Protección contra SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social y otro Recurso de protección Rol Nº1074-2026 La Serena, veinticuatro de julio de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, Centro de Atención Jurídico Social Segunda Instancia, domiciliado en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado, trabajadora dependiente, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), persona jurídica de derecho público, representada por doña nombre reservado, abogada, con domicilio en domicilio reservado, y en contra de la ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD, corporación de derecho privado, representada legalmente por don nombre reservado, ingeniero civil, en su calidad de Presidente del Directorio, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en la suspensión del pago del subsidio por incapacidad laboral que era percibido por la actora con motivo de una patología de origen laboral, acto que perturba y amenaza el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 numerales 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que la actora fue asignada con el pago de subsidio por incapacidad laboral, en virtud de un cuadro clínico de origen laboral que le ha afectado desde junio de 2025, siendo usuaria de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

Sin embargo, expone que mediante carta de 29 de diciembre de 2025, la ACHS comunicó a la recurrente la suspensión del subsidio, fundándose en diversos incumplimientos del tratamiento indicado. En particular, señaló que había faltado, sin justificación válida, a sesiones de terapia física los días 26 y 29 de septiembre, 10 y 29 de octubre, y 21, 24 y 26 de noviembre de 2025, pese a haber sido previamente advertida de las consecuencias de esas inasistencias.

Indica que la recurrente reclamó ante la SUSESO, pero dicho organismo, por Resolución Exenta N° NUM000, de 25 de marzo de 2026, rechazó su presentación, estimando que se encontraban acreditadas las conductas y omisiones atribuidas durante octubre y noviembre de 2025 y que, por ello, la suspensión del subsidio había sido procedente.

Posteriormente, la actora interpuso recurso de reposición, alegando inconsistencias en las fechas informadas por la ACHS, que la ausencia del 29 de octubre habría sido justificada y que los días 21, 24 y 26 de noviembre no pudo concurrir porque la Mutualidad no proporcionó el transporte que le había sido asignado. Sin embargo, mediante Resolución Exenta N° NUM001, de 26 de mayo de 2026, la SUSESO rechazó la reposición, señalando que los antecedentes aportados no permitían acreditar sus afirmaciones, por ser incompletos o confusos.

Enseguida, la recurrente alega que la suspensión del subsidio es ilegal y arbitraria, por cuanto un certificado médico emitido por la ACHS el 17 de noviembre de 2025 daba cuenta de que la recurrente tenía asignado un servicio de transporte, debido a que su domicilio se ubicaba en una zona de difícil acceso. Afirma que ella permaneció a disposición de dicho servicio, pero que los días 21, 24 y 26 de noviembre el transporte no concurrió a buscarla por una negligencia imputable exclusivamente a la propia ACHS. Por consiguiente, esas inasistencias no podían ser calificadas como injustificadas ni utilizadas para suspender el beneficio.

Añade que no concurren los presupuestos del artículo 33 de la Ley N° 16.744, pues la recurrente no se negó a seguir el tratamiento ni dificultó o impidió deliberadamente su recuperación. Por el contrario, afirma haber cumplido las indicaciones médicas, tratamientos, intervenciones y citaciones, y que las inasistencias cuestionadas fueron ocasionadas por la falta del transporte que la misma Mutualidad había ordenado proporcionar.

Respecto de la SUSESO, se alega que su actuación vulnera el deber de fundamentación de los actos administrativos y el principio de imparcialidad establecido en la Ley N° 19.880.

En particular, se reprocha que la resolución que rechazó la reposición se limitara a calificar los documentos como incompletos o confusos, sin explicar concretamente las razones por las cuales no acreditaban las justificaciones invocadas, lo que configuraría una falta de motivación suficiente.

Sostiene que esta actuar afecta su derecho a la integridad física y psíquica, consagrada en el artículo 19 N°1 de la Constitución, al privarla de los recursos necesarios para solventar sus gastos y acceder a prestaciones de salud, dificultando su recuperación y exponiéndola a un agravamiento de su enfermedad.

Asimismo, argumenta que se vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución, pues configura una discriminación respecto de otras personas que, en iguales condiciones de salud, acceden al subsidio por incapacidad laboral.

Por último, afirma que se vulnera su derecho de propiedad, consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución, sobre las sumas que legalmente reemplazan su remuneración durante el período en que se encuentra impedida de trabajar.

