Protección contra Director Nacional del Instituto de Deportes de Chile

nombre reservado

Instituto Nacional del Deporte y otros Recurso de Protección Rol N°1094-2017.- La Serena, nueve de agosto de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Que con fecha 20 de junio del 2017, comparece don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Director Nacional del Instituto de Deportes de Chile, don CHRISTIAN DROGUETT CAMPOS, domiciliado en domicilio reservado; del Director Regional del mismo organismo, don MANUEL BONIFAZ MUÑOZ, domiciliado en domicilio reservado; y de don nombre reservado, no indica oficio o profesión, ni domicilio, por estimar que la tramitación de un sumario administrativo ordenado por Resolución Exenta Nº 620 de 9 de marzo del 2017, que el Instituto Nacional de Deportes promueve en su contra, es ilegal, antijurídica y arbitraria.

Fundando el recurso sostiene que deduce la presente acción constitucional por la vulneración de la garantía del debido proceso en todas sus formas, puesto que en el marco del sumario administrativo aludido, en primer término, presentó escrito de recusación en contra del fiscal que substanciaba el sumario y de la actuaria; en segundo lugar, solicitó copia del expediente y ampliación del plazo para realizar descargos, sin que se haya tenido resolución alguna.

Explica que dicho proceso administrativo fue instruido por el destituido ex director del Instituto, don Juan Cabezas Beroiza, a petición arbitraria e ilegal del Director Regional de Coquimbo Manuel Bonifaz, designando como fiscal a cargo a don nombre reservado. Añade que la tramitación de dicho sumario substanciado por el mencionado fiscal y la actuaria nombre reservado es irregular, arbitraria y antijurídica, porque su inacción ha vulnerado el principio de seguridad jurídica y de un proceso racional y justo y el derecho a una defensa justa y oportuna y asimismo del debido proceso (sic), toda vez que nunca se le dio respuesta de la recusación planteado al fiscal y la actuaria con fecha 23 de mayo del 2017; que tampoco se le entregó copia del expediente, ni respuesta a la solicitud de ampliación de plazo para efectuar descargos, no obstante que conforme a los artículos 134 y 138 del Estatuto Administrativo, tenían la obligación de responder en tiempo y forma. Estima infringidas las garantías establecidas en los numerales 2, 3 y 14 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en concordancia con los artículos 132, 134 y 138 del Estatuto Administrativo.

Agrega que comenzó a prestar servicios en la Dirección Regional en mayo del 2013, en calidad de remplazo, luego, sin solución de continuidad fue contratado en modalidad honorarios hasta julio del 2014, fecha en que fue contratado bajo la modalidad de contrata, continuando en esa calidad hasta diciembre de 2016, siendo notificado de la no renovación por el período 2017, mediante un acto sin fundamento. Refiere que con fecha 20 de mayo del año en curso fue notificado de un sumario administrativo de carácter externo, ordenado instruir por el ex Director Nacional don Juan Cabezas Beroiza mediante Resolución Exenta N° 620 de 9 de marzo del 2017, y que encontrándose dentro de plazo interpuso recusación contra el fiscal y la actuaria; que, además, en el plazo de 5 días que tenía para efectuar los descargos solicitó copia del expediente y ampliación del plazo para formular tales descargos; sin embargo, no habiendo obtenido respuesta ni proveído respecto de las peticiones hasta el plazo de vencimiento para efectuar descargos, debió presentarlos en notoria desventaja.

Enseguida, luego de reproducir textualmente los artículos 20, 19 número 2, los incisos 2° y 3° del numeral 3° y número 14, todos de nuestra Carta Fundamental y los artículos 132, 134 y 138 del Estatuto Administrativo, solicita, en definitiva, que se acoja la presenta acción de protección, a fin que se ordene que se declaren y repongan sus derechos, con costas.

El recurrente acompaña los siguientes antecedentes: a) copia de la notificación del sumario administrativo, de fecha 20 de mayo del 2017; b) copia de la Resolución Exenta N° 620 de fecha 9 de marzo del 2017, que ordena la instrucción del sumario administrativo en contra del recurrente; c) copia de la apertura y aceptación del cargo de fiscal y actuaria del aludido sumario; d) copia de los cargos formulados en el sumario; e) copia del oficio 01/2017 de 23 de mayo del 2017, por el cual se adjunta el escrito de recusación; f) copia del escrito de recusación; g) copia del oficio 2/2017, de fecha 24 de mayo del 2017, por el cual el accionante remite escrito al Instituto Nacional del Deporte; h) copia de la presentación en virtud de la cual solicita copias del expediente administrativo y ampliación del plazo; i) copia del oficio 03/2017, por el que se remite escrito de descargos; y, j) copia del referido escrito de contestación de cargos.

