nombre reservado con EJERCITO DE CHILE

nombre reservado

Ejército de Chile y otra Recurso de protección Rol N°1091-2026.- La Serena, siete de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, ex Suboficial del Ejército de Chile, cédula nacional de Identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de don nombre reservado, Subsecretario para las Fuerzas Armadas, y de don nombre reservado, Comandante en Jefe del Ejército de Chile, alegando como acto ilegal y arbitrario la dictación de la resolución exenta N°9593, de 12 de diciembre de 2025, mediante la cual se dejó sin efecto la Resolución N°784, de 11 de septiembre de 2025, que había reconocido a su favor el derecho a reliquidación de pensión y desahucio, lo cual señala vulnerar sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que el 1 de abril de 2012, obtuvo pensión de retiro de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA), por 34 años y 11 meses de servicios efectivos, al 31 de diciembre de 2011. Posteriormente reingresó al servicio desempeñándose en el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército (IDIC), bajo régimen laboral regido por el Código del Trabajo, prestando servicios de manera continua por más de doce años. Señala que durante dicho período mantuvo su calidad de pensionado de CAPREDENA y efectuó las cotizaciones e imposiciones previsionales correspondientes, permaneciendo afecto al régimen previsional de la Defensa Nacional, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N°18.458.

Indica que atendido el tiempo servido con posterioridad a la obtención de su pensión de retiro y el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo 177 del DFL (G) N°1 de 1968, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas dictó la Resolución N°784, de 11 de septiembre de 2025, mediante la cual reconoció a su favor el derecho a reliquidación de pensión y desahucio, reconociéndole 12 años, 9 meses y 9 días de servicios prestados con posterioridad a la obtención de la pensión de retiro, totalizando 47 años, 8 meses y 9 días de servicios computables para efectos previsionales, con el consecuente incremento de la pensión y reconocimiento del correspondiente desahucio. Añade que la Contraloría General de la República realizó trámite de toma de razón.

Refiere que el 12 de diciembre de 2025, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas dictó la Resolución Exenta N°9593, mediante la cual dejó sin efecto íntegramente la Resolución N°784 y todos los derechos previsionales que habían sido reconocidos al recurrente. Indica que la resolución impugnada fundó dicha decisión, entre otras consideraciones, en la supuesta circunstancia de que los tribunales laborales habrían determinado la modificación de la causal de retiro aplicable al recurrente, concluyendo a partir de ello que no procedía la reliquidación de pensión ni el desahucio previamente reconocidos.

Alega que, nunca le fue notificada la resolución que por este recurso impugna, y que sólo tomó conocimiento efectivo de su existencia el 29 de mayo de 2026, luego de realizar diversas gestiones personales destinadas a averiguar las razones por las cuales no se había materializado el pago de la reliquidación que previamente le había sido reconocida, fruto de aquellas diligencias logró obtener copia de la Resolución Exenta N°9593, tomando conocimiento por primera vez de la existencia del acto administrativo que había dejado sin efecto los beneficios previsionales reconocidos mediante la Resolución N°784.

Adiciona, que la supuesta determinación judicial invocada por la autoridad administrativa no existe, pues en la causa laboral RIT 0-1871-2025, seguida ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo, aún no se ha dictado sentencia.

Arguye que, la resolución recurrida es arbitraria e ilegal, pues lo priva de derechos previsionales previamente reconocidos por la propia Administración, infringiendo las normas que regulan la actuación de los órganos administrativos, prescindiendo del procedimiento legalmente establecido para privar de efectos a un acto favorable y fundando su decisión en antecedentes fácticos inexistentes. Indica que no se instruyó un procedimiento invalidatorio, no se le confirió audiencia, ni pudo ejercer su defensa respecto de una decisión que afecta sus derechos de carácter patrimonial ya reconocidos, lo cual infringe las garantías mínimas que deben observar los órganos de la Administración del Estado cuando pretenden privar de efectos a un acto administrativo favorable.

