Protección contra Instituto de Seguridad Laboral

nombre reservado

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Recurso de Protección Rol Corte N° 1072-2018-Protección La Serena, a trece de noviembre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, jefa de joyería, domiciliada en domicilio reservado, por sí, deduciendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra del Instituto de Seguridad Laboral, sosteniendo que con fecha 31 de agosto de 2018, estando en su lugar de trabajo en Falabella, sufrió una lesión en su rodilla derecha, presentándose ante la recurrida para que autorizaran la atención en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) como accidente laboral, siendo atendida durante cuatro meses y medio por ésta, con terapia kinésica incluida, siendo derivada luego al doctor Andrés Pakuts, quien corroboró la rotura de su menisco interno y que debía ser operada.

Agrega que luego que el ISL cancelara sus licencias médicas y tratamiento, se negó a cancelar la operación, por lo que tuvo que hacerlo de manera particular el día 19 de junio, y con licencia médica luego de la operación hasta el día 20 de agosto, fecha en que se reincorporó a su trabajo, mientras que el ISL siguió pagando sus licencias médicas.

Solicita que le sean devueltos todos los gastos en los que incurrió en su operación, dado que la lesión se debió a un accidente laboral, nunca antes había sufrido un dolor en su rodilla, siendo una persona activa físicamente y sin ningún antecedente médico que diagnosticara una rotura de meniscos o esguince, y que el elevado costo que tuvo que pagar le ha significado un desajuste en su presupuesto.

Acompaña a su recurso los siguientes documentos:

a) Formulario Denuncia Individual de Accidente del Trabajo.

b) Resolución de la SUSESO.

c) Presupuesto de la operación, boletas médicas y bonos de exámenes que generó la intervención.

d) Autorización del ISL para ser atendida en su totalidad en dicha entidad.

Por la recurrida, informan don nombre reservado y don nombre reservado, sosteniendo, en síntesis, que el 7 de febrero de 2018, se recibió en el Instituto la Declaración Individual de Accidente del Trabajo (DIAT), referido a la trabajadora Sra. nombre reservado, quien sufrió un accidente en su trabajo, lesión en la odilla derecha, con fecha 31.01.2018, recibiendo todas las atenciones médicas correspondientes, y que en la misma fecha se entregó a la Sra. nombre reservado un Formulario de Advertencia, que indica que en caso de que el accidente no sea calificado como de origen laboral, deberá la beneficiaria pagar el valor de las prestaciones que se le otorguen conforme a la cobertura de su sistema de salud común.

Refiere que con fecha 09 de febrero del año en curso, se emitió la Resolución de Calificación de Origen de los Accidentes y Enfermedades de la Ley 16.744 (RECA) N° 1014292, que calificó el accidente denunciando como de origen laboral, en cuya virtud se pagaron por el Instituto recurrido los subsidios correspondientes a 7 licencias médicas, que indican como diagnóstico principal Esguince Rodilla Grado II.

Añade que el prestador médico sugirió, con fecha 10 de mayo de 2018, según se indica en la Ficha Clínica de la paciente, cirugía de rodilla (cirugía artroscópica), ante lo cual desde la Dirección Regional de Coquimbo del Servicio se solicitó al Departamento de Control Técnico del ISL del Nivel Central que el caso fuera revisado por el Médico del Trabajo del Instituto, quien indicó que sólo se autorizaba tratamiento no invasivo relacionado con evento agudo que presentó la Sra. nombre reservado en su rodilla derecha (Esguince grado II), y que no se autorizaban prestaciones relacionadas con patologías crónicas, osteodegenerativas o con una biocinética (rotura de menisco interno) no relacionada con la patología presentada.

Sostiene que en Informe de Opinión Técnica, basado en lo informado anteriormente, emitido por la enfermera de Control Técnico de la Dirección Regional de Coquimbo del Instituto, Sra. nombre reservado, se indica textualmente: “Jefa de joyería, sufre accidente de trabajo al estar agachada y apoyada sobre sus rodillas, que al levantarse presenta valgo forzado en rodilla derecha. Se acogió accidente laboral por diagnóstico de Esguince del LCM derecho GII, recibiendo tratamiento médico no invasivo. Al ser estudiada con exámenes de imagen, y evaluado su caso por Médico del Trabajo, se puede informar que: la rotura de menisco no guarda relación con diagnóstico laboral, el mecanismo de lesión no tiene la fuerza suficiente para provocar la lesión descrita, y según la Resonancia Nuclear Magnética realizada se trataría de una patología de origen degenerativo por lo que no se autoriza artroscopia de rodilla”.

Añade que la recurrente presentó reclamación ante la Superintendencia de Seguridad Social, SUSESO, con fecha 20 de junio de 2018, referida a su derecho a las prestaciones médicas, solicitando en específico un nuevo diagnóstico laboral y reembolsos.

Indica que mediante Ord. N° 33903, de 28 de junio de 2018, de SUSESO, se solicitó a la recurrida antecedentes del caso para resolver reclamación de la Sra. nombre reservado.

