nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de protección Rol N°1077-2026 La Serena, veintiocho de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el veintitrés de junio de dos mil veintiséis comparece don nombre reservado y nombre reservado, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, interponiendo acción de protección en favor de doña nombre reservado, educadora de párvulos, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, representada por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la resolución exenta N°R-01-UNAAD-71812-2026 del 25 de mayo de 2026, la cual rechaza la reconsideración por extemporánea, confirmando por tanto el rechazo de las licencias médicas N°s 111612452-8,112063641-K, 112838837-7,114966650-4 y 115847840-0, extendidas por un total de 96 días a contar del 6 de diciembre de 2024.

Señala que la recurrente, de 42 años, es trabajadora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Desde el año 2024, ha sufrido de un detrimento tanto psicológico como físico a consecuencia de ser víctima de una serie de actos de acoso laboral que son seguidos bajo el procedimiento disciplinario instruidos por la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Rol N°15/21, de 2023, el cual aún no ha sido resuelto; complejizado lo anterior con estresores psicosociales críticos, como la circunstancia de ser madre y cuidadora de tres menores que presentan diagnósticos de alta complejidad en salud mental y neurodivergencia: Renato de 14 años de edad, presenta Autismo nivel de apoyo 1 y trastorno de ansiedad; Carlos de 21 años, presenta Autismo y Evan, de 5 años, presenta Enuresis y trastorno posicionista desafiante.

Indica que la actora es tratada en la Unidad de Salud Mental del Hospital de La Serena, por el Cesfam Emilio Schaffhauser de La Serena y en el Centro Médico Mujer y Familia de La Serena. Añade que, su médico psiquiatra del Hospital en su informe de 8 de junio de 2026, certifica que ha sido diagnosticada con trastorno mixto de ansiedad y depresión; trastorno depresivo recurrente, no especificado multifactorial; síndrome suicidal y síndrome fatiga cuidador. Informa que la paciente fue evaluada por él, en el Servicio de Urgencia, con relación a la ideación suicida asociada a sintomatología ansiosa depresiva, reactiva a reexperimentación de eventos relacionados a temáticas laborales, lo que exacerba sus dolores físicos. En dicha ocasión, la actora estuvo hospitalizada desde el 9 al 13 de abril de 2026.

Refiere que, el trastorno ansioso depresivo mixto moderado a severo ha anulado las capacidades de afrontamientos frente a las actividades de la vida diaria y laboral de la actora, requiriendo resguardo ambiental absoluto y supervisión de un tercero en forma permanente para la administración de su terapia médica. Indica la medicación que recibe la actora, y que se encuentra con psicoterapia en el CESFAM. Hace presente que, las licencias médicas otorgadas con anterioridad a las que son materia del presente recurso de protección fueron autorizadas sin observación o reparo alguno.

Expone que, la actora presentó una reconsideración de la resolución que confirmaba el rechazo por COMPIN de las licencias médicas N°s 111612452-8, 112063641-K, 112838837-7,114966650-4 y 115847840-0, extendidas por un total de 96 días a contar del 06 de diciembre de 2024, y que, la recurrida mediante resolución exenta N°R-01-UNAAD-71812-2026 de 25 de mayo de 2026, rechazó por extemporáneo el recurso, lo que alega ser una resolución formalista, que no se hace cargo del fondo del asunto en evolución.

Alega que, la recurrida no ha actuado según parámetros de razonabilidad y motivación, que debe observar los actos administrativos, pues para proceder al rechazo de una licencia médica, el órgano fiscalizador debe efectuar una revisión completa de los antecedentes médicos del paciente, partiendo de la base que la licencia médica cuestionada ha sido otorgada por profesional competente, previa atención y evaluación del médico, y que, la misma no ha sido otorgada de manera caprichosa ni antojadiza por parte del capacitado y facultado funcionario de la salud que la emitió. En la especie, indica que la SUSESO ha omitido analizar los certificados e informes médicos relativos a la condición de salud de doña nombre reservado poniendo en duda los diagnósticos fehacientemente establecidos por profesionales de la salud. La arbitrariedad denunciada en estos autos consistente en que todos los antecedentes médicos que informa el expediente administrativo de la actora dan cuenta que su afección está clínicamente justificada, siendo su reposo indispensable para la recuperación de su salud, ergo, el pago del subsidio.

