Protección contra Prefecto de la Prefectura de Carabineros de Coquimbo

nombre reservado, nombre reservado

Prefecto de Carabineros Recurso de protección Rol N° 1098-2014.- La Serena, cuatro de diciembre de dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 13, comparece don nombre reservado, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado y de don nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Prefecto de la Prefectura de Carabineros de Coquimbo, coronel don nombre reservado.

Fundando el recurso sostiene que los recurrentes tenían la calidad de empleados públicos, nombre reservado ostentaban el grado de Carabinero y mientras que nombre reservado el de cabo 1° de Carabineros, prestando servicios en la Sexta Comisaría Coquimbo. Añade que con fecha 18 de septiembre del presente año fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía Militar de La Serena, según se desprende de la Resolución de Baja N° 13 de la Prefectura de Carabineros de Coquimbo, sin que se les haya tomado declaración, ni haberse investigado su participación en los hechos que motivaron dicha decisión, conculcándoseles todos los derechos que, eventualmente, en su calidad de detenidos tenían, agravándose tal situación por la circunstancia que solicitados los documentos pertinentes, a fin de contar con los antecedentes para ejercer sus derechos a la defensa jurídica, entre ellos el sumario o investigación administrativa que permitió la drástica determinación, tales instrumentos les fueron negados por sus jefaturas, lo que los forzó a peticionar dicha documentación de conformidad a la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública.

Estima el compareciente que los hechos relatados importan una discriminación abierta respecto de los recurrentes, contraviniéndose la Constitución, toda vez que la Administración, en la especie la Prefectura de Carabineros de Coquimbo, no ha respetado la presunción de inocencia que favorece a los recurrentes, la que ha sido conculcada, por lo cual se requiere que esta Corte restablezca el imperio del Derecho, a fin que los accionantes puedan continuar con el ejercicio de sus su funciones.

Precisa que vulneración de los derechos de los recurrentes resulta grave, por cuanto se encuentran actualmente sin remuneración, sin sistema de salud tanto ellos como su familia, vulnerándose de esta forma el principio de la propiedad del cargo, sin que hasta la fecha pueda determinarse si efectivamente son culpables, ya sea administrativa o penalmente, vale decir, se ha infringido el principio de inocencia y, por tanto, el principio de igualdad ante la ley.

Afirma que el acto recurrido resulta arbitrario, porque no obstante operar la presunción de inocencia, principio recogido en nuestra legislación, en diversas normas en formas más o menos adecuadas, ya que tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.2) y en la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8.2), textos ratificados por Chile e incorporados a nuestro ordenamiento jurídico y siendo de cargo de la parte acusadora producir prueba de cargo suficiente para destruir la presunción y formar la convicción del juez, sucede que a los actores se les ha considerado culpables antes de iniciar cualquier actuación administrativa en su contra y no se les respetó su derecho a ser tratado y considerado como inocente hasta que una sentencia a firme y ejecutoriada haya establecido su responsabilidad penal.

Asevera el compareciente que en el caso sub lite se han vulnerado todas las normas legales que regulan la presunción de inocencia, puesto que previo a tomar una decisión fundada, es necesaria una investigación. Señala que no se ha respetado el principio de juridicidad del acto administrativo, toda vez que como toda actividad pública sometida al derecho, debe realizarse en conformidad a los términos preestablecidos por el propio derecho y respetar no solamente la Constitución, leyes y reglamentos, sino toda norma jurídica, lo que incluye a los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Chileno y los principios generales del derecho, reiterando que en este caso se ha infringido la garantía de la igualdad prevista en el artículo 19 N° 2 de nuestra Carta Fundamental, siendo de la esencia de esta garantía la inadmisibilidad de discriminaciones arbitrarias, entendiendo por tal toda diferenciación o distinción efectuada por el legislador o por cualquier autoridad pública, que aparezca como contraria a la ética elemental o a un proceso normal de análisis intelectual. Enseguida, luego de analizar el concepto normativo de igualdad, insiste que con el actuar ilegal y arbitrario del Prefecto recurrido se viola el principio de igualdad en la ley, fundado en el principio de legalidad al cual debe someterse el acto que se dicta, puesto que en él se encuentra claramente implícito el principio de inocencia, conculcando los derechos económicos y sociales de los recurrentes como resultan ser su trabajo y previsión social, derechos de los que se han visto privados por causa del arbitrario proceder de la referida autoridad.

