Protección contra Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá

nombre reservado, nombre reservado

nombre reservado, nombre reservado y otro Recurso de Protección Rol 1064-2019 La Serena, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 03 de agosto de dos mil diecinueve comparece don Juan Castillo Peña, abogado, en representación de nombre reservado, profesor de religión, domiciliado en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá, don Pedro Castillo Díaz, domiciliado en domicilio reservado y en contra del Contralor Regional de la República, don Hugo Segovia Saba, domiciliado en domicilio reservado, afirmando que el primero dispuso mediante Decreto Nº 369 de fecha 22 de enero de 2019 en forma arbitraria, ilegal e injustificada la no renovación de su contrato laboral, resolución que fue recurrida administrativamente ante Contraloría, siendo rechazada por el Contralor, mediante Oficio Nº 3.664 de la Contraloría Regional de la República de fecha 09 de julio de 2019, resolución respecto de la cual recurre que ha producido perturbación y amenaza grave a los derechos fundamentales contemplados en el artículo 19 Nº 16 y 24° de la Constitución Política de la República.

Refiere que la acción de perturbación y amenaza dice relación con la ilegal, injustificada y arbitraria medida de no dar lugar Contraloría y amparar así la ilegalidad del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá, de no renovar su contrata para el año 2019.

Considera ilegal dicha medida conforme lo dispone el inciso 3 del artículo 2 de la Ley Nº 18.833 “que los empleados a contrata, como es en el caso durarán hasta el 28 de febrero de 2019” y contempla en su parte final la posibilidad de disponer su prórroga. Por su parte el artículo 5 letra f del mismo texto legal, expresa que el empleo a contrata “es aquél de carácter transitorio que se contempla en la dotación de una Municipalidad”.

Afirma que conforme se desprende del tiempo que ha permanecido a contrata su representado, han transcurrido más de tres años, aparece en tanto el municipio de Combarbalá, haciendo uso de la facultad contemplada en el inciso 3 de la Ley Nº 18.883 que dispuso reiteradamente la contratación del Sr. nombre reservado, tornando en permanente y constante la mantención del vínculo, lo que determinó así en definitiva que el ente comunal mencionado incurriera en una práctica administrativa que generó para su representado una legítima expectativa que le indujo razonablemente a confiar de tal actuación.

Entonces razona que, al haber existido renovación de contrato por más de tres años, le asiste a su representado el amparo de los principios de juridicidad y seguridad jurídica y los consagrados en los artículos 5, 8 y 19 Nº 26 de la Constitución Política de la República, la confianza legítima de que sería recontratado para el año 2019.

Arguye que conforme se desprende del Decreto Alcaldicio anterior y de la actual resolución Nº 3.664 de fecha 09 de julio de 2019 de Contraloría sus fundamentos son ilegales, arbitrarios e injustificados, por cuanto son referenciales, no se encuentran probados y no fueron debidamente fiscalizados.

Señala que su representado solamente tiene cinco horas semanales de contrato en la escuela en donde se habría decretado por el Tribunal de Familia competente una orden de alejamiento, no ha sido sometido a proceso criminal alguno ni menos ha existido sumario administrativo, con ello se vulnera gravemente el principio de inocencia al valerse de una mera afirmación del municipio.

Destaca que, cuando se haya generado en el docente la confianza legítima le será prorrogada o renovada su designación como contratado, tratándose de un decreto alcaldicio que materialice la no renovación del vínculo o resuelva prorrogarlo por un lapso menor de un año, en conformidad al dictamen N° 37.403 de 2017, debe desarrollar el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta, y deberá dictarse y notificarse con treinta días de anticipación al inicio del año escolar de que se trate, acorde con el concepto que otorga el artículo 9° de la Ley N° 19.070, lo que resulta armónico por lo demás con el Código del Trabajo, aplicable supletoriamente en la materia de conformidad con el artículo 71 de esta última norma.