Con fecha 10 de julio del 2017 el recurrido Christian Droguett Campos, evacuando el informe solicitado, en representación del ente recurrido, señala que mediante Resolución Exenta Nº 620 de 9 de marzo del 2017, de la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Deportes elevó a sumario administrativo la investigación sumaria ordenada en contra del recurrente, designándose como fiscal a don nombre reservado, abogado del Departamento Jurídico del nivel central; adiciona que el accionante solicitó la inhabilidad del fiscal, petición que fue resuelta a fines de junio del año en curso, mediante la respectiva Resolución Exenta, encontrándose pendiente de notificación, según lo manifestado por el fiscal investigador.

Refiere que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 letra d) de la ley 19.712, al Director Nacional del Instituto Nacional de Deportes le corresponde la aplicación de las medidas disciplinarias que correspondan, de acuerdo con las normas estatutarias que los rijan. Añade que en virtud de dicha potestad disciplinaria se dictó la Resolución Exenta N° 4256 de 23 de diciembre del 2016, instruyéndose la investigación sumaria, a fin de indagar y determinar las eventuales responsabilidades del recurrente, ex trabajador del servicio, quien en el ejercicio de sus funciones habría patrocinado como abogado un recurso de protección en contra del mencionado Instituto Nacional; que la investigación fue elevada a sumario administrativo mediante la referida Resolución N° 620 de 9 de marzo del presente año.

Expone que el recurrente no ha reclamado la existencia de algún acto o manifestación de voluntad que haya negado alguna de sus peticiones, por lo que solo puede inferirse que lo reclamado es un retardo en la resolución de sus solicitudes, calificándolo como un “silencio doloroso”. Agrega que conforme dictámenes de la Contraloría General de la República, tanto la investigación sumaria como el sumario administrativo no tiene plazo fatal para su terminación.

Sostiene el informante que no se aprecia ninguna vulneración o arbitrariedad contra el recurrente, puesto que el proceso se encuentra en tramitación y no se ha adoptado medida alguna en su contra. Indica que el recurrente alega la vulneración de las garantías de igualdad ante la ley, del debido proceso y del derecho de petición. Expresa que, en cuanto al primero, el accionante no aporta ningún hecho ni elemento de análisis que permita determinar el modo y en relación a qué elemento discriminatorio de los actos que considera ilegales y arbitrarios habrían vulnerado dicha igualdad; respecto a la segunda, señala “es dable reiterar acá los argumentos expuesto en los acápites anteriores, los que se dan por reproducidos.”(sic); y, en relación al derecho de petición, asevera que se encuentra fuera del ámbito de la acción de protección, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Por tanto, solicita, en definitiva, el rechazo de la acción cautelar deducida, con costas.

Con fecha 11 de julio de 2017, el recurrido don nombre reservado evacua el informe solicitado, señalando que efectivamente se substancia un sumario administrativo contra el recurrente de protección, ordenado incoar por Resolución Exenta N° 620 de fecha 9 de marzo del 2017, emitida por la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Deportes, sumario que actualmente está en etapa de formulación de cargos y en el cual actúa como fiscal designado, en virtud de la referida Resolución Exenta.

Indica que con fecha 23 de mayo del presente año, el recurrente solicitó su inhabilidad, petición que fue resuelta en el mes de junio del año en curso, mediante la respectiva Resolución Exenta de la autoridad competente, la que se encuentra en proceso de notificación. Agrega que atendido que la petición de inhabilidad pone en cuestionamiento la imparcialidad del fiscal sumariante para desempeñar el cargo, requiere de pronunciamiento previo y especial, produciendo el efecto de suspender el procedimiento en tanto no se resuelva la solicitud de inhabilidad; que, en consecuencia, encontrándose pendiente la notificación de la resolución que resuelve tal petición, el procedimiento disciplinario se encuentra necesariamente suspendido, situación que le impide pronunciarse sobre cualquier presentación posterior formulada, garantizándose los derechos del peticionario por la paralización del proceso.