Por lo anterior, solicita que se acoja el recurso de protección, dejando sin efecto la Resolución Exenta N° NUM001 de 26 de mayo de 2026, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, que confirmó lo resuelto por la Asociación Chilena de Seguridad en la carta de 29 de diciembre de 2025, y en su lugar acoger dicho reclamo, ordenando a la recurridas dejar sin efecto la suspensión del pago del subsidio, ordenando asimismo restituir el subsidio de incapacidad laboral de la actora, disponiendo su pago en el plazo que se fije al efecto, incluyendo los subsidios no pagados durante todo el tiempo intermedio, desde la fecha de la suspensión hasta aquella en que se retome el pago del beneficio, con costas.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, solicitando el rechazo de la acción intentada, con costas.

En primer lugar, alegó la improcedencia de la acción de protección, argumentando que la controversia excede el ámbito cautelar de la acción y que debe resolverse en un procedimiento de lato conocimiento, ya que los argumentos de la recurrente exigen determinar si las ausencias estaban justificadas, si la ACHS incumplió efectivamente su obligación de transporte, si ese incumplimiento excluye la aplicación del artículo 33 de la Ley N° 16.744 y si los antecedentes aportados desvirtúan las conclusiones de la Mutualidad y de la Superintendencia, cuestiones que requieren actividad probatoria y una valoración técnica incompatibles con la naturaleza urgente y cautelar del recurso. Añade que las resoluciones impugnadas fueron dictadas en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 16.395 y previa revisión de los antecedentes aportados por la ACHS y por la recurrente, afirmando que sola discrepancia de esta última con la valoración administrativa no convertiría dichas decisiones en ilegales o arbitrarias. Por ello, solicita que el recurso sea declarado improcedente.

En cuanto al fondo, señala que conforme al artículo 33 de la Ley N° 16.744, el pago del subsidio puede suspenderse cuando el accidentado o enfermo se niega a seguir el tratamiento o dificulta o impide deliberadamente su curación, a petición del médico tratante y con el visto bueno del jefe técnico correspondiente. Agrega que el Compendio de Normas exige advertir previamente al trabajador de las consecuencias de persistir en esa conducta.

Indica que la recurrente reclamó ante la Superintendencia contra la decisión de la ACHS de suspender el subsidio. Requerida la Mutualidad, esta informó que la trabajadora había sido advertida personalmente que la reiteración de inasistencias injustificadas ocasionaría la suspensión del beneficio, pero que, pese a ello, no asistió a terapias físicas los días 10 y 17 de octubre y 21, 24 y 26 de noviembre de 2025, sin presentar justificativos suficientes.

Añadió que otras inasistencias sí habían sido justificadas y, por ello, no fueron consideradas para aplicar la medida.

La Superintendencia afirma que revisó los antecedentes del expediente y concluyó que la trabajadora había incurrido efectivamente en las conductas y omisiones informadas, por lo que mediante Resolución Exenta N° NUM000, de 25 de marzo de 2026, rechazó la reclamación y confirmó la suspensión del subsidio.

Posteriormente, la recurrente interpuso reposición, alegando inconsistencias en las fechas de inasistencia; que una ausencia habría sido justificada; y que los días 21, 24 y 26 de noviembre no contó con el transporte que debía proporcionarle la ACHS. Sin embargo, la Superintendencia estimó que los antecedentes aportados eran incompletos o confusos y que no permitían acreditar la justificación de las ausencias ni los demás descargos, por lo que dictó la Resolución Exenta N° NUM001, de 26 de mayo de 2026, rechazando la reposición.

Añade que, conforme al informe médico-técnico de la ACHS, la suspensión se fundó exclusivamente en cinco inasistencias injustificadas a terapia física, las que habrían perjudicado la recuperación de la trabajadora y se habrían producido pese a las advertencias previas. La Superintendencia señala que revisó íntegramente el expediente administrativo, incluidos el informe técnico, la ficha clínica, la carta de advertencia y la documentación remitida por la Mutualidad, verificando que la medida se ajustaba al artículo 33 de la Ley N° 16.744 y al Compendio de Normas.

Asimismo, afirma que, al conocer la reposición, volvió a examinar los documentos relativos a la supuesta falta de transporte y a la justificación de determinadas inasistencias, pero que estos no acreditaban suficientemente los hechos invocados ni desvirtuaban los fundamentos de la suspensión.

En consecuencia, sostiene que sus resoluciones fueron dictadas por autoridad competente, se encuentran motivadas y se sustentan en antecedentes objetivos, sin que exista una decisión caprichosa o infundada.

