nombre reservado con FISCAL NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO

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Fiscalía Nacional del Ministerio Público Recurso de protección Rol N°1066-2025.- La Serena, treinta y uno de julio de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece don Claudio Fernández Ramírez, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, quien interpone recurso de protección en favor de doña nombre reservado, en contra del Fiscal Nacional del Ministerio Público, don Ángel Valencia Vásquez, señalando como acto ilegal y arbitrario la Resolución FN/MP N°1090/2025, de fecha 8 de mayo de 2025, notificada el día 22 de mayo del mismo año, mediante la cual se dispuso el término del contrato de trabajo por salud incompatible con el cargo, alegando vulneración a las garantías establecidas en el artículo 19 numerales 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Indica que doña nombre reservado ha prestado servicios como secretaria del Ministerio Público, en la Fiscalía Local de Coquimbo, desde el 2 de octubre del año 2000, acumulando más de veinticuatro años de impecable trayectoria funcionaria. Sus labores principales, consistentes en digitación de documentos, ingreso de información a sistemas computacionales, redacción de escritos, atención telefónica, citaciones a intervinientes procesales, gestión de archivos digitales y envío de oficios, son funciones plenamente compatibles con la modalidad de teletrabajo, al realizarse exclusivamente mediante computadores y plataformas digitales.

Afirma que doña nombre reservado padece espondiloartrosis multisegmentaria degenerativa, gonartrosis, lumbociática crónica y fibromialgia, patologías que, si bien limitan su capacidad para el trabajo presencial, no afectan en modo alguno sus competencias para continuar desempeñando sus funciones mediante teletrabajo. Los informes de los especialistas tratantes coinciden en señalar que su condición es compatible con labores sedentarias realizadas frente a computador, descartando expresamente una situación de salud irrecuperable.

Sostiene que, pese a lo anterior, la Resolución FN/MP N° 1090/2025 dispuso el término del contrato de trabajo invocando la causal de salud incompatible, sin considerar la alternativa del teletrabajo como solución razonable y menos lesiva. Indica que dicha resolución vulnera el derecho al trabajo garantizado en el artículo 19 N°16 de la Constitución Política, al privar injustificadamente a la recurrente de su fuente laboral. Asimismo, refiere que la medida transgrede el principio de proporcionalidad y la garantía de igualdad ante la ley, pues existen numerosos precedentes de funcionarios públicos en condiciones similares a quienes se les ha permitido continuar trabajando en modalidad remota.

En relación con los antecedentes jurídicos, señala que los funcionarios del Ministerio Público se rigen por la Ley N°19.640 y el Reglamento de Personal para los Funcionarios del Ministerio Público. Cita lo dispuesto en el artículo 81 letra b) de dicha ley, señalando que el contrato de trabajo de los funcionarios del Ministerio Público que no sean de exclusiva confianza terminará por “Salud incompatible con el cargo o salud irrecuperable, de acuerdo a lo establecido en el reglamento”. Menciona además que el artículo 93 sostiene que “El Fiscal Nacional podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, prevista en el artículo 81 letra b) de la Ley N°19.640 y artículo 91 letra b) del presente Reglamento, el haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de irrecuperabilidad”. A su vez, el inciso tercero de la misma norma agrega: “Para ejercer la facultad señalada en el inciso primero deberá requerirse previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo." Afirma que en este caso existe una evidente contradicción, pues en el punto 4° de la misma Resolución FN/MP No. 1090/2025 se consigna expresamente que “por Resolución de Evaluación de fecha 27 de marzo de 2025, Folio 186577871, La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez resuelve que doña nombre reservado presenta un estado de salud recuperable”.

Explica que ante esta palmaria contradicción, la decisión de la Fiscalía se revela como un acto caprichoso y desprovisto de toda racionalidad jurídica, que violenta el espíritu y la letra de la norma invocada, citando jurisprudencia.

Indica que la resolución recurrida vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 N°24, al privar arbitrariamente a la recurrente del derecho incorporal sobre el ejercicio de la función pública, remuneraciones y derechos asociados. Añade que también vulnera el artículo 19 N°2 de la Constitución, indicando que el mero cálculo de días para establecer el término del contrato de doña nombre reservado no es fundamento para la decisión tan gravosa en la vida de una persona, de manera que su aplicación constituye discriminación que se constituye en razón de los hechos en arbitraria e ilegal. Finalmente, sostiene que se transgrede el artículo 19 N°16, al privarla sin fundamento válido de su derecho a trabajar en el cargo elegido libremente, decisión ilegal y arbitraria que se denuncia le está privando abiertamente de esta elección, obligándole a cesar en sui trabajo, por la mera aplicación de una causal de cesación legal en el cargo que ejercía, en forma irracional, sin mayor fundamento, pese a la existencia de antecedentes técnicos (evaluación del COMPIN) que establecen una declaración en contrario sentido a lo resuelto por el Sr. Fiscal Nacional.

