nombre reservado con MINISTERIO DE SALUD

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Subsecretaría de Salud Pública Recurso de protección Rol N°1068-2026 La Serena, treinta de julio de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece doña Lorena Robles Flores, abogada, interponiendo recurso de protección en favor de don nombre reservado, comunicador audiovisual, en contra del Ministerio de Salud, individualizado en la carpeta electrónica como Subsecretaría de Salud Pública, por la dictación de la Resolución Exenta N°597, de 19 de mayo de 2026, notificada el 20 del mismo mes, que dispuso el término anticipado de su designación a contrata como profesional grado 16 E.U.S. de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Coquimbo, no obstante encontrarse prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2026.

Expone que ingresó a prestar servicios en la SEREMI de Salud de Coquimbo el 12 de abril de 2022, bajo un vínculo regido por el Código del Trabajo y en el contexto de la Alerta Sanitaria por COVID-19, para desarrollar contenidos audiovisuales, gráficos y comunicacionales. Señala que el 28 de febrero de 2023 renunció a ese vínculo y, desde el 1 de marzo del mismo año, fue designado a contrata como profesional audiovisual de la Unidad de Comunicaciones.

Refiere que su contrata fue prorrogada para los años 2024, 2025 y 2026, bajo la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”; que fue calificado en Lista N°1 de Distinción, con 70 puntos, en los períodos 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025; y que en diciembre de 2025 recibió una anotación de mérito por la ejecución de una campaña institucional. Añade que, mediante Resolución Exenta CP N°5658, de 31 de marzo de 2025, fue designado subrogante de la Unidad de Comunicaciones y que, por Resolución Exenta CP N°6092, de 5 de abril del mismo año, fue nombrado referente de comunicación del riesgo en emergencias y desastres.

Sostiene que la resolución recurrida contiene una motivación genérica y aparente, pues, además de enunciar la naturaleza transitoria de las contratas y la cláusula antes referida, invoca un Plan de Ajuste Fiscal y una revisión de la distribución del personal, sin identificar una supresión efectiva de sus funciones, una reestructuración concreta de la Unidad de Comunicaciones, un diagnóstico técnico, una evaluación presupuestaria específica ni antecedentes negativos de desempeño que expliquen por qué sus servicios dejaron de ser necesarios antes del vencimiento de la contrata.

Afirma que sus funciones audiovisuales y comunicacionales continuaron desarrollándose dentro de la repartición y que habrían sido asumidas por don nombre reservado, lo que, a su juicio, demostraría que no existió una supresión del perfil profesional, sino una sustitución de la persona que lo desempeñaba. Hace referencia, asimismo, a su afiliación política como elemento contextual y sostiene que la decisión podría responder a motivos ajenos a las necesidades del servicio.

Solicita dejar sin efecto la Resolución Exenta N°597, disponer su reincorporación y ordenar el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, con costas. En el segundo otrosí pidió orden de no innovar, la que fue rechazada por resolución de 23 de junio de 2026.

El 19 de junio de 2026, a folio 3, la abogada de la parte recurrente presentó escrito de rectificación, precisión y delimitación de las garantías constitucionales invocadas, solicitando excluir del análisis toda referencia a los numerales 3, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y tener como única garantía denunciada la igualdad ante la ley prevista en su numeral 2. Por resolución de 22 de junio de 2026 se tuvo por rectificado el recurso en dichos términos.

Cabe dejar establecido, además, que el recurrente no sustenta su acción en el principio de confianza legítima. La referencia a dicho instituto proviene tanto de la resolución administrativa impugnada como del informe de la recurrida, y no constituye una alegación autónoma de la parte recurrente.

SEGUNDO: Que, al evacuar informe, la Subsecretaría de Salud Pública solicita, en primer término, declarar improcedente el recurso y, en subsidio, rechazarlo en todas sus partes, con costas.

Sostiene que la acción de protección es de naturaleza cautelar, excepcional y sumaria y que no constituye la vía idónea para resolver una controversia que exigiría revisar hechos discutidos, actividad probatoria y el mérito de una decisión organizacional de la Administración. Añade que el recurrente disponía de mecanismos administrativos específicos, entre ellos el reclamo previsto en el artículo 160 del Estatuto Administrativo, aun cuando reconoce que su ejercicio no constituye un requisito de procedencia de esta acción.

En cuanto al fondo, reconoce que el recurrente ingresó inicialmente bajo el régimen del Código del Trabajo, que posteriormente fue designado a contrata y que su nombramiento fue prorrogado para los años 2024, 2025 y 2026. Reconoce también sus calificaciones y las designaciones internas como subrogante de la Unidad de Comunicaciones y referente de comunicación del riesgo.

