Protección contra Resolución Administrativa N° 3120/18/36-1

Compañía Agropecuaria Copeval S.A.

Inspección Provincial del Trabajo Recurso de protección Rol Nº 1077-2018-PRO La Serena, diez de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Con fecha siete de septiembre comparece el abogado Jaime Cortés Rivas, en representación de Compañía Agropecuaria COPEVAL S.A. interponiendo recurso de protección en contra Dirección del Trabajo, Inspección Provincial del Trabajo de Coquimbo, señalando que la solicitó reconsiderar la multa administrativa N° 3120/18/36-1 de fecha 20 de junio de 2018.

Agrega que dicha reconsideración se desestimó mediante el Ordinario N° 1290 de 14 de agosto de 2018, mediante el cual se informa que no se dio curso a la reconsideración por haberse presentado fuera de plazo legal de 30 días contados desde su notificación, manteniéndose la multa, no obstante haberse deducido dentro del plazo, de manera que considera aquel rechazo constituye una actuación ilegal y arbitraria.

Sostiene que con fecha 10 de julio de 2018 su parte fue notificada –entendiendo que esa fue la fecha cierta de la notificación porque la carta certificada fue ingresada a Correos de Chile el 29 de junio de 2018, conforme lo dispone el artículo 508 del Código del Trabajo- de la resolución de fecha 20 de junio de 2018 mediante la cual se le impuso una multa de 60 UTM, indicando que el plazo para solicitar la reconsideración administrativa vencía el día 24 de agosto de 2018 por disposición expresa del artículo 25 de la Ley N° 19.880.

Indica que si se contara el plazo como días corridos, de todos modos la reconsideración se dedujo dentro de plazo, ya que se presentó el día 07 de agosto de 2018.

Cita jurisprudencia que apoya su postura e indica como infringida la garantía constitucional del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En definitiva, solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto el Ordinario N° 1290 de 14 de agosto de 2018 dictado por la recurrida y que se le ordene conocer y resolver acerca de la reconsideración de multa administrativa N° 3120/18/36-1 y que se dejen sin efecto los demás actos y resoluciones que puedan derivarse respecto del Ordinario N° 1290, todo ello, con costas.

Para fundar sus alegaciones:

- Copia del Ordinario N° 1290 de 14 de agosto de 2018;

- Copia de la solicitud de reconsideración administrativa de fecha 07 de agosto de 2018;

- Resolución de multa número 3120/18/36-1;

- Copia de carta con la cual se remitió la resolución de multa N° 3120/18/36-1 Con fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, informa el recurso la recurrida, solicitando el rechazo del mismo con la respectiva condena en costas, indicando una serie de argumentos.

En primer lugar, indica que con fecha 20 de junio de 2018 un fiscalizador dependiente cursó a la recurrente la multa N° 3120.2018.36-1, sanción que fue notificada por carta certificada despachada el día 29 de junio de 2018 al domicilio de la empresa, considerándose notificada, de conformidad al artículo 508 del Código del Trabajo el día 07 de junio de 2018.

Alega que su actuación se ha efectuado dentro de las prerrogativas legales vigentes y en cumplimiento del mandato legal, actuando dentro de la legalidad prevista en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República.

A continuación refiere que el artículo 512 del Código del Trabajo no especifica si el plazo de 30 días es un plazo de días corridos o hábiles, por lo que para determinar su naturaleza corresponde recurrir, en primer término, a las disposiciones del Código del Trabajo, debiendo, entonces, entenderse que por regla general los plazos comprenden los días feriados, a menos que se exprese que se trata de días útiles, resultando, además, inaplicable la Ley N° 19.880, porque existe una norma legal y especial que regula la presentación de solicitudes de reconsideración administrativa.

Indica que el acto no es arbitrario ya que no es infundado ni carente de razonabilidad, sino que es producto de una facultad que la ley la ha encomendado a la Dirección del Trabajo, tanto la de fiscalización como la de cumplimiento de la facultad establecida en el artículo 512 del Código del Trabajo.