Solicita finalmente que se deje sin efecto la resolución impugnada, ordenando el reintegro inmediato de doña nombre reservado a sus funciones habituales, así como el pago de las remuneraciones correspondientes desde su separación hasta el efectivo reintegro, todo ello con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1) Notificación término de contrato; 2) Resolución término de contrato; 3) Resolución de nombramiento; 4) Contrato de trabajo; 5) Resolución de Evaluación COMPIN; 6) Liquidación por finiquito de la actora.

SEGUNDO: Informa el recurso don Ángel Valencia Vásquez, abogado y Fiscal Nacional del Ministerio Público, quien evacúa informe solicitando el rechazo del recurso.

Indica que los funcionarios del Ministerio Público son empleados públicos, regulados por un estatuto jurídico propio contemplado en la Ley N°19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, resultando aplicables sólo en forma supletoria las normas del Estatuto Administrativo y del Código del Trabajo respecto de materias específicas donde no se encuentran aquellas relativas a las causales de término del contrato de trabajo.

Añade que la causal invocada de salud incompatible con el cargo está regulada en el artículo 81 letra b) de la Ley N°19.640 y en el artículo 93 del Reglamento de Personal para Funcionarios del Ministerio Público, norma que establece “Artículo 93: El Fiscal Nacional podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, prevista en el artículo 81 letra b) de la Ley N°19.640 y artículo 91 letra b) del presente Reglamento, el haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, sin mediar declaración de irrecuperabilidad.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalados en el inciso anterior, las licencias otorgadas por accidente del trabajo o enfermedades profesionales calificadas como tales por la Comisión Médica de Medicina Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud que corresponda, ni las licencias otorgadas de conformidad al Título II del Libro II del Código del Trabajo.

Para ejercer la facultad señalada en el inciso primero deberá requerirse previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

Se declarará la cesación en el cargo mediante resolución del Fiscal Nacional, la que será notificada en la forma señalada en el artículo primero de este reglamento, y regirá a contar de la fecha de la notificación”.

Refiere que la causal de salud incompatible es ajena al régimen de los trabajadores del Código del Trabajo, asemejándose a la prevista en el Estatuto Administrativo para funcionarios públicos y se funda en el principio de servicialidad contemplado en el artículo 1° de la Constitución Política. En este contexto, cita el Dictamen N° 13101 de 2014 de la Contraloría General de la República y el fallo de la Corte Suprema Role N°240.678-2023, que estableció ““aquí, la incompatibilidad con el desempeño del cargo se traduce en el hecho de que, salvo excepciones legales como el diagnóstico de cáncer y la protección de la maternidad, cualquiera sea la enfermedad que padezca el funcionario, y a pesar de ser recuperable, su condición médica resulta incompatible con el desempeño de la función pública, al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un lapso de dos años”

Afirma que en la motivación de la resolución impugnada se señala expresamente que “doña nombre reservado incurrió en la causal legal mencionada, toda vez que desde el 27 de febrero de 2022 al 5 de junio de 2023, hizo uso de 329 días de licencia médica, afectando seriamente las posibilidades de que la institución pueda cumplir con su deber constitucional y legal de un modo regular, continuo y permanente, siendo obligación de esta autoridad, organizar los medios de que disponen, para lograr la debida ejecución de sus funciones de manera eficiente y eficaz”.

Expresa que la función de la declaración de irrecuperabilidad de la salud se relaciona con la necesidad de asegurar a los funcionarios la posibilidad de pensionarse por invalidez de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 del Reglamento de Personal para Funcionarios del Ministerio Público. Es decir, determinada por el órgano competente como irrecuperable la salud de un funcionario, procederá la vacancia del cargo, la que será declarada mediante resolución del Fiscal Nacional o Fiscal Regional según corresponda, y producirá sus efectos transcurridos 6 meses desde la notificación al funcionario de la declaración de irrecuperabilidad.

Agrega que, por lo tanto, si la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, declara recuperable la salud del funcionario que incurre en la causal de salud incompatible, a diferencia de lo que sostiene el recurrente, no quiere decir que se elimine la causal, sino solo que no procede iniciar los trámites de jubilación por invalidez.

