nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

nombre reservado

Tesorería General de la República Recurso de protección Rol Nº1089-2026 La Serena, trece de agosto de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, profesión u oficio desconocido, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Rol único tributario N° 60.805.000 0, representada legalmente por nombre reservado, profesión u oficio desconocido, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en la retención y embargo de fondos mantenidos en su cuenta bancaria por la suma de $8.782.357, ejecutado el 22 de mayo de 2026, con ocasión de una supuesta deuda derivada del Crédito con Aval del Estado (CAE), lo que vulneraría sus derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, el derecho a un justo y racional procedimiento, y su derecho de propiedad, de los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Expone que el 25 de mayo de 2026 tomó conocimiento efectivo de un embargo, exclusivamente a través de la aplicación de BancoEstado, al advertir un movimiento denominado “Embargo de Fondos”, añadiendo que hasta entonces desconocía la existencia del procedimiento que culminó con la medida y que no había recibido comunicación efectiva alguna que le permitiera conocer oportunamente las actuaciones de la TGR ni ejercer sus derechos.

Agrega que la medida lo privó de una suma relevante de su patrimonio, destinada a su manutención y residencia en el extranjero, haciendo presente que al momento de practicarse el embargo se encontraba trabajando en la República de Filipinas para ACCIONA Construction Philippines Inc., de modo que sólo conoció el procedimiento una vez consumada la afectación patrimonial.

Luego, sostiene que el acto impugnado resulta ilegal, sosteniendo que infringe los artículos 6 y 7 de la Constitución y el principio de juridicidad. Expone que la obligación derivada del CAE tiene origen en una relación contractual de mutuo entre un particular y una institución financiera, en la cual el Estado actúa como garante, y no constituye un impuesto, contribución u obligación tributaria. Por ello, cuestiona que puedan utilizarse potestades extraordinarias de ejecución administrativa respecto de una obligación de naturaleza contractual, destacando que las competencias administrativas son de derecho estricto y no admiten interpretaciones extensivas.

Enseguida, sostiene que la recurrida vulneró el debido proceso y la existencia de un emplazamiento efectivo. Afirma que jamás fue notificado personalmente de procedimiento alguno destinado al cobro compulsivo de la obligación ni informado de actuaciones dirigidas a afectar sus fondos bancarios. Destaca que se encontraba trabajando en Filipinas y que, pese a ello, la autoridad ejecutó una medida de considerable impacto patrimonial sin asegurar un mecanismo idóneo que permitiera su conocimiento efectivo. A su juicio, una eventual comunicación meramente formal no satisface el debido proceso si resulta ineficaz para permitir al afectado conocer oportunamente las actuaciones y ejercer su defensa. Su primera noticia del procedimiento fue el embargo ya consumado, quedando privado de formular observaciones, impugnar la exigibilidad de la obligación, cuestionar la legalidad del procedimiento o solicitar la revisión de la medida.

Por otra parte, refiere que la actuación ha vulnerado su derecho de propiedad, ya que fue privado materialmente de $8.782.357 depositados en una cuenta de su titularidad, sin procedimiento contradictorio ni oportunidad previa de defensa. Añade que esos fondos estaban destinados a gastos de instalación, vivienda, alimentación y subsistencia derivados de su incorporación laboral en Filipinas, y que provenían directa o indirectamente de prestaciones laborales legítimamente percibidas con ocasión del término de su relación laboral anterior. Por ello, afirma que la medida afectó recursos destinados a necesidades básicas y cuyo origen inmediato se vinculaba al fruto de su trabajo, lo que reforzaría el carácter desproporcionado de la actuación recurrida.

Posteriormente desarrolla la infracción al principio de juridicidad, el exceso en el ejercicio de facultades administrativas y la vulneración de la igualdad ante la ley. Sostiene que fue sometido a un régimen de ejecución extraordinario respecto de una obligación contractual. Invoca el artículo 18 bis de la Ley N° 20.027, conforme al cual las acciones de cobranza ejercidas por la TGR respecto de créditos CAE “se someterán a las reglas generales de procedimiento aplicables al cobro coactivo, ordinario o ejecutivo”, argumentando que esa norma no remite a los procedimientos especiales de cobranza tributaria ni confiere expresamente a la Tesorería potestades excepcionales propias de la recaudación de tributos.