Sostiene que no se ha vulnerado la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, y que no es posible entender cómo se habría afectado ésta atendido a que la decisión de no admitir a tramitación la reconsideración se fundó en la aplicación de la normativa legal.

Cita jurisprudencia judicial y administrativa para fundar sus alegaciones y sostiene que la acción intentada no puede prosperar por ajustarse a derecho el acto impugnado.

En razón de lo anterior solicita que se rechace el recurso intentado.

Acompaña para fundar sus alegaciones:

· Resolución de multa Nº 3120.2018.36 de 20.06.2018;

· Acta de notificación de la multa N° 3120.2018.36 y guía de correos de 29.06.2018;

· Solicitud de recurso administrativo de 07.08.2018;

· Ord. N° 1.290 de 14.08.2018 emitido por don nombre reservado, Inspector Provincial del Trabajo de Coquimbo;

· Guía de correos de 14.08.2018;

· Dictamen Nº 64.985 de la Contraloría General de la República, de 20.11.2009;

· Dictamen Nº 17.344 de la Contraloría General de la República, de 10.03.2014.

Con fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, en este caso, la recurrente estima que el acto arbitrario e ilegal lo constituye el ordinario N° 1290, por la que no se hizo lugar a la tramitación del recurso de reconsideración que se dedujo contra aquella resolución que le impuso el pago de una multa, por estimar que se encontraba fuera del plazo legal de treinta días corridos, contados desde su notificación.

TERCERO: Que la medida aplicada por la recurrida se estima ilegal y arbitraria y que vulnera la garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, porque estimó que el plazo de treinta días para deducir el recurso de reconsideración, en sede administrativa, es de días corridos y no hábiles.

CUARTO: Que el inciso primero del artículo 512 del Código del Trabajo, dispone lo siguiente: “ El director del Trabajo, hará uso de esta facultad mediante resolución fundada, escrita del interesado, la que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa.”

QUINTO: Que si bien es efectivo, que la norma en comento no señala si el plazo es de días corridos o de días hábiles, es lo cierto que si el interesado hace uso de esta vía, se seguirá ante el Director de Trabajo, un procedimiento de carácter administrativo que finalizará con la dictación de una resolución que acogerá o rechazará el recurso de reconsideración.

SEXTO: Que si el Código del Trabajo, no regula en forma específica el procedimiento a seguir ante el ente administrativo, debe recurrirse a lo que dispone el artículo 1° de la Ley 19.880. En este sentido entonces y ante el silencio en esta materia del Código del Trabajo, debe aplicarse el cómputo de plazo que contempla el artículo 25 de la citada ley, que dispone que : “Cómputo de los plazos del procedimiento administrativo. Los plazos de días establecidos por esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos….”, norma que, por su carácter especial, debe primar por sobre la general del artículo 50 del Código Civil.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, habiéndose presentado por la recurrente el recurso de reconsideración administrativa, dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde la fecha que se le notificó la Resolución que le impuso la multa, la recurrida incurrió en un actuar ilegal y arbitrario, desde que se ha negado a tramitar un recurso deducido en tiempo y forma, vulnerando la garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, esto es, la igualdad ante la ley, al darle trato arbitrario, situación que debe ser subsanada acogiendo la presente acción cautelar.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia de 24 de junio de 1992 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción constitucional deducida por COMPAÑÍA AGROPECUARIA COPEVAL S.A., debiendo en consecuencia, la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración administrativo presentado por la recurrente en contra de la Resolución Administrativa N° 3120/18/36-1.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1077-2018 (Protección)

Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena integrada por los Ministros titulares señor nombre reservado, señor nombre reservado y la abogado integrante señora Elvira Badilla Poblete.

En La Serena, a diez de octubre de dos mil dieciocho, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.