Protección contra Superintendencia De Seguridad Social

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de protección Rol Nº1099-2026 La Serena, dieciocho de agosto de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado y Lillo, abogado, interponiendo acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, ayudante de cocina, con domicilio en domicilio reservado, en contra de la Superintendencia De Seguridad Social (Suseso), persona jurídica de derecho público, representada por doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto ilegal y arbitrario en que dicho servicio público ha incurrido, consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° NUM000, de 28 de mayo de 2026, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s NUM001 y NUM002, extendidas por un total de 30 días a contar del 16 de diciembre de 2025, por reposo no justificado, acto que perturba y amenaza el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 numerales 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente se desempeña como ayudante de cocina y que, a partir del año 2025, comenzó a presentar afecciones en sus manos y columna, siendo diagnosticado con neuropatía inflamatoria del nervio mediano, sugerente de síndrome del túnel carpiano, además de discopatías de la columna cervical. Señala que los exámenes practicados dan cuenta de discopatías regresivas de la columna cervical, hipertrofia cigapofisaria e incipiente espondilouncartrosis, radiculopatías emergentes C4-C5 derecha, C5-C6 y C6-C7 bilateral, además de neuropatía inflamatoria del nervio mediano sugerente de síndrome del túnel carpiano.

Añade que, producto de tales afecciones, presenta dolor cervical persistente, irradiado hacia brazos y manos, limitación de los rangos articulares cervicales y disminución parcial de la fuerza muscular, manteniéndose bajo tratamiento farmacológico y terapéutico, además de haber recibido tratamiento kinésico.

Sin embargo, señala que las licencias médicas N°s NUM001 y NUM002 fueron rechazadas por COMPIN bajo la causal de reposo no justificado, decisión que luego fue confirmada por SUSESO, la cual concluyó que los antecedentes médicos y administrativos evaluados no permitían establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los días de reposo ya autorizados por el mismo cuadro.

Luego, afirma que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario, por cuanto la resolución administrativa desconoce los antecedentes médicos que dan cuenta de sus patologías, tratamiento y limitaciones funcionales, sosteniendo la Superintendencia que no se acreditó tratamiento kinésico, que no existían informes de exámenes imagenológicos ni evaluación o referencia a especialista en traumatología o neurocirugía.

Asimismo, reclama que el organismo recurrido no habría efectuado una revisión completa de los antecedentes médicos del paciente ni adoptado las medidas necesarias para esclarecer su condición antes de rechazar las licencias, poniendo de cargo del propio recurrente la obtención de los antecedentes destinados a justificar el diagnóstico y reposo indicado por su médico tratante.

Por lo anterior, afirma que el actuar de la recurrida vulnera su derecho a la vida e integridad física, al privarle de ejercer el derecho de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso, para restablecer su salud.

Asimismo, refiere que se infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral.

Por último, refiere que dicho proceder afecta y lesiona el derecho de propiedad de la persona recurrente, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Política, toda vez que el actuar de la recurrida le priva de gozar, durante la vigencia de las licencias médicas rechazadas, del respectivo subsidio de incapacidad laboral o de la remuneración regular de su trabajo, según fuere el caso.

Por tales fundamentos, y previas citas de derecho, solicita acoger la acción en todas sus partes, restableciendo el imperio del derecho y se ordene dejar sin efecto la resolución impugnada, ordenando la aprobación de las dos licencias médicas individualizadas, con el pago de los subsidios correspondientes, o se adopten las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Acompañó a su presentación: 1. Resolución Exenta N° NUM000, de 28 de mayo de 2026, de SUSESO. 2. Informe examen ecografía de partes blandas de muñeca derecha, de 20 de agosto de 2025. 3. Informe examen resonancia magnética, de 16 de septiembre de 2025. 4. Informe examen resonancia magnética, de 13 de octubre de 2025. 5. Certificado médico del paciente nombre reservado, de 14 de octubre de 2025. 6. Ecografía de mano, de 24 de noviembre de 2025. 7. Informe de Kinesioterapia.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la Superintendencia De Seguridad Social, solicitando el rechazo de la acción intentada, con costas.

En primer lugar, alegó la improcedencia de la acción de protección, por cuanto el asunto por el que se recurre dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra amparado por el recurso de protección.

En subsidio, informa en cuanto al fondo, explicando el marco regulatorio del derecho a licencia médica, enfatizando su carácter esencialmente temporal, haciendo presente que, para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, el sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez.

