nombre reservado con COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.

nombre reservado

Compañía de Seguros generales Consorcio Nacional de Seguros S.A.

nombre reservado

Rol N° 1096-2020.- La Serena, treinta de octubre de dos mil veinte.-.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparece el abogado CIRO SABADINI FORETICH, domiciliado en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado, RUN N° RUT reservado, pensionada, de su mismo domicilio, deduciendo recurso de protección en contra de COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A., representada por el presidente de su directorio don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Expone que su representada mantuvo una relación de convivencia durante más de 40 años, con nombre reservado, con el cual tuvo un hijo en común, llamado nombre reservado, nacido el 28 de marzo de 1979.

Agrega que siempre fue la intención de nombre reservado y nombre reservado contraer matrimonio; sin embargo, este último mantenía un matrimonio anterior vigente del cual solamente pudo obtener el divorcio hace aproximadamente dos años.

Refiere que, en el intertanto, nombre reservado se pensionó y obtuvo una pensión de renta vitalicia en el recurrido Consorcio Nacional de Seguros, por un monto de 17,16 UF mensuales, donde tenía registrados como beneficiaria de pensión vitalicia como cónyuge sobreviviente a su ex cónyuge, y como madre de hijo de filiación no matrimonial a su representada; es decir, la recurrida siempre tuvo conocimiento que su representada tenía un hijo en común con nombre reservado.

Añade que por su parte la recurrente, también es beneficiaria de una pensión de renta vitalicia personal del mismo Consorcio de 7,21 UF mensuales.

Señala que nombre reservado dio oportuno aviso del divorcio con su cónyuge anterior y luego su representada y nombre reservado contrajeron matrimonio con fecha 16 de marzo de 2020, el que se inscribió bajo el N° 144 de este año, en la Circunscripción de Coquimbo del Servicio de Registro Civil e Identificación, del que también se dio aviso a la recurrida, con lo que supuestamente ésta eliminó como beneficiaria a la primera e incluyó a su representada como cónyuge.

Desgraciadamente, con fecha o6 de Abril de 2020 nombre reservado falleció de una repentina y grave enfermedad, ante lo cual su representada concurrió a las oficinas del Consorcio Nacional de Seguros, con el objeto de solicitar la solicitud de pensión de sobrevivencia, donde recibió reiteradas negativas de los funcionarios según los cuales no les correspondía, porque su matrimonio no cumpliría con los plazos legales, en circunstancias que la ley de pensiones es clara y precisa al no exigir plazo alguno cuando la cónyuge sobreviviente tiene hijo en común con el causante, y sólo después de mucho insistir le recibieron la solicitud,, como cónyuge sobreviviente, con fecha 05 de mayo del año 2020.

Luego de precisar las normas legales que disciplinan el asunto, expone que cuando no existan hijos del causante titulares de pensión de orfandad, como es el caso de su representada, el monto de la pensión de viudez para la cónyuge o el cónyuge, será equivalente al 60% de la pensión de referencia del causante.

Reitera que lo anterior estaba en perfecto conocimiento de la recurrida, por cuanto ella ya figuraba como beneficiaria del causante como madre de hijo de filiación no matrimonial, y luego del divorcio éste informó de ello y posteriormente de su nuevo matrimonio a la recurrida.

Arguye que, si se toma en cuenta el monto de la pensión de nombre reservado, que era de 17,16 UF, la pensión de sobrevivencia de su representada debió haber sido de 10.296 UF, conservando además su propia pensión de 7,21 UF, lo que suma un total de 17,506 UF. Pero cuando llegó la primera liquidación de renta vitalicia posterior al fallecimiento de nombre reservado, que se pagó el 20 de mayo de 2020, su representada pudo comprobar con sorpresa que, en primer lugar, le llegó una sola liquidación por ambas pensiones, en circunstancias que debieron ser por separado, pero en segundo término y lo más importante fue que la suma de ambas era de 13,39 UF., suma inferior a la que lógicamente correspondía.