Agrega que, de esa forma se aprecia con claridad la diferencia entre la salud irrecuperable, requisito para pensionarse anticipadamente por invalidez y la salud incompatible, causal de cesación en el cargo. La primera, corresponde a un pronunciamiento médico referido a la condición de salud y, la segunda, a una calificación administrativa orientada a entregar a los jefes de servicio las herramientas jurídicas necesarias para materializar el “principio de servicialidad” ya señalado.

Luego reseña los antecedentes que dan cuenta de la causal de término del contrato de trabajo de doña nombre reservado, indicando que el 11 de marzo de 2024, el Fiscal Regional de Coquimbo, don Patricio Cooper Monti, a través del Oficio FR MP N°107/2024, solicitó al Fiscal Nacional del Ministerio Público la aplicación del procedimiento de salud incompatible, señalando que doña nombre reservado, desde diciembre de 2020 a la fecha del envío del oficio, ha mantenido una serie de licencias médicas y, sumando desde el 27 de febrero de 2022 al 05 de junio de 2023, ha acumulado un total de 329 días de ausencia por licencia médica, superando con creces los 180 días exigidos por la norma. Agrega que, sin perjuicio de lo anterior, doña nombre reservado ha mantenido diversas licencias médicas desde el año 2021.

Luego detalla en extenso el procedimiento, detallando que se comunicó a la funcionaria esta circunstancia el 27 de febrero de 2024 y dándosele plazo para aportar antecedentes. Indica que la afectada remitió documentos referidos a la tramitación que ella estaba realizando para la declaración de su invalidez, la que había sido rechazada en enero de 2024, por cuanto su incapacidad global alcanzaba un 25%.

Destaca que el Fiscal Regional de Coquimbo, solicitó pronunciamiento al COMPIN Metropolitano sobre la calificación de salud irrecuperable de la actora, organismo que por resolución de 27 de marzo de 2025 declaró que la salud de doña nombre reservado era recuperable, por consiguiente, su salud es incompatible para desarrollar las funciones para las que fue contratada por el Ministerio Público, incurriendo en la causal de terminación de su contrato de trabajo, por no poder cumplir con sus labores, lo que queda demostrado en una ausencia permanente desde el año 2021 a la fecha.

Da cuenta que notificada la recurrente del término de su contrato de trabajo por aplicación de la causal de salud incompatible con sus funciones, y habiéndose realizado todos los trámites del procedimiento de desvinculación, se escrituró el respectivo finiquito, documento que hasta la fecha no ha sido firmado, aun cuando con fecha 10 de junio de 2025 se le envío correo electrónico comunicándole que su finiquito se encontraba a su disposición. Hace presente que en este documento se consigna que la actora quedó adeudando al Ministerio Público la suma de $23.690.180.- correspondiente a 435 día de licencias médicas rechazadas.

Refiere que la acción de protección debe ser rechazada por ser improcedente impugnar la decisión del fiscal nacional de poner término al contrato de trabajo por salud incompatible a través de vía ya que es una materia que solo puede ser conocida a través de un juicio de lato conocimiento. Asimismo, refiere que no existe ilegalidad dando cuenta que la causal de término del contrato aplicada a la actora tiene su origen en la ley, específicamente en letra b) del artículo 81 de la Ley N°19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Esa misma disposición legal, remite al reglamento para definir su aplicación, y ello es lo que hace el artículo 93 del Reglamento.

Agrega que tampoco existe arbitrariedad toda vez que se trata de una causal objetiva de terminación de contrato de trabajo, ya que basta que un funcionario o funcionaria se encuentre ausente por licencia médica por más de seis meses continuos o discontinuos durante los dos últimos años, sin mediar declaración de irrecuperabilidad, y que no se trate de licencias otorgadas por enfermedades catastróficas, accidente del trabajo o enfermedades profesionales calificadas como tales por la Comisión Médica de Medicina Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud que corresponda, ni las licencias otorgadas de conformidad al Título II del Libro II del Código del Trabajo, para que incurra en la causal.

Descarta por lo expuesto la afectación de las garantías constitucionales que señala la recurrente.