Precisa que no controvierte la facultad de la TGR para perseguir el cobro de los créditos de la Ley N° 20.027, sino la extensión y límites de las facultades utilizadas para materializarlo. En tal sentido, sostiene que cualquier interpretación que extienda las potestades administrativas más allá de lo expresamente autorizado debe examinarse restrictivamente conforme a los artículos 6 y 7 de la Constitución. Afirma, además, que ello genera una diferencia arbitraria respecto de otros deudores de obligaciones contractuales, quienes sólo pueden ser perseguidos mediante los procedimientos generales de ejecución.

Culmina solicitando que se acoja el recurso de protección, dejando sin efecto la medida de retención y embargo impugnada; ordenar a la recurrida la restitución íntegra de la suma retenida, ascendente a $8.782.357, o aquellas otras medidas que el tribunal determine conforme al mérito de los antecedentes acompañados, con costas.

SEGUNDO: Que, a folio 11 del expediente, se evacuó informe por la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que la Ley N° 20.027 creó un mecanismo destinado a facilitar el acceso al crédito para estudios superiores y estableció la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (Comisión Ingresa), encargada de administrar el sistema. Señala que, aunque el crédito tiene un origen contractual, una vez que se hace efectiva la garantía estatal o la acreencia queda radicada en el Fisco, se configura un crédito de titularidad fiscal o del Sector Público, cuya recuperación corresponde a Tesorería. Precisa que el Formulario 34 sólo cumple una función de registro, identificación y control en la Cuenta Única Tributaria, mientras que el título ejecutivo del procedimiento es la Nómina de Deudores Morosos confeccionada conforme a los artículos 169 y siguientes del Código Tributario. Añade que Tesorería no sostiene que el CAE sea un impuesto, sino que, una vez configurada la acreencia fiscal, su recuperación se somete al régimen legal establecido para los créditos públicos.

Respecto de la deuda del recurrente, informa que el 6 de abril de 2026 se inició el expediente administrativo ante la Tesorería Regional de Antofagasta, confeccionándose la nómina de deudores morosos, certificándose la mora y despachándose mandamiento de ejecución y embargo. El 7 de abril de 2026, a las 12:35 horas, se remitió al correo electrónico del recurrente copia íntegra de la nómina, del mandamiento y del requerimiento de pago, informándole expresamente que disponía de 10 días hábiles para oponer excepciones. Posteriormente, mediante resolución de 20 de mayo de 2026, se ordenó trabar embargo sobre fondos disponibles en BancoEstado y BCI, y el 22 de mayo un Recaudador Fiscal practicó la diligencia en BancoEstado, reteniendo $8.782.357.

Luego, alega la incompetencia relativa de esta Corte, señalando que tanto la nómina, el mandamiento y la resolución de embargo como la actuación del Recaudador Fiscal fueron dictados o ejecutados por la Tesorería Regional de Antofagasta, dentro de esa jurisdicción, y que también allí se encontraba el domicilio tributario utilizado. Por ello, sostiene que la Corte competente sería la de Antofagasta, sin que alteren esa conclusión el domicilio fijado por el recurrente en La Serena ni su residencia laboral en Filipinas.

Por otra parte, alega que el recurso sería parcialmente extemporáneo, respecto de la nómina, el mandamiento, la aplicación del Título V del Libro III del Código Tributario y la notificación inicial, pues tales actuaciones fueron comunicadas el 7 de abril de 2026 y el recurso fue presentado el 24 de junio, es decir, 78 días corridos después.

Por otro lado, alega que el recurso de protección no es la vía idónea para sustituir el procedimiento especial de cobro. Explica que el procedimiento fiscal contempla notificación, requerimiento de pago, oposición, excepciones, corrección de vicios, intervención del Abogado del Servicio y control por la justicia ordinaria, y que el recurrente fue informado del plazo para defenderse, sin que conste que lo haya hecho. Agrega que determinar si el saldo retenido correspondía efectivamente a partidas laborales inembargables exige examinar finiquito, abonos, cartolas, retiros, transferencias y composición del saldo, cuestión que requiere debate probatorio y no puede resolverse mediante una acción cautelar.

Asimismo, afirma que no existe un derecho indubitado que justifique la acción, ya que tanto la discusión sobre la procedencia del procedimiento fiscal como la naturaleza jurídica de los fondos retenidos exige interpretar diversas normas y establecer hechos que no aparecen manifiestos.

