nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA

nombre reservado, nombre reservado

Administradora de Fondo de Pensiones Provida S.A.

Recurso de Protección Rol N° 1079-2020.- La Serena, siete de agosto de dos mil veinte.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha diecinueve de junio de dos mil veinte comparece nombre reservado, interponiendo acción de protección en contra de Administradora de Fondo de Pensiones Provida S.A., en virtud de los siguientes antecedentes.

Expone que debido a problemas económicos los cuales se han empeorado a consecuencia de la pandemia provocada por el Covid-19, el día diez de Junio de 2020 solicitó a AFP Provida parte de sus ahorros cotizados. Respecto a su petición, AFP Provida el día doce de junio del presente año se ha negado rotundamente.

Añade que se trata de una respuesta arbitraria porque implica un flagrante desconocimiento de su derecho de domino sobre sus ahorros previsionales; lo hace, no en el sentido de explícitamente negar que sea dueño de sus fondos, sino negándose a reconocer sus facultades esenciales, que están explícitamente protegidas por el texto constitucional.

Refiere que en el régimen previsional establecido por el Decreto Ley 3.500 los recursos contenidos en las cuentas de capitalización individual son de propiedad de las y los trabajadores que han cotizado.

Aduce que esta negativa es flagrante, en la medida en que se reconoce su dominio, pero se le niega lo que define al dominio, es decir, la posibilidad de gozar la cosa del modo que le parezca más adecuado y de disponer de ella (es decir, la posibilidad, genéricamente hablando, de administrar la cosa).

Por estas consideraciones solicita acoger la presente acción en todas sus partes, ordenando la entrega, en el más breve plazo, de sus ahorros por concepto de cotizaciones previsionales cuyo monto solicitado asciende a la suma de $5.700.000, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Correo enviado a la AFP y respuesta de la AFP a su solicitud por correo electrónico de fecha 12 de junio de 2020; 2.- Contrato de trabajo de fecha 03 de marzo de 2020 y anexo de contrato de fecha 01 de junio de 2020; 3.- Certificado de afiliación, emitido con fecha 17 de junio de 2020; 4.- Comprobantes de transferencia electrónica por concepto de pensión alimenticia realizada en los meses de marzo, abril, mayo de 2020; 5.- Comprobantes de transferencia electrónica por $20.000 realizadas los meses de abril y mayo como ayuda económica hacia su madre.

SEGUNDO: Que, con fecha quince de julio de dos mil veinte evacuó informe Daniel Garrido Santoni, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., en los siguientes términos.

Expone que los fondos previsionales acumulados por parte del trabajador en sus cuentas de capitalización individual obligatorias están destinados, por la Constitución y la ley, a pagar pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. En su defecto, y a falta de beneficiarios de pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia, los fondos previsionales se retiran como herencia por parte de los herederos del causante respectivo.

Por lo tanto, al tratarse de un patrimonio de afectación, en ningún caso su representada puede hacer la entrega anticipada de la totalidad de los fondos previsionales obligatorios para destinarlos a una finalidad distinta a la que el Decreto Ley N°3.500 ha establecido.

Agrega que de accederse a lo solicitado por el recurrente, Provida se expone a sanciones de orden administrativo, penal y civil.

Así las cosas, el actuar de AFP Provida en cuanto a negar la entrega de los fondos previsionales obligatorios al recurrente de autos no constituye un acto u omisión ilegal y/o arbitrario, sino que solo se ha dado cumplimiento a la normativa del sistema de pensiones, por cuanto estos dineros constituyen un patrimonio de afectación que está destinado a pagar las prestaciones que la propia ley establece.

Sin perjuicio de lo anterior, expone que el recurso de protección deducido es extemporáneo, ya que el hecho en que se funda el recurso −respuesta de AFP ProVida− no es un hecho nuevo, sino un elemento fundamental del sistema de pensiones que existe desde su origen, es decir, en cualquier momento en que se hubiera formulado el mismo requerimiento se habría obtenido la misma respuesta. Dicho en otros términos, el destino de los fondos previsionales era plenamente conocido por el recurrente al momento de entrar en vigencia el ordenamiento jurídico que regula el sistema de pensiones, vigente desde 1980, y que entre otras materias se refiere al destino y uso de los fondos previsionales.

En tal entendido, es evidente que la imposibilidad de obtener parte de los fondos previsionales para una libre disposición que no se ajuste a los fines previsionales que indica el DL 3.500, es plenamente conocida por el recurrente, desde el mismo momento que entró en vigencia el aludido D.L. 3.500 de 1980, puesto que es una presunción de derecho que la ley es conocida por todos conforme a lo que regula el artículo 8 del Código Civil.

Finalmente, hace presente que del propio Certificado de Cotizaciones que se acompaña a estos autos consta que el recurrente está cotizando en el sistema a contar del 01 de octubre de 1998, y en AFP Provida a contar del 01 de febrero de 2018, esto es, al menos debe y/o debía estar en conocimiento del funcionamiento del Sistema de Pensiones al que estaba afiliado, hace ya más de 20 años, motivo por el cual, la acción de autos es irremediablemente extemporánea.

