nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE

nombre reservado, nombre reservado

I. Municipalidad de Ovalle Recurso de protección Rol N°1096-2026 La Serena, veintiocho de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, educadora de párvulos, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE, representada por su Alcalde, don Héctor Vega Campusano, ambos domiciliados en domicilio reservado, señalando como acto ilegal y arbitrario la dictación del Decreto Alcaldicio N°7050 de 29 de mayo de 2026, notificado el 15 de junio de 2026, que rechaza el recurso de reposición de 7 de mayo de 2026, en contra del Decreto Alcaldicio N°5603 del 23 de abril del año en curso, el que dispuso el término de su relación laboral y declara la vacancia de su cargo por salud incompatible, lo que señala conculcar las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°1, N°2 y N°24 de la Carta Fundamental.

Expone que ingresó a prestar servicio a la Municipalidad recurrida el 5 de marzo de 1996, como educadora de párvulos, destinada a la escuela nombre reservado de Cerrillos de Tamaya, Ovalle, por lo que lleva más de 30 años prestando servicios docentes para la recurrida.

Refiere que a mediados del 2023, se deterioró su salud mental, producto de padecer cáncer su mascota, desencadenando en la actora un cuadro depresivo, por lo que le fueron extendidas licencias médicas e inició tratamiento farmacológico. Añade que, su salud mental se deterioró, aún más, cuando en noviembre de 2023 debió practicar una eutanasia a su mascota, por lo que acudió a un siquiatra quien le extendió su reposo médico y mantuvo tratamiento.

Agrega que, a finales del 2024, fue diagnosticada con epicondilitis aguda, por un dolor intenso en el codo, por lo cual le fueron extendidas licencias médicas, siendo luego derivada a traumatólogo quien prolongó su reposo, aumentó las sesiones de kinesiología y realizó una infiltración, sin obtener resultados satisfactorios, y que, luego de consultar a otros especialistas, se le indicó que debía realizarse una intervención quirúrgica, la cual se practicó en febrero de 2025, luego de la cual, continuó con reposo médico y sesiones con kinesiólogo, reincorporándose finalmente a sus laborales en abril de 2025, y que en definitiva, pudo recuperarse de su patología en un 100%. Refiere que por todo lo anterior debió hacer uso de licencias médicas reiteradas.

Señala que el 29 de abril de 2026 la notifican de la resolución por medio de la cual se pone termino a su relación laboral desde el 1 de mayo de 2026 por salud incompatible con el desempeño de funciones de profesional de la educación, conforme lo dispuesto por el artículo 72 letra h) del D.F.L. N°1 del 1997 (Estatuto Docente) en relación con los incisos 1 y 3 del artículo 72 bis del mismo cuerpo legal, los cuales transcribe. Luego invoca los incisos 1° y 3° del artículo 148 de la Ley N°18.883.

Señala que la resolución se basó en la acumulación de 304 días de licencias médicas, comprendida entre el 1 de agosto de 2023 y hasta el 31 de julio de 2025, sin señalar el diagnóstico de su otorgamiento; y por otra parte, la norma señala taxativamente que para considerar como salud incompatible con el desempeño de su cargo debe ser por el uso de licencia médica por más de 6 meses, sea por periodo continuo o discontinuo, en los últimos 2 años, y es del caso que el Decreto Alcaldicio es del 23 de abril de 2026, y la decisión se funda explícitamente en el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2023 hasta el 31 de julio de 2025; señala que lo anterior es un evidente el error, pues comprende el año 2023, y la norma solo se limita a los últimos 2 años para declarar la vacancia en el cargo, por tanto, debió considerar sólo los periodos 2024 y 2025, no así contemplar el año 2023, ya que sobrepasa los últimos 2 años con el cual se vino a tomar la decisión de vacancia del cargo.

Agrega que, el 9 de febrero de 2026 la COMPIN emitió un dictamen técnico estableciendo que su condición de salud era recuperable. Indica que ya se encontraba reintegrada a sus funciones desde el 1 de marzo de 2026, hasta que fue notificada del decreto alcaldicio que pone termino a su relación laboral por salud incompatible desde el 1 de mayo de 2026.

Expone que, en contra de aquel decreto alcaldicio interpuso reposición el 7 de mayo de 2026, y que, el 15 de junio fue notificada de su rechazo por medio del decreto alcaldicio N°7050 de 29 de mayo de 2026, fundado en que la salud irrecuperable es una hipótesis distinta a salud incompatible. Alega que lo resuelto por la Municipalidad recurrida carece de fundamentación, pues no explica las razones del por qué, a pesar de ser recuperable su estado de salud resulta incompatible con sus tareas.

