nombre reservado con MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE VIALIDAD

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Ilustre Municipalidad de Combarbalá y Otro Recurso de Protección Rol N° 11-2020.- La Serena, dieciocho de mayo de dos mil veinte.

VISTOS:

PRIMERO: Que, comparece doña Karina Andrea Ramírez Vásquez, abogado, en representación de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección a favor de su representada y en contra de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá, representada legalmente por su Alcalde don Pedro Miguel Ángel Castillo nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en contra del Ministerio de Obras Públicas, Dirección Regional de Vialidad de la Región de Coquimbo, representada por su Director Regional don Óscar Mauricio Vilches Estay, ambos domiciliados en domicilio reservado, y en contra de quienes resulten responsables, por el actuar ilegal y arbitrario del inminente ingreso a la propiedad de su representada, por la ejecución de las obras de reconexión de arranque Valle Hermoso-Matancilla, lo que afectaría los derechos constitucionales de su representada, consagrados en los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Comienza indicando que su representada es propietaria del inmueble ubicado en domicilio reservado, Comunidad Agrícola nombre reservado Hermoso, Combarbalá, Provincia del Limarí, Región de Coquimbo. Dicho inmueble está compuesto de tres Hijuelas: 35A, 35B y 35C; entre los dos primeros existe un camino público.

Informa que la propiedad se encuentra inscrita a nombre de su representada, a fojas 108 vuelta, número 149 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Combarbalá, correspondiente al año 2001 e individualizada en el Plano n°IV-2-2424-SR del Ministerio de Bienes Nacionales.

Señala que con fecha 13 de diciembre de 2019, la recurrida, Ilte. Municipalidad de Combarbalá, por medio de señalética informó que comenzarán los trabajos del “Proyecto Reconexión de Arranque Valle Hermoso-Matancilla” y que llegaron hasta la propiedad de su representada, trabajadores de una empresa contratada por la recurrida con un camión de carga, un camión tolva y una retroexcavadora, quienes indicaron (a la recurrente y su hija) que el proyecto contemplaba ensanchar el camino público que se sitúa entre las dos Hijuelas de su propiedad.

Refiere que el artículo 26 del D.F.L. N° 850 del Ministerio de Obras Públicas indica que la Municipalidad podrá autorizar instalaciones, evitando siempre el perjuicio innecesario a los predios sirvientes. Sin embargo, manifiesta que con las obras que se están ejecutando se produce un grave perjuicio al predio de su representada, toda vez que no se estaría respetando el ancho designado al domicilio reservado metros.

Afirma que el Oficio Ord. N° S.E.04-1.336 de fecha 8 de noviembre de 2008, emitido por la Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo y el Oficio Ord. N° 2.771 notificado fecha 18 de diciembre de 2019, emitido por el Jefe Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas de la Región de Coquimbo, son contestes en señalar que los límites del camino público son de aproximadamente 4 metros.

Por lo expuesto, sostiene que el camino referido no es compatible con la envergadura de la obra, afectándose así directamente el derecho de propiedad de su representada conjuntamente con su integridad física y síquica.

Asimismo, se refiere al estado de salud de la recurrente y que durante años el municipio recurrido ha realizado actos ilegales y arbitrarios dentro de su propiedad.

Respecto al derecho, señala que el artículo 19 números 1 y 24 de la Constitución Política de la República, protegen el derecho a la integridad física y psíquica y el derecho de propiedad; los cuales, en el caso de autos, debido a la ocupación ilegal por parte del municipio recurrido y de la Dirección de Vialidad, por intromisión al inmueble sin autorización, constituyen una infracción a la norma suprema y a los derechos fundamentales de su representada.

Finaliza, solicitando se acoja el recurso intentado y se disponga: 1.- Que los recurridos se abstengan de entrar a la propiedad; 2.-Suspender la ejecución de las obras y reevaluar su diseño y trayectoria; 3.- Que se retiren todos los materiales y maquinaria del lugar y 4.- Que la Municipalidad retire todo lo ingresado a la propiedad, dejando todo igual a antes de la intervención, con especial condenación en costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos, a saber: 1. Certificado de dominio con vigencia. - 2. Certificados médicos de la doña nombre reservado. 3. Levantamiento de terreno. 4. Set de fotografías. 5. Parte denuncia n°203 de la Comisaría de Ovalle. 6. Carta presentada al Director de Vialidad. 7. Oficio Ord. N° 2.771 del Director Regional de Vialidad. 8. Oficio Ord. N°SE.04-1.336 de la Seremi de Bienes Nacionales.