Termina solicitando que se acoja el recurso, arbitrando las medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho que se ha visto gravemente quebrantado por un acto arbitrario e ilegal, ello con expresa condena en costas.

Acompaña sendas notas enviadas por el abogado compareciente don Luis Ahumada Castillo al General Director de Carabineros de Chile, en virtud de las cuales solicitan diversos antecedentes relacionados con los antecedentes personales de los recurrentes, referidos a sus respectivas hojas de vida y de las documentación y copia del sumario incoado, todo ello respecto de los hechos que se les han imputado y, además, copias de notas y certificados emitidos por Carabineros, en relación a la información solicitada A fojas 27, el Coronel y Prefecto de Carabineros de la Región de Coquimbo don nombre reservado, evacuando el informe solicitado precisa que los ex funcionarios de Carabineros, Cabo 1° de nombre reservado y el Carabinero nombre reservado, han reclamado en contra de la Resolución N° 13 de fecha 18 de septiembre del 2014 de dicha Prefectura, mediante la cual se dispuso la eliminación de los recurrentes de las filas de la institución por conducta mala con efectos inmediatos.

Expone al respecto que habiendo tomado conocimiento por intermedio del mando de la Sexta Comisaría “Las Compañías” que el día señalado los recurrentes habían efectuado un control vehicular, aproximadamente a las 6 de la madrugada en calle La Paz a la salida del sector "El Tofo", de Las Compañías, de esta ciudad, a don nombre reservado, quien reclamó que durante el mismo procedimiento, y a propósito de una revisión corporal y de sus vestimentas (pantalón) efectuada por el carabinero nombre reservado, este funcionario habría tomado la suma de $ 320.000 en dinero efectivo, entregando el dinero a su acompañante, el Cabo 1° nombre reservado, quien le habría expresado: “Ya tu sabí como es la cosa, tení que ser bien hombrecito no más y para que no te pase la multa, voy a tener que sacarte cuarenta lucas” (sic), devolviendo el saldo de dinero, luego de lo cual los funcionarios policiales se retiraron del lugar, procediendo el señor nombre reservado a contar el dinero, percatándose que solo le habían devuelto la cantidad de $ 97.000, faltándole la suma de $ 223.000.

Agrega que a raíz de lo ocurrido don nombre reservado concurrió a la Sexta Comisaría "Las Compañías" a efectuar formal denuncia de los hechos, momento en que ingresan a la unidad los accionantes de protección, reconociendo de inmediato a los carabineros nombre reservado y nombre reservado como el personal policial que lo había fiscalizado minutos antes y que se habría apropiado de la suma reclamada, carabineros que coincidentemente se encontraban entregando el turno nocturno correspondiente en la unidad del cual formaban parte de su dotación.

Sostiene el informante que en este contexto, el teniente nombre reservado, Subcomisario Administrativo de la Sexta Comisaría “Las Compañías”, ordenó la presentación de la totalidad del personal que se había desempañado en el turno nocturno en dicha unidad, a objeto que exhibieran voluntariamente su dinero, constatando que el carabinero nombre reservado mantenía la suma de $ 319.000 en dinero efectivo, en tanto el cabo 1° nombre reservado exhibió la cantidad de $ 45.000 en efectivo. Agrega que previo a la voluntaria exhibición del dinero, el denunciante nombre reservado indicó ante el personal de guardia de la Unidad que parte de la suma sustraída estaba compuesta por once billetes de $ 5.000 y que uno de estos billetes presentaba una rotura en su parte superior sobre la cifra serial o nominativa, y otro tenía un pedazo faltante en su mitad, circunstancias que resultaron coincidentes con parte de los billetes que mantenía el carabinero nombre reservado al momento de la exhibición, añadiendo que, además, el cuadrante en que se desempeñaron sus funciones los recurrentes el día de los hechos, corresponde al lugar en que se habría realizado el cuestionado procedimiento policial.

Expresa, asimismo, que al revisar el móvil policial Z-6507 en el cual se desarrolló el servicio por los recurrentes se halló en su interior diversas armas a fogueo, armas blancas, además de piezas y partes de armas hechizas sin existir ninguna explicación ni justificación respecto de su procedencia o destino, las cuales fueron descritas en la resolución de eliminación inmediata que acompaña, aseverando que tales elementos no forman parte del equipamiento reglamentario destinado a cada servicio policial.