Por todo lo expuesto, solicita que la acción de protección sea rechazada.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Decreto N.º 1, de 10 de enero de 2023, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que me nombra Fiscal Nacional del Ministerio Público; 2.- Oficio RRHH 103-2024 Solicitud de aplicación del artículo 81 letra b) Ley 19.940 Orgánica Constitucional del Ministerio Público; 3.- Correo electrónico y documentación presentada por doña nombre reservado de 04 de marzo de 2024; 4.- Oficio FR N°107-2024 Solicitud al Fiscal Nacional para inicio procedimiento de declaración de salud incompatible; 5.- Correo de autorización del Fiscal Nacional para que el Fiscal Regional de Coquimbo solicite al COMPIN pronunciamiento sobre la salud de doña nombre reservado; 6.- Oficio FR4 N°4480-2024 por el cual se solicita el pronunciamiento al COMPIN; 7.- Resolución del COMPIN Folio:18657781 de fecha 27 de marzo de 2025; 8.- Oficio N°FR4 4838-2025 por el cual se solicita el término del contrato de trabajo por salud incompatible con el cargo; 9.- Resolución FN-MP N°1090-2025 a través de la cual se pone término al contrato de trabajo por salud incompatible con el cargo; 10.- Carta de notificación de la Resolución FN-MP 1090-2025 a doña nombre reservado y respaldos de la notificación; 11.- Respaldo del despacho de carta certificada de 22 de mayo de 2025; 12.- Finiquito de nombre reservado; 13.- Consulta de solicitud de convenio de teletrabajo de la señora nombre reservado; 14.- Presentación de la recurrente y situación de ausencia laboral; 15.- Sentencia Corte Suprema Rol N° 240.678-2023; 16.- Sentencia Corte Suprema Rol 33.377-2024; 17.- Dictamen de la Contraloría General de la República 13101-2014; 18.- Reglamento de Personal para los Funcionarios del Ministerio Público; 19.- Resoluciones y contrato de la recurrente; 20.- Procedimiento interno del Ministerio Público previsto para la aplicación de la causal de salud incompatible; 21.- Certificado de licencias médicas rechazadas emitido por la División de Recursos Humanos de la Fiscalía Nacional; 22.- Certificado de licencias médicas autorizadas emitido por la División de Recursos Humanos de la Fiscalía Nacional.

TERCERO: Que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que vulneren el ejercicio de estos, mediante la adopción de medidas cautelar inmediata, destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, en el presente arbitrio se reclama respecto de la Resolución FN/MP N°1090/2025, dictada por el Fiscal Nacional del Ministerio Público, aduciendo que aquella resulta ilegal y arbitraria, por cuanto dispuso el término del contrato de trabajo de doña nombre reservado invocando una supuesta salud incompatible con el cargo, pese a que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez declaró su condición de salud como recuperable. Se indicó por el recurrente que su representada desempeñó funciones durante más de veinticuatro años en la Fiscalía Local de Coquimbo, cumpliendo labores compatibles con la modalidad de teletrabajo, y que su desvinculación vulnera las garantías establecidas en el artículo 19 número 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicitó que esta resolución sea dejada sin efecto, ordenando la reincorporación de la actora y el pago de las remuneraciones adeudadas, con costas.

QUINTO: Que, por su parte, el Ministerio Público solicitó el rechazo del recurso, alegando que la decisión impugnada de terminación de contrato de trabajo por salud incompatible se fundó en la causal legal prevista en el artículo 81 letra b) la Ley N°19.640 y en el artículo 93 del Reglamento de Personal para Funcionarios del Ministerio Público, por cuanto la recurrente acumuló más de seis meses de licencias médicas en los últimos dos años, sin que mediara declaración de irrecuperabilidad.

Agregó que la salud recuperable no excluye la procedencia de la causal de salud incompatible, la que constituye una herramienta legítima para resguardar el principio de servicialidad del Estado, ya que la prolongada ausencia de la recurrente afectaba el funcionamiento regular del servicio. Añadió que la resolución fue dictada conforme a derecho, en virtud de una causal objetiva y conocida por la afectada, la que fue notificada del procedimiento, otorgándosele la posibilidad de presentar antecedentes, sin que existiera alguna vulneración de sus garantías constitucionales.

SEXTO: Que para la resolución del asunto, se debe tener presente que el artículo 81 letra b) de la Ley N°19.640 establece: “El contrato de trabajo de los funcionarios del Ministerio Público, que no sean de exclusiva confianza, terminará por: b) Salud incompatible con el cargo o enfermedad irrecuperable, de acuerdo a lo establecido en el reglamento”.

SÉPTIMO: Que, se puede observar que la norma aludida distingue entre la terminación del contrato de trabajo por salud incompatible, y aquella dispuesta por salud irrecuperable.