SEGUNDO: Que, informando el reclamo comparece el abogado don Alejandro Echeverría Jerez, en representación de don nombre reservado, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá, reclamada en estos autos, rechazando de manera enfática lo expresado por la recurrente puesto que no existen trabajos actuales, ni envío de trabajadores por parte del Municipio en propiedad alguna de aquella. Expone que en los hechos lo que ocurre es que la recurrente y su familia, al efecto ocupantes del terreno, se han apropiado de un camino público, a pesar de haberse ordenado por esta misma Ilustrísima Corte su reapertura, (causa Rol 2.096-016, Protección).

Primeramente, señala que el año 2016, la Comunidad Agrícola de la Localidad de “Valle Hermoso”, representada por su presidente señor nombre reservado, interpuso acción de protección en contra de los hijos de la recurrente de autos, en relación al mismo terreno; expresando que con fecha 4 de diciembre de 2016, se produjo el cierre arbitrario del camino público que da acceso a la localidad los recurridos, causa que fue acogida por esta Iltma. Corte, siendo en definitiva conformada dicha sentencia por la Excma. Corte Suprema. Agrega que al negarse los recurridos a cumplir el fallo de la justicia se les apercibió en forma legal con fecha 6 de abril de 2017, aplicándose sanciones, para posteriormente dar cuenta de la apertura del camino, aunque en forma incompleta, es decir, con una anchura muy inferior a la que tenía al momento de ser arbitrariamente cerrado.

Por lo expuesto, señala que el litigio de autos resulta ser de larga data, motivado principalmente por la obstinada intención de la recurrente y su familia de negar el paso de personas y vehículos por dicho camino público, pretendiendo extender el dominio de sus propiedades en forma continua, eliminando en los hechos un camino de eminente uso público. Posteriormente, al no poder llevar a cabo su cometido por decisión de la justicia, dificultan el paso “angostando” dicho camino a fin de evitar sanciones por el incumplimiento.

Con el fin de fundamentar lo anterior, señala que la misma recurrente de autos dedujo acción posesoria en contra de la referida Comunidad Agrícola, en causa Rol C-1.648-2017 del 1° Juzgado Civil de La Serena, informando que dicha querella posesoria fue rechazada con costas y confirmada por esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, mediante el fallo del recurso de apelación correspondiente.

Otro punto relevante al que alude la recurrida, es que ni siquiera es posible discutir la extemporaneidad del recurso interpuesto, ya que si bien es cierto la recurrente esgrime ciertas construcciones antiguas, lo que ya por si solo demuestra su absoluta extemporaneidad, no existió ninguna conducta atribuible al Municipio que permita contabilizar el plazo respectivo.

Respecto a la vulneración del artículo 19, en sus numerales 1 y 24, de nuestra Carta Fundamental, indica que no existe un acto de perturbación o amenaza a ninguna garantía de la recurrente, situación distinta es el falso concepto de la realidad que hace a la recurrente pensar en el mejor de los casos que sufre un real atropello, a pesar de existir sendas sentencias ejecutoriadas y resoluciones administrativas que dicen exactamente lo contrario, es decir, que lejos de existir una amenaza a sus derechos, es la recurrente la que perturba y amenaza el derecho de libre tránsito de los habitantes de la localidad.

Solicita tener por informado el recurso y rechazar en todas sus partes la acción intentada. Acompaña a su presentación los siguientes documentos, a saber: 1. Mandato Judicial. 2.- Copia de sentencia en causa Rol de Protección 2.096-2016, de esta misma Ilustrísima Corte. 3.- Copia de sentencia en procedimiento civil Rol C-1.468-2017 del 1° Juzgado Civil de La Serena. 4.- Copia del Oficio Ord. N°1.941 de fecha 03 de mayo de 2017, emanado de la Dirección de Vialidad.

TERCERO: Que, informando el reclamo comparece don Óscar Mauricio Vilches Estay, Director Regional de Vialidad de Coquimbo, reclamado en estos autos, solicitando el absoluto rechazo del recurso deducido.

Comienza realizando un somero resumen del recurso de protección y las peticiones contenidas en aquél para posteriormente señalar como cuestión previa a la discusión de fondo, la falta de legitimidad pasiva por parte de la Dirección de Vialidad de la Región de Coquimbo.