Añade que de conformidad a la ley, tanto la investigación sumaria como el sumario administrativo no tienen un plazo fatal para su terminación, como lo ha señalado la Contraloría General de la República. Por otra parte, expone el informante que sus funciones de fiscal del sumario las desarrolla en el nivel central del Instituto Nacional de Deportes en la ciudad de Santiago y que el accionante tiene domicilio en la Cuarta Región, circunstancias que, inevitablemente, influyen en la tramitación del proceso y en las notificaciones que deben practicarse por carta certificada, como lo dispone la ley.

Estima el mencionado recurrido que no ha cometido vulneración o arbitrariedad alguna en contra del recurrente, no advirtiéndose argumentos que permitan concluir que se han infringido sus garantías constitucionales, reiterando que el proceso se encuentra en estado de formulación de cargos y suspendido por la interposición de una solicitud de inhabilidad, por lo que no se ha impuesto al actor ninguna medida disciplinaria. Luego y en relación a las garantías que el recurrente estima vulneradas, reitera los mismos argumentos formulados por el recurrido Christian Droguett Campos. Finalmente, impetra el rechazo de la acción de constitucional intentada, con costas.

Que habiéndose solicitado informe al recurrido don Manuel Bonifaz Muñoz, en su calidad de Director Regional del Instituto Nacional de Deportes, comparece con fecha 19 de julio del 2017, efectuando una confusa presentación, puesto que de su simple lectura se infiere que, en definitiva, lo evacua una persona (que no se identifica), pero que señala ser la actuaria del sumario administrativo ordenado instruir en contra del accionante, no obstante, no haberse intentado el recurso de protección en su contra.

Que por resolución de fecha 13 de julio del presente año, proveyendo el aludido escrito, esta Corte ordenó que la presentación debía efectuarse por quien correspondiere, al constatarse que había ingresado al sistema virtual con una clave distinta a la del compareciente; sin embargo, el recurrido Bonifaz Muñoz no dio cumplimiento a lo decretado, por lo que solo cabe concluir que, en definitiva, no evacuó informe que se le requiriera.

Con fecha 20 de julio de 2017 se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que, no obstante la imprecisa y confusa construcción del libelo recursivo, de su atenta lectura es posible establecer que el accionante reclama como ilegal y arbitraria la conducta desplegada por don Christian Droguett Campos, Director Nacional del Instituto de Deportes de Chile, por don Manuel Bonifaz Muñoz, Director Regional del mencionado Instituto y por don nombre reservado, en su calidad de fiscal del sumario administrativo ordenado instruir en su contra, sosteniendo al respecto que los recurridos han omitido resolver oportunamente las presentaciones que efectuara en el aludido proceso administrativo, mediante las cuales solicitó, en primer término, la recusación del fiscal y de la actuaria designados para la substanciación del referido sumario; en segundo lugar, copia del respectivo expediente de la investigación sumaria; y, finalmente, la ampliación del plazo para formular sus descargos.

Precisa que con fecha 20 de mayo del año en curso fue notificado del sumario administrativo de carácter externo ordenado instruir en su contra por el ex Director Nacional del Instituto Nacional de Deportes, don Juan Cabezas Beroiza, mediante Resolución Exenta N° 620 de 9 de marzo del 2017, en que se designó como fiscal instructor a don nombre reservado y en calidad de actuaria a doña nombre reservado, agregando que dentro del plazo de cinco días que tenía para formular los descargos, efectuó las presentaciones antes aludidas, sin haberse proveído ni obtenido respuesta a sus peticiones hasta la fecha de interposición de la presente acción constitucional, por lo que debió efectuar sus descargos en notoria desventaja. Añade que la inacción de los funcionarios del mencionado servicio público ha vulnerado el principio de seguridad jurídica y de un proceso racional y justo, como asimismo, el derecho a una defensa justa y oportuna, y el debido proceso, no obstante que de conformidad a los artículos 134 y 138 del Estatuto Administrativo, tenían la obligación de responder en tiempo y forma.

Estima infringidas las garantías establecidas en los numerales 2, 3 y 14 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en concordancia con los artículos 132, 134 y 138 del estatuto administrativo.

