nombre reservado con AFP CUPRUM S.A.

nombre reservado

A.F.P Cuprum S.A Recurso de Protección Rol N°1071-2025.- La Serena, ocho de julio de dos mil veinticinco.

Visto y considerando:

Primero: Que el 23 de junio del presente comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, recurre de protección por sí y a favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A, por la negativa a retirar sus fondos para extranjero, alegando vulneración de sus garantías de los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Expone que hizo petición de devolución de fondos de pensiones, conforme la Ley 18.156 prevé, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, la que fue rechazada el 3 de junio de 2025, haciendo presente que es profesional extranjera y cumple con los requisitos legales, siendo el rechazo ilegal, alegando que la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, que es disponer de sus ahorros previsionales sin atender a los documentos presentados.

Destaca que la recurrida en su rechazo invoca que no cuenta con una cobertura que incluya prestaciones médicas y pecuniarias, sin quedar claro que haya estado afiliada al sistema durante la vigencia de la relación laboral.

Arguye que, el encontrarse actualmente cesante, no implica que las prestaciones previstas en la norma no estarían cubiertas, pues, si la persona se pensiona, se cubrirá los primeros meses de acuerdo al saldo que mantiene disponible en su cuenta individual y, posteriormente de acuerdo a los recursos que destine el Estado venezolano, incorporando la recurrida requisitos que no están expresamente establecidos en la ley, más cuando su certificado puede ser validado electrónicamente y se realizó declaración jurada ante notario público con firma electrónica avanzada para su constatación.

Agrega que la seguridad social de Venezuela dispone de otro medio de similares características para verificar la autenticidad de la constancia electrónica, concluyendo que, al haber ingresado al sistema de previsión social de su país el 1 de enero de 2015, ha estado cubierta de las prestaciones previstas en el artículo 1 de la Ley 18.156 durante todo el tiempo que ha prestado servicios en este país, atentando la recurrida contra sus derechos fundamentales garantizados y protegidos por la Constitución.

Conforme lo expuesto, previas citas legales y jurisprudenciales, pide que se ordene a la recurrida a que reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la petición de devolución, y dentro de un plazo razonable entregar los fondos de pensiones de la recurrente.

Segundo: Que evacua el informe requerido José Felipe Aguilera Navarro, abogado de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., quien pide el rechazo de la acción.

Expone que la Ley 18.156 contempla una exención respecto del cumplimiento de las disposiciones previsionales generales, aplicable a aquellas empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero, y en su artículo 7 faculta a los trabajadores extranjeros afiliados a una administradora de fondos de pensiones a pedir la devolución de los fondos previsionales que les hubieren sido depositados, siempre que acrediten cumplir con los requisitos del artículo 1, mientras que la Superintendencia de Pensiones, mediante la Circular 553, estableció el procedimiento aplicable y dispone que la Administradora deberá exigir la presentación de la documentación que acredite fehacientemente el cumplimiento de los requisitos legales, la cual deberá encontrarse debidamente legalizada, lo que fundó el rechazo de la petición de la actora, en cuanto no acompañó documentación que acredite que se encuentre cubierta durante toda la prestación de servicios en Chile por un sistema de seguridad social extranjero, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, ni que, además, en el caso de la cobertura de enfermedad, aquella comprenda prestaciones médicas y pecuniarias.

Hace presente que la actora acompañó una constancia electrónica de cotizaciones, otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de 16 de mayo de 2025, la cual no indica que, en caso de enfermedad, la recurrente cuente con una cobertura que incluya prestaciones médicas y pecuniarias, exigiendo el artículo 1 letra a) de la Ley 18.156, como requisito para la exención de cotizaciones previsionales por parte de los técnicos extranjeros, que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, lo cual fue complementado por la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario 23.241 de 13 de septiembre de 2016, al establecer que “será menester que la certificación que se emita para acreditar cobertura previsional expresamente señale que el trabajador ha tenido y tiene derecho a ella durante su permanencia en Chile, debiendo además en el caso de la cobertura de enfermedad, especificar que comprende las prestaciones médicas y pecuniarias”.

Sostiene que la Superintendencia de Pensiones ha persistido con la necesitad de dicha precisión respecto de la cobertura en caso de enfermedad, criterio que ha manifestado de forma explícita también en el Oficio Ordinario 9.663, de 2 de mayo de 2017, por lo que concluye que su representada no ha incurrido en un actuar arbitrario e ilegal ni ha agregado requisitos que la ley no estipula, exigiendo al administrado que acredite el mínimo exigible, es decir, que se encuentra cubierta en los casos de invalidez, vejez, muerte y enfermedad, comprendiendo prestaciones médicas y pecuniarias.

Da cuenta, asimismo, que la citada Constancia Electrónica de Cotizaciones no se encuentra debidamente legalizada ni apostillada, lo cual constituye un requisito esencial para su validez en Chile, puesto que se trata de un documento emitido por una institución perteneciente a país ajeno, tal como dispuso el Oficio Reservado 25.057, de 29 de diciembre de 2023, emitido por la Superintendencia de Pensiones, que establece expresamente que “la documentación pertinente que sirva para acreditar los requisitos copulativos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1 de la Ley 18.156, debe presentarse debidamente legalizada o apostillada, según corresponda.

Afirma que la recurrente no puede excusar el incumplimiento de los requisitos establecidos para hacer valer un beneficio en la dificultad que dicho cumplimiento le signifique, al invocar las normas de caso fortuito o la fuerza mayor, por la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela, más cuando los hechos expuestos exceden el marco de procedencia del recurso de protección, cuya naturaleza es esencialmente cautelar y de urgencia, debiendo, cualquier controversia sobre la aplicación de la norma, ser conocida mediante un procedimiento de lato conocimiento, siendo competente la Superintendencia de Pensiones.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Quinto: Que, para resolver el asunto en examen, conviene considerar que el artículo 1 de la Ley 18.156 dispone que “las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

A su turno, el artículo 7 del cuerpo normativo referido, estatuye que “en el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Sexto: Que, conforme lo razonado y del mérito de las alegaciones que configuran la pretensión de la actora, conviene destacar que, desde el momento en que existe controversia sobre la idoneidad de los antecedentes acompañados en sede administrativa para fundar su petición de retiro, y si se subsume a la hipótesis prevista en la Ley 18.156, no cabe sino concluir que, en la especie, la extranjera carece de un derecho indubitado, debiendo acreditar el mérito de su documentación en la sede prevista en la normativa, como expuso el representante de la AFP, circunstancia que impide dar lugar a la acción pretendida.

Séptimo: Que, sin perjuicio de lo anterior, a mayor abundamiento, se estima que el documento acompañado por el actor, consistente en constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no es idóneo y suficiente para tener por cumplido el requisito contemplado en la letra a) del artículo 1 de la Ley ya citada, más cuando no se encuentra debidamente legalizado ni apostillado, motivo suficiente para insistir en el rechazo que se indicó.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N°1071-2025 Protección.-