No obstante, destaca que el nombramiento estuvo siempre sujeto a la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios” y a la naturaleza transitoria de esta modalidad estatutaria. Agrega que el recurrente no reúne el período exigido por la jurisprudencia para configurar confianza legítima y que el tiempo servido bajo el Código del Trabajo corresponde a una relación jurídica distinta.

Sostiene que la Resolución Exenta N°597 se encuentra suficientemente fundada, pues individualiza el régimen jurídico de las contratas, la inexistencia de confianza legítima, la potestad de organización de la Administración y el contexto de ajuste fiscal y revisión de dotaciones derivado del Oficio Circular N°12, de 13 de marzo de 2026, del Ministerio de Hacienda.

Explica que, dentro de dicho proceso, la autoridad decidió revisar la distribución del personal por funciones y fortalecer perfiles vinculados directamente al ejercicio de las competencias sustantivas de la Autoridad Sanitaria, concluyendo que el perfil y los servicios del recurrente ya no resultaban concordantes con los requerimientos actuales de la dependencia.

Afirma que el deber de motivación no exige una fundamentación equivalente a una sentencia ni la elaboración de estudios técnicos adicionales, sino exteriorizar las razones de hecho y de derecho que justifican la decisión. Respecto de la continuidad de las funciones comunicacionales, sostiene que ello no acredita un reemplazo en el mismo cargo, puesto que la Administración puede redistribuir labores y redefinir perfiles profesionales, y que la contratación o asignación de funciones a don nombre reservado obedeció a una reorganización interna.

Finalmente, niega discriminación o desviación de poder, señalando que no se acreditó la existencia de otro funcionario en idéntica situación que hubiese recibido un trato distinto ni antecedentes que vinculen la decisión con la afiliación política del actor.

TERCERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa disposición enumera, mediante la adopción de las medidas de resguardo necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de esta acción la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o arbitrario, vale decir, carente de razonabilidad o de proporción entre los motivos invocados y la finalidad perseguida; y que tal actuación provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías protegidas.

QUINTO: Que, según los antecedentes aparejados al recurso, es posible tener por suficientemente acreditado que el recurrente fue designado a contrata como profesional audiovisual de la Unidad de Comunicaciones de la SEREMI de Salud de Coquimbo, grado 16 E.U.S., a contar del 1 de marzo de 2023, bajo la fórmula “mientras sean necesarios sus servicios”, y que su designación fue prorrogada para los años 2024, 2025 y 2026, esta última hasta el 31 de diciembre de dicha anualidad.

Consta igualmente que obtuvo calificación en Lista N°1 de Distinción con 70 puntos durante tres períodos consecutivos; que recibió una anotación de mérito en diciembre de 2025; que fue designado subrogante de la Unidad de Comunicaciones; y que se le encomendó la función de referente de comunicación del riesgo en emergencias y desastres.

Finalmente, mediante Resolución Exenta N°597, de 19 de mayo de 2026, la Subsecretaría de Salud Pública dispuso el término anticipado de su contrata, a contar de la notificación del acto.

SEXTO: Que, la resolución impugnada funda la decisión, en lo sustancial, en el carácter transitorio de los empleos a contrata; en la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”; en que el recurrente no habría reunido el tiempo requerido para configurar confianza legítima; en la potestad organizatoria de la Administración; y en el Plan de Ajuste Fiscal instruido por el Oficio Circular N°12, de 13 de marzo de 2026, del Ministerio de Hacienda, que dispuso revisar la distribución del personal por funciones con el objeto de optimizar los recursos fiscales.

Sobre esa base, el acto concluye que los servicios del recurrente como profesional del área audiovisual ya no resultan necesarios ni concordantes con los requerimientos actuales del servicio, configurándose el presupuesto habilitante para poner término a la contrata antes del vencimiento fijado para el 31 de diciembre de 2026.

SÉPTIMO: Que, la determinación contenida en una designación a contrata en orden a que el funcionario prestará servicios “mientras sean necesarios” se encuentra en armonía con el carácter transitorio de tales empleos, conforme a los artículos 3 letra c) y 10 de la Ley N°18.834, y entrega a la Administración la facultad de poner término a la relación con anterioridad al cumplimiento del plazo establecido.

Sin embargo, dicha fórmula no excluye el deber de fundamentación del acto administrativo. Por el contrario, el ejercicio de la facultad de poner término anticipado a una contrata vigente es de carácter excepcional y debe sustentarse en motivos legales vinculados a supuestos fácticos debidamente acreditados por la autoridad, relacionados con aspectos objetivos que permitan establecer que los servicios dejaron de ser necesarios.