En el caso de su representado, no se ha cumplido con lo referido precedentemente, por cuanto la carta certificada la recibió en su domicilio la cuñada del mismo, el 25 de enero de 2019, y se la entregó el 18 de febrero del mismo año, al regresar a la ciudad de la que estaba ausente, resultando en consecuencia que en primer término no se cumplió con dictar y notificar la resolución de no perseverar con el contrato con 30 días de anticipación como lo ordena la ley, por cuanto si se consideran los días en la forma que determina la ley, esto debió efectuarse antes del 19 de enero de 2019, razón por la cual el decreto de destitución debe ser desestimado en todas sus partes y ordenarse la inmediata reincorporación de su representado.

Precisa respecto a la fuerza obligatoria de las resoluciones impartidas por la Contraloría General de la República, esto no obsta a que los afectados por sus determinaciones puedan recurrir por la vía jurisdiccional o mediante el recurso de reconsideración ante el propio ente de control para hacer valer sus derechos cuando lo estimen necesario, optándose por recurrir de protección por cuanto el órgano fiscalizador ha obrado fuera de sus facultades al desestimar el recurso por el cual se recurre.

Agrega que el pronunciamiento de la Contraloría Regional de la República carece de motivaciones lógicas, de legalidad y que su actuar respaldando la ilegal resolución del municipio, produce un innegable menoscabo en el derecho de propiedad de su representada consagrado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política.

Culmina solicitando que se acoja el recurso de protección, con costas, disponiendo el inmediato reintegro de su representado a sus funciones y que se le cancelen sus remuneraciones, desde el momento de inicio del periodo escolar a la ejecutoria de la presente resolución con los intereses legales que procedan.

SEGUNDO: Que la recurrente acompaña, a fin de dar sustento a sus alegaciones, los siguientes documentos: a) Copia del Decreto Alcaldicio Nº 369 de fecha 22 de enero de 2019; b) Copia de la Resolución Nº 3.664 de fecha 09 de julio de 2019 de la Contraloría Regional de la República; c) Copia de Dictamen Nº 6.400 con instructivo de la Contraloría General de la República relativo a la confianza legítima, y d) Copia de Dictamen de la Contraloría General de la República Nº 23.518 de 2016.

TERCERO: Que, evacuando el informe de rigor, comparece don nombre reservado, abogado, por sí y en representación convencional de don nombre reservado, alcalde de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá, persona jurídica de derecho público, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, solicitando su rechazo con costas.

Fundamenta su pretensión de rechazo de la acción constitucional en los siguientes principales argumentos: a.- De la extemporaneidad del recurso: dado que el recurso alude al municipio en cuanto a la decisión de no renovar el contrato del docente que cuya comunicación se produjo a lo más el 28 de enero de 2019, por lo cual el plazo de 30 días para la interposición del recurso se encuentra sobradamente traspasado; b.- De la cosa juzgada: el recurrente y con su mismo abogado dedujo igual acción y pretensión en causa Rol 222-2019, siendo ya en aquella ocasión declarada la extemporaneidad del recurso, resultando del todo inentendible la temeridad con que acciona contra el Municipio por segunda vez, en consecuencia respecto de esta parte se da en la especie la triple identidad requerida para que opere el efecto de cosa juzgada y c.- De la cuestión de fondo: en lo que atañe a esta recurrida no se efectúa un relato que se haga cargo de las supuestas vulneraciones de garantías constitucionales, si bien es cierto que la doctrina y jurisprudencia administrativa han ido configurando de manera paulatina la institución de la “Confianza Legítima”, no es menos cierto que dicha institución no tiene consagración legal, mucho menos otorga un derecho indubitado, requisito “sine qua non” para que pueda prosperar un recurso de protección. En ese orden de ideas es necesario recordar que los docentes prestan funciones en dos calidades posibles, como titulares y “a contrata”, en el caso sub lite el recurrente precisamente realizaba funciones en la modalidad “a contrata”, que prescribe el artículo 25 inciso segundo de la Ley Nº19.070. En consecuencia, una no renovación en sí misma y en estricto apego a la ley jamás podrá ser considerada como ilegal o arbitraria, tornando inviable que un recurso de protección pueda prosperar respecto de un acto con estricto apego a la Ley.