Indica que los hechos reseñados fueron denunciados a la Fiscalía Militar de La Serena, mediante parte policial N° 07 de fecha 18 de septiembre del 2014 de la Sexta Comisaría “Las Compañías”, cuyo fiscal dispuso, entre otras diligencias, que ambos funcionarios fueron puestos a disposición de ese tribunal castrense, oportunidad en la cual se le dieron a conocer sus derechos, pero los imputados se negaron a prestar declaración; que, asimismo se ordenó la inmediata instrucción de un sumario administrativo destinado a determinar la veracidad de hechos que involucraban a personal policial de esta dotación lo que se concretó mediante Orden de Sumario N° 06250/2014/1, de la misma fecha aludida, pieza sumarial que se encuentra en tramitación, asistiéndole en dicha investigación administrativa a los accionantes de protección los recursos administrativos respectivos, incluido el de solicitar la revisión al Director General de Carabineros de Chile, como también el examen de la Contraloría General de la República.

Adiciona que previo a adoptar cualquier decisión, determinó tener a la vista copias de las declaraciones indagatorias prestadas al efecto en el sumario administrativo por los recurrentes, así como también recibirlos en audiencia, negándose los funcionarios involucrados a prestar declaración sobre los hechos en el sumario administrativo, limitándose ante el Prefecto informante a desconocer los hechos imputados, manteniendo su falta de disposición en orden a entregar su versión de los sucesos. En consecuencia, en virtud de los antecedentes aportados y en consideración a la deficiente conducta funcionaria que lesiona gravemente el régimen disciplinario institucional y hacen inconveniente su permanencia en Carabineros de Chile, al incurrir en una trasgresión que lesiona el decoro y dignidad policial, y por tanto, provocando un descrédito al prestigio de la institución, se dispuso la baja de las filas de Carabineros con efectos inmediatos de ambos recurrentes, quienes fueron notificados personalmente de la medida expulsiva que por esta vía se impugna, entregándoseles copia, pero se negaron a firmar la constancia respectiva.

Añade el recurrido que en la especie se ha actuado de conformidad a la ley 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile No 18.961, que en el artículo 43 letra d), dispone el retiro absoluto del personal por eliminación por sanción disciplinaria en proceso administrativo; al Decreto con Fuerza de Ley (I) Nº 2, de 1968; al Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N° 11, artículos 12 y 22, que tipifican las faltas disciplinarias, artículo 23 que dispone la sanción disciplinaria de baja por conducta mala y artículo 35 N° 4, letra c), que asigna competencia a los Prefectos de Carabineros para imponer la baja por conducta mala; al Reglamento de Selección y Ascensos N° 8, artículo 127 N° 4 letra e) inciso penúltimo, que establece la posibilidad de eliminación por conducta mala con efectos inmediatos, sin perjuicio de la investigación o sumario respectivo.

Manifiesta que el sumario ordenado instruir se encuentra en etapa de investigación, asegurándose a los inculpados todos y cada una de las instancias reglamentarias para efectuar sus alegaciones o defensas, resguardando las normas del debido proceso administrativo, precisando que la resolución que dispuso la eliminación de los recurrentes con efectos inmediatos posee el carácter de provisional y condicionada al mérito del sumario administrativo que se tramita, haciendo presente que la Contraloría General de la República ha establecido criterios e interpretaciones sobre el alcance de la medida de Baja de Conducta Mala y Efectos Inmediatos, siendo categórica en señalar que la medida aplicada provoca efectos de manera inmediata, a partir de la notificación del acto administrativo que aplica tal medida, quedando el funcionario desde ese momento marginado de la Institución, dejando de tener derecho a percibir las remuneraciones propias del empleo que dejó de desempeñar, tal como se ha resuelto en dictámenes N° 53.449 y 60.053 del año 2009 y 31.214 del 2011.

Estima, en consecuencia, que la acción constitucional impetrada debe ser rechazada dado que no se han vulnerado derechos constitucionales, como tampoco el actuar de la Prefectura de Carabineros Coquimbo puede ser considerado como discriminatorio, ilegal o arbitrario. Agrega, en relación a la afectación al derecho de propiedad invocada en el recurso, que el recurso de protección protege la permanencia en el cargo público mientras no se configure una causal legal de separación, por lo que los actores no tienen un derecho de propiedad sobre el cargo que desempeñaban, ni sobre remuneración alguna, impidiendo los criterios definidos por la Contraloría General de la República pagar tal estipendio en la actual condición que se encuentran los recurrentes.