Por otra parte, señala que se estudiaron los antecedentes médicos de la persona recurrente y con su mérito se concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado, por cuanto los antecedentes médicos y administrativos evaluados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los días de reposo ya autorizados por el mismo cuadro. Agrega que el recurrente ya registraba 112 días de reposo autorizados por la misma patología y que el informe médico acompañado daba cuenta principalmente de un cuadro cervical, no obstante que las licencias reclamadas correspondían a síndrome del túnel carpiano, sin especificarse suficientemente las limitaciones funcionales al examen.

Asimismo, sostiene que no se acompañaron imágenes, no se acreditó tratamiento kinésico y tampoco existía evaluación o referencia a especialista en traumatología o neurocirugía, concluyendo que no existían antecedentes suficientes para establecer el rol terapéutico de una mayor extensión del reposo.

Afirma que lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas de la persona recurrente, se encuentra médico- administrativamente justificado, en virtud del estudio y ponderación de los antecedentes médicos tenidos a la vista.

Afirma que lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas de la persona recurrente, se encuentra médico- administrativamente justificado, en virtud del estudio y ponderación de los antecedentes médicos tenidos a la vista.

Afirma que lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas de la persona recurrente, se encuentra médico- administrativamente justificado, en virtud del estudio y ponderación de los antecedentes médicos tenidos a la vista.

Niega, finalmente, que la parte recurrente tenga un derecho indubitado a gozar de licencia médica, así como haber incurrido en alguna actuación ilegal o arbitraria que haya afectado derechos fundamentales del actor.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, enseguida, en cuanto a la alegación de improcedencia del recurso de protección, cabe señalar –como ya se ha fallado en reiteradas ocasiones por esta Corte- que a lo que corresponde atender es a las prerrogativas constitucionales que se alegan como afectadas en el arbitrio objeto de este pronunciamiento, que son el derecho a la vida e integridad física, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, de los que tratan los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, expresamente contemplados bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo. Por tal razón es que se desestimará esta defensa opuesta por la Superintendencia de Seguridad Social.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo del asunto, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta N° NUM000, de 28 de mayo de 2026, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s NUM001 y NUM002, extendidas por un total de 30 días a contar del 16 de diciembre de 2025, por reposo no justificado.

En cuanto al fundamento expuesto por la recurrida en su resolución, aquella señala “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s NUM001 y NUM002 no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los días de reposo ya autorizados por el mismo cuadro.

Que, luego de una revisión detallada de los documentos adjuntos, se concluye que el informe médico no proporciona una descripción y especificación claras de la evolución del cuadro ni de la presencia de procedimientos pendientes. Falta información esencial sobre las limitaciones clínicas que obligan a un reposo laboral y el beneficio real de la mantención de éste. Además, los antecedentes no permiten comprobar que se haya seguido un programa de terapia kinésica u otro tipo de rehabilitación durante el período reclamado, elemento terapéutico indicado en informe adjunto. No hay informes de exámenes imagenológicos, ni evaluación o referencia a un especialista en traumatología o neurocirugía.

Por lo tanto, no hay evidencia que respalde el rol terapéutico del período de incapacidad laboral mencionado”.

SÉPTIMO: Que, el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

OCTAVO: Que, además, conviene tener presente lo previsto en el artículo 16 del cuerpo legal previamente citado y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como asimismo lo ordenado en su artículo 21: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine”.

NOVENO: Que, de lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas a la persona trabajadora es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

DÉCIMO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, carece del debido sustento, dejando además al paciente en una situación compleja, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que la precedieron.

De esta manera, se advierte que la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, omitiendo componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad del ente recurrido, con la subsecuente falta de pago de las licencias médicas correspondientes.

UNDÉCIMO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio de la parte recurrente, desde que la persona trabajadora, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud. De igual forma, vulnera el derecho de la parte recurrente a la igualdad ante la ley, por cuanto configura una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA la alegación de improcedencia de la acción de protección.

II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, sólo en cuanto se dispone que la recurrida deberá realizar al recurrente todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia y eventuales concurrencias de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas rechazadas N°s NUM001 y NUM002, extendidas por un total de 30 días a contar del 16 de diciembre de 2025, para luego determinar la factibilidad de su autorización, a fin de que con dichos resultados proceda –o no- al pago de éstas, según corresponda y determine la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de treinta días hábiles. De no cumplirse con la diligencia en el tiempo conferido, procederá el pago de ambas licencias, en un plazo que no podrá exceder de quinto día.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1099-2026 Protección.