Que ambas hipótesis se encuentran reguladas en el Reglamento de Personal para Funcionarios del Ministerio Público, en tanto, el artículo 92 regula la situación de lo que se considera como enfermedad irrecuperable y el artículo 93 regula la declaración de salud incompatible.

Sobre esta última, el mencionado cuerpo normativo señala: “Artículo 93: El Fiscal Nacional podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, prevista en el artículo 81 letra b) de la Ley N°19.640 y artículo 91 letra b) del presente Reglamento, el haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, sin mediar declaración de irrecuperabilidad.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalados en el inciso anterior, las licencias otorgados por accidente del trabajo o enfermedades profesionales calificadas como tales por la Comisión Médica de Medicina Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud que corresponda, ni las licencias otorgadas de conformidad al Título II del Libro II del Código del Trabajo.

Para ejercer la facultad señalada en el inciso primero deberá requerirse previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

OCTAVO: Que la Resolución FN/MP Nº1090/2025 de 8 de mayo de 2025, impugnada en estos autos, sostiene en los considerandos pertinentes:

“4° Que, por Resolución de Evaluación de fecha 27 de marzo de 2025, Folio 18657781, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez resuelve que doña nombre reservado presenta un estado de salud recuperable.

“5° Que, doña nombre reservado, desde el día 27 de febrero de 2022 al 5 de junio de 2023, hizo uso de 329 días de licencia médica, afectando seriamente las posibilidades de que la institución pueda cumplir con su deber constitucional y legal de un modo regular, continuo y permanente siendo, obligación de esta autoridad, organizar los medios de que disponen, para lograr la debida ejecución de sus funciones de manera eficiente y eficaz.

“6° Que, atendida la situación de hecho expuesta en el considerando precedente, doña nombre reservado incurre en la causal de terminación de su contrato de trabajo por la causal del artículo 81 letra b) de la Ley 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, y del artículo 93 del Reglamento de Personal para Funcionarios del Ministerio Público, por salud incompatible con el cargo. En cumplimiento de las disposiciones citadas, se obtuvo el pronunciamiento de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez sobre su condición de salud, la que resolvió que su enfermedad era recuperable, por lo que se reúnen las condiciones que exige la norma para configurar la causal y se cuenta con el pronunciamiento habilitante para el ejercicio de esta facultad por el Fiscal Nacional.

“7° Que con el mérito de lo expuesto en los considerandos anteriores resulta procedente acceder a la solicitud de la Fiscal Regional(S) de Coquimbo, doña Ninoska Mosnich González; y VISTOS, lo dispuesto en los artículos 13, 17, 67 y 81, letra b de la Ley 19.640, y artículos 91 y 93 del Reglamento de Personal para Funcionarios del Ministerio Público. RESUELVO: Póngase término al contrato de trabajo de doña nombre reservado, RUT NºRUT reservado, Administrativo nombre reservado (trece) de la Fiscalía Local de Coquimbo, Fiscalía Regional de Coquimbo, por la causal de salud incompatible con el desempeño del cargo, de conformidad a lo dispuesto en la letra b) del artículo 81 de la Ley 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público y del artículo 91 letra b) y 93 del Reglamento de Personal para Funcionarios del Ministerio Público, a contar de la fecha de notificación de la presente resolución.”

NOVENO: Que a su vez, se debe tener presente que a través de la Resolución de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Folio:18657781 de fecha 27 de marzo de 2025, sólo se indicó que la recurrente doña nombre reservado, “presenta un estado de salud recuperable, lo que se deja establecido para los fines estatutarios correspondientes”.

DÉCIMO: Que, sobre este pronunciamiento de la COMPIN, que sirve de base al pronunciamiento de la Resolución Impugnada, no puede soslayarse, que éste se limita a señalar que la salud de la actora es “RECUPERABLE”, sin hacer mención alguna a si, aun en ese caso, ello le permitirá o no desempeñarse en el cargo, como exige el inciso tercero del artículo 93 del Reglamento de Personal para Funcionarios del Ministerio Público, teniendo presente que en casos análogos y en relación al artículo 151 de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, cuya redacción es similar al artículo 93 mencionado, la Excma. Corte Suprema ha sostenido que “la Compin debió evaluar además tal circunstancia, lo cierto es que la sola declaración de recuperabilidad de la salud sin evaluación de la compatibilidad con el cargo, determina la interdicción del ejercicio de la facultad concedida al Jefe de Servicio para declarar la vacancia del cargo”. En dicho sentido, entre otros, causas Rol 5.926-2024 Excma. Corte Suprema.