En cuanto a la sentencia laboral aludida en la resolución recurrida, reitera que es inexistente, pues la causa aún se encuentra en tramitación, y aunque hubiera un fallo el objeto de ese procedimiento se encuentra circunscrito a la determinación de la legalidad del despido y a las consecuencias indemnizatorias derivadas de la terminación del contrato de trabajo. Indica que, no corresponde a los tribunales laborales pronunciarse sobre la procedencia de la regulación de una pensión de retiro ni sobre el derecho al desahucio regulado por la normativa previsional de la Defensa Nacional.

Sobre las garantías conculcadas, señala la vulneración del derecho de propiedad y de la igualdad ante la ley, tras la dictación de la Resolución Exenta N°9593, pues el acto administrativo N°784, de 11 de septiembre de 2025, se había reconocido al recurrente el derecho a la reliquidación de su pensión y desahucio, incorporando legítimamente dichos beneficios previsionales a su patrimonio como bienes incorporales protegidos por la garantía constitucional. No obstante, la autoridad recurrida, sin procedimiento invalidatorio ni audiencia del afectado, y con fundamentos insuficientes, dejó sin efecto ese reconocimiento, privándolo arbitrariamente de sus derechos patrimoniales. Señala que, esta actuación se agrava al constatar que, en casos sustancialmente equivalentes de otros extrabajadores del Instituto, la propia Administración ha arribado a avenimientos o los tribunales han declarado injustificados los despidos, sin que ello excluya los beneficios previsionales. Alega que, frente a esa realidad, el recurrente recibió un trato desfavorable y singular, basado en una supuesta determinación judicial inexistente, sin una justificación objetiva ni razonable.

Culmina solicitando, acoger el recurso, y que, se ordene a las recurridas dejar sin efecto la resolución exenta N°9593, de 12 de diciembre de 2025, restableciendo la vigencia de la resolución N°784, de 11 de septiembre de 2025; ordenando a los recurridos adoptar todas las medidas administrativas necesarias para dar íntegro cumplimiento a dicha resolución, materializando la reliquidación de la pensión de retiro y el pago del desahucio reconocido al recurrente; con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que a folio 13, comparece el abogado Felipe Muñoz Aranda, en representación de la recurrida SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS, evacuando el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso intentado.

En primer lugar, alega la extemporaneidad de la acción de protección, pues señala que las resoluciones números 9593 y 784 fueron notificadas al interesado el mismo día de haberse emitido por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, a través del envío de correo electrónico al actor (correo reservado), como se logra visualizar en la parte inferior de ambas resoluciones y al tenor de los comprobantes de despacho que adjuntan, cumpliéndose de esa forma con el artículo 46 de la Ley N°19.880; y habiéndose interpuesto el presente recurso el 25 de junio de 2026, excede el plazo de 30 días establecido por el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, por lo que debe ser rechazo por extemporáneo.

En cuanto al fondo, señala que el acto recurrido, fue dictado a solicitud de la División de Personal del Ejército (DIVPER), la cual, a requerimiento del Instituto de Investigaciones y Control del Ejército (IDIC), solicitó a la Secretaría de Estado dejar sin efecto la reliquidación del recurrente, toda vez que aquel había deducido una demanda en juicio ordinario laboral, reclamando indemnizaciones incompatibles con las compensaciones previstas en el estatuto castrense. Dicha gestión se materializó mediante el Oficio DIVPER I/2 (P) N.°1615/56400, de 14 de noviembre de 2025.

Hace presente que, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas dictó la Resolución Ministerial Exenta N°9593, de 12 de diciembre de 2025, conforme a sus facultades legales contenidas en el artículo 21, letra c) de la Ley N°20.424. “Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional", estimando procedente su dictación al tenor de lo informado al respecto por el Ejército de Chile.

Destaca que, el Oficio DIVPER I/2 (P) N°1615/56400, de 14 de noviembre de 2025, del Comandante de la División de Personal del Ejército solicitó dejar sin efecto la resolución que reconoce servicios, reliquida pensión y concede nuevo desahucio al recurrente, mediante la resolución SS.FF.AA. DAI. DEPTO. PREV.SOC. N°784, de 11 de septiembre de 2025, por cuanto a través del oficio IDIC DSRHs (P) N°1620/50596, de 4 de noviembre de 2025, el Director del Instituto de Investigación y Control del Ejército, solicitó su invalidación debido a que los Tribunales Laborales determinaron, en casos similares, que se debía modificar la causal de retiro dispuesta en el artículo 254 del D.F.L. (G) N°1, de 1997, “Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas”, por la causal establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo, procediendo al pago de las indemnizaciones señaladas en el artículo 168 del citado texto legal.