Señala que con fecha 10 de julio de 2018, el Dr. nombre reservado, del Departamento de Control Técnico del ISL, evacuó Informe Médico, en cuya conclusión, y luego de la respectiva consulta y revisión de los antecedentes médicos, se señala que el caso es de etiología común en su totalidad, agregando que con fecha 19 de julio de 2018, el Instituto, mediante Ord. N° 02872, respondió e informó a SUSESO el oficio señalado, indicando en su parte final lo siguiente: “Es opinión de este Instituto que en el caso no existe un mecanismo descrito ya que el hecho de incorporarse es un hecho habitual y por lo tanto no es un accidente, llamando la atención como en las posteriores evoluciones este va variando, llegando incluso a describirse en evoluciones tardías haber caído. Considerando la ausencia de mecanismo, los relatos variables, se estima que el caso es de etiología común en su totalidad, decisión diferida a vuestro análisis”.

Refiere que con fecha9 de agosto de 2018 se recibió copia del Oficio Ord. N° 40241, de 08 de agosto de 2018, de la Intendenta de Seguridad Social, en que a la luz de los antecedentes aportados por la recurrida, informó a la Sra. nombre reservado que se declara su accidente como de origen común, por lo que no resulta procedente otorgar la cobertura de la ley 16.744.

Añade que la recurrida, a través del Ord. N° 1199, de 31 de agosto de 2018, informó a la recurrente el origen de sus patologías, indicando lo siguiente:

· Diagnóstico: Esguince LCM derecho GII, se acogen como de origen laboral.

· Diagnóstico: rotura de menisco derecho, se considera de origen común, por lo que debe continuar en tratamiento por su régimen previsional de salud, por no estar cubierto por seguro contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Señala que la recurrente recibió el tratamiento correspondiente por el Esguince Grado II, por ser calificado como accidente del trabajo, habiéndose en consecuencia otorgado las prestaciones que corresponden a la Ley 16.744, de manera oportuna y justa, analizando y explicando en los casos en que no correspondía la cobertura, las causa de tal decisión.

Sostiene asimismo el informe evacuado, la improcedencia del recurso de protección deducido en atención a la naturaleza del acto recurrido, indicando que, suponiendo que el acto por el cual se recurre sería la negativa del Instituto a cubrir la operación referente a la rotura del menisco interno, lo que sucedió en junio de este año, en tal caso el recurso sería extemporáneo, por haber transcurrido el plazo de 30 días contados desde el acto referido.

Por otra parte, la parte recurrida sostiene la falta de requisitos establecidos en la Constitución Política para la procedencia del recurso, al no existir en el caso concreto una acción u omisión reprochable por parte del Instituto, señalando que la SUSESO, al pronunciarse sobre la presentación de la recurrente, de fecha 20 de junio de 2018, concluye que se declara como de origen común la afección presentada por la Sra. nombre reservado, y por lo tanto no resulta procedente otorgar la cobertura de la Ley N° 16.744; tampoco existiría acción u omisión arbitraria, pues la no entrega de las prestaciones médicas requeridas por la recurrente responden a un protocolo que se ha establecido para la entrega de éstos, y en el presente caso se sustentan en el Informe Médico del Dr. nombre reservado., del Departamento de Control Técnico del ISL; asimismo, tampoco se menciona en el recurso cómo el acto o la omisión ilegal y arbitraria derive en la perturbación, amenaza o vulneración de un derecho protegido constitucionalmente; y finalmente, tampoco se han alegado en el recurso hechos que permitan concluir que es titular de un derecho indubitado que haya sido amenazado o afectado, y que, atendida la complejidad y especialidad de la cuestión planteada, ella debe ser conocida en juicio de lato conocimiento.

Concluye solicitando se rechace el recurso de protección deducido, con costas.

Acompaña a su informe los siguientes antecedentes:

1.- Copia de Declaración Individual de Accidente del Trabajo (DIAT), de la recurrente, recibida en el ISL el 7 de febrero de 2018.

2.- Copia Formulario de Advertencia ISL, de fecha 7 de febrero de 2018.

3.- Copia de Resolución de Calificación de Origen de los Accidentes y Enfermedades de la Ley 16.744 (RECA) N° 1014292, de 09 de febrero de 2018.

4.- Copia de Certificado de Subsidios pagados por ISL, de fecha 5 de julio de 2018.

5.- Copia Informe de Opinión Técnica de Enfermera de Control Técnico de la Dirección Regional de Coquimbo del ISL, Sra. nombre reservado.

6.- Copia Licencia Médica N° 2-54750683, de fecha 26 de febrero de 2018.

7.- Copia Formulario para reclamos y apelaciones en contra de entidades fiscalizadas, de la Superintendencia de Seguridad Social, de fecha 20 de junio de 2018.

8.- Copia de ORD. N° 33903, de 28 de junio de 2018, de SUSESO.

9.- Copia de Informe Médico de fecha 10 de julio de 2018, del Dr. nombre reservado, del Departamento de Control Técnico del ISL.

