Protección contra SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de protección Rol Nº1090-2026 La Serena, seis de agosto de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, profesión u oficio desconocido, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), persona jurídica de derecho público, representada por doña nombre reservado, abogada, en su calidad de Superintendenta de Seguridad Social, con domicilio en domicilio reservado, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en la dictación de la Resolución Exenta NUM000, de 25 de mayo de 2026, mediante la cual se rechazó la solicitud de reconsideración presentada por el actor, respecto a la decisión de mantener el rechazo de las licencias médicas NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, extendidas por un total de 150 días a contar del 10 de agosto de 2025, por reposo no justificado.

Señala que el 28 de junio de 2024 comenzó con dolor de pecho, por lo que consultó en Integramédica, donde se le solicitó una radiografía de tórax que mostró un foco de condensación en el hemitórax derecho, sospechándose inicialmente una neumonía. Posteriormente fue derivado al Hospital de La Serena, donde, luego de practicársele una tomografía axial computarizada, se constató una masa mediastínica anterior de aproximadamente 9,5 por 6,8 centímetros y 12 centímetros en sentido cefalocaudal, planteándose como diagnósticos diferenciales un tumor de células germinales o una neoplasia epitelial tímica.

Afirma que, para definir el diagnóstico, se le practicaron diversos exámenes, entre ellos una ecografía testicular, una biopsia mediastinal y un PET/CT. El resultado de la biopsia, obtenido el 3 de septiembre de 2024, determinó que los hallazgos eran compatibles con un linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B, esto es, un cáncer muy agresivo.

Con el diagnóstico ya definido, señala que el 11 de octubre de 2024 inició tratamiento oncológico. Recibió quimioterapia entre el 11 de octubre y el 27 de diciembre de 2024 y, posteriormente, radioterapia en el Hospital Van Buren de Valparaíso, entre el 28 de abril y el 5 de junio de 2025, tratamiento que califica de tórpido debido a frecuentes fallas de la máquina de radiación.

Tras volver a controles en el Hospital de La Serena, se le practicó un PET/CT el 9 de septiembre de 2025, que mostró ausencia inicial de adenopatías hipermetabólicas cervicales, pero persistencia de un tejido de aproximadamente 39 milímetros en el mediastino anterior, sin poder descartarse viabilidad tumoral. Por ello, el comité hematológico regional dispuso una nueva biopsia, practicada el 7 de octubre de 2025, cuyo resultado indicó cambios inflamatorios sin evidencia de neoplasia maligna. Sin embargo, el recurrente afirma que nunca dejó de experimentar dolor torácico y demás síntomas. Un nuevo PET/CT, realizado el 30 de octubre de 2025, concluyó la existencia de una “enfermedad metabólica progresiva, con criterio Deauville 5”, por lo que el comité oncológico decidió iniciar quimioterapia de rescate con R- DHAP, administrada los días 10 de noviembre y 4 de diciembre de 2025, y 2 de enero de 2026.

Añade que, durante todo este periodo, recibió atenciones de alivio del dolor en el Hospital de Coquimbo, medicamentos, atención médica y kinesioterapia en el contexto de hospitalización domiciliaria.

Debido a la prolongación de su enfermedad y tratamiento, se le indicó reposo y se le otorgaron diversas licencias médicas, entre ellas: licencia folio NUM001, entre el 10 de agosto y el 8 de septiembre de 2025, periodo en que se recuperaba de las últimas radioterapias y persistía con dolor torácico.; licencia folio NUM002, entre el 9 de septiembre y el 8 de octubre de 2025, mientras continuaba con dolor intenso y se le practicaban nuevos estudios; licencia folio NUM003, entre el 9 de octubre y el 7 de noviembre de 2025, periodo en que persistían el dolor torácico y demás síntomas; y licencia folio NUM005, entre el 8 de noviembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, mientras recibía quimioterapia de rescate.

Afirma que, pese a encontrarse aún en tratamiento por el dolor torácico, por las consecuencias de la quimioterapia y radioterapia y, posteriormente, sometido a quimioterapia de rescate, las licencias fueron rechazadas por la COMPIN de la Región de Coquimbo. Los recursos de reposición presentados ante la SUSESO también fueron rechazados.

Explica que la solicitud de reconsideración fue rechaza mediante Resolución Exenta NUM006, de 22 de marzo de 2026, señalando la Superintendencia que el tiempo de reposo autorizado alcanzaba a 369 días por la misma patología y que los antecedentes médicos concordaban con que las afecciones eran de curso crónico y producían un grado de incapacidad.