Sobre los derechos constitucionales conculcados, indica el consagrado en el artículo 19 N°1, pues el obrar de la recurrida le priva a doña nombre reservado de ejercer el derecho que significa gozar de su licencia médica, o sea, de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, para restablecer su salud; luego se refiere a la igualdad ante la ley, aseverando haberse infringido por la recurrida, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral. Esta garantía otorga igualmente a la recurrente, el derecho a que sea evaluada bajo los parámetros impositivos que la normativa exige. Y, por último, la garantía del numeral 24 del referido artículo, toda vez que el actuar de la recurrida le priva de gozar, durante la vigencia de las licencias médicas rechazadas, del respectivo subsidio de incapacidad laboral o de la remuneración regular de su trabajo, según fuere el caso.

Concluye solicitando, se acoja el presente recurso y se deje sin efecto la resolución que rechazó las licencias médicas y, en definitiva, se ordene autorizarlas y disponer su pago.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la recurrida SUSESO solicitando el rechazo de la acción intentada con costas.

Alega en primer lugar, la extemporaneidad del presente recurso, indicando que, la Resolución Exenta R-01-UNAAD-71812-2026 de 25/ de mayo de 2026, no se pronuncia sobre el rechazo de las licencias médicas reclamadas, sino que se limita a constatar que el recurso de reposición interpuesto en relación con el rechazo de dichas licencias médicas fue presentado fuera del plazo establecido al efecto. Señala que el rechazo de las licencias médicas números 111612452-8, 112063641-K, 112838837-7, 114966650-4 y 115847840-0 fue confirmado por la Superintendencia mediante un pronunciamiento previo, a saber, la Resolución Exenta R-01- UME-03204-2026. de 12 de enero de 2026, y notificada con esa misma fecha a la recurrente vía correo electrónico. Considerando lo anterior, solicita el rechazo de la acción por haber sido interpuesta extemporáneamente.

En segundo lugar, alega la improcedencia de la acción de protección, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos. En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y, por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección. Solicita se declare la improcedencia de ésta, en atención a que el asunto debatido se encuentra relacionado con una garantía constitucional, que no se encuentra protegido por la acción interpuesta por la parte recurrente, con costas.

En subsidio informa en cuanto al fondo, afirma que actuó con estricto apego a las facultades constitucionales, legales y reglamentarias que regulan su cometido fiscalizador, toda vez que su función deriva del mandato constitucional contenido en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que le encomienda supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Añade que, dicha atribución se encuentra desarrollada en la Ley N°16.395, cuyo artículo 3° la erige como autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión en los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, incluyendo la calidad y oportunidad de las prestaciones, mientras que el artículo 38 letras d) y e) del mismo cuerpo legal le confiere la potestad de emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de beneficios y fijar la interpretación de las leyes y reglamentos previsionales.

A lo anterior, suma que el cometido asignado por la Ley N°20.585, orientado a asegurar el otorgamiento y uso correcto de la licencia médica y la protección de cotizantes y beneficiarios, lo que descarta, en los hechos, cualquier actuación ilegal o arbitraria por parte de la autoridad fiscalizadora.

Indica que el derecho a licencia médica constituye un beneficio establecido en el sistema de seguridad social para cubrir las contingencias derivadas de incapacidades laborales temporales, regulado en el D.F.L. N°1 de 2005 del Ministerio de Salud y en el D.S. N°3 de 1984, que la define como el derecho del trabajador a ausentarse o reducir su jornada en cumplimiento de una indicación profesional certificada y autorizada por la COMPIN o la ISAPRE correspondiente. Dicho beneficio, contemplado en el artículo 149 del D.F.L. N°1, otorga derecho al subsidio por incapacidad laboral regulado en el D.F.L. N°44 de 1978, o al pago de remuneración en casos de estatutos especiales, y su esencia radica en la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere su capacidad de trabajo y se reincorpore a la vida laboral, aun tratándose de patologías crónicas, siempre que después del reposo se produzca la reincorporación con capacidad residual.