Se refiere a los antecedentes funcionarios del recurrente, y hace presente que, al momento de poner término a la relación laboral de un trabajador regido por el Código del Trabajo que previamente detentó la calidad de militar, y que sigue imponiendo en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA), no resultan aplicables las causales de término previstas en el Libro I, Título V de dicho cuerpo normativo (artículos 159, 160 y 161). En efecto, conforme al criterio sostenido por la Contraloría General de la República, en dictamen N°73.062, de 2016, entre otros, tratándose de trabajadores que se encuentran pensionados en el sistema de CAPREDENA, su desvinculación se rige por las normas estatutarias aplicables al personal militar, particularmente la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y su respectivo estatuto.

Indica que la Contraloría General de la República ha sostenido la improcedencia de aplicar las normas del Código del Trabajo a ex miembros de las Fuerzas Armadas en razón de que estos cotizaron en el sistema previsional de CAPREDENA, el cual es ajeno al régimen general establecido en el Decreto Ley N°3.500 y en disposición del artículo 10 de la Ley N°18.458 que establece el régimen previsional de las Fuerzas Armadas. Asimismo, atendido que dichos funcionarios perciben desahucio indemnizatorio de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, no resultan aplicables las indemnizaciones contempladas en los artículos 162 y siguientes del Código del Trabajo al considerarse una doble indemnización, costeándole en aquellos casos sólo los feriados legales pendientes.

Prosigue señalando que, conforme a lo dispuesto por el legislador en el D.F.L. N°1 (G) de 1968, "Establece Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas", vigente actualmente en aspectos de orden previsional, entre otros, señala en su artículo 177, que todo personal militar o de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública que reingrese al servicio en otras plazas o empleos dentro de las Fuerzas Armadas, por un período no inferior a tres años ininterrumpidos, tiene derecho a la reliquidación de su pensión anterior, incorporando los incrementos correspondientes. En virtud de lo anterior, respecto del recurrente, señala que se puso término a su contrato el 10 de enero de 2025, se solicitó a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas la reliquidación de su pensión de retiro y el desahucio, incorporando los nuevos años de servicio prestados en calidad de empleado civil (12 años y fracción). Como consecuencia de lo anterior, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, mediante Resolución Exenta SS.FF.AA.DAI.DEPTO.PREV.SOC N 0784, de 11 de septiembre de 2025, reconoció al recurrente un total de 12 años, 9 meses y 9 días de servicios prestados en el Instituto de Investigación y Control, bajo régimen del Código del Trabajo. En consecuencia, se procedió en principio a reliquidar su pensión mensual de retiro, fijándola en la suma de $1.822.298.-, y a otorgar una indemnización de desahucio ascendente a $18.077.540.-, pagadera en 13 cuotas mensuales de $1.390.580.- Señala que, sin perjuicio de lo anterior, el recurrente en marzo de 2025 dedujo demanda ordinaria laboral ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por despido improcedente y cobro de prestaciones, causa que fue ingresada bajo el RIT 0-1871-2025, siendo notificado el IDIC el 25 de marzo de 2025. En dicha acción, según se expone en el numeral 2.4 de la demanda, el actor solicita el pago de indemnización por años de servicio con el tope legal de 11 años, por un total de $15.070.880.-, calculado sobre una remuneración mensual de $1.370.080.-; asimismo, reclama indemnización sustitutiva de aviso previo por $1.370.080.-, y el recargo legal del 50%, equivalente a $7.535.440.-. Adicionalmente, y no obstante haberse pagado el feriado legal correspondiente, el recurrente vuelve a solicitar su pago, recalculándolo en la suma de $4.474.912.-, descontando la diferencia. En tal sentido, en la causa referida se celebró audiencia preparatoria, con fecha 05 de agosto de 2025, oportunidad en que el tribunal propuso como base de conciliación la suma de $16.000.000.-, la que no prosperó, fijándose audiencia de juicio para el 29 de mayo de 2026, la que recientemente fue reprogramada para el 23 de febrero de 2027. Refiere que en dicha causa el 25 de noviembre de 2025 la Contraloría General de la República evacuó un oficio en que expone la situación del recurrente.