Agrega que, consultada una funcionaria del Consorcio, aclaró a su representada que lo ocurrido era que se le había aplicado la pensión de sobrevivencia de madre de hijo de filiación no matrimonial, esto es un 36% de la pensión del causante, en este caso equivalente a 6,18 UF, lo que sumado a los 7,21 UF de mi pensión, da la suma liquidada de 13,39 UF.

Manifiesta que la recurrida, con absoluto conocimiento de la situación, desconoce arbitrariamente su calidad de cónyuge sobreviviente del causante nombre reservado, la que le fue oportunamente informada y acreditada, contraviniendo flagrantemente las normas legales expresas de los arts. 6 y 58 del DL 3.500 de 1980, Ley de Pensiones.

Lo anterior importa respecto de su representada una conculcación a la garantía establecida en el Art. 19 Nº 24 de la Constitución que garantiza el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, estableciéndose que nadie, en caso alguno, puede ser privado de su propiedad, del bien que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales al dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional calificada por el legislador.

Esta garantía guarda estrecha relación con el sistema de previsión establecido mediante el Decreto Ley n° 3500 toda vez que el sistema de capitalización individual supone el derecho de propiedad por parte del afiliado de su respectivo fondo de pensión, perjudicándose y perturbándose la situación patrimonial de su representada, por cuanto, no puede acceder a la pensión que le corresponde, pensión que le permitiría tener una mejor situación económica, más aún en el entendido que por su edad no puede desarrollar una actividad laboral.

Por otra parte, añade que también se ha infringido el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de su representada, establecido en el artículo 19 N° 1 de la CPR, ya que esta por no tener actualmente su derecho a la pensión de sobrevivencia que le corresponde, ello le impide solventar como corresponde sus gastos de vida y de salud que urgentemente requiere, y tener de ese modo una calidad de vida más digna.

Solicita se acoja la presente Acción de Protección, declarando que a su representada le corresponde percibir la pensión de sobrevivencia legal como cónyuge sobreviviente del 60% de la pensión de referencia, conforme a las normas legales expresas de los arts. 6 y 58 del DL 3.500 de 1980, Ley de Pensiones, todo ello con costas.

En sustento de su acción acompaña los siguientes documentos; a) Certificado de nacimiento del hijo común nombre reservado; b)Certificado de matrimonio de su representada con nombre reservado; c) Certificado de defunción de nombre reservado; d) Liquidaciones de Pensiones de nombre reservado de Febrero, Marzo y Abril de 2020; e) Liquidación de Pensiones de nombre reservado de Marzo, Abril y Mayo de 2020; y f) Solicitud de Pensión de Sobrevivencia como cónyuge, de nombre reservado.

SEGUNDO: Que, con fecha siete de octubre de dos mil veinte, el abogado José Figueroa Consigliere, evacuó informe por la recurrida COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.

Expone que nombre reservado mantiene contratada una renta vitalicia con Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A., bajo la póliza N° 213569; además recibe actualmente una pensión de sobrevivencia luego del fallecimiento de nombre reservado, la cual comenzó su vigencia en mayo del presente año.

Refiere que el primer punto que se plantea es que para el pago de la pensión de sobrevivencia de la recurrente, esta compañía de seguros estaría aplicando el parámetro señalado en la letra d) del artículo 58 del D.L. 3.500, que crea el Nuevo Sistema de Pensiones, siendo que la correcta, según el recurrente, debería ser la letra a) del mismo artículo. Es importante señalar que el artículo 58 del D.L. 3.500, establece el porcentaje, respecto de la pensión de referencia del pensionado fallecido, que recibirán los beneficiarios de pensión de sobrevivencia, establecidos en el artículo 5 del mismo DL.

Agrega que el motivo por el cual su representada se encuentra actualmente utilizando el porcentaje de la letra d, tiene su fundamento en la regulación legal de la acreditación de la calidad del beneficiario respectivo.

En este sentido, y tal como señala el artículo 5 del D.L. 3.500, es que cada afiliado quien debe acreditar ante la respectiva administradora la existencia de sus eventuales beneficiarios, para luego ser la Administradora quien comunica a la Compañía de Seguros respectiva los beneficiarios que existan.