Afirma que la Resolución Exenta R-01-UME-03204-2026, de 12 de enero de 2026, fundamentó el rechazo de las licencias médicas reclamadas en la circunstancia de que los antecedentes clínicos y administrativos evaluados no permitían establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 183 días de reposo ya autorizados por la misma patología, al no contar con una evolución cronológica de la sintomatología de salud mental que acreditara su intensidad y repercusión funcional durante los períodos reclamados. La autoridad constató un nivel medio de ajuste del tratamiento farmacológico y la ausencia de sesiones de apoyo psicológico efectivamente realizadas, razonando que la existencia de un diagnóstico y la necesidad de tratamiento no conducen automáticamente a concluir incapacidad laboral temporal, y que las descompensaciones posteriores no desvirtúan por sí solas la evaluación efectuada. En este contexto, afirma que su resolución constituye una decisión técnica fundada, adoptada con arreglo al artículo 21 del D.S. N°3 de 1984, que establece como facultad -y no como obligación- la realización de nuevas diligencias médicas cuando los antecedentes disponibles son estimados suficientes para resolver, criterio que ha sido refrendado por la jurisprudencia reciente de la Excma. Corte Suprema en múltiples roles, descartándose así cualquier ilegalidad o arbitrariedad en la actuación administrativa.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas. Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, cabe tener presente que la actora recurre en contra del rechazo de sus licencias médicas N°111612452-8,112063641-K, 112838837-7,114966650-4 y 115847840-0, extendidas por un total de 96 días a contar del 6 de diciembre de 2024, por carecer de fundamentación la resolución exenta N°R-01-UNAAD-71812-2026 de 25 de mayo de 2026, la cual resuelve en los siguientes términos: “Que, ha recurrido con fecha 02 de abril de 2026 a esta Superintendencia doña nombre reservado, RUN RUT reservado, solicitando se reconsidere el dictamen N°R-01-UME-03204-2026, de fecha 12 de enero de 2026, mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s 111612452-8, 112063641-K, 112838837-7, 114966650-4, 115847840-0, extendidas por un total de 96 días a contar del 06 de diciembre de 2024, por reposo no justificado.

Que, el artículo 59, de la Ley N°19.880, otorga, a quien tenga legitimación activa, la posibilidad de recurrir en contra de los actos administrativos, por intermedio del Recurso de Reposición, el que debe interponerse dentro del plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna. Además, el artículo 25 de la referida Ley señala que se entiende como días inhábiles los días sábados, domingos y los festivos.

Que, en la especie, la notificación de la Resolución recurrida se realizó el día 12 de enero de 2026, por lo que usted tuvo plazo hasta el día 19 de enero de 2026, para deducir el Recurso de Reposición ante esta Entidad Fiscalizadora.

Que, en la resolución que se pretende impugnar, se indica expresamente el plazo para interponer Recurso de Reposición, en el último párrafo del Resuelvo.

Que, habiéndose notificado electrónicamente el dictamen recurrido, el día hábil siguiente al de su emisión, la actual presentación de la parte recurrente, fue interpuesta fuera del plazo establecido al efecto en el artículo 59, en relación con el artículo 25 de la Ley N°19.880, de 5 días hábiles administrativos; lo que en virtud del artículo 8° del Código Civil no puede ser desconocido, puesto que nadie puede alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia.

Que, no se acompañan antecedentes que den cuenta de haberse configurado caso fortuito o fuerza mayor, en los términos del artículo 45 del Código Civil.

Que, una vez iniciado el plazo de 5 días, este discurre sin interrupciones hasta consumarse, por lo que solo queda declarar el Recurso de Reposición como extemporáneo.

RESUELVO: Rechácese, el recurso de reposición interpuesto por doña nombre reservado, RUN RUT reservado, por haberse presentado fuera del plazo legalmente establecido.” (sic)

Y a su turno, la Resolución Exenta N°R-01-UME-03204-2026 de 12 de enero de 2026, confirma el rechazo de las licencias médicas objeto del presente recurso en los siguientes términos: “Que, ha recurrido con fecha 05 de diciembre de 2025 a esta Superintendencia doña nombre reservado, RUN RUT reservado, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 105412028-8, 106033517-2, 106430286-4, 107224686-8, 107587134-8, 108402213-2, 109024923-8, 111064574-7, 111612452-8, 112063641-K, 112838837-7, 114966650-4, 115847840-0, extendidas por un total de 228 días a contar del 29 de julio de 2024, por reposo no justificado.

Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 105412028-8, 106033517-2, 106430286-4, 107224686-8, 107587134-8, 108402213-2, 109024923-8, 111064574-7, se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal durante el período de reposo reclamado, con el cual completa 183 días de licencia médica autorizados, lo que se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral.

Que, los informes médicos presentados permiten, de acuerdo a la evolución descrita, y requerimiento de ajustes de tratamiento, justificar el periodo de reposo autorizado.

Sin embargo, respecto de las licencias médicas N°s 111612452-8, 112063641-K, 112838837-7, 114966650-4, 115847840-0, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 183 días de reposo ya autorizados por la misma patología.

Que, no se cuenta con detalles de la evolución médica en términos de mantención de una sintomatología de salud mental de alto impacto en la funcionalidad, ni nuevo requerimiento de ajustes de tratamiento, que permitan justificar el rol terapéutico a cumplir por un mayor periodo de reposo.

RESUELVO: Esta Superintendencia instruye autorizar las licencias médicas N°s 105412028-8, 106033517-2, 106430286-4, 107224686-8, 107587134-8, 108402213-2, 109024923-8, 111064574-7, y mantener lo dictaminado por la COMPIN en relación a las licencias médicas N°s 111612452-8, 112063641-K, 112838837-7, 114966650-4, 115847840-0, de acuerdo a lo anteriormente expuesto.” (sic)

SEXTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, se deberá tener en cuenta, que el actuar reprochado es la resolución exenta del 25 de mayo de 2026, y habiéndose interpuesto el recurso de protección el 23 de junio de 2026, no cabe más que estimar que el recurso fue interpuesto en tiempo y forma, según dispone el Auto Acordado de recurso de protección.

SÉPTIMO: Que, en lo referente a la alegación de improcedencia del recurso de protección, cabe señalar –como ya se ha fallado que a lo que corresponde atender es a las prerrogativas constitucionales que se alegan como afectadas en el arbitrio objeto de este pronunciamiento, que son el derecho a la vida e integridad física, el derecho a la igualdad ante la ley, y el derecho de propiedad, de los que tratan los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, las que se encuentran expresamente contemplados bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo. Por tal razón es que se desestimará esta defensa opuesta por la recurrida.

OCTAVO: Que, el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

NOVENO: Que, de los antecedentes arribados al recurso, especialmente el expediente administrativo acompañado por la recurrida se advierte que la actora al interponer su reconsideración ante la SUSESO justificó debidamente el hecho de no haber podido presentar su reconsideración en el plazo de cinco días que establece el artículo 59 de la Ley N°19.880, pues sufrió una urgencia médica el 17 de enero de 2026, que la mantuvo hospitalizada por 10 días desde el 18 de enero de 2026. Incluso, acompañó un informe de su médico tratante quien certifica la ocurrencia de aquella situación medica que mantuvo hospitalizada a la actora del presente recurso.

De lo anterior, se advierte a lo menos un actuar arbitrario por parte de la recurrida, quien no se pronunció sobre la justificación dada por la paciente para no poder interponer su recurso administrativo en tiempo, existiendo entorpecimiento por la situación de salud acaecida. A lo anterior se suma que a la reconsideración se acompañaron nuevos antecedentes médicos de doña nombre reservado, los cuales no fueron ponderados por la recurrida.

De esta manera, se advierte que la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, omitiendo componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA, la alegación de extemporaneidad.

II.- Que, SE RECHAZA, la alegación de improcedencia del recurso.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, solo en cuanto, se deja sin efecto la resolución exenta N°R-01-UNAAD-71812-2026 del 25 de mayo de 2026, debiendo la Superintendencia de Seguridad Social emitir un nuevo pronunciamiento, esta vez considerando todos los antecedentes allegados por la recurrente a fin de resolver fundadamente el recurso de reconsideración interpuesto por esta con fecha dos de abril de 2026, dentro de treinta días hábiles a contar que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 1077-2026 protección