Afirma que es en este contexto de la demanda laboral, el Director del Instituto de Investigación y Control solicitó a la División de Personal del Ejército que requiriera a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas la revocación del acto administrativo que otorgó al recurrente la reliquidación de su pensión de retiro y desahucio mediante Resolución Exenta DIVPER 1/2 (P) N°1615/56400, de 14 de noviembre de 2025. Indica que, lo anterior pretende evitar que el recurrente perciba simultáneamente ambas prestaciones y limitar el otorgamiento a solo una de ellas, por cuanto la aceptación conjunta de la reliquidación y pago de desahucio, junto con el pago de prestaciones laborales vía judicial, configuraría un ejercicio abusivo del derecho indemnizatorio.

Concluye que, se aprecia la existencia de una incompatibilidad entre el régimen estatutario aplicable al recurrente —en su calidad de pensionado de CAPREDENA— y las pretensiones indemnizatorias deducidas al amparo del Código del Trabajo, pues mientras la normativa especial y el criterio reiterado de la Contraloría General de la República excluyen la procedencia de dichas indemnizaciones laborales y habilitan, en cambio, la reliquidación previsional, el actor ha intentado obtener simultáneamente ambos beneficios, lo que configura una doble percepción indemnizatoria jurídicamente improcedente. Por ello, la Administración actuó dentro de sus competencias al dejar sin efecto la reliquidación previamente concedida, a fin de evitar un resultado contrario a derecho, sin perjuicio de lo cual, la discusión de tales beneficios, a su criterio no son materia de la presente acción de protección.

Destaca que el recurrente actualmente sigue percibiendo su pensión de retiro, quedando sin efecto sólo su reliquidación solicitada debido a la demanda en la que opta por la vía indemnizatoria del Código del Trabajo y hasta nuevo aviso.

Informa que con ocasión de diversas demandas laborales interpuestas en contra del Ejército de Chile y de organismos vinculados a éste —originadas en la aplicación de normas de cesación de funciones propias del estatuto castrense a personal regido por el Código del Trabajo—, el Comando General de Personal del Ejército (CGP) solicitó a la Contraloría General de la República la reconsideración de los dictámenes N°18.847, de 1991; 40.262, de 2000; 11.495, de 2007; 36.036 y 36.038, ambos de 2016; y 25.026, de 2017. En subsidio, se requirió que se precisara la normativa aplicable para poner término a la relación laboral de funcionarios contratados conforme al Código del Trabajo y pensionados en CAPREDENA. En respuesta de lo anterior, mediante el dictamen N°E263223, de 4 de octubre de 2022, la Contraloría General de la República ratificó los criterios contenidos en los pronunciamientos cuya reconsideración se solicitaba. Y luego el dictamen N058.792, de 9 de agosto de 2016, el Ente de Control indicó que el cese de funciones a un personal sujeto a Código del Trabajo que se encuentre afiliado a CAPREDENA no es concordante, debiéndose solicitar el reembolso de las cantidades pagadas por concepto de indemnización por años de servicio y la sustitutiva de aviso previo, demostrando con aquello, que la única manera de colocar término a la relación laboral de éste tipo de funcionarios es mediante causales del estatuto castrense para que ex post pueda reliquidar su pensión de retiro y desahucio.

Señala que, en el caso que nos ocupa, si el recurrente optó por recurrir a pedir cobro de prestaciones laborales por vía juridicial —que a la fecha se han concedido en otros juicios similares— corresponde que se le deje sin efecto su reliquidación, pues no puede optar por ambas, considerando aquello un abuso del derecho y una merma económica para la administración del Estado.

Alega la improcedencia de la acción de protección, pues el recurrente no detenta un derecho indubitado que pueda ser tutelable por esta vía extraordinaria, debiendo ventilarse en un procedimiento de lato conocimiento, como la acción de nulidad de derecho público, y no a través de esta vía excepcional y restrictiva.

TERCERO: Que a folio 14, comparece el Comandante de la División de Personal del Ejército de Chile, evacuando el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso intentado.