En cuanto al fondo, indica que Tesorería es el órgano legalmente competente para recuperar la acreencia fiscal. Refiere que el artículo 18 bis de la Ley N° 20.027 le reconoce facultades de cobranza respecto de créditos de titularidad fiscal o en que se haya hecho efectiva la garantía, y especialmente el artículo 35 del Decreto Ley N° 1.263, conforme al cual el Servicio de Tesorerías debe cobrar los créditos del Sector Público, “cualquiera sea la naturaleza del crédito”, aplicando los procedimientos administrativos y judiciales establecidos por el Código Tributario.

En cuanto al título ejecutivo, reitera que el Formulario 34 no es el título, sino un instrumento de registro; el título ejecutivo es la Nómina de Deudores Morosos certificada conforme al artículo 169 del Código Tributario. Asimismo, sostiene que el artículo 18 bis de la Ley N° 20.027 no impone una única vía civil de cobro ni deroga el artículo 35 del Decreto Ley N° 1.263, pues ambas disposiciones pueden aplicarse armónicamente.

Respecto a la supuesta falta de emplazamiento, afirma que la notificación electrónica fue legal y permitió ejercer defensa. Señala que el Código Tributario no exige exclusivamente notificación personal y autoriza la comunicación por correo electrónico. En el caso concreto, el mensaje de 7 de abril adjuntó íntegramente la nómina y el mandamiento e informó el plazo para oponer excepciones. La circunstancia de que el recurrente estuviera en Filipinas no invalida el correo electrónico, y el hecho de que eventualmente no lo haya revisado no invalida una notificación practicada por un medio autorizado legalmente.

Sobre el embargo bancario, sostiene que fue ordenado y practicado dentro del procedimiento legalmente establecido. La resolución de 20 de mayo fue dictada por el Director Regional Tesorero de Antofagasta en calidad de Juez Sustanciador, y el acta de 22 de mayo documenta la actuación del Recaudador Fiscal, la identificación del ejecutado, del expediente, del producto bancario y de la suma retenida. Por ello, afirma que no existió una actuación material al margen del procedimiento ni una apropiación sin resolución previa. Asimismo, destaca que el embargo no recayó sobre remuneraciones o prestaciones pendientes de pago por un empleador, sino sobre fondos disponibles en una chequera electrónica de BancoEstado. Explica que el dinero depositado en una cuenta es fungible y se confunde con otros fondos, por lo que no puede atribuirse automáticamente a todo el saldo la naturaleza jurídica de alguno de sus depósitos. Así, aun cuando el finiquito pudiera acreditar la percepción de prestaciones laborales, ello no demostraría que la totalidad de los $8.782.357 retenidos proviniera directa y exclusivamente de una partida protegida.

Por lo señalado, sostiene que no ha existido actuar ilegal o arbitrario, descartando por lo mismo alguna vulneración a los derechos fundamentales que invoca el recurrente.

Por ello, solicita el rechazo de la acción.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas. Sobre el punto, la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo perseguido o, incluso, inexistencia de los hechos que fundamentan la actuación; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, habiéndose alegado la incompetencia relativa del tribunal, corresponde en primer lugar referirse a ella.

En ese orden de ideas, es preciso tener presente que, de acuerdo a lo previsto en el numeral 1 del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente (…)”.

SEXTO: Que, concordante con dicha normativa, conviene tener presente que, de los antecedentes allegados a la presente causa, aparece que el domicilio del recurrente corresponde a la comuna de Antofagasta, como también, que el proceso de cobro en que incide la presente acción se sigue en la Tesorería Regional de dicha ciudad.

SÉPTIMO: Que, a la luz de lo expuesto, habiéndose producido la actuación impugnada de la recurrida en la ciudad de Antofagasta, forzoso se hace concluir que esta sede jurisdiccional carece de toda competencia para conocer del recurso de protección materia de estos autos, razón por la cual se acogerá la alegación de incompetencia relativa, ordenando la remisión de los antecedentes el tribunal competente.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que, esta Corte es incompetente para conocer del recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de Tesorería General de la República, debiendo recurrirse ante el tribunal que corresponda.

Comuníquese, regístrese y archívese.

Rol N° 1089-2026 protección.