Por tanto, Consorcio solamente paga a los beneficiarios que son señalados por la respectiva AFP, no teniendo atribuciones legales para poder modificar, incluso en estos casos en que los propios beneficiarios se acercan directamente a solicitar el recalculo, para acceder a estos requerimientos. De esta manera vemos que quien recibe la información y determina que calidad tiene una determinada persona frente a un titular de pensión es la Administradora de Fondos de Pensiones correspondiente.

Manifiesta que para este caso particular los únicos tramites que constan en la AFP y que fueren informados son el divorcio de don nombre reservado, que significó el recalculo de la pensión en el año 2016 y la existencia de un hijo en común, lo que se traduce en que nombre reservado tenga la calidad de “madre de hijo de filiación no matrimonial” y la aplicación del 36% ya mencionado.

El trámite que no se ha realizado y que se debe realizar conforme a las normas del D.L. N° 3.500 en la AFP respectiva, es la inscripción del nuevo matrimonio, con lo cual se produciría el cambio de estatus a “cónyuge” y por consiguiente la aplicación del 60% del monto de la pensión de referencia conforme al artículo 58 del D.L. 3.500. Esto ya ha sido puesto en conocimiento de la contraparte de este recurso, a fin de corregir lo antes posible la situación de nuestro cliente.

Expresa en cuanto al monto de la pensión que recibía nombre reservado y sobre la cual se calculará la pensión de sobrevivencia, precisando que su monto se determina por una serie de factores técnicos y muy complejos, dentro de los cuales se encuentran los beneficiarios de pensión de sobrevivencia que tiene el titular de la pensión.

Por este motivo añade, tal como fue relatado en los hechos descritos por el recurrente, una vez que les fue informado el divorcio del señor nombre reservado en el año 2016, el monto de la pensión aumentó de 15,28 U.F. a 17,16 U.F, dada la perdida de la calidad de beneficiario de la ex–cónyuge. Lo anterior, conforme al artículo 70 del D.L. 3.500, por lo que una vez realizado el trámite de inscripción del nuevo matrimonio de nombre reservado en la AFP respectiva, Consorcio deberá proceder a realizar un nuevo recalculo de la pensión de sobrevivencia, dado que existe una incorporación de un nuevo cónyuge.

Señala que, el supuesto cálculo realizado por la recurrente en el cual se calcula el 60% sobre la última pensión recibida por don nombre reservado, no es correcto, dado que primero se debe realizar el recalculo mencionado sobre la pensión de referencia y luego aplicar el porcentaje legal correspondiente Por último, indica el recurrente que no sería correcto que esta Compañía le entregue el detalle de ambas pensiones a que tiene derecho, en una sola liquidación, tal como se muestra en la liquidación acompañada, precisando que la entrega debe efectuarse de esta manera por cumplimiento normativo que tiene su fundamento en lo siguiente: por razones tributarias y para presentar al Servicio de Impuestos Internos el tramo de Impuesto correcto, en la declaración del Año Tributario que informa nuestra Compañía, en relación a la Renta Imponible por jubilaciones otorgadas; y por temas previsionales, para descontar correctamente desde su liquidación de pensiones, los planes de Salud correspondientes.

TERCERO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

Y, por último, sea que se denomine recurso o acción el arbitrio intentado, cabe tener presente que es “un proceso de protección de derechos fundamentales, o bien, un proceso sumario especial, que permite dar efectividad urgente, aunque con un carácter provisional, a los derechos fundamentales” (Bordalí Salamanca, Andrés. El Proceso de Protección; Revista de Derecho (Valdivia), dic. 1999, vol.10, no.1, p.43-58.), o sea, un procedimiento de urgencia destinado a restablecer el imperio del derecho.

CUARTO: Que, para resolver el reclamo formulado por el recurrente es menester traer a colación el artículo 5 del Decreto Ley 3.500 que establece Nuevo Sistema de Pensiones y el que, textualmente, expone que “Serán beneficiarios de pensión de sobrevivencia, los componentes del grupo familiar del causante, entendiéndose por tal, el o la cónyuge o conviviente civil sobreviviente, los hijos de filiación matrimonial, de filiación no matrimonial o adoptivos, los padres y la madre o el padre de los hijos de filiación no matrimonial del causante. Cada afiliado deberá acreditar ante la respectiva Administradora, la existencia de sus eventuales beneficiarios, por los medios legales pertinentes.”.