En primer lugar, alega la extemporaneidad de la acción de protección, pues las resoluciones 9593 y 784 fueron notificadas al interesado el mismo día de haberse emitido por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, a través del envío de correo electrónico al actor (correo reservado), como se logra visualizar en la parte inferior de ambas resoluciones, cumpliéndose de esa forma con el artículo 46 de la Ley N°19.880; y habiéndose interpuesto el presente recurso el 25 de junio de 2026, excede el plazo de 30 días establecido por el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, por lo que debe ser rechazo por extemporáneo.

En segundo término, alega la falta de legitimación pasiva del Ejército de Chile, pues el recurso se dirige en contra de las actuaciones administrativas emanadas de un órgano público específico, esto es, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (en adelante, SSFAs), la cual dictó la resolución recurrida, por tanto, no son actuaciones que deriven del Ejército de Chile. Precisa que, parte del procedimiento administrativo cuestionado se desarrolló a través de la División de Personal (DIVPER), la cual, a solicitud del Instituto de Investigaciones y Control del Ejército (IDIC), requirió a la SSFAs dejar sin efecto la referida reliquidación, pues el recurrente había deducido una demanda en juicio ordinario laboral, reclamando indemnizaciones incompatibles con las compensaciones previstas en el estatuto castrense. Dicha gestión se materializó mediante el Oficio DIVPER 1/2 (P) N.°1615/56400, de 14 de noviembre de 2025, y obedeció únicamente a que el IDIC carece de competencia legal para dictar actos de la naturaleza de aquellos impugnados, correspondiendo dicha atribución exclusivamente al Ministerio de Defensa Nacional, en específico a la SSFAs, conforme a lo dispuesto en el artículo 21, letra c) de su ley orgánica, debiendo ésta entidad sólo comunicar la realidad jurídica que acontecía con el recurrente y otros funcionarios demandantes en sede laboral. Por lo anterior, asevera que la División de Personal del Ejército —o el propio Ejército de Chile— no ha podido incurrir en una acción u omisión arbitraria o ilegal respecto del recurrente, por lo que pide el rechazo del recurso a su respecto.

En cuanto al fondo, interpone los mismos argumentos expuestos por la recurrida Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, pidiendo en definitiva su rechazo.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar e libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, lo reprochado por el presente recurso es la dictación de la resolución exenta N°9593, de 12 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, que, deja sin efecto la resolución N°784, de 11 de septiembre de 2025, alegando que, se ha dejado sin efecto un acto que había producido efectos en sus patrimonio al haber reconocido a su favor el derecho a reliquidación de pensión y desahucio, basándose en la tramitación de una causa en sede laboral, la cual aun no se encuentra afinada, por lo que se ha vulnerado su igualdad ante la ley y su derecho de propiedad.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad de la acción de protección deducida por ambas recurridas, cabe tener presente que el actor desconoce que le haya sido notificada la resolución N°9593 de 12 de diciembre de 2026, y que sólo tomó conocimiento de la misma en mayo pasado, al realizar trámites para que se ejecutara la resolución N°784 del 11 de septiembre de 2025.

Por su parte la recurrida Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, señala que las resoluciones números 9593 y 784 fueron notificadas al interesado el mismo día de haberse emitido por aquella Subsecretaría, a través del envío de correo electrónico al actor y despacho de carta certificada, lo cual se acredita mediante comprobante de despacho de las respectivas misivas electrónicas y las cartas certificadas, estas últimas, enviadas el 16 de octubre de 2025 y 6 de enero de 2026, respectivamente.

De lo anterior, y no habiendo reprochado el actor la falta de la notificación de la resolución 784, que le concede el beneficio que ahora alega haber sido dejado sin efecto, la cual fue notificada de la misma forma que la resolución impugnada N°9593, y habiéndose interpuesto el recurso el 25 de junio de 2026, no cabe sino concluir que ha excedido ampliamente el plazo de 30 días establecido por el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, por lo que deberá ser rechazo por extemporáneo.

A mayor abundamiento, lo discutido y alegado en estos autos excede la naturaleza cautelar y extraordinaria de la acción de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, por extemporánea, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de nombre reservado, Subsecretario para las Fuerzas Armadas, y de don nombre reservado, Comandante en Jefe del Ejército de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1091-2026 (protección)