CUARTO: Que, evacuado el informe solicitado, los recurridos don Christian Droguett Campos, en su calidad de Director Nacional del Instituto de Deportes de Chile y don nombre reservado, fiscal designado para el procedimiento administrativo, en síntesis, exponen que en virtud de la Resolución Exenta Nº 620 de 9 de marzo del 2017, de la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Deportes, se elevó a sumario administrativo la investigación sumaria ordenada en contra del recurrente, designándose como fiscal a don nombre reservado, abogado del Departamento Jurídico de la entidad estatal; que, efectivamente, el accionante solicitó la inhabilidad del fiscal, petición que fue resuelta a fines de junio del presente año, mediante la respectiva Resolución Exenta, encontrándose pendiente de notificación, de acuerdo a lo manifestado por el fiscal investigador. Agregan que conforme a la ley 19.712, al Director Nacional del Instituto Nacional de Deportes le corresponde la aplicación de las medidas disciplinarias que sean pertinentes, de acuerdo con las normas estatutarias vigentes y que en atención a dichas facultades se dictó la Resolución Exenta N° 4256, de 23 de diciembre del 2016, instruyéndose la investigación sumaria a objeto de indagar y determinar las eventuales responsabilidades del recurrente, ex funcionario del servicio, quien en el ejercicio de sus funciones había patrocinado como abogado un recurso de protección deducido en contra del Instituto Nacional, investigación que fue elevada a sumario administrativo mediante la referida Resolución Exenta N° 620. Agregan que el recurrente no ha reclamado la existencia de algún acto o manifestación de voluntad que haya negado alguna de sus peticiones, por lo que solo puede inferirse que lo reclamado es un retardo en la resolución de sus solicitudes, adicionando, por una parte, que de acuerdo a dictámenes de la Contraloría General de la República, tanto la investigación sumaria como el sumario administrativo no tiene plazo fatal para su conclusión; y, por otra, que la petición de inhabilidad requiere de pronunciamiento previo y especial, produciendo el efecto de suspender el proceso administrativo, mientras no se resuelva tal solicitud; por tanto, encontrándose pendiente la notificación de la resolución que resolvió dicha solicitud, la tramitación del sumario se encuentra paralizada, circunstancia que impide emitir pronunciamiento respecto de cualquier presentación formulada posteriormente.

En fin, aseveran que no se aprecia la vulneración o arbitrariedad que les atribuye el accionante, porque el procedimiento administrativo se encuentra en tramitación y no se ha adoptado medida alguna en su contra, agregando que en relación a las garantía de igualdad ante la ley y del debido proceso, el recurrente no ha aportado ningún hecho ni elemento de análisis que permita determinar el modo que habrían sido infringidas por los recurridos y, respecto del derecho de petición sostienen que se halla fuera del ámbito de la acción de protección, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental.

QUINTO: Que del mérito de lo expuesto por el accionante y de lo informado por los recurridos Christian Droguett Campos y nombre reservado, en las calidades que se les atribuye, teniendo en consideración, además, el contenido de la documental allegada a los antecedentes, reseñada en la parte expositiva de este fallo, y apreciada de conformidad con las reglas de la sana crítica, se logran establecer los siguientes hechos: a) que por Resolución Exenta N° 620, de fecha 9 de marzo del 2017, el Director Nacional del Instituto Nacional de Deportes de Chile de la época, don Juan Cabezas Beroiza, dispuso elevar a sumario administrativo la investigación sumaria ordenada, destinada a establecer eventuales responsabilidades administrativas del ex funcionario nombre reservado, en atención a que no se había presentado a su lugar de trabajo entre el 19 y 2 de diciembre del 2016, sin justificación ni autorización de la Dirección Regional del referido servicio y, además, por cuanto en circunstancias que se desempeñaba como funcionario de dicho Instituto actuó como abogado patrocinante en un recurso de protección presentado por otro funcionario en contra de la misma entidad administrativa; b) que en virtud de la aludida Resolución Exenta se designó en calidad de fiscal para la substanciación del sumario, al recurrido nombre reservado; c) que mediante resolución de fecha 14 de marzo del 2017, el citado fiscal sumariante, a su vez, designó en calidad de actuaria de dicho proceso, a doña nombre reservado; d) que por resolución de 4 de mayo del presente año, el fiscal recurrido procedió a formular cargos al recurrente don nombre reservado, ex funcionario a contrata que se desempeñaba como asesor jurídico de la Dirección Regional de Coquimbo del Instituto Nacional de Deportes, siendo notificado de esta resolución con fecha 20 de mayo último; e) que mediante sendas presentaciones de fechas 23 y 24 de mayo del año en curso, el recurrente formuló recusación en contra del fiscal nombre reservado y de la actuaria nombre reservado, fundado en lo dispuesto en el artículo 133 letra b) del Estatuto Administrativo, además, solicitó copia del expediente administrativo y ampliación de plazo para contestar los cargos, asilado en lo previsto en el artículo 138 del citado cuerpo legal.