Afirma que, cuando existe un informe de recuperabilidad de la COMPIN, la Municipalidad no puede limitarse a citar el número de días de licencia, sino que debe fundamentar por qué, a pesar de la posibilidad de recuperación, la condición de salud actual impide el desempeño docente de manera definitiva o por un plazo que haga insostenible la relación estatutaria. Señala que, la omisión de esta fundamentación convierte el acto en arbitrario, vulnerando la igualdad ante la ley y el debido proceso.

Refiere que el artículo 72 bis del Estatuto de los Profesionales de la Educación impone una obligación imperativa, no facultativa para la recurrida, pues no puede decretar la salud incompatible basándose únicamente en el cómputo matemático de licencias médicas, pues la ley exige un juicio técnico-médico previo sobre la recuperabilidad de la salud del funcionario. Afirma que, al omitir la referencia a este documento en el Decreto, se presume que la autoridad no lo tuvo a la vista o decidió ignorarlo, infringiendo el principio de legalidad.

Alega que la recurrida al no transcribir ni ponderar la evaluación de la COMPIN, convierte al Decreto es un "acto ciego", que no le permite al recurrente saber por qué, a pesar de tener una condición médica evaluada por la COMPIN como recuperable, se le desvincula, dejando al acto "desprovisto de todo fundamento", invoca fallo de la Excma. Corte Suprema, Rol N°31.116-2025, del 28 de octubre del 2025.

Señala que la causal de salud incompatible se configura por la acumulación de licencias, sin embargo, se reintegró a sus funciones el 1 de marzo de 2026, demostrando su aptitud para el servicio. Por lo que su reintegro efectivo, previo a la dictación del decreto de término, constituye un perdón tácito de la causal, pues la Municipalidad no puede basar la desvinculación en una situación de incompatibilidad que ya había cesado con la reasunción de las labores.

Sobre las garantías constitucionales infringidas, se refiere en primer término al derecho a la integridad psíquica, señalando que habiendo sido declarada su condición de salud como recuperable, el actuar arbitrario e ilegal de la municipalidad le genera un grave menoscabo a su salud mental y tranquilidad. En cuanto a la garantía de igualdad ante la ley y debido proceso, señala ser vulneradas al no fundamentarse la decisión de término conforme al estándar exigido por la jurisprudencia, especialmente por contradecir el informe técnico de la COMPIN. Por último, en cuanto al derecho de propiedad, se refiere a que, la titularidad del cargo docente constituye un derecho adquirido que ingresó a su patrimonio, por lo que la privación de este derecho la priva de su propiedad.

Concluye solicitando que se acoja el recurso, y se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N°5603 de 23 de abril de 2026, por el cual se declaró la vacancia de su cargo por supuesta salud incompatible. Y se ordene a la recurrida reincorporarla a su cargo de docente titular, con todos sus derechos y remuneraciones, y el pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso. Con condena en costas.

SEGUNDO: Que comparece el abogado Sergio Cortés Beltrán, en representación de la Ilustre Municipalidad de Ovalle, evacuando el informe ordenado, solicitando su rechazo con condena en costas.

Expone los antecedentes, indicando que la actora se ha desempeñado como profesional de la educación en la Escuela “nombre reservado”, de la localidad de Cerrillos de Tamaya, comuna de Ovalle, desde el 1 de marzo de 1996, integrando la dotación docente comunal como titular; y que, el 13 de octubre de 2025, mediante Oficio Ord. N°1938, la Municipalidad, en cumplimiento del procedimiento reglado en la normativa estatutaria docente, remitió a la COMPIN de la Región de Coquimbo la nómina de 98 funcionarios del Departamento de Administración de la Educación Municipal (DAEM) que habían presentado licencia médica por un período superior a 180 días entre el 1 de agosto de 2023 y el 31 de julio de 2025, por períodos continuos o discontinuos, excluyendo expresamente de dicho cómputo las licencias por accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y maternidad, entre las que se encontraba la recurrente. Luego mediante Resolución de Evaluación Folio N°20036564, de 9 de febrero de 2026, el 5 de marzo de 2026, la COMPIN Región de Coquimbo determinó que la actora presentaba un estado de salud recuperable, antecedente que les fue remitido mediante Oficio CP N°7371/2026, de 24 de marzo de 2026.