A fojas 69, el recurrido acompaña los siguientes documentos: a) Resolución N° 13 de fecha 18 de septiembre del 2014 de la Prefectura de Carabineros de Coquimbo, en virtud del cual se dispone la eliminación inmediata de los recurrentes de las filas de la institución; b) copia del parte N° 7 de la Sexta Comisaría de Carabineros de “Las Compañías”, de fecha 18 de septiembre del 2014, remitido a la Fiscalía Militar de esta ciudad, mediante el cual se pone a disposición de dicha fiscalía a los recurrentes en calidad de detenidos por el delito de cohecho; c) orden de sumario N° 06250/2014/1, de la misma fecha, emitida por la Prefectura de Carabineros de Coquimbo, en virtud del cual se ordena al mayor Patricio Silva Fernández que proceda a instruir un sumario administrativo, a fin de determinar responsabilidades disciplinarias de los actores de protección; d) copias de las hojas de vida de los recurrentes; e) actas de las comparecencia de los de los actores ante el Prefecto de Carabineros de Coquimbo, previo a resolver sobre su eliminación de Carabineros; f) copia de actas de notificación personal de los recurrentes, de fecha 18 de septiembre del 2014, de la Resolución N° 13 de esa misma fecha, que dispuso su eliminación de las Filas de Carabineros, por conducta mala, con efectos inmediatos. Además, a fojas 77, se acompaña, en primer término, copia del e-mail enviado por el fiscal jefe de Carabineros, don Patricio Silva Fernández, solicitando la citación de los recurrentes y, en segundo lugar, copia de la nota de respuesta entregada al abogado Luis Ahumada Castillo por medio de la cual se responde negativamente a su solicitud de acceso al sumario administrativo, porque debe seguirse el conducto regular de la institución y, en subsidio, recurrir a los mecanismos establecidos en la ley 20.285.

A fojas 35, se ordenó traer los autos en relación.

A fojas 85 se tuvo por cumplida la medida para mejor decretada, manteniéndose a la vista el sumario administrativo incoado en contra de los recurrentes.

CON RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que en estos autos se ha reclamado como ilegal o arbitraria la Resolución N° 13, emitida con fecha 18 de septiembre del 2014, por el Prefecto de la Prefectura de Carabineros de Coquimbo, coronel nombre reservado, en virtud de la cual se dispuso sancionar a los recurrentes, cabo 1° de Carabineros nombre reservado y carabinero nombre reservado, con la eliminación de las filas de institución, por conducta mala, con efectos inmediatos, sin que se les haya tomado declaración, ni haberse investigado su participación en los hechos que motivaron tal decisión, circunstancia que, a juicio de los accionantes de protección, ha vulnerado todos los derechos que les asistían en su calidad de detenidos, situación agravada por el hecho que habiéndose solicitado los documentos pertinentes, a objeto de contar con los antecedentes para ejercer sus derechos a la defensa jurídica, entre ellos el sumario o investigación administrativa que permitió la drástica determinación, dichos instrumentos les fueron negados por sus jefaturas, por lo que debieron formular la petición de entrega de la información de conformidad a la ley 20.285, sobre acceso a la información pública.

Precisa el representante de los accionantes que la vulneración de los derechos de los recurrentes resulta grave, por cuanto debido a la sanción impuesta se encuentran sin remuneración y sin sistema de salud, tanto ellos como su familia, conculcándose de esta manera el principio de la propiedad del cargo, sin que hasta la fecha pueda determinarse si efectivamente son culpables, ya sea administrativa o penalmente, lo que implica, asimismo, una infracción al principio de inocencia y por ende, el principio de igualdad ante la ley, agregando que a los actores, entonces, no se le ha respetado el principio de juridicidad del acto administrativo, puesto que como toda actividad pública sometida al derecho, debe realizarse en conformidad a los términos preestablecidos por el Derecho, apegado a la Constitución, leyes y reglamentos, incluyendo a los Tratados Internacionales ratificados por el Estado chileno; y, en consecuencia, en concepto del compareciente, en este caso se ha vulnerado la garantía de la igualdad prevista en el artículo 19 N° 2 de nuestra Carta Fundamental.