SEXTO: Que, a objeto de resolver sobre la procedencia de la acción cautelar deducida, menester resulta precisar, en atención a lo informado por la recurrida, y como se ha consignado en el motivo tercero de esta sentencia, que el recurrente ha reclamado la omisión que en habrían incurrido los recurridos, consistente en no haber emitido pronunciamiento alguno respecto de las peticiones formuladas por su parte, reseñadas en el literal e) del motivo precedente; por tanto, no ha sido materia del recurso la impugnación relativa a la legalidad del proceso administrativo iniciado, ni se relaciona con las atribuciones disciplinarias conferidas al Director Nacional del ente estatal, en virtud de las cuales se encuentra facultado para ordenar la instrucción del sumario administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la ley 19.712.

SÉPTIMO: Que de acuerdo a lo previsto en el artículo inciso 2° del artículo 119 de la ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, los funcionarios de la administración pública incurrirán en responsabilidad administrativa cuando las infracciones a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá se acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo; por su parte, conforme lo dispone el artículo 129 del citado texto legal, el sumario administrativo deberá ser ordenado por el jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios descentralizados, según corresponda, en virtud de una resolución, en la que, además, designará al fiscal que estará a cargo del mismo, agregando en su artículo 132 que los funcionarios citados a declarar por primera vez ante el fiscal, en calidad de inculpados, deberán ser apercibidos para que dentro del segundo día formulen las causales de implicancia o recusación en contra del fiscal o del actuario, estableciendo el artículo siguiente las causales de recusación. En fin, el artículo 134 del aludido Estatuto, prescribe que formulada la recusación, el fiscal o el actuario, según corresponda, dejarán de intervenir en el sumario y la solicitud del recusación deberá ser resuelta en el plazo de dos días por el fiscal respecto del actuario y por la autoridad que ordenó la instrucción de dicho proceso respecto del fiscal y que, para el caso de ser acogida se designará un nuevo fiscal o actuario.

OCTAVO: Que en los informe evacuados por los recurridos Christian Droguett Campos, Director Nacional del Instituto Nacional de Deportes de Chile, y don nombre reservado, fiscal designado para la instrucción del sumario administrativo, ambos han señalado expresamente que la petición de recusación formulada por el accionante ante el citado Director Nacional, en contra del mencionado fiscal, había sido resuelta en el mes de junio del presente año y que se encontraba en proceso de notificación al recurrente. No obstante, ninguno de los informantes han indicado ni siquiera la fecha de la Resolución Exenta a que aluden y que habría recaído sobre la solicitud de recusación, ni remitieron antecedente alguno que permitiera advertir la efectividad de tal aseveración, debiéndose tener en consideración que, precisamente, corresponde al Director Nacional del Instituto, la resolución de la petición de recusación del fiscal, de conformidad con lo previsto en el artículo 134 del Estatuto Administrativo.

NOVENO: Que en atención a lo afirmado por la propia autoridad administrativa y por el fiscal designado, esta Corte, luego de la vista del recurso y con la misma fecha, esto es, el 21 de julio último, como medida para mejor acierto del fallo, de acuerdo lo autoriza el numeral 5° del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, decretó oficiar al fiscal substanciador del sumario administrativo, solicitando la remisión de copia de la Resolución Exenta en virtud de la cual se había resuelto la petición de la recusación formulada por el sumariado; sin embargo, el recurrido fiscal nombre reservado se negó a dar cumplimiento a lo solicitado, sosteniendo que de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 137 del Estatuto Administrativo, el sumario es secreto hasta la fecha de formulación de cargos, oportunidad en que dejará de serlo para el inculpado y para su abogado personal, aludiendo además, a la figura penal contemplada en el artículo 246 del Código Punitivo.