Por lo mismo, sostiene que no es efectivo que se haya vulnerado alguno de los derechos fundamentales invocados por la actora, argumentando que el recurso solo expresa la disconformidad de la recurrente con la valoración técnica y jurídica realizada en sede administrativa.

En consecuencia, solicita que el recurso sea desestimado en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que, se evacuó informe por la Asociación Chilena de Seguridad, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que la recurrente presenta una versión parcial de los hechos, pues la medida no se fundó únicamente en las inasistencias de noviembre de 2025 relacionadas con el transporte, sino en un patrón anterior y reiterado de ausencias injustificadas a terapia física. Indica que se registraron inasistencias los días 10 y 17 de octubre y 21, 24 y 26 de noviembre de 2025, y que las notas progresivas del kinesiólogo tratante consignaron que la paciente, pese a estar con reposo laboral, no concurrió a sus sesiones.

Añade que el 10 de octubre de 2025 la recurrente fue advertida personalmente de las consecuencias previstas en el artículo 33 de la Ley N° 16.744, advertencia que habría sido reiterada el 17 de octubre. Pese a ello, habría persistido en sus inasistencias. Posteriormente, el médico tratante, doctor nombre reservado, emitió el 26 de diciembre de 2025 un informe médico-técnico que identificó cinco ausencias injustificadas y las distinguió de otras inasistencias que sí habían sido justificadas, concluyendo que la paciente mantuvo una conducta reiterada de incumplimiento de la terapia física, pese a las advertencias recibidas, afectando su recuperación. Con la respectiva validación técnica, la Mutualidad notificó la suspensión mediante carta de 29 de diciembre de 2025 e informó la medida a la SUSESO el 5 de enero de 2026, dentro del plazo correspondiente.

Sostiene que concurrieron todos los requisitos exigidos para suspender el beneficio: incumplimiento reiterado del tratamiento, advertencia previa, persistencia en la conducta, decisión del médico tratante con aprobación técnica e información oportuna a la SUSESO. Por ello, descarta que la medida haya sido antojadiza o carente de fundamento.

Frente al argumento de que la recurrente habría cumplido sus cirugías, controles y demás indicaciones, señala que el cumplimiento de algunas prestaciones no equivale a observar íntegramente el tratamiento. Afirma que la kinesioterapia constituía una parte esencial de la rehabilitación y que el artículo 33 no exige una negativa absoluta a toda atención, sino que basta un incumplimiento reiterado de una indicación terapéutica que comprometa la recuperación.

Respecto de la falta de transporte para los días 21, 24 y 26 de noviembre, sostiene que dicha circunstancia no invalida la medida, porque esta también se sustentó en ausencias anteriores, iniciadas en septiembre y octubre de 2025, cuando aún no existía asignación de transporte. Según el informe, fueron precisamente esas inasistencias previas las que motivaron las advertencias y configuraron la conducta sancionada. Por ello, una eventual falla del transporte en noviembre no explicaría ni justificaría los incumplimientos anteriores.

También niega que haya faltado advertencia previa, ya que las notas clínicas de 10 y 17 de octubre dejarían constancia expresa de ella. En cuanto a la supuesta falta de motivación de las resoluciones de la SUSESO, señala que ese reproche no se dirige contra la Mutualidad y que, en todo caso, las decisiones administrativas se basaron en un expediente técnico compuesto por las notas progresivas, el informe médico y la ficha clínica.

Destaca que la suspensión fue ratificada en dos oportunidades por la SUSESO: primero, mediante Resolución Exenta N° NUM000, de 25 de marzo de 2026, que rechazó la reclamación; y luego, mediante Resolución Exenta N° NUM001, de 26 de mayo de 2026, que rechazó la reposición. Sostiene que ambas decisiones confirmaron que los antecedentes aportados por la recurrente no justificaban sus inasistencias ni desvirtuaban la medida.

Asimismo, plantea que el recurso de protección es improcedente porque la Ley N° 16.744 contempla una vía administrativa especial de reclamación ante la SUSESO, la cual fue íntegramente ejercida y agotada. A su juicio, la recurrente pretende convertir esta acción cautelar en una tercera instancia de revisión de una controversia técnica ya resuelta por el organismo competente.

A su vez, afirma que los hechos permanecen controvertidos, pues sería necesario determinar si las inasistencias estaban justificadas, si el transporte falló y a quién resultaba imputable.