CUARTO: Que informando el recurrido Prefecto de Carabineros de Coquimbo, coronel nombre reservado, señala que habiendo tomado conocimiento por intermedio del mando de la Sexta Comisaría “Las Compañías” el 18 de septiembre del 2014, que los recurrentes en su calidad de funcionarios de Carabineros de dicha Unidad, habían efectuado un control vehicular, en horas de la madrugada del día aludido en calle La Paz a la salida del sector "El Tofo", de Las Compañías, a raíz de lo cual se recibió una denuncia formulada por el conductor don nombre reservado, en orden a que durante el procedimiento y al ser objeto de una revisión corporal y de sus vestimentas (pantalón) efectuada por el carabinero nombre reservado, éste le habría sacado la suma de $ 320.000 en dinero efectivo, entregando el dinero a su acompañante, el Cabo 1° nombre reservado, quien le expresó que se iba a quedar con $ 40.000 para no cursarle una infracción, devolviéndole un saldo del dinero y que cuando los policías se retiraron se percató que solo le había restituido la cantidad de $ 97.000, faltándole, por tanto, la suma de $ 223.000. Agrega que encontrándose don nombre reservado en la aludida unidad policial efectuando la referida denuncia, ingresaron los recurrentes, quienes fueron reconocidos por el reclamante como los carabineros que se habían apropiado de su dinero, motivo por el cual el teniente nombre reservado, Subcomisario Administrativo de la mencionada comisaría ordenó la presentación de la totalidad del personal que se había desempañado en el turno nocturno, a fin que exhibieran voluntariamente el dinero que portaban, constatando que el carabinero nombre reservado mantenía la suma de $ 319.000 en dinero efectivo, en tanto el cabo 1° nombre reservado exhibió la cantidad de $ 45.000, añadiendo que previamente a tal diligencia, el denunciante nombre reservado había señalado al personal de guardia de la Unidad que parte de la suma sustraída estaba compuesta por once billetes de $ 5.000, uno de los cuales presentaba una rotura en su parte superior sobre la cifra serial o nominativa, y otro tenía un pedazo faltante en su mitad, circunstancias que resultaron coincidentes con parte de los billetes que mantenía el Carabinero nombre reservado. Expone que, asimismo, al procederse a la revisión del móvil policial Z-6507, en el cual desarrollaron el servicio los recurrentes, se hallaron en su interior diversas armas a fogueo, armas blancas, además de piezas y partes de armas hechizas sin existir ninguna justificación respecto de su procedencia o destino, especies que fueron descritas en la resolución de eliminación inmediata impugnada, aclarando que tales elementos no forman parte del equipamiento reglamentario destinado al servicio policial. Adiciona que los hechos relatados fueron denunciados a la Fiscalía Militar de La Serena, mediante parte policial N° 07 de fecha 18 de septiembre del 2014 de la Sexta Comisaría “Las Compañías”, disponiendo el fiscal, entre otras diligencias, que los nombrados funcionarios fueran puestos a disposición de ese tribunal, oportunidad en la que se le dieron a conocer sus derechos, negándose los imputados a declarar. Refiere que, asimismo, se ordenó la inmediata instrucción de un sumario administrativo destinado a determinar la veracidad de hechos que involucraban a personal policial, lo que se concretó mediante Orden de Sumario N° 06250/2014/1, pieza sumarial que se halla en tramitación, asistiéndole en dicha investigación a los accionantes de protección los recursos administrativos respectivos.

Añade el recurrido que en virtud de los antecedentes aportados y en atención a la deficiente conducta funcionaria que lesiona gravemente el régimen disciplinario institucional y hacen inconveniente su permanencia en Carabineros de Chile, al incurrir en una trasgresión que lesiona el decoro y dignidad policial, situación que provoca un descrédito al prestigio de la institución, se dispuso la baja de las filas de Carabineros de los recurrentes, con efectos inmediatos, siendo notificados personalmente de la medida expulsiva, entregándoseles copia, pero aquellos se negaron a firmar la constancia respectiva.