DÉCIMO; Que, frente a tal respuesta, en primer término, menester resulta dejar establecido que estos sentenciadores se limitaron a solicitar copia de una resolución que los mismos recurridos Droguett y nombre reservado, en sus respectivas calidades, afirmaron que había sido dictada, información que, por lo demás, no se relacionaba de modo alguno con los hechos que motivan la investigación del sumario administrativo; en segundo lugar, además, útil es recordar, que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15° del precitado Auto Acordado, el funcionario o representante o jefe del Órgano del Estado, cualquiera sea la calidad que ostenten, se encuentran compelidos a evacuar los informes o a dar cumplimiento a las diligencias, resoluciones y sentencias dentro de los plazos que la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema ordenaren, bajo el apercibimiento de imponer algunas de las medidas que la misma disposición establece; y, en fin, asimismo conveniente es tener presente que atendido lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección tiene por objeto asegurar el debido resguardo de quien se sienta afectado por algún acto u omisión que estime arbitrario o ilegal que le prive, perturbe o amenace en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que indica el referido precepto, norma constitucional que en concordancia con lo previsto en el aludido Auto Acordado, en cuanto regula la tramitación del referido recurso, constituyen preceptos de rango superior que atienden el principio y garantía constitucional que es anterior y prevalecen sobre las disposiciones legales en que se asila el recurrido nombre reservado para negar la información requerida.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, a los autos no se ha arrimado antecedente de convicción alguno que permita establecer que, efectivamente, la solicitud de recusación formulada por el recurrente en contra del fiscal designado para tramitar el sumario administrativo incoado en su contra, haya sido oportuna y debidamente resuelta, habido consideración que tal petición fue presentada ante el jefe superior del servicio con fecha 23 de mayo del presente año, vale decir, hace más de dos meses hasta la fecha del presente fallo, situación que pugna con la expresa disposición contenida en el inciso 2° del artículo 134 de la ley 18.834, siendo del caso, además, tener en consideración que, en ausencia de antecedentes probatorios pertinentes, improcedente resulta sustentar solo en los dichos de los recurridos los fundamentos fácticos expuestos en sus respectivos informes, en cuanto afirman haberse resuelto la aludida solicitud.

DUODÉCIMO: Que en este escenario, previamente, es necesario analizar la procedencia de la acción cautelar intentada por el accionante, en primer término, en relación a las garantías constitucionales referidas al derecho de defensa jurídica que tiene toda persona, prevista en el numeral 3° inciso 2 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental y a la establecida en el numeral 14 del citado precepto, vale decir, el derecho a presentar peticiones sobre cualquier asunto a la autoridad.

Al respecto preciso es dejar asentado, desde ya, que los mencionados derechos constitucionales no se encuentran contemplados dentro del catálogo de las garantías señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, por lo que inadmisible resulta impetrar su protección a través la presente acción.

DECIMOTERCERO: Que respecto de la garantía contemplada en el inciso 5° (citada erróneamente como inciso 3° por el recurrente) del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, precepto que, en síntesis, señala que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, basta para desestimarla, la circunstancia que el sumario administrativo incoado en contra del accionante fue ordenado instruir por la autoridad administrativa dentro de la esfera de su competencia y debidamente facultada, de conformidad con lo preceptuado en las normas del Estatuto Administrativo y de la ley 19.712, citadas en los motivos sexto y séptimo precedentes, situación que, por lo demás, no ha sido impugnada por el recurrente, debiéndose tener presente, asimismo, que el propio accionante ha reconocido la competencia del Director Nacional del Instituto Nacional de Deportes, toda vez que las solicitudes cuya resolución reclama a través de la presente acción constitucional, fue precisamente, presentada ante dicha autoridad administrativa.

DECIMOCUARTO: Que, en lo relativo a la garantía establecida en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, si bien la recurrente no ha explicitado de manera nítida la forma cómo los hechos que atribuye a los recurridos ha vulnerado la igualdad ante la ley, preciso es tener presente, por una parte, que el precitado precepto contiene un mandato a las autoridades pública a fin que no establezcan diferencias o discriminaciones arbitrarias, que aparezcan como contrarias a la ética o a un proceso normal de análisis intelectual, en otros términos, que no tengan justificación racional o razonable; y, por otro lado, como se ha dicho, que el recurso de protección procede para asegurar el debido resguardo de quien se sienta afectado por algún acto u omisión que estime arbitrario o ilegal que le prive, perturbe o amenace en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que indica el artículo 20 de la Constitución Política.