Señala que la recurrente hizo uso de 19 licencias médicas por un total de 304 días, entre el 1 de agosto de 2023 y el 31 de julio de 2025, cómputo que corresponde exclusivamente a licencias médicas aprobadas, sin que haya considerado en dicho total las licencias que eventualmente hubiesen sido rechazadas por la respectiva entidad de salud, actuando así con un criterio conservador y favorable a la recurrente. Y que, en atención a lo anterior, mediante Decreto Alcaldicio N°5603, de 23 de abril de 2026, se declaró la salud de la recurrente incompatible con el desempeño de sus funciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 72 letra h) en relación con el artículo 72 bis del D.F.L. N°1, de 1997, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido de la Ley N°19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación, disponiendo la vacancia del cargo a contar del 1 de mayo de 2026. Agrega que, el acto fue notificado a la recurrente el 29 de abril de 2026, y esta repuso, recurso que fue rechazado mediante Decreto Alcaldicio N°7050, de 29 de mayo de 2026, notificado a la interesada el 15 de junio de 2026.

Hace presente que el proceso de evaluación de salud incompatible fue aplicado de manera uniforme respecto de la totalidad de los funcionarios y funcionarias del DAEM de Ovalle que se encontraban en la misma situación objetiva, sin que exista trato diferenciado alguno respecto de la recurrente. Refiere, que, en efecto, otros funcionarios y funcionarías desvinculados por idéntica causal y en el mismo proceso recurrieron ante la Contraloría General de la República, órgano que, mediante los Oficios N°OF124752/2026 de 30 de junio de 2026 y N°OF126690/2026 de 2 de julio de 2026, desestimó íntegramente sus reclamaciones, confirmando la plena juridicidad del actuar municipal.

Señala el marco normativo aplicable y el objeto de la reforma introducida por la Ley N°21.093, artículo 72 bis del Estatuto Docente, alegando que la recurrente pretende extraer de la exigencia de pedir informe a la Compin, una obligación adicional, no contemplada en la ley, esto es que el propio alcalde efectúe, además, un examen o análisis médico autónomo que explique clínicamente por qué una condición de salud recuperable resultaría incompatible con las funciones docentes. Afirma que dicha interpretación carece de asidero en el tenor literal de la norma y, lo que es más relevante, contradice frontalmente la finalidad que tuvo en vista el legislador al introducir esta exigencia procedimental, pues esta tenía como objeto sacar al alcalde del rol de evaluador médico, no imponerle la carga adicional de fundamentar clínicamente su decisión.

Afirma que la declaración de salud recuperable por la COMPIN no impide, sino que habilita, el ejercicio de la facultad de declarar la incompatibilidad, pues la propia arquitectura normativa del artículo 72 bis distingue nítidamente entre dos hipótesis jurídicas diversas: la salud irrecuperable -que habilita un régimen especial distinto, contemplado en el artículo 72 ter del Estatuto Docente- y la salud incompatible con el desempeño del cargo, que es la causal objetiva aplicada en la especie. Añade que, el propio inciso primero del artículo 72 bis es explícito al señalar que la facultad de declarar la incompatibilidad opera “sin mediar declaración de salud irrecuperable”, de lo que se sigue, a contrario sensu, que la circunstancia de que la COMPIN haya calificado la salud del funcionario como recuperable no es un obstáculo para el ejercicio de la potestad de la Municipalidad, sino precisamente el escenario común en que ella está llamada a operar.

Destaca que la recurrente ha invocado extensamente las circunstancias médicas que motivaron sus licencias -cuadro depresivo asociado al fallecimiento de una mascota y epicondilitis intervenida quirúrgicamente-, sugiriendo que la justificación clínica de dichas ausencias debiese incidir en la procedencia de la causal aplicada. Sin embargo, señala que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría Regional de Coquimbo, en pronunciamientos recientes y directamente atingentes al mismo proceso de desvinculación masiva del que forma parte el caso de autos, ha sido categórica en orden a que resulta "indiferente", para la procedencia de la causal de salud incompatible, si las licencias médicas computadas se encontraban o no justificadas, tal como lo concluyó en el Oficio N°OF126690/2026, de 2 de julio de 2026, referido a otra exfuncionaria del DAEM de Ovalle desvinculada en idénticas circunstancias fácticas, criterio confirmado por el Oficio N°OF124752/2026, de 30 de junio de 2026. Refiere que, dicha interpretación resulta enteramente coherente con la naturaleza objetiva de la causal contemplada en el artículo 72 bis del Estatuto Docente, precepto que no exige un juicio de reproche ni de justificación médica de las licencias, sino la mera verificación de un presupuesto puramente cuantitativo -el uso de licencia médica por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años-, sin perjuicio de las categorías expresamente excluidas por la ley, las cuales asevera, fueron debidamente resguardadas por el municipio.

