Protección contra Inspectora comunal del trabajo de La Serena

Cero Grado Comercial Limitada Inspección Provincial del Trabajo Recurso de Protección Rol N° 1052-2017.- La Serena, dos de agosto de dos mil diecisiete VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el abogado Roberto Ibarra Videla, con domicilio en domicilio reservado, actuando en representación de Cero Grado Comercial Limitada, ha deducido recurso de protección en contra de la Inspectora comunal del trabajo de La Serena, doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien al dictar la resolución multa 8015/17/28 de fecha 30 de mayo de 2017, se atribuyó, según el recurrente, de manera arbitraria e ilegal, la facultad privativa de los Tribunales de Justicia de calificar la naturaleza jurídica y desconocer los efectos legales de Acuerdos de prestación de servicios ocasionales para estudiantes, celebrados válidamente entre Cero Grado con las personas, cuyos nombres cita, señalando que son todos mayores de edad y estudiantes de educación superior. Estima que con dicha resolución se han vulnerado los artículos 7 y 73 de la Constitución Política; y las garantías constitucionales de su representada consagradas en el artículo 19 Nº 3, inciso 4º(sic), Nº 16 y Nº24 , de la Constitución Política de la República de Chile.

Señala que su representada es dueña de una pista de patinaje en hielo ubicada en el Centro Comercial Vivo Outlet Peñuelas. Que el servicio prestado consiste en el arriendo por hora, para la práctica recreativa del patinaje en hielo. Para estos efectos Cero Grado hace entrega gratuita de patines y custodia de los zapatos propios del cliente. Que para realizar tales labores, su representada contrató la prestación de servicios ocasionales de estudiantes a fin de que en forma esporádica y ocasional, éstos pudieran atender en la pista de patinaje, en una jornada libremente elegida por los estudiantes, habida consideración de tal calidad y que fuera compatible con el cumplimiento de sus horarios de estudios. Que el valor por hora de los servicios prestados en la pista se acordaba en cada oportunidad, lo mismo que la labores a desarrollar.

Señala que ante el despido de una trabajadora sujeta a subordinación y dependencia, que se desempeñaba como cajera y administradora de local, el día 18 de mayo de 2017, la inspectora del trabajo nombre reservado realizó una visita de inspección al local. Que en dicha ocasión se exhibieron los contratos de trabajo de las personas que prestan servicios bajo subordinación y dependencia y lo mismo se hizo con los contratos de prestaciones de servicios ocasionales para estudiantes, que son aquellos que no prestán servicio bajo subordinación y dependencia, ya que según la recurrente, prestan sus servicios solo en las ocasiones libremente elegidas por ellos y que son compatibles con sus estudios.

Agrega que la inspectora mencionada cursó una citación para 7 días hábiles posteriores donde exigió que se le exhibieran contratos de trabajo de las personas. Que ante dicha exigencia su representada, comunicó por escrito a los prestadores de servicios la citada fiscalización en donde se les pidió manifestar su voluntad, en cuanto a permanecer en la actual forma de contratación o bien acogerse a una relación de carácter laboral, lo que implicaría sujetarse al cumplimiento de un horario determinado y a una remuneración fija mensual, sujeta a descuento por cotizaciones previsionales.

Tras lo anterior, indica la recurrente, de todos los estudiantes que prestaban servicios ocasionales solo una de ellos, doña nombre reservado, maniffestó su voluntad de sujetarse a un régimen de contrato de trabajo lo que se concretó con fecha 23 de mayo de 2017, siendo reconocida su antigüedad desde el primer día en que prestó servicios ocasionales y le fueron pagadas las cotizaciones previsionales que no se habían retenido. Que el resto de los estudiantes manifestaron por escrito su voluntad de no ser contratados bajo contrato de trabajo y mantener su actual sistema de contratación a honorarios ocasionales para estudiantes.

Señala que su representada asistió a la citación ante la inspectora nombre reservado, quien exhibió el contrato de trabajo de doña nombre reservado y las cartas firmadas por los demás estudiantes en las que manifestaban su voluntad expresa de no ser contratados bajo subordinación y dependencia. Agrega que su representada exhibió y acompañó copia de todos los contratos de prestación de servicios ocasionales para estudiantes que existían antes de la fiscalización y que no habían sido aceptados, todos debidamente firmados.