Afirma, además, en el caso sub lite se ha obrado de conformidad a la ley 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, que en su artículo 43 letra d) dispone el retiro absoluto del personal por eliminación por sanción disciplinaria en proceso administrativo; como también al Decreto con Fuerza de Ley (I) Nº 2, de 1968, al Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N° 11, que en sus artículos 12 y 22, tipifican las faltas disciplinarias, artículo 23 que dispone la sanción disciplinaria de baja por conducta mala y artículo 35 N° 4, letra c), que asigna competencia a los Prefectos de Carabineros para imponer la baja por conducta mala; y, en fin, al Reglamento de Selección y Ascensos N° 8, que en el artículo 127 N° 4 letra e) inciso penúltimo, establece la posibilidad de eliminación por conducta mala con efectos inmediatos, sin perjuicio de la investigación o sumario respectivo.

Por último expresa que el sumario ordenado instruir se encuentra en etapa de investigación, asegurándose a los inculpados todos y cada una de las instancias reglamentarias para efectuar sus alegaciones o defensas, resguardando las normas del debido proceso administrativo, precisando que la resolución que dispuso la eliminación de los recurrentes con efectos inmediatos, posee el carácter de provisional y condicionada al mérito del sumario administrativo que se tramita, haciendo presente que la Contraloría General de la República ha establecido criterios e interpretaciones sobre el alcance de la medida de Baja de Conducta Mala y Efectos Inmediatos, estableciendo que la medida aplicada provoca efectos de manera inmediata, a partir de la notificación del acto administrativo que aplica la medida, quedando el funcionario desde ese momento marginado de la Institución y deja de tener derecho a percibir las remuneraciones propias del empleo que dejó de desempeñar, tal como se ha resuelto en los dictámenes N° 53.449 y 60.053 del año 2009 y 31.214 del 2011. En consecuencia, el recurrido estima que en la especie no se han vulnerado derechos constitucionales y que la actuación de la Prefectura no puede ser considerada como discriminatoria, ilegal o arbitraria.

QUINTO: Que como medida para mejor resolver, se tuvo a la vista copia del sumario administrativo iniciado por orden de sumario N° 06250/2014/1de la Prefectura de Carabineros de Coquimbo, de fecha 18 de septiembre del 2014, a fin de establecer la responsabilidad administrativa de los recurrentes por los hechos que se tuvieron en consideración por el Prefecto recurrido para dictar la Resolución N° 13 de la fecha antes indicada, mediante la cual decidió sancionar con la medida disciplinaria de “Eliminación de las filas de la Institución, por conducta mala, con efectos inmediatos, sin expresar nota de conducta”, al cabo 1° nombre reservado y al carabinero nombre reservado, pieza sumarial de la que consta que con fecha 10 de noviembre último se decretó el cierre del sumario y en la “Vista Fiscal” pronunciada con la misma fecha, el fiscal sumariante mayor Patricio Silva Fernández propone ratificar la sanción de “Baja de las Filas de Institución por Conducta Mala”, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 N° 9 del Reglamento de Disciplina N° 11, en relación con lo previsto en el inciso 5°, letra a), numeral 4 del artículo 127 y 130 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8, por haberse demostrado graves faltas a la disciplina y lesionado la moralidad funcionaria de parte de los mencionados ex efectivos policiales.