DECIMOQUINTO: Que, en la especie, como se ha señalado precedentemente, la omisión de la obligación de resolver oportunamente las peticiones formuladas en tiempo y forma por el recurrente, sin que dicha inacción aparezca motivada, no cabe sino estimarla arbitraria o caprichosa; y, enseguida, la circunstancia de no haberse ceñido el Director Nacional del Instituto Nacional de Deportes a la normativa legal vigente sobre la materia, contenida en inciso 2° del artículo 134 del Estatuto Administrativo, ha tornado en ilegal su conducta, resultando la omisión reprochada la causa, origen y antecedente directo de los hechos que han sustentado el presente recurso de protección.

DECIMOSEXTO: Que, atendido lo razonado precedentemente resulta inconcuso que la pasividad del recurrido jefe de servicio, don Christian Droguett Campos, ha vulnerado la garantía constitucional de igualdad ante la ley del recurrente, al abstenerse de manera arbitraria e ilegal de resolver la solicitud de recusación del fiscal dentro del término legal, infringiendo el principio de celeridad que debe inspirar las decisiones que adopte la Administración del Estado, impidiendo de esta forma al recurrente adquirir la certeza que el procedimiento administrativo instruido en su contra sea tramitado con la debida observancia de los plazos que contempla la normativa contenida en el Estatuto Administrativo, situación que lo sitúa en una posición de incertidumbre jurídica, en particular respecto de la identidad de quien, en definitiva, debe substanciar objetiva e imparcialmente el proceso seguido en su contra y resolver las restantes peticiones pendientes, solicitudes que le pueden garantizar un adecuado ejercicio de su derecho a defenderse en el sumario, estableciendo, por tanto, el Director Nacional del Instituto Nacional de Deportes una diferenciación arbitraria que deviene en ilegal respecto del accionante en relación con otros funcionarios públicos que obtienen respuesta oportuna a sus requerimientos, esto es, dentro del plazo previsto en el precitado cuerpo normativo.

En consecuencia, atendido lo reflexionado en los motivos que anteceden, la acción constitucional dirigida en contra del aludido Director Nacional deberá ser acogida.

DECIMOSÉPTIMO: Que, en cambio, de conformidad con el referido artículo 134 del Estatuto Administrativo, la sola presentación de la solicitud de recusación tiene el efecto de impedir la intervención del fiscal y actuaria designada en la tramitación del sumario, en tanto la inhabilidad formulada no sea resuelta por el jefe superior del servicio que ordenó su instrucción; y, además, interrumpe la tramitación del procedimiento, como ha ocurrido en la especie, de acuerdo a lo informado por el fiscal recusado, en cuanto señala que mientras no se notifique al recurrente de la resolución que resolvió la recusación, el procedimiento disciplinario se encuentra suspendido.

En este contexto, no cabe sino concluir que la acción cautelar intentada en contra del mencionado fiscal nombre reservado y del Director Regional del Instituto Nacional de Deportes, don Manuel Bonifaz Muñoz, resulta improcedente, como quiera que mientras penda la resolución o notificación de lo resuelto en relación a la recusación formulada en contra del primero, éste se encuentra inhibido de adoptar decisiones respecto de las restantes peticiones del recurrente; y en cuanto al segundo, porque no se advierte, de modo alguno, la relación que tenga con los hechos fundantes del recurso, toda vez que normativamente carece de atribuciones para resolver las presentaciones efectuadas por el accionante de protección Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

1°.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra del Director Nacional del Instituto Nacional de Deportes de Chile, don Christian Droguett Campos; y, en consecuencia, se dispone que la mencionada autoridad deberá decidir la solicitud de recusación formulada en contra del fiscal del sumario administrativo ordenado instruir en contra del recurrente, dictando la Resolución Exenta pertinente, si ya no lo hubiere hecho, y ordenar su notificación al mencionado nombre reservado, remitiendo, oportunamente, las restantes peticiones pendientes de resolución al fiscal que correspondiere.

2°.- Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección intentado en contra del fiscal don nombre reservado y del Director Regional del Instituto Nacional de Deportes, don Manuel Bonifaz Muñoz.

Notifíquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del ministro titular, don Fernando Ramírez Infante.

Rol N° 1094-2017.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones integrada por los Ministros Titulares señor Fernando Ramírez Infante, señora nombre reservado y el Ministro Suplente señor Carlos Jorquera Peñaloza.

En La Serena, a nueve de agosto de dos mil diecisiete, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.