados en las propias declaraciones, circunstancias que comprometen la validez del procedimiento y la eficacia de la investigación administrativa. Por lo anterior, es que el Hospital de La Serena, en ejercicio de sus facultades legales, dispuso la reapertura del sumario con el objeto de retrotraer el procedimiento a una etapa que permita una investigación completa, racional y jurídicamente válida, conforme a la Ley N°18.834, lo cual fue debidamente explicitado.

Descarta la ilegalidad denunciada pues la resolución se dicta dentro de la competencia del Director del Hospital, ni arbitrariedad, al encontrarse fundada en razones objetivas, explicitadas y directamente vinculadas a la regularidad del procedimiento.

Destaca que, la resolución recurrida no impone sanción alguna, ni formula una decisión definitiva sobre la responsabilidad administrativa del recurrente, pues solo es un acto de trámite destinado a permitir la correcta prosecución del procedimiento disciplinario, sin alterar el estatuto jurídico del funcionario ni anticipar un resultado sancionatorio. Indica que, la jurisprudencia constante ha señalado que los actos intermedios de un procedimiento administrativo disciplinario, especialmente aquellos que buscan corregir vicios o asegurar su regularidad, no constituyen por sí mismos una afectación actual de garantías constitucionales, toda vez que no producen un agravio concreto e irreparable.

Indica que, el sumario administrativo aún no ha concluido, encontrándose en una etapa en que el recurrente puede ejercer plenamente sus derechos, formular descargos, rendir prueba y efectuar todas las alegaciones que estime pertinentes, y que, una vez dictada la resolución final que ponga término al procedimiento, el ordenamiento jurídico contempla expresamente mecanismos de impugnación, tales como el recurso de reposición. Arguye que, en este contexto, no se configura una vulneración actual del debido proceso, sino, a lo más, una disconformidad del actor con la forma en que la autoridad administrativa ha decidido conducir la investigación, cuestión que no puede ser corregida por la vía cautelar y excepcional del recurso de protección.

Refiere que, la acción de protección no constituye una instancia revisora del mérito, oportunidad o conveniencia de las decisiones administrativas, ni un mecanismo para interferir en procedimientos disciplinarios en curso, y que, en el presente caso, no existe acto terminal, no hay sanción aplicada ni perjuicio irreparable y el actor cuenta con mecanismos legales suficientes para cuestionar lo obrado dentro del propio procedimiento administrativo, por tanto la acción de protección sería improcedente.

Concluye solicitando tener por evacuado informe y rechazar el recurso.

Acompaña a su informe Resolución Exenta N°NUM000 de 23 de octubre de 2025 del Hospital San Juan de Dios de La Serena.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, conforme se desprende de las alegaciones vertidas por el recurrente en su arbitrio lo pretendido es cuestionar el mérito del proceso administrativo llevado en su contra, en tanto la recurrida ha extralimitado sus funciones al reabrir un sumario en su contra y reformular los cargos por la Fiscala que lleva a cabo la investigación, lo cual señala no estar contemplado en la Ley N°18.834, por lo que constituye en una vulneración a la igualdad ante la ley y el debido proceso.

A su turno, la recurrida señala que la reapertura del sumario dice relación con diligencias defectuosas realizadas por la anterior fiscala, existiendo vicios del procedimiento que hicieron necesario realizar una nueva etapa indagatoria, con el fin de desarrollar una investigación completa y ordenada, procurando mantener la validez del proceso. Añade que la investigación se encuentra en curso, y no ha sido dictada resolución que imponga sanción o absuelva al recurrente.

SEXTO: Que el libelo identifica como conductas a corregir por esta vía la reapertura del sumario y la posterior formulación de cargos en contra del actor, ocurridos los días 23 de octubre y 5 de diciembre, ambos de 2025.

En relación con el primero, considerando que el recurso fue intentado el 4 de enero en curso, su extemporaneidad es evidente a ese respecto, pues lo hizo habiendo transcurrido latamente los 30 días fijados por el Auto Acordado del máximo tribunal.

Luego, en lo que dice relación con el segundo de los eventos, aquel no constituye un acto terminal sino uno de los denominados “actos trámite o intermedios”, esto es, forma parte de un procedimiento administrativo, los que están encaminados a la sustanciación de este, y que buscan preparar la decisión final de la autoridad, la que aún se encuentra pendiente, faltando, por tanto, aquel acto que contenga la decisión final del conflicto.

Así, acorde a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N°19.880, si bien por regla general todo acto administrativo es impugnable por el interesado mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquico y demás que establezcan las leyes especiales, aquellos de mero trámite son impugnables sólo cuando determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión, cuyo no es el caso, desde que el propio artículo 140 del Estatuto Administrativo establece que “No obstante, la autoridad correspondiente podrá ordenar la realización de nuevas diligencias o la corrección de vicios de procedimiento, fijando un plazo para tales efectos. Si de las diligencias ordenadas resultaren nuevos cargos, se notificarán sin más trámite al afectado, quien tendrá un plazo de tres días para hacer observaciones.”

De esta forma, el acto no sólo está amparado por la ley, sino que no constituye un acto terminal, irrecurrible por esta vía constitucional.

Tal conclusión se encuentra en sintonía con lo que de manera invariable ha sostenido la Excma. Corte Suprema en cuanto que tratándose de actos trámite y no del acto terminal del procedimiento administrativo, sólo de manera excepcional pueden ser objeto de conocimiento a través del recurso de protección, “no resulta procedente ejercer la acción constitucional de protección, cuando lo pretendido es la impugnación de actos intermedios que forman parte de un procedimiento complejo, como lo es un sumario administrativo.” (Rol N°34.867-2022, Rol 15.092-2024).

Por todo lo anterior, el recurso no podrá prosperar.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del Hospital de La Serena.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°11-2026 (Protección).