SEXTO: Que el artículo 43 letra d) de la ley 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros dispone que el retiro absoluto del personal de Fila y Civil de Nombramiento Institucional procederá por haber sido eliminado por lista de clasificación o sanción disciplinaria de carácter expulsivo, en proceso administrativo. Por su parte, el artículo 25 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N° 11, establece las sanciones que resultan aplicables al personal de la institución, entre las que se contempla, en su N° 9, la “baja por mala conducta”, sanción que debe imponerse de acuerdo a lo prescrito en el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile N° 8, agregando que sus efectos sobre los derechos previsionales se ajustarán a las disposiciones legales y reglamentarias, mientras que el último de los Reglamentos precitados, en su artículo 127 N° 4, literal b) previene, en lo pertinente, que el personal de Nombramiento Institucional podrá ser eliminado de la Institución por las siguientes causales y en las condiciones que a continuación se indican: 4) Por conducta mala, establecida en Sumario Administrativo o por Investigación Simple por algunas de las siguientes causales: “a) Por la comisión de faltas graves de tal naturaleza o entidad que lesionen gravemente la moralidad funcionaria o el prestigio Institucional, el sistema jerárquico o disciplinario, que lo hagan merecedor de esta medida”; agregando, enseguida, que estas causales autorizarán la aplicación de la sanción disciplinaria de baja prevista en el N° 9 del artículo 25 del Reglamento de Disciplina N° 11; más adelante la disposición señala que cuando la comisión de una falta que dé origen a un Sumario Administrativo o Investigación fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución, y el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario podrá eliminarlo de inmediato por “conducta mala”, sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario investigación.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, según se infiere de la última de las normas citadas, la Resolución N° 13 impugnada a través de la presente medida cautelar, en virtud de la cual el Prefecto de Carabineros recurrido dispuso la eliminación de las filas de la institución por conducta mala, con efectos inmediatos, respecto de los accionantes, tiene el carácter de transitoria, en tanto no se emita pronunciamiento definitivo en el correspondiente sumario administrativo ordenado incoar, y su alcance consiste en suspender o liberar del servicio al funcionario afectado mientras se desarrolla aquella investigación y es precisamente dentro del contexto de dicho sumario donde los recurrentes tienen derecho a ejercer sus defensas y deducir los recursos administrativos pertinentes.

OCTAVO: Que conforme al análisis de los preceptos reseñados en el motivo sexto precedente, la medida adoptada por la autoridad recurrida constituye una medida de naturaleza excepcional, que produce sus efectos desde el momento que se dicta, mientras se tramita, según se ha dicho, el respectivo sumario administrativo y encuentra su fundamento en la gravedad de la falta cometida e imputada a los funcionarios involucrados en ella, siendo de necesidad imprescindible del servicio su aplicación, atendida la seria transgresión a la reglamentación disciplinaria institucional.

NOVENO: Que de la simple lectura de la Resolución N° 13, acto administrativo impugnado que dispone la eliminación inmediata por conducta mala de los recurridos, se colige que se encuentra debidamente motivada precisamente en la grave denuncia formulada por una persona, a quien en momentos de ser sometido a un control vehicular y registro de sus vestimentas, los recurridos, en su condición de funcionarios de Carabineros, procedieron a apropiarse de una suma de dinero que aquel portaba, además, de haber sido sorprendidos manteniendo en el interior del móvil en que los policías cumplían el servicio, diversas especies, entre ellas, armas blancas y a fogueo y partes de armas hechizas, sin justificar su procedencia; asimismo, la mencionada resolución consigna otras evidencias que condujeron a la autoridad recurrida a determinar la gravedad de la conducta desplegada por los sancionados y disponer su baja inmediata, ordenando, además, la instrucción del sumario administrativo de rigor.

DÉCIMO: Que, por consiguiente, no cabe sino concluir que el recurrido ha obrado en el ámbito de su potestad disciplinaria, reconocida en la ley 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile y regulada en la normativa reglamentaria antes citada, por lo que en la especie no concurren los supuestos de ilegalidad y arbitrariedad que hacen procedente la acción constitucional deducida. En consecuencia, no resulta posible advertir que la actuación del Prefecto de Carabineros recurrido haya vulnerado la garantía contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; y, por tanto, el recurso intentado no puede prosperar.

UNDÉCIMO: Que, en todo caso, conveniente resulta dejar establecido, en primer término, que los recurrentes no allegaron elemento probatorio útil alguno que permita vislumbrar que a otros funcionarios de Carabineros que hubieren cometidos similares faltas a las imputadas a los accionantes de protección, se les haya dispensado un trato diverso por parte del Prefecto de Carabineros de Coquimbo; y, en segundo lugar, que según se infiere de la copia del sumario administrativo tenido a la vista, los actores han tenido acceso y, además, se apersonaron al mismo, por lo que han podido ejercer su derecho a la defensa e interponer los recursos pertinentes.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección deducido a fojas 13, por don Luis Ahumada Castillo, en representación de nombre reservado y nombre reservado, sin costas.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.

Redacción del ministro titular, don Fernando Ramírez Infante.

Rol N° 1098-2014.- Pronunciado por la Primera Sala integrada por el Ministro señor Fernando Ramírez Infante, la Fiscal Judicial señora nombre reservado y el abogado integrante señor Carlos del Río Ferretti.

nombre reservado

Secretaria (S)

La Serena, cuatro de diciembre de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.