A continuación, señala que la materia reclamada por el recurrente no es propia de una acción cautelar, por lo que resulta improcedente la interposición de un recurso de protección.

Acto seguido, manifiesta que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal, toda vez que el rechazo en la entrega de parte de los fondos previsionales del recurrente se basa en las normas constitucionales y legales sobre las cuales se sustenta el sistema de pensiones, y que por lo tanto deben ser cumplidas por todos los actores de dicho sistema.

En el mismo orden de ideas, prefiere que no hay vulneración del derecho de propiedad Por estas consideraciones solicita declarar inadmisible en todas sus partes el presente recurso de protección, con costas.

Acompaña sentencias de Tribunales Superiores de Justicia e informes de la Superintendencia de Pensiones.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la alegación de extemporaneidad de la recurrida será desestimada, por cuanto del claro tenor del libelo pretensor se advierte que el acto concreto en contra del cual se deduce el presente arbitrio consiste en la respuesta negativa comunicada por la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. al actor, mediante correo electrónico de fecha 12 de junio de los corrientes, desprendiéndose del examen de la carpeta virtual que se ha impetrado el recurso que nos convoca el día 19 de junio del mismo año, apareciendo en consecuencia que el mismo ha sido presentado dentro del plazo que contempla el Auto Acordado que rige la materia.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, cabe consignar que como se puede apreciar de la síntesis contenida en los motivos que anteceden, el hecho que el actor reputa como ilegal y arbitrario se encuentra libre de controversia, y consiste en la negativa de AFP Provida S.A. a restituir al recurrente los fondos cotizados en su cuenta de capitalización individual, al margen de las modalidades contenidas en el Decreto Ley Nº 3.500.

SEPTIMO: Que, luego, para analizar la legalidad de la conducta que se reprocha, resulta indispensable recordar ciertas reglas atingentes sobre la materia.

En este sentido, el artículo 19 Nº 18 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas el derecho a la seguridad social, ordenando que “la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias” e imponiéndole al mismo Estado el deber de supervigilar “el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social”.

Concretando tal prescripción constitucional, el Decreto Ley Nº 3.500 se erige como el principal cuerpo normativo sobre la materia. Dentro de sus disposiciones, destaca su artículo 17 que impone a “los trabajadores afiliados al sistema, menores de 65 años de edad si son hombres, y menores de 60 años de edad si son mujeres” la obligación de “cotizar en su cuenta de capitalización individual el 10 por ciento de sus remuneraciones y rentas imponibles”.

Luego, su artículo 34 indica que “los bienes y derechos que componen el patrimonio de los Fondos de Pensiones serán inembargables salvo en la parte originada por los depósitos a que se refiere el artículo 21 y estarán destinados sólo a generar prestaciones de acuerdo a las disposiciones de la presente ley”. Finalmente, el artículo 61 expresa que: “Los afiliados que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3°, los afiliados declarados inválidos totales y los afiliados declarados inválidos parciales, una vez ejecutoriado el segundo dictamen, podrán disponer del saldo de su cuenta de capitalización individual con el objeto de constituir una pensión. La Administradora verificará el cumplimiento de dichos requisitos, reconocerá el beneficio y emitirá el correspondiente certificado. Para hacer efectiva su pensión, cada afiliado podrá optar por una de las siguientes modalidades: a) Renta Vitalicia Inmediata; b) Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida; c) Retiro Programado, o d) Renta Vitalicia Inmediata con Retiro Programado”.

OCTAVO: Que, como se lee de lo transcrito y tal como lo sostiene la recurrida en su informe, el dinero existente en toda cuenta de capitalización individual posee de manera general, a la luz del ordenamiento jurídico vigente, un destino único y exclusivo, consistente en otorgamiento de pensiones bajo una de las cuatro modalidades que contempla la ley.

NOVENO: Que, sin perjuicio de lo antedicho, es indispensable precisar que el retiro total o parcial del dinero cotizado en la cuenta individual de un trabajador no es una institución ajena al Decreto Ley Nº 3.500. En efecto, en reiterados pasajes de este cuerpo normativo (artículos 20, 21, 22, 62, 62 bis, 65 bis y 179) se establecen los requisitos y exigencias que permiten al cotizante retirar los excedentes de libre disposición quedados luego de haber optado por alguna de aquellas modalidades de pensión ya mencionadas, debiendo tenerse en cuenta, además, que la renta vitalicia, en tanto clase de pensión que contrata un afiliado con una Compañía de Seguros de Vida distinta a la Administradora, es, en sí, una forma de retiro que puede llegar al total del importe de la cuenta respectiva.

Desde este mismo prisma, el artículo 68 del Decreto Ley Nº 3.500 relativiza, incluso, los requisitos contenidos en su artículo 3º, en la medida que permite la obtención de una pensión de vejez, bajo cualquiera de las modalidades regladas en el artículo 61, antes de cumplir la edad mínima para ello.

DECIMO: Que, de este modo, la actuación de la recurrida aparece como ajustada al derecho y la razón, al someterse al ordenamiento jurídico vigente y no obedecer al simple capricho de la entidad administradora, situación que obsta al éxito del recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de Administradora de Fondo de Pensiones Provida S.A., sin costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1079-2020 (Protección).-