Por lo anterior, sostiene que no existe vulneración a alguno de los derechos fundamentales invocados por la parte recurrente, solicitando en definitiva el rechazo del recurso de protección.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

QUINTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

SEXTO: Que, previamente, en lo referente a la alegación de improcedencia del recurso de protección, la recurrida sustenta aquella en que, en su concepto, la actora carecería de un derecho indubitado, por cuanto las circunstancias que invoca como fundamento de su pretensión corresponden básicamente a hechos controvertidos, que requerirían un procedimiento de lato conocimiento para poder esclarecerse, lo que no resulta posible por esta vía, atendida la naturaleza rápida y urgente de la presente acción.

No obstante, cabe puntualizar que tales alegaciones de la recurrida deben ser resueltas en el fondo del asunto, pues a lo que corresponde atender para la procedencia de la acción, es a las prerrogativas constitucionales que se alegan como afectadas, que son el derecho a la vida e integridad física, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, de los que tratan los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, expresamente contemplados bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo. Por tal razón es que se desestimará esta defensa opuesta por la Superintendencia de Seguridad Social.

SÉPTIMO: Que, en cuanto al fondo, conviene tener presente que mediante misiva de 29 de diciembre de 2025, dirigida por la Asociación Chilena de Seguridad a la actora, se le comunicó la suspensión del pago del subsidio por incapacidad laboral derivado de la enfermedad profesional de la afectada, sobre la base del siguiente fundamento: “Por medio de la presente, informamos la suspensión del pago de subsidio, en virtud de lo establecido en el artículo 33 de la Ley N° 16.744.

Con fecha 10 de octubre 2025, en el Centro ACHS Ovalle, se realizó una primera advertencia, por incumplimiento del tratamiento indicado, se registran inasistencias a terapia física 26, 29 de septiembre y 10 de octubre 2025, sin justificación valida.

A pesar de esta advertencia, se han registrado nuevas notas por incumplimiento del tratamiento indicado; múltiples inasistencias a terapia física 29 de octubre, 21, 24 y 26 de noviembre, sin justificación valida. Dado que estas conductas han afectado su proceso de recuperación y evolución de la lesión, y en cumplimiento de la normativa vigente, se procede a suspender el pago del subsidio.

Este comunicado está regido por el artículo 33 de la Ley N°16.744 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y lo dispuesto por la Superintendencia de Seguridad Social, en términos que si el accidentado/a o enfermo/a, se niega o dificulta deliberadamente su tratamiento sin causa justificada (por ejemplo: no asistir a un control sin justificación, terapia física, curación, agresión al equipo de salud, entre otros), se suspenderá el beneficio de subsidio”.

OCTAVO: Que, asimismo, consta que la recurrente reclamó la decisión de la mutualidad ante la Superintendencia de Seguridad, la que mediante resolución de 25 de marzo de 2026 confirmó lo resuelto por la Asociación Chilena de Seguridad, esgrimiendo lo siguiente: “(…) 2. Que, requerida al respecto, la referida Mutualidad acompañó los antecedentes pertinentes e informó en los siguientes términos: "En la especie, nuestra área médica aplicó a la Sra. nombre reservado la sanción establecida en el citado artículo 33, luego que no justificara dos inasistencias a las horas agendadas para terapia física lo que afectó su recuperación". "Cabe agregar, que se advirtió a la trabajadora personalmente que en caso de persistir con esa conducta se le suspendería el pago de subsidio por incapacidad temporal. Sin embargo, la Sra. nombre reservado no asistió a las terapias físicas programadas de fechas 10 y 17 de octubre de 2025 y 21, 24 y 26 de noviembre de 2025, sin presentar justificativo para dichas inasistencias, tal como consta en la ficha médica que se adjunta, lo que evidentemente perjudica su recuperación". "Hacemos presente que ha sostenido otras inasistencias, sin embargo estas han sido debidamente justificadas". 3. Que, sobre la situación, esta Superintendencia manifiesta que el artículo 33 de la Ley N° 16.744 establece que si el accidentado o enfermo se negare a seguir el tratamiento o dificultare o impidiere deliberadamente su curación, se podrá suspender el pago del subsidio a pedido del médico tratante y con el visto bueno del jefe técnico correspondiente.

Que, por su parte, el Compendio consignado en VISTO (Libro VI, Título II, letra P) señala que cuando el trabajador accidentado o enfermo se niegue a continuar su tratamiento o dificulte o impida deliberadamente su curación, deberá ser advertido personalmente o por escrito mediante carta certificada o por correo electrónico que, de persistir en su conducta, se le suspenderá el pago del subsidio hasta en tanto no cambie de actitud.