Hace presente que la alegación de la recurrente en orden a que el Decreto Alcaldicio N°5603 no acreditaría que las 19 licencias médicas computadas no correspondan a alguna de las categorías excluidas por el inciso segundo del artículo 72 bis del Estatuto Docente en relación con el artículo 114 de la Ley N°18.883 carece de sustento fáctico, pues la Municipalidad, al confeccionar la nómina remitida a la COMPIN mediante Oficio Ord. N°1938, excluyó expresamente del cómputo las licencias por maternidad, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, enfermedad grave de hijo menor de un año y las de origen oncológico, en estricto cumplimiento de las excepciones legales, de manera que el total de 304 días considerados corresponde íntegramente a licencias médicas de origen común computables conforme a la ley.

Agrega que, la alegación de la recurrente en orden a que el Decreto Alcaldicio N°5603 debió considerar el período comprendido entre abril de 2024 y abril de 2026, y no el efectivamente utilizado -1 de agosto de 2023 a 31 de julio de 2025- desatiende la secuencia procedimental reglada que la propia ley impone, toda vez que el artículo 72 bis exige que el alcalde requiera previamente la evaluación de la COMPIN, órgano técnico cuya intervención demanda un plazo de tramitación que escapa al control municipal, habiéndose efectuado dicho requerimiento oportunamente el 13 de octubre de 2025 tomando como referencia el período de dos años inmediatamente anterior y vigente a esa fecha. Señala que, el procedimiento técnico ante la COMPIN se extendió hasta la ejecutoria de la resolución respectiva el 5 de marzo de 2026, y el municipio dictó el decreto de vacancia dentro de un plazo razonable desde la recepción del pronunciamiento técnico , esto es, el 24 de marzo de 2026, sin que exista disposición legal alguna que imponga un plazo fatal para el ejercicio de esta facultad ni que obligue a la autoridad a "actualizar" retroactivamente el período de cómputo cada vez que transcurre tiempo durante la tramitación del procedimiento técnico reglado, pues sostener lo contrario obligaría a la Administración a reiniciar indefinidamente el procedimiento cada vez que la COMPIN demore su pronunciamiento, tornando ilusorio el ejercicio de la potestad legal.

Señala que, la construcción de la recurrente en orden a que su reintegro efectivo a las labores docentes -ocurrido con anterioridad a la dictación del Decreto Alcaldicio N°5603- constituiría un "perdón tácito" de la causal de salud incompatible que impediría a la Administración invocarla posteriormente carece de todo asidero normativo, por cuanto la causal del artículo 72 bis del Estatuto Docente no es una sanción disciplinaria sujeta a las reglas de prescripción o perdón de las infracciones, sino el ejercicio de una potestad legal objetiva y reglada que se activa una vez verificado el presupuesto de hecho y cumplido el trámite previo ante la COMPIN, de manera que la circunstancia de que la relación funcionaria se haya mantenido vigente durante la tramitación del procedimiento técnico -lapso durante el cual la Administración se encontraba jurídicamente impedida de ejercer la facultad por no contar aún con el pronunciamiento previo exigido por la ley- en caso alguno puede interpretarse como una renuncia o desistimiento tácito de una potestad legal indisponible para la propia Administración. Refiere que, refuerza lo anterior la secuencia temporal de los hechos, pues al inicio del año escolar 2026 el municipio aún no se encontraba notificado de la resolución de la COMPIN que calificó la salud de la recurrente, notificación que solo se materializó mediante el Oficio CP N°7371/2026 de 24 de marzo de 2026, resultando jurídicamente imposible sostener que la Administración debió haber puesto término a la relación laboral con antelación a dicha fecha, o que la continuidad de las funciones durante ese lapso importe un reconocimiento incompatible con la posterior declaración de vacancia, demostrando dicha secuencia que este municipio actuó con estricto apego al procedimiento reglado, absteniéndose de ejercer la facultad legal sino hasta contar formalmente con el pronunciamiento técnico de la COMPIN.