A su vez el artículo 58 del mismo cuerpo legal dispone que “La pensión de referencia de los beneficiarios de pensión de sobrevivencia acreditados de acuerdo al artículo 5° será equivalente a los siguientes porcentajes de la pensión de referencia del causante: a) sesenta por ciento para el o la cónyuge; b) cincuenta por ciento para el o la cónyuge, con hijos comunes que tengan derecho a pensión. Este porcentaje se elevará al sesenta por ciento, cuando dichos hijos dejen de tener derecho a pensión; c) treinta y seis por ciento para la madre o el padre de hijos de filiación no matrimonial reconocidos por el o la causante; d) treinta por ciento para la madre o el padre de hijos de filiación no matrimonial reconocidos por el o la causante, con hijos comunes que tengan derecho a pensión. Este porcentaje se elevará al treinta y seis por ciento cuando estos hijos dejen de tener derecho a pensión; e) cincuenta por ciento para los padres que cumplan los requisitos que señala el artículo 10, y f) quince por ciento para cada hijo que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 8°. Este porcentaje se reducirá al once por ciento para los hijos declarados inválidos parciales al cumplir veinticuatro años de edad. g) quince por ciento para el o la conviviente civil que cumpla los requisitos del artículo 7º, siempre que concurran hijos del o la causante con derecho a pensión, que no sean hijos comunes. Cuando no concurran dichos hijos o cuando éstos dejen de tener derecho a pensión, el porcentaje se elevará al mencionado en las letras a) o b) dependiendo de si no existen o existen hijos comunes con derecho a pensión, respectivamente. Cuando concurran hijos comunes con derecho a pensión del o la causante y adicionalmente existan hijos del o la causante con derecho a pensión, que no sean comunes con el o la conviviente civil, el porcentaje de éste o ésta será el establecido en la letra b) anterior, aumentándose al porcentaje establecido en la letra a) precedente, en caso que tanto los hijos comunes como los no comunes dejen de tener derecho a pensión. Si dos o más personas invocaren la calidad de cónyuge, de conviviente civil, de madre o de padre de hijo de filiación no matrimonial de la o el causante, a la fecha de fallecimiento de estos últimos, el porcentaje que le correspondiere a cada uno de ellos se dividirá por el número de cónyuges, de convivientes civiles, de madres o de padres de hijos de filiación no matrimonial que hubiere, respectivamente, con derecho de acrecer entre ellos. Si al momento de producirse el fallecimiento de un causante, éste o ésta no tuvieren cónyuge con derecho a pensión, las pensiones de referencia de los hijos se incrementarán distribuyéndose por partes iguales el porcentaje establecido en la letra b) del inciso primero. De lo anterior se exceptúan los hijos que tuvieren una madre o padre con derecho a pensión establecida en las letras d) o g) precedentes.”.

QUINTO: Que, el solo tenor de los artículos antes transcritos permite colegir que, a partir de los antecedentes aportados por los intervinientes, no es dable calificar de arbitrario o ilegal el proceder de la recurrida pues lo que ésta ha hecho solo es dar estricta aplicación al mandato legal citado, siéndole imposible acceder a lo que la recurrente solicita, declarar que tiene derecho a percibir la pensión de sobrevivencia como cónyuge del causante, mientras no se acredite ante la Administradora de Fondos Previsionales respectiva la calidad de beneficiaria de la reclamante, omisión no controvertida por la recurrente.

SEXTO: Que, atendido lo anterior, en cuanto a que no existe un acto ilegal o arbitrario por parte de la recurrida la presente acción constitucional será desestimada, siendo innecesario verificar la existencia de privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías fundamentales que la recurrente detalla en su líbelo.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo que dispone el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado.

Regístrese y notifíquese.

Redacción del Ministro señor Le-Cerf Raby.-.

Rol I.C. Nº 1096-2020.- Protección.-.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros señora Marta Maldonado Navarro, señor Christian Le-Cerf Raby y el Fiscal Judicial señor nombre reservado.

En La Serena, a treinta de octubre de dos mil veinte, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.