Que, revisados los antecedentes aportados al expediente, se advierte que efectivamente la trabajadora incurrió en las conductas y omisiones antes señaladas, en octubre y noviembre de 2025, por lo que ha resultado procedente la suspensión del subsidio determinada por la Mutualidad”.

NOVENO: Que, a su vez, consta que la recurrente presentó una solicitud de reconsideración respecto de la anterior resolución pronunciada por la Superintendencia de Seguridad Social, la que fue rechazada por resolución de 26 de mayo de 2026, en base a la siguiente idea: “1.- Que, con fecha 27/03/2026, se dirigió a esta Superintendencia, doña nombre reservado, RUN NUM002, reclamando en contra de la RESOLUCIÓN EXENTA N° NUM000, de 25/03/2026, que aprobó lo obrado en la especie por la ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD, en tanto le suspendió el pago de subsidio por incapacidad laboral en virtud de un cuadro clínico de origen laboral que la ha afectado desde junio de 2025.

Que, al respecto, la Sra. nombre reservado expone que existirían inconsistencias en las fechas de inasistencia indicadas en octubre y noviembre de 2025, toda vez que una de ellas (10 de octubre) se indica como fecha de inasistencia y también como data en que se le habría advertido del efecto de sus inasistencias. Con respecto a otras fechas no habrían sido incluidas en la carta de aviso original (17/10/2025); el 29/10/2025 habría justificado su ausencia y los días 21, 24 y 26 de noviembre no se le otorgó el transporte necesario, como habría indicado el profesional médico. 2.- Que, revisados los antecedentes acompañados por la Sra. nombre reservado, esta Superintendencia cumple con manifestar que ellos no ameritan modificar lo ya resuelto, en tanto no permiten tener por acreditado lo sostenido por la trabajadora, con respecto a la justificación de sus ausencias, ni a sus otros descargos, por resultar incompletos o confusos”.

DÉCIMO: Que, si bien las resoluciones cuestionadas han sido dictadas por la autoridad competente, no obstante, de los antecedentes allegados a la causa, aparece asentado que la recurrente habita en una zona extrema de difícil acceso, lo que aparece corroborado por el mismo documento emitido por la ACHS el 17 de noviembre de 2025, en que se deja constancia que se le otorga servicio de transporte para sus atenciones de salud.

En tal escenario, es preciso considerar que las recurridas no han allegado elementos de juicio mínimos que permitan desprender que efectivamente hayan cumplido con otorgar a la afectada el medio de trasporte necesario, cuestión que la recurrida ACHS tampoco aclara en su informe.

Constatado lo anterior, lleva a concluir que la decisión de las recurridas está desprovista de fundamento suficiente, en tanto no se hace cargo de la circunstancia que afecta a la paciente y que se encuentra reconocida en los antecedentes de la propia mutualidad, deviniendo por ella en arbitraria.

UNDÉCIMO: Que, en este punto, conviene recordar que el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

Sin embargo, conforme a lo razonado en el motivo precedente, se advierte que la argumentación otorgada a la paciente por las recurridas, sin que se haya acreditado previamente haber cumplido con la obligación de proporcionarle transporte, carece del debido sustento.

DUODÉCIMO: Que, este actuar de las recurridas atenta contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida y la recuperación de la integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio de la parte recurrente, desde que la persona trabajadora, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud. De igual forma, vulnera el derecho de la parte recurrente a la igualdad ante la ley, por cuanto configura una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por incapacidad laboral.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA la alegación de improcedencia de la acción de protección.

II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Asociación Chilena de Seguridad, dejándose sin efecto las resoluciones de 25 de marzo de 2026 y de 26 de mayo de 2026, dictadas por la Superintendencia de Seguridad Social, mediante las cuales se confirmó lo dispuesto por la Asociación Chilena de Seguridad, en orden a suspender el pago del subsidio por incapacidad de la actora y, en su lugar, se resuelve que las recurridas deberán dejar sin efecto la suspensión del pago del subsidio, debiendo mantenerse el mismo, junto con pagar los subsidios que le correspondía percibir durante todo el tiempo intermedio, desde la fecha de la suspensión hasta aquella en que se retome el pago del beneficio, dentro del plazo de 30 días corridos desde ejecutoriada la presente sentencia.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N°1074-2026.- (Protección)