Añade la recurrida Ilustre Municipalidad de Combarbalá, en cuanto a las supuestas vulneraciones de garantías constitucionales, que el recurrente no hace desarrollo alguno del cómo se vulneraron en su caso garantías constitucionales, se limita a mencionar la libertad de trabajo y derecho de propiedad, así que aun cuando no existe argumentación alguna de la supuesta manera en que se verían afectadas.

Argumenta en cuanto a la fundamentación del acto administrativo de no renovación del contrato del recurrente la existencia respecto del recurrente una prohibición de acercarse respecto de una alumna en causa proteccional RIT P-38-2018, del Juzgado de Familia de Combarbalá. Es dable mencionar que el mismo recurrente presentó recurso similar en contra del Tribunal de Combarbalá en la referida causa proteccional, bajo el Rol de Corte Nº47-2019, de esta misma Ilustrísima Corte de Apelaciones, acción constitucional que fue rechazada, confirmando dicho rechazo nuestra Excelentísima Corte Suprema. Adicionalmente refiere que a mayor abundamiento aun considerando solo la jurisprudencia administrativa de Contraloría, no se ha modificado la naturaleza transitoria del contrato que mantenía el recurrente, a mayor abundamiento de la situación se adjunta en anterior causa Rol 222-2019, ya citada ordinario Nº 0152 de fecha 28/01/2019, de carácter reservado, en el cual el Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región de Coquimbo envía a DAEM Combarbalá copia de la medida adoptada por el Tribunal de Familia ya mencionada, haciendo énfasis en tomar las medidas necesarias para que se cumpla de manera adecuada dicha medida.

CUARTO: Que la recurrida la Ilustre Municipalidad de Combarbalá, acompaña en sustento de su informe y de las argumentaciones contenidas en el mismo, copia de sentencia ejecutoriada en autos sobre Recurso de Protección, Rol 222-2019.

QUINTO: Que, evacuando el informe de rigor, comparece don Hugo Segovia Saba, Contralor Regional de Coquimbo, domiciliado en domicilio reservado, solicitando se desestime en todas sus partes el recurso de protección deducido en estos autos.

Refiere que el presente recurso de protección impugna el oficio N° 3.664 de 9 de julio de 2019, que concluyó que el acto administrativo que dispuso la no renovación de la contratación de don nombre reservado para el año 2019, expresó los motivos que fundamentaron esa decisión y fue oportunamente dictado y notificado.

Dicho pronunciamiento se debió a que con fecha 10 de mayo de 2019 el recurrente efectuó un reclamo ante la Contraloría Regional de Coquimbo por la decisión de la Municipalidad de Combarbalá de no renovar su contrata para el año 2019, fundándose en el principio de la confianza legítima y que el acto administrativo no estaba suficientemente fundado y habría sido emitido y notificado fuera de plazo.