Posteriormente, señala que presentó un recurso de revisión administrativa, el que fue rechazado mediante Resolución Exenta NUM000, de 25 de mayo de 2026.

Luego, sostiene que, pese a encontrarse todavía en medio de un tratamiento contra el cáncer, la COMPIN y la SUSESO concluyeron, sin peritaje ni visita a su lugar de reposo, que su enfermedad era crónica e irrecuperable y que debía solicitar una declaración de incapacidad. A su juicio, ello equivale a una “sentencia anticipada”, pues la Administración decidió que no se recuperaría de un cáncer respecto del cual aún estaba recibiendo tratamiento, sin esperar el resultado de las últimas quimioterapias y sin que la COMPIN hubiera declarado formalmente la irrecuperabilidad de su patología.

Agrega que esta situación le ha generado una carga adicional, pues es padre de un niño de ocho años y principal sostén de su familia. La negativa del subsidio asociado a las licencias significaría futuros descuentos por parte de su empleador, agravando su situación económica.

Hace énfasis en que la decisión impugnada implica afirmar que no era justificado el reposo posterior a meses de quimioterapia y radioterapia, e incluso entre sesiones de quimioterapia.

Sostiene que el argumento de la SUSESO, fundado en el transcurso del tiempo y en la persistencia de la enfermedad, no sería suficiente para concluir que padece una incapacidad, sin que haya mediado una evaluación médica que justifique una declaración de irrecuperabilidad.

En cuanto a las garantías constitucionales afectadas, invoca, en primer término, el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución, señalando que se le ha privado de un trato igualitario y sin discriminación, pues se desconocieron las características propias de su tratamiento, equiparándose su situación a la generalidad de los casos en que las licencias se extienden por largo tiempo.

En segundo término, invoca la vulneración a su derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N°24 del mismo cuerpo legal, señalando que la decisión de la Superintendencia amenaza su propiedad sobre el subsidio por incapacidad laboral asociado al reposo prescrito, cuyo pago depende de la autorización de las licencias médicas.

Finalmente, califica el actuar de la Administración como ilegal y arbitrario. Sostiene que sus licencias se encontraban justificadas por sus antecedentes médicos y por un reposo asociado a un tratamiento prolongado de cáncer; que existían informes médicos que certificaban sus dolencias y la necesidad de reposo; y que la Administración omitió realizar exámenes destinados a determinar su incapacidad, utilizando luego esa supuesta incapacidad, fundada principalmente en el tiempo transcurrido, para rechazar las licencias.

Culmina solicitando que se acoja la acción, con el objeto de restablecer el imperio del derecho, dejando sin efecto los actos administrativos que rechazan y confirman el rechazo de las licencias médicas señaladas en el recurso.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, solicitando el rechazo de la acción intentada, con costas.

En primer lugar, alegó la extemporaneidad del recurso de protección, señalando que la acción fue interpuesta el 24 de junio de 2026, en circunstancias que la persona recurrente, ya el 26 de marzo del mismo año había solicitado ante la Superintendencia que se reconsiderara el rechazo de las licencias médicas. En consecuencia, sostiene que el recurso de protección fue interpuesto ya vencidos los 30 días a contar del momento en que el actor tomó conocimiento del rechazo de las licencias, por lo que estima que debe declararse extemporáneo.

En subsidio, alegó la improcedencia de la acción de protección, por cuanto el asunto por el que se recurre dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra amparado por el recurso de protección.

En subsidio, informa en cuanto al fondo, exponiendo que el recurrente ejerció los recursos administrativos previstos en la Ley N° 19.880. Las reposiciones fueron resueltas mediante las resoluciones exentas NUM007, de 27 de noviembre de 2025, y NUM008, de 28 de octubre de 2025, manteniéndose lo dictaminado por la COMPIN. Posteriormente solicitó revisión extraordinaria, pero los antecedentes aportados no configuraban ninguna de las causales del artículo 60 de la citada ley, por lo que se declaró agotada la vía administrativa mediante Resolución Exenta NUM000, de 25 de mayo de 2026.

Luego, explica el marco regulatorio del derecho a licencia médica, enfatizando su carácter esencialmente temporal, haciendo presente que, para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, el sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez.

Por otra parte, señala que se estudiaron los antecedentes médicos de la persona recurrente y con su mérito se concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado, por cuanto el paciente registraba 369 días de reposo autorizado, reclamaba por nuevos periodos rechazados, presentaba una patología irrecuperable, persistencia del dolor y se encontraba en cuidados paliativos. Añadieron que se había solicitado en múltiples oportunidades el inicio de un trámite de pensión de invalidez, sin que se acreditara su realización, por lo que se mantuvo el rechazo y se solicitó iniciar dicho trámite.

