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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 1067-202511 jul 2025

Protección contra Universidad de La Serena

Fecha
11 de julio de 2025
Corte
Corte de Apelaciones de La Serena
Sala
Segunda Sala
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 1067-2025, sentencia de 11 de julio de 2025

Resumen

Se rechaza el recurso de protección contra la Universidad de La Serena por extemporáneo: se interpuso una vez vencido el plazo fatal de treinta días desde que el recurrente tomó conocimiento de la resolución que aplicó la destitución.

Texto íntegro

nombre reservado

Universidad de La Serena Recurso de protección Rol N°1067-2025.- La Serena, once de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Universidad de La Serena, señalando como acto ilegal y arbitrario la dictación de la resolución que aplicó la medida disciplinaria de destitución, en circunstancias que de manera previa se había declarado vacante su cargo por salud irrecuperable, lo que representa una vulneración a los derechos consagrados en el artículo 19 N°2 y 3 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que fue funcionario de la recurrida hasta que por Resolución TRA N°NUM000, de 7 de octubre de 2024, se declaró vacante su cargo por salud irrecuperable, esto es, por la causal contemplada en el artículo 146 letra c) del Estatuto Administrativo, a contar del 3 de abril de 2025.

Añade que lo anterior, tuvo como antecedente el dictamen N°NUM001, de 25 de octubre de 2023, de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que le otorgó invalidez definitiva, por una incapacidad global del 96%, confirmada mediante Resolución N°C.M.C. NUM002, de la Superintendencia de Pensiones.

Menciona que el 22 de mayo de 2025, se le notificó la Resolución Exenta N°NUM003, de 13 de mayo de 2025, de la Rectoría de la Universidad de La Serena, que aplicó la medida disciplinaria de destitución dictada en el contexto de un sumario administrativo.

Argumenta que dicho actuar es ilegal, por cuanto la recurrida ya había resuelto su cesación en el cargo por otra causal determinada, de forma tal que acusa la actuación consistente en haber continuado con la tramitación del sumario, determinando una segunda causal de cesación encontrándose ejecutoriada la anterior, lo que infringe el debido proceso.

Culmina solicitando se ordene a la recurrida dejar sin efecto la Resolución Exenta N°NUM003, de 13 de mayo de 2025, de la Rectoría de la Universidad de La Serena, que aplica la medida disciplinaria de destitución, debiendo adoptarse las demás providencias que se estimen pertinentes para reestablecer el imperio del derecho, con costas.

Acompaña a su recurso: 1. Resolución TRA N°NUM000, de 7 de octubre de 2024, que declaró el cargo vacante por salud irrecuperable; y 2. Resolución Exenta N°NUM003, de 13 de mayo de 2025, de la Rectoría de la citada Universidad de La Serena, que aplicó la medida disciplinaria de destitución.

SEGUNDO: Que a folio 7, comparece la recurrida Universidad de La Serena, alegando, en primer lugar, la extemporaneidad del recurso, dado que el 22 de mayo de 2025 el actor ya conocía indubitadamente la existencia de la sanción, por lo que a la fecha de presentación del recurso – el 22 de junio de 2025– ya se había cumplido el plazo que al efecto dispone el Auto Acordado que regula la materia.

Menciona que efectivamente existen dos resoluciones que declaran o resuelven situaciones totalmente distintas, las cuales podrían aparecer como aparentemente contradictorias.

Sin embargo, obedecen a la culminación de procesos diferentes. En efecto, la declaración de vacancia por salud irrecuperable tiene un carácter estrictamente médico- previsional y objetivo, en tanto se basa únicamente en un dictamen técnico emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y ratificado por la Superintendencia de Pensiones, siendo su finalidad es proteger al trabajador que ya no puede continuar prestando servicios en razón de una condición de salud irreversible, garantizándole acceso a beneficios previsionales y liberándolo de la obligación de seguir cumpliendo funciones. Se trata, por tanto, de una medida asistencial y previsional, que responde a consideraciones de incapacidad física o mental para el desempeño del cargo. En cambio, la destitución derivada de un procedimiento disciplinario, persigue una finalidad completamente distinta, enmarcada en el principio de responsabilidad administrativa y orientada a preservar los estándares de probidad, legalidad y correcto desempeño del servicio público.

Finaliza afirmando que la existencia de una declaración de salud irrecuperable en ningún caso extingue la necesidad ni la obligación institucional de concluir un procedimiento disciplinario en curso, especialmente cuando fue iniciado válidamente antes del cese y culminó con una resolución fundada que aplicó la máxima sanción administrativa.

Acompaña a su informe: 1. Decreto Supremo N°166; 2.

Resolución N°NUM004, de 2005, que nombra en cargo en propiedad al recurrente; 3. Dictamen N°NUM005, de 2024; 4.

Resolución TRA NUM000; 5. Resolución Exenta N°NUM003, de 2025, que aplica la medida, en conjunto con sus notificaciones y certificaciones; 6. Decreto Exento N°NUM006; y 7. Vista fiscal en sumario N°NUM007.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en relación con la alegación de extemporaneidad, es dable señalar que el numeral primero del Auto Acordado N°94-2025, dispone que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

A su turno, conviene indicar que, conforme fluye del recurso intentado, por esta vía se reprocha el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida consistente en la dictación de la resolución que aplicó la medida disciplinaria de destitución, en circunstancias que de manera previa se había declarado vacante su cargo por salud irrecuperable, de la que afirma haber tomado conocimiento el 22 de mayo de 2025. De esa forma, habiéndose interpuesto el arbitrio el 22 de junio del presente año, el recurso intentado lo fue una vez expirado el plazo perentorio contemplado en el Auto Acordado que regula la materia, circunstancia por la que se acogerá la alegación planteada, conforme se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, la alegación de extemporaneidad planteada por la recurrida y, en consecuencia, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Universidad de La Serena.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1067-2025 Protección.