Luego de citas jurisprudenciales, afirma que la municipalidad se ajustó estrictamente al procedimiento reglado por el artículo 72 bis del Estatuto Docente, contando con el informe previo y obligatorio de la COMPIN, fundando su decisión en antecedentes objetivos y verificables, excluyendo correctamente las categorías de licencias médicas legalmente exceptuadas, y aplicando un criterio uniforme respecto de la totalidad de los funcionarios en igual situación, criterio que ha sido expresamente validado por la Contraloría Regional de Coquimbo en casos sustancialmente idénticos, y que resulta coincidente con la línea jurisprudencial más reciente de la Excma. Corte Suprema en esta materia.

TERCERO:

Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto al fondo del asunto sometido a conocimiento de esta Corte, se desprende que lo reprochado de ilegal y arbitrario -y que sirve de sustento a la presente acción constitucional de protección deducido en contra de la recurrida, Ilustre Municipalidad de Ovalle- es la Resolución Decreto Alcaldicio N°7050 de 29 de mayo de 2026, notificado el 15 de junio de 2026, que rechaza el recurso de reposición del 7 de mayo de 2026, en contra del Decreto Alcaldicio N°5603 del 23 de abril del año en curso, el que dispuso el término de su relación laboral y declara la vacancia de su cargo por salud incompatible. Y que a juicio de la recurrente tal acto resultaría ser arbitrario e ilegal por cuanto, la COMPIN, declaró como recuperable la salud de la recurrente, y aquello no fue tomado en cuenta por al recurrida, careciendo de fundamentación lo resuelto; además de haber comprendido un periodo que superaba los dos años que establece la normativa sobre la materia.

A su turno la recurrida señala que no es vinculante para el Jefe del Servicio lo resuelto por la COMPIN, por tanto y sin perjuicio de lo resuelto por el organismo de salud, subsiste la posibilidad para el Jefe del Servicio que declare vacante el cargo por salud incompatible.

SEXTO: Que, para la resolución del asunto controvertido es necesario hacer algunas precisiones. En efecto, debe recordarse, primeramente, que el artículo 72 letra h) de la Ley N°19.070 el que dispone: “h) Por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su función en conformidad a lo dispuesto en los artículos 72 bis y 72 ter.”; y a su turno el inciso primero del artículo 72 bis de la misma ley, es del siguiente tenor: “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, a que se refiere la letra h) del artículo 72, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.”.

SÉPTIMO: Que, aclarado lo anterior, y sobre el fondo de la controversia, cabe precisar que, el periodo a considerar para declarar la salud incompatible, excede lo señalado por el inciso primero del artículo 72 bis de la Ley 19.070, pues los dos años debe ser contado hacia atrás desde la fecha que la recurrida toma la decisión de declarar vacante el cargo, la cual fue tomada el 23 de abril de 2026, indicando que el periodo revisado es desde el 1 de agosto de 2023 al 31 de julio de 2025, sin indicar, en la resolución que declara la vacancia y término de la relación laboral, los periodos de ausencia ni las licencias médicas otorgadas en dicho periodo, careciendo por tanto de la debida fundamentación, dejando a la recurrente en indefensión, pues no le permite controvertir lo resuelto, lo cual tampoco desarrolla el Decreto Alcaldicio que rechaza su reposición.

OCTAVO: Que, al haber procedido la recurrida de la manera referida en el motivo precedente, ha tornado en ilegal el Decreto Alcaldicio N°7050 del 29 de mayo de 2026, que rechaza el recurso de reposición; y el Decreto Alcaldicio N°5603 del 23 de abril del año en curso, el que dispuso el término de su relación laboral y declara la vacancia de su cargo por salud incompatible, desde que la decisión contenida en estos actos administrativos, carece de fundamentación en cuanto a los antecedentes que dieron cuenta de cumplirse los presupuestos del artículo 72 bis de la Ley N°19.070, incumplimiento el mandato que establecen los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, en cuanto a fundar debidamente los actos que se dicten.

Lo anterior, permite a esta Corte hacer uso de las facultades de que se encuentra investida con el objeto de adoptar las medidas necesarias para corregir dicha irregularidad, por lo que se acogerá el arbitrio constitucional de la manera que se dirá en lo resolutivo del presente fallo.

Por todas estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de los Decretos Alcaldicios números 5603 y 7050, del 23 de abril y 9 de mayo, ambas del 2026, dictada por la Ilustre Municipalidad de Ovalle, que dispuso la vacancia del cargo de la recurrente, y en su lugar dispone que se deja sin efecto los referidos decretos disponiéndose que el recurrido debe reincorporar a la actora a sus funciones y proceder al pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

ROL N°1096-2026 (Protección)