El recurrido formula como argumentos destinados al rechazo del recurso, los siguientes: a.- Extemporaneidad del recurso: el recurrente interpuso el primer recurso de protección Rol N° 222-2019 de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de la Serena en contra de la Municipalidad de Combarbalá, impugnando la decisión de ese municipio contenida en el decreto alcaldicio N° 3698 de 2019, que dispuso la no renovación de su contrata, recurso que fue rechazado mediante fallo de fecha 27 de marzo de 2019, por ser extemporáneo, lo cual fue confirmado por la Excelentísima Corte Suprema, entonces se evidencia que el recurrente ha pretendido configurar un nuevo plazo para recurrir d protección, buscando dejar sin efecto el acto administrativo que contiene la decisión que reclama; b.- Falta de legitimación pasiva: los fundamentos del actor dicen relación con la actuación del Alcalde la que le produce perturbación y amenaza de sus derechos y el Ente de Control , al haber desestimado su reclamo estaría amparando dicho actuar ilegal, por lo que el recurso además de ser improcedente, se interpuso en contra del órgano que no ejecutó la acción estimada por el actor como ilegal o arbitraria y c.- Sobre el fondo del asunto: Que las reiteradas renovaciones de las contrataciones , desde la segunda renovación a lo menos , generan en los servidores que se desempeñan sujetos a esa modalidad confianza legitima de que tal práctica se repetirá por la autoridad , para adoptar una determinación diversa es menester emitir un acto administrativo que explicite los fundamentos que avalan tal decisión, como lo ha manifestado el dictamen N° 18.828 de 2017 de la Contraloría General. Que la confianza legítima no afecta las facultades que tienen las autoridades respectivas en torno a las contratas y que la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación, debe materializarse a través de un acto administrativo fundado debidamente comunicado al interesado, como lo ha manifestado el dictamen N° 6.400 de 2018 de la Contraloría General. Que del análisis al acto administrativo de no renovación de la contrata se constató que contiene el razonamiento utilizado por el empleador para no renovar la contratación siendo este la causa del Juzgado de Familia de Combarbalá en la cual el ex docente mantiene una orden de alejamiento de una alumna de la escuela que señala, haciéndose necesario para la corporación edilicia “no renovar el contrato a fin de cumplir adecuadamente los fines de este servicio, haciendo un eficaz y eficiente uso de los limitados recursos públicos disponibles, así como la continuidad del servicio en razón de la necesidad de cubrir la materia de religión en la comuna”. Por otra parte, dicho acto administrativo cumplió con la debida dictación y notificación al recurrente y para ello se debe atender a que si el jefe de servicio determina la no renovación del vínculo debe comunicar con la debida anticipación al término del año laboral de que se trate, el que, en el caso de los docentes, ocurre el último día del mes de febrero respectivo como también que el acto debe dictarse con treinta días de anticipación al inicio del año escolar de que se trate y notificarse dentro de los cinco días siguientes, en el caso concreto el decreto alcaldicio N° 369, se dictó el 22 de enero de 2019 y fue notificado el 25 de enero de 2019, no observándose irregularidad al respecto.

Argumenta respecto a los derechos constitucionales supuestamente vulnerados, el recurrente no indica de que modo la Entidad de Control ha afectado los derechos contemplados en el artículo 19 N° 2, 16 y 24 de la Constitución Política.

SEXTO: Que la recurrida la Contraloría Regional de Coquimbo, acompaña en sustento de su informe y de las argumentaciones contenidas en el mismo, presentación N° 41.844 de 209 y sus antecedentes y el oficio N° 3.664 de 2019, los dictámenes N° 22.766, 85.700 y 23.518 todos de 2016, 18.828 de 2017 y 6.400 de 2018 de la Contraloría General y los oficios de la Contraloría Regional N° 566, 697 y 2.348 todos de 2018 y sentencia de 27 de marzo de 2019 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena que rechaza el recurso de protección Rol N° 222-2019 y sentencia de 7 de mayo de 2019 de la Excelentísima Corte Suprema que la confirma.

SÉPTIMO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de rango constitucional y de naturaleza cautelar a objeto de amparar y dar efectividad a determinados derechos fundamentales frente a los menoscabos, perturbaciones o amenazas que puedan experimentar en su legítimo ejercicio, ello como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Constituyen presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho fundamental y, c) que dicho derecho esté contemplado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Cumplidos los presupuestos antes singularizados, en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, los tribunales competentes pueden adoptar las medidas de resguardo o providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado, ello sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

OCTAVO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

NOVENO: Que del análisis del libelo pretensor se advierte que los actos impugnados son dos, el Decreto Alcaldicio Nº 369 de fecha 22 de enero de 2019 del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá, don Pedro Castillo Díaz, mediante el cual no se renovó la contrata del recurrente en su calidad de docente de la corporación municipal y el Oficio Nº 3.664 de la Contraloría Regional de la República de fecha 09 de julio de 2019, pronunciado por don Hugo Segovia Saba, a través del cual se rechaza reclamo del recurrente referido a la legalidad del decreto alcaldicio N° 369, ya citado.