UNDÉCIMO: Que, como se asentó y siendo que en la Resolución de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Folio:18657781 de fecha 27 de marzo de 2025, se indicó que la recurrente doña nombre reservado, “presenta un estado de salud recuperable, y sin que hubiese un pronunciamiento, si –aun en ese escenario- ello no le permitiría desempeñar su cargo, acto administrativo que se encuentra firme, fluye la ilegalidad de la actuación de la recurrida, puesto que se declaró terminado el vínculo estatutario sin cumplir a cabalidad con el presupuesto legal del artículo 82 letra b) de la Ley 18.940 en relación con el mencionado artículo 93 del estatuto de Funcionarios del Ministerio Público.

Asimismo no constando en el informe de la COMPIN la declaración de incompatibilidad con el ejercicio del cargo, obligaba al Fiscal Nacional a pronunciarse fundadamente por las circunstancias que a su juicio hacían que el estado de salud de la recurrente fuera incompatible con el ejercicio del cargo que desempeñaba, fundamentación que no consta en la resolución impugnada, lo que se traduce en una vulneración arbitraria de los derechos fundamentales de la recurrente, contemplados en los numerales 2 y 24 artículo 19 de la Constitución Política de la República, lo que lleva a acoger el recurso, según se dirá a continuación.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se ACOGE sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, dejándose sin efecto la resolución FN/MP Nº1090/2025 de 8 de mayo de 2025, que declara terminado el contrato de trabajo de doña nombre reservado Administrativo nombre reservado (trece) de la Fiscalía Local de Coquimbo, Fiscalía Regional de Coquimbo, por la causal de salud incompatible con el desempeño del cargo, debiendo la recurrida reincorporar a la recurrente, ya individualizada, a sus funciones y efectuar el pago de todas las remuneraciones y estipendios que correspondan, entre la fecha de la separación de funciones y la de su efectivo reingreso.

Acordado con el voto en contra del Ministro Sr. Iván Corona Albornoz, quien fue de parecer de rechazar la acción constitucional de protección, en virtud de los siguientes fundamentos:

1.- Que conforme a lo dispuesto en el artículo 81 letra b) de la Ley N°19.640 y en el artículo 93 del Reglamento de Personal para Funcionarios del Ministerio Público, aparece claramente que la terminación del contrato de trabajo por salud incompatible se dispone por el Fiscal Nacional, sin mediar declaración de salud irrecuperable o, dicho de otra forma, cuando la autoridad técnica, en este caso la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, establece que la salud del afectado es recuperable, aun así es posible para el Fiscal Nacional poner término a la relación laboral por salud incompatible. En este punto, importa señalar que la incompatibilidad de la salud con el desempeño del cargo se traduce en el hecho de que, salvo excepciones legales, cualquiera sea la enfermedad que padezca el funcionario, y a pesar de ser recuperable, su condición médica resulta incompatible con el desempeño de la función pública, al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un lapso de dos años.

2.- Que, en ese orden de ideas, no se advierte la ilegalidad o arbitrariedad que se reprocha a la autoridad recurrida, toda vez que el acto impugnado RESOLUCIÓN FN/MP Nº1090/2025, de 8 de mayo de 2025, se fundamenta en la declaración previa de salud recuperable de la recurrente y en la circunstancia acreditada de haber hecho uso de licencias médicas por 329 días desde el 27 de febrero de 2022 al 5 de junio de 2023, esto es, por un término que excede de 180 días en dos años, dejando de cumplir con sus funciones por más de seis meses.

3.- Que, a mayor abundamiento, en virtud del principio de servicialidad, es deber de los jefes de los servicios velar por la continuidad de la prestación de los mismos para la satisfacción de las necesidades colectivas que justifican su existencia, motivo por el cual, en el presente caso, no mediando abuso o desviación de poder, no es ilegal ni arbitraria la terminación del contrato de trabajo por salud incompatible de quien lo sirve, a objeto que sea proveído en forma y oportunamente a fin de cumplir con la función pública encomendada.

4.- Que, en consecuencia, tratándose de una resolución dictada por la autoridad competente, conforme a sus facultades legales y reglamentarias, cumpliéndose el procedimiento establecido para dichos efectos y encontrándose debidamente motivada en la causal concurrente, no se advierte la vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la actora de protección.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Juan Carlos Espinosa y el voto disidente por su autor.

Rol N°1066-2025 Protección.-