Afirma que lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar la licencia médica de la persona recurrente, se encuentra médico- administrativamente justificado, en virtud del estudio y ponderación de los antecedentes médicos tenidos a la vista.

Señala que la Superintendencia se limitó a resolver la situación de la parte recurrente dentro del ámbito de su competencia, agregando que la pretensión del actor desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección.

Niega, finalmente, que la parte recurrente tenga un derecho indubitado a gozar de licencia médica, así como haber incurrido en alguna actuación ilegal o arbitraria que haya afectado derechos fundamentales del actor.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, en lo referente a la alegación de extemporaneidad formulada por la recurrida, debe tomarse en consideración que, si bien, la acción se interpone formalmente contra la Resolución Exenta NUM000, de 25 de mayo de 2026; según aparece de los antecedentes acompañados por la Superintendencia, aquella no corresponde sino a un pronunciamiento meramente formal, que no contiene la decisión de fondo que el recurrente reclama por esta acción. En efecto, consta que el actor tenía ya conocimiento cierto del motivo de rechazo de las licencias médicas impugnadas, en virtud de las Resoluciones Exentas NUM007, de 27 de noviembre de 2025, y NUM008, de 28 de octubre de 2025.

Por otro lado, consta que el actor dedujo la presente acción constitucional el 24 de junio de 2026.

SEXTO: Que, acorde a lo consignado en forma precedente, es necesario tener presente que el numeral 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo Del Recurso De Protección de Las Garantías Constitucionales, dispone que el mismo se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

SÉPTIMO: Que, de esta manera, resulta palmario que el recurso ha sido interpuesto ya transcurridos 30 días corridos desde que el actor tomó conocimiento de la decisión de la Superintendencia de Seguridad Social de confirmar el rechazo de las licencias médicas objeto del recurso, al menos al 26 de marzo de 2026 -data en que presentó recurso de reconsideración ante la recurrida- por lo que, ha sido presentado fuera del plazo establecido en el numeral 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo Del Recurso De Protección de Garantías Constitucionales, motivo suficiente para desestimar la acción por extemporánea.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en beneficio de don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por extemporáneo.

Acordada con el voto en contra del Ministro (S) señor Díaz, quien estuvo por acoger el recurso de protección y disponer el pago de las licencias médicas rechazadas, y disponer el pago de las licencias médicas rechazadas, en razón de los siguientes fundamentos: 1°.- Estima este disidente que la resolución que desestima el recurso de revisión administrativo resulta ilegal, por cuanto de los fundamentos del propio dictamen que se impugna, se advierte la concurrencia de un manifiesto error de hecho de aquellos que prevé el artículo 60 letra b) de la Ley N°19.880 para hacer admisible la modificación de lo resuelto, en la medida en que la misma resolución que confirma los rechazos de las licencias médicas, reconoce la existencia de una enfermedad grave que afecta al recurrente (cáncer) y que impide su desempeño laboral, argumentando que ha debido iniciar el trámite de invalidez como si aquello constituyese una causal válida para rechazar, entretanto, la validez del reposo médico prescrito, tornándose en totalmente injustificado y arbitrario el rechazo de las licencias médicas pues contraría los propios hechos que la autoridad constata, existiendo por tanto un manifiesto error y una decisión ilegal de la administración, en tanto se desestima revisar el dictamen. 2°.- Que dicho lo anterior se constata igualmente que la autoridad tomó su decisión sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, careciendo su actuación del debido sustento, razón suficiente para entender que infringe el deber de motivación que establecen los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880, lo que torna además la mantención del rechazo de las licencias médicas en arbitrario. 3°.- Que así las cosas significando la mantención de la decisión una afectación a la garantía de los numerales 2 y 24 de la Carta Fundamental, en tanto que acreditado que padece una enfermedad grave que le impide su desempeño laboral se niega validez al reposo prescrito que sí se le otorga al de otras personas en situación semejante y que se priva al actor del subsidio correspondiente y con ello de ingresos económicos que sirven para su manutención durante el curso de la enfermedad, existirá una merma patrimonial que lesiona su derecho de propiedad. 4°.- Que como corolario de lo expuesto este disidente fue del parecer de acoger el recurso y ordenar derechamente el pago de las licencias médicas dentro de un plazo de quinto día de ejecutoriada la sentencia.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N°1090-2026.- (Protección).