DÉCIMO: El artículo 1º del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección establece que el recurso o acción de protección se interpondrá dentro del plazo fatal de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

UNDÉCIMO: En cuanto a la acción deducida en contra del acto impugnado el Decreto Alcaldicio Nº 369 de fecha 22 de enero de 2019 del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá, se rechazará por extemporáneo atendido a que el acto se encuentra fechado el 22 de enero de 2019, tomando conocimiento el recurrente tal como él lo señala el 18 de febrero de 2019 y el recurso de protección fue interpuesto el 03 de agosto de 2019, habiendo transcurrido con creces el plazo de 30 días corridos previstos en el auto acordado ya citado. Por otra parte, a juicio de esta Corte ha operado en el caso concreto el efecto de cosa juzgada, siendo esta una institución jurídica que, tradicionalmente, está arraigada a la idea de evitar un pronunciamiento sobre un asunto ya resuelto (Romero Seguel, nombre reservado, La cosa juzgada en el proceso civil chileno, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2002, p. 11), siendo dicha institución uno de los pilares de la llamada seguridad jurídica, la que a su vez contribuye de forma sustancial a uno de los fines del derecho, cual es la paz social (Nieva Fenoll, Jordi, La cosa juzgada: El fin de un mito. Santiago de Chile, Abeledo Perrot, 2010, p. 7), dado que el recurrente dedujo idéntica acción y pretensión en recurso de protección causa Rol N° 222-2019, de esta Corte, tal como lo ha señalado el recurrido, cumpliéndose los requisitos de procedencia referidos a la triple identidad: 1.- Identidad legal de personas; 2.- Identidad de la cosa pedida; y 3.- Identidad de la causa de pedir, en razón de lo anterior se rechazará la acción de protección por improcedente.

DUODÉCIMO: Respecto a la acción deducida en contra del acto impugnado el Oficio Nº 3.664 de la Contraloría Regional de la República de fecha 09 de julio de 2019, se rechazará reconociendo la falta de legitimación pasiva del recurrido, dado que el acto impugnado en realidad no es otro que el contenido y decisión del decreto alcaldicio N° 369 y no el oficio N° 3.664, ya que del tenor del propio recurso, el recurrente refiere a que la Contraloría amparó la ilegalidad del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá, dirigiéndose la acción no en contra del generador del supuesto acto ilegal y arbitrario, sino que se pretendía renovar el plazo de la acción de protección para nuevamente atacar el citado decreto alcaldicio.

DÉCIMO TERCERO: No obstante lo anterior y a fin de dar un abordaje de los argumentos del recurrente es dable hacer presente que el principio de confianza legítima, esencialmente refiere que las reiteradas renovaciones de las contrataciones, desde la segunda anualidad, al menos, generan en los funcionarios públicos que se desempeñan sujetos a esa modalidad, la confianza legítima de que tal práctica seguirá en el futuro, de manera tal que para adoptar una determinación diversa es menester que la autoridad emita un acto administrativo fundado. Entonces cuando se haya generado esa confianza, el instrumento que materialice la decisión de no renovar, de hacerlo en condiciones diversas o que ponga término anticipado al vínculo, deberá emitirse con la debida antelación y notificarse al interesado. Que de las alegaciones expuestas y los documentos acompañados por recurrente y recurrido el acto administrativo impugnado por vía de acción de protección, siendo este el Decreto Alcaldicio Nº 369 de fecha 22 de enero de 2019 del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá, cumple con la debida fundamentación y motivación del acto administrativo como también fue dictado y notificado en tiempo y forma, atendido que la autoridad ha motivado suficientemente el acto, sin que pueda predicarse que la actuación es ilegal y arbitraria, pues dio debido cumplimento a las exigencias administrativas y jurisprudenciales para formalizar la no renovación de la contrata del recurrente, rechazándose el recurso por infundado atendido a que el acto se encuentra desprovisto de ilegalidad o arbitrariedad alguna que afecte derechos fundamentales.

DECIMOCUARTO: Que conforme a lo razonado precedentemente y analizados los antecedentes que constan en la carpeta virtual de este recurso, resulta forzoso rechazar la acción constitucional, como se dirá en lo resolutivo, pues no se reúnen los presupuestos esenciales de la acción en análisis, al no existir un acto ilegal o arbitrario de las recurridas.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, se declara que se RECHAZA el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de don nombre reservado y de don nombre reservado, sin costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante, don Enrique Labarca Cortés.

Rol N° 1064-2019.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por el Ministro Suplente señor Miguel Montenegro Rossi, el Fiscal Judicial señor nombre reservado y el abogado integrante señor Enrique Labarca Cortés.

La Serena, a veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.