10.- Copia de ORD. N° 02872, del 19 de julio de 2018, del Director Nacional (S) del ISL.

11.- Copia de Ord. N° 40241, de 8 de agosto de 2018, de la Intendenta de Seguridad Social de SUSESO.

12.- Copia de Ord. N° 1199, del 31 de agosto de 2018, de Jefa de Atención y Operación del ISL de la Región de Coquimbo.

13.- Ficha Clínica de la recurrente.

14.- Copias de Órdenes de Atención Ambulatoria (ODA) del ISL N°s 97316; 1163722 y 122882.

15.- Órdenes de Reposo de Ley 16.744 (RELA) del ISL N°s 15945; 15946; 15947; 16818; 22859; 22860 y 24566.

Mediante resolución de fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, como cuestión preliminar, es necesario tener presente que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso (Corte de Apelaciones de La Serena, sentencia de fecha 17 de julio de 2018, Rol 518-2018-Protección).

TERCERO: Que la recurrida ha alegado en su informe, la improcedencia de la acción constitucional que se analiza, ello debido a que habría sido interpuesta habiendo ya transcurrido el término de 30 días que otorga el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, sustentando su aserto en que lo recurrido sería la negativa del ISL de cubrir la operación referente a la rotura de menisco interno, lo que habría ocurrido en el mes de junio de 2018, de modo que a la fecha de interposición del recurso (siete de septiembre de dos mil dieciocho), ya había transcurrido el plazo de 30 días señalado para deducir tal recurso.

CUARTO: Que sobre el punto señalado, conviene tener presente que la propia recurrida reconoce que la actora habría deducido recurso ante la SUSESO, solicitando un pronunciamiento sobre el origen de la patología que sufre en su menisco de la rodilla derecha, requerimiento al cual se habría dado respuesta mediante Oficio Ord. N° 40241, de fecha 08 de agosto de 2018, recibido por el ISL el día 09 de agosto de 2018.

QUINTO: Que en relación a la extemporaneidad planteada, resulta conveniente tener presente que el inciso 2° del artículo 54 de la Ley N° 19.880, dispone que una vez interpuesto una reclamación en contra de una resolución administrativa se interrumpe el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, el cual volverá a contarse desde la fecha de notificación del acto que la resuelve; en consecuencia, a partir de la notificación de la resolución que deniega el recurso administrativo deducido debe contabilizarse el plazo de treinta días para la interposición del recurso de protección, puesto que es a partir desde ese momento que se configura el hecho cierto de que la autoridad administrativa ha denegado definitivamente la solicitud correspondiente. En la especie, si bien es cierto la resolución inicial del ISL, en cuanto a negar la cobertura a la cirugía de la rodilla derecha de la recurrente, data del mes de junio de 2018, lo cierto es que, habiéndose deducido por ésta recursos administrativos, la resolución final fue aquella emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, de fecha 08 de agosto de 2018, según se ha indicado en el motivo precedente; sin embargo, de los antecedentes que obran en autos, y del tenor del recurso presentado por la actora, se evidencia que el acto que cuestiona es la resolución del Instituto de Seguridad del Trabajo que negó lugar a la cobertura de la cirugía señalada, esto es, y de la cual tomó conocimiento en el mes de junio de 2018, reclamándola incluso mediante presentación de fecha 20 de junio del año en curso, no dirigiendo su reproche en forma alguna respecto de la Resolución de la Superintendencia de Seguridad Social, contenida en el Ord. N° 40241, de fecha 08 de agosto de 2018, por la cual se ratifica lo señalado por el ISL, en e sentido que no correspondía dar cobertura a la cirugía de su rodilla derecha.

SEXTO: Que sin perjuicio de haberse deducido la acción de protección en forma extemporánea, según se razona en el motivo precedente, circunstancia que por sí habilita a esta Corte para desestimar el recurso deducido, a mayor abundamiento cabe señalar que lo pretendido por la actora en su recurso, en cuanto a que la recurrida le reembolse los gastos en que debió incurrir para los efectos de practicarse la cirugía ya indicada, importa una discusión que ha de ventilarse necesariamente a través de un juicio de lato conocimiento, en que las partes podrán plantear fundadamente sus pretensiones, pudiendo asimismo rendir las probanzas en apoyo a las mismas, cuestiones todas que escapan a los límites de la acción constitucional que se analiza, la cual, como ya se ha señalado, se caracteriza por ser un procedimiento de urgencia, a través del cual se busca la adopción de medidas que tiendan a poner pronto remedio a la situación de vulneración o amenaza de ciertas garantías constitucionales, y que importan derechos que deben tener el carácter de indubitados, lo cual no se aprecia en la especie.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra del Instituto de Seguridad Laboral, sin costas.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante, don Claudio Fernández Ramirez.

Rol N° 1072-2018-Protección.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena integrada por el Ministro titular señor Christian Le-Cerf Raby, el Fiscal Judicial señor nombre reservado y el abogado integrante señor Claudio Fernández Ramirez.

En La Serena, a nueve de noviembre de dos mil dieciocho, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.