Lo anterior resulta concordante con los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, que imponen a la Administración el deber de expresar los hechos y fundamentos de derecho en los actos que afecten derechos de los particulares y exigen que la decisión terminal sea fundada.

OCTAVO: Que, desde esta perspectiva, la circunstancia de que el recurrente no reúna el período exigido para la configuración del principio de confianza legítima no resulta decisiva para resolver la controversia sometida al conocimiento de esta Corte.

En efecto, dicho principio no fue invocado por el recurrente como fundamento de su acción, y la controversia no dice relación con la no renovación de la contrata al término de la anualidad, sino con su interrupción anticipada cuando ya había sido prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2026.

Por consiguiente, la inexistencia de confianza legítima puede descartar una expectativa de renovación futura, pero no libera a la autoridad de expresar razones concretas, actuales y objetivas que justifiquen poner término anticipado al vínculo vigente.

NOVENO: Que, al examinar los fundamentos de la Resolución Exenta N°597, se advierte que el Plan de Ajuste Fiscal y la instrucción de revisar la distribución del personal constituyen antecedentes generales, aplicables a la organización ministerial, pero el acto no identifica una modificación organizacional concreta de la Unidad de Comunicaciones, una supresión efectiva de las labores audiovisuales, un diagnóstico específico respecto del perfil profesional del recurrente ni una medida presupuestaria determinada que permita vincular el ajuste general con su desvinculación particular.

Tampoco se explican cuáles serían los nuevos requerimientos de la dependencia, en qué medida difieren de las labores que el recurrente venía desempeñando ni por qué sus servicios dejaron de resultar concordantes con ellos. La afirmación de que sus servicios ya no son necesarios constituye, de este modo, la conclusión de la decisión, pero no la exposición de los antecedentes objetivos que conducen a ella.

DÉCIMO: Que, las calificaciones máximas, la anotación de mérito y las designaciones internas del recurrente no generan por sí solas un derecho a la permanencia ni impiden que la Administración reorganice sus funciones. Sin embargo, son antecedentes relevantes para determinar si el término anticipado obedeció a una causa distinta del desempeño y si la resolución explicó suficientemente la razón por la cual un perfil evaluado positivamente dejó de ser necesario durante la anualidad ya prorrogada.

Asimismo, la continuidad de labores comunicacionales dentro de la repartición y los antecedentes relativos a la incorporación o asignación de funciones a don nombre reservado no permiten, por sí solos, tener por acreditado un reemplazo directo. Con todo, refuerzan la necesidad de que el acto administrativo precise si las funciones fueron suprimidas, redistribuidas o redefinidas y por qué esa reorganización hacía innecesarios los servicios del recurrente en particular, explicación que la resolución impugnada no contiene.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, la Resolución Exenta N°597 no exterioriza circunstancias específicas, objetivas y verificables que permitan controlar la razonabilidad de la decisión de poner término anticipado a la contrata.

La referencia al régimen jurídico de las contratas, a la potestad organizatoria, a la inexistencia de confianza legítima y a un plan general de ajuste fiscal no sustituye la necesidad de identificar los hechos concretos que hicieron innecesarios los servicios del recurrente antes del vencimiento de su designación.

La motivación desarrollada resulta, por ello, insuficiente y meramente conclusiva, infringiéndose el deber de fundamentación previsto en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, la actuación descrita deviene ilegal, por contravenir las normas que exigen la motivación del acto administrativo, y arbitraria, por carecer de una justificación racional vinculada a la situación particular del recurrente.

Tal proceder vulnera la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, única garantía mantenida por la parte recurrente después de la rectificación de folio 3, al someterlo a una decisión gravosa sin razones objetivas que permitan descartar un trato diferenciado carente de fundamento.

DÉCIMO TERCERO: Que, por las razones expuestas, el arbitrio debe ser acogido en los términos que se indicarán en lo resolutivo del fallo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 19 N°2 y 20 de la Constitución Política de la República, en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado en contra de la Subsecretaría de Salud Pública y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta N°597, de 19 de mayo de 2026, que dispuso el término anticipado de su contrata, por lo que la recurrida deberá reincorporar al recurrente a sus funciones, en las mismas condiciones que regían con anterioridad al acto impugnado, hasta el vencimiento de su contrata el 31 de diciembre de 2026 o hasta que se adopte una nueva decisión conforme a derecho, y pagar las remuneraciones y demás prestaciones que dejó de percibir con motivo del acto que por esta sentencia se deja sin efecto.

Comuníquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1068-2026 Protección.