Refiere que la legislación lo faculta para interponer esta excepción previa y que en el caso de autos, la recurrente, ni en el cuerpo de su recurso, ni en sus peticiones concretas, alega algún tipo de acción u omisión ilegal o arbitraria que haya realizado o dejado de realizar la Dirección que representa; indica que en el recurso sólo se menciona a su representada al referirse al D.F.L. N° 850 del M.O.P., pero que en ninguna parte de aquel se indica la forma en que la Dirección Regional de Vialidad ha conculcado algún derecho de la recurrente.

Respecto al fondo del recurso propiamente tal, informa el recurrido que la Dirección Regional de Vialidad de Coquimbo, no ha realizado, ni tiene programado realizar ningún tipo de trabajo u obra pública en el sector donde se encuentra ubicada la propiedad de la actora. A mayor abundamiento, señala que no existen obras ejecutándose por su representada ni se encuentran en la Programación 2019/2020 de dicho servicio público.

Manifiesta que la Dirección de Vialidad de Coquimbo no tiene relación alguna con el recurso interpuesto. Sólo como Director de servicio, autorizó a la Dirección de Obras Hidráulicas (servicio distinto a la que representa) para intervenir el camino público D-783 con el propósito de realizar la obra de “Mejoramiento Sistema APR Valle Hermoso”.

También expresa que los hechos descritos por la actora no involucran a su representada, por lo que no pudo contrariar o conculcar garantía constitucional alguna de la recurrente.

Finaliza señalando que la Dirección Regional de Vialidad que representa ha actuado dentro de su marco jurídico y con arreglo a la ley, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos, a saber: 1. Copia del Resuelvo (exento) DRV IV N°2162 de fecha 10 de diciembre de 2019, que autoriza a la Dirección de Obras Hidráulicas y 2.- Informe del Jefe Provincial de Vialidad referente al camino D-783.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, en relación a la extemporaneidad alegada por parte de la recurrida Ilustre Municipalidad de Combarbalá para su rechazo se tendrá presente el único antecedente que existe en autos al respecto, es decir, la fecha en que la reclamante señaló tomar conocimiento del acto en que sustenta su acción, es decir, cuando la Municipalidad referida “colocó”(sic) un cartel esto el 13 de Diciembre de 2019, de forma qué el recurso se planteó dentro de los treinta días a que se refiere el artículo 1° del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema.

SEPTIMO: Que, del tenor de los informes evacuados por las recurridas es menester colegir que estas niegan haber efectuado el acto que se les atribuye, circunstancia que por sí sola permite descartar esta acción constitucional pues el objeto de esta es solucionar prontamente situaciones de hecho evidentes, no controvertidas, siendo extraño a la naturaleza de esta acción de protección dilucidar cuestiones de hecho que deben ser materia de prueba, como en la especie, lo que es propio de un juicio de lato conocimiento.

Asimismo, del informe de la Municipalidad recurrida es dable concluir que se discute la propiedad que la reclamante alega respecto del terreno en que señala habrían ocurrido los hechos en que sostiene su recurso lo que resulta incompatible con esta acción de protección que tiene por finalidad restablecer el imperio del derecho quebrantando y para ello se precisa que la existencia de los derechos que se estiman vulnerados no se encuentre controvertida, lo que en la especie sucede como se dijo, de forma que es esta una materia propia de un juicio de lato conocimiento, en que haya amplias oportunidades de accionar, excepcionar, debatir, fundamentar y probar, para todas las partes en conflicto.

OCTAVO: Que, de acuerdo a lo expuesto en considerandos previos, se rechazará el recurso interpuesto.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por la abogada doña Karina Andrea Ramírez Vásquez, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá, en contra del Ministerio de Obras Públicas, Dirección Regional de Vialidad de la Región de Coquimbo y en contra de quienes resulten responsables, con costas.

Redacción de la abogado integrante María José Montesino Bianchi.-.

Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

Rol N° 11-2020 (Recurso de Protección).-.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por el Ministro titular señor Christian Le-Cerf Raby, el Ministro suplente señor Juan Carlos Espinosa Rojas y la abogada integrante señora Maria José Montesino Bianchi. No firman el señor nombre reservado y señora nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por haber cesado en sus sometidos.

En La Serena, a dieciocho de mayo de dos mil veinte, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.