Reclama el recurrente, que habiendo hecho lo que señala, la inspectora del trabajo, atribuyéndose facultades jurisdiccionales que no tiene, estimó que dichos acuerdos carecerían de validez legal. Agrega que la inspectora amenazó a su representada que si no accedía a su requerimiento y criterio de estimar aquellos acuerdos sin validez, gestionaría para que todos sus locales existentes en otras partes del país fueren fiscalizados y sancionados.

Prosigue su libelo el recurrente señalando que la actuación administrativa que origina el presente recurso de protección es la Resolución multa 8015/17/28 de 30 de mayo de 2017 de la inspectora comunal del trabajo de La Serena, doña nombre reservado, en la que cursó tres multas por: no escriturar contrato de trabajo; no entregar comprobante de pago de remuneraciones y no mantener las condiciones adecuadas de seguridad y salud laboral en las faenas, por 80, 9 y 10 UTM, respectivamente y agrega que la multa de 10 UTM la impugnará en los Tribunales laborales en lo que compete, según la ley.

Señala que la citada resolución es arbitraria e ilegal porque la inspectora comunal del trabajo se atribuye, la facultad exclusiva y excluyente de los entes jurisdiccionales, de calificar la naturaleza jurídica y desconocer los efectos legales de ocho contratos de prestación de servicios ocasionales para estudiantes válidamente celebrados entre su representada y dichas personas, señala que libre y voluntariamente ambas partes acordaron dentro del ámbito de la libertad contractual, un acuerdo de prestación de servicios ocasionales para estudiantes en donde su representada ofreció a dichos estudiantes la posibilidad de prestar servicios ocasionales para atender en forma esporádica y ocasional en la pista de patinaje en hielo que tiene su representada. Que dichos servicios se prestan en un horario compatible con sus estudios y por tanto, libremente elegido por ellos. Que tales acuerdos se han celebrado de conformidad a los artículos 1545 y 1546 del Código Civil. Agrega que al cursar la multa, la inspectora del trabajo ha determinado, por si y ante si, sin sentencia judicial previa, que los aludidos acuerdos o contratos no serían válidos, y que por tanto su representada habría incumplido el artículo 9 inciso 1º y 2º en relación con el inciso 5º del artículo 506 ambos del Código del Trabajo; los artículos 54 y 506 y artículos 184 incisos 1º y 2º del mismo texto legal. Que se ha cursado una multa del todo abusiva e ilegal, pues se funda en una calificación de hecho previa de existencia de una relación laboral no reconocidida por ambas partes, que la inspección del trabajo, según ya se ha resuelto reiteradamente en tribunales- indica la recurrente- carece de facultades para ello.

Agrega que además dicha resolución es ilegal porque trasngrede el artículo 7º de la Constitución Política que consagra el principio de legalidad, y el artículo 73 de la Carta Fundamental que confiere la facultad jurisdiccional a los Tribunales de Justicia. Los artículos 1 y 5 del DFL Nº 2 de 1967 -Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo- no otorgan facultades a la recurrida para pronunciarse sobre la validez de un acuerdo de prestación de servicios y menos para calificar su naturaleza jurídica.

Prosigue sosteniendo que solo le corresponde al legislador interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio y a los Tribunales de Justicia, interpretarla en el caso concreto que sea sometido a su conocimiento. Que las facultades de la Inspección del Trabajo están limitadas a fiscalizar y sancionar administrativamente las infracciones evidentes y flagrantes de la ley laboral, pero en caso alguno tiene facultades para interpretar, invalidar, declarar la nulidad o establecer los efectos de contratos, cuando hay discrepancias sobre tales materias. En este caso incluso, señala el recurrente, existe entre ambas partes de dicho acuerdo plena comunión, pues los estudiantes referidos han manifestado expresamente su voluntad de no sujetarse a un régimen de contrato de trabajo. Agrega y enfatiza que nadie puede ser obligado a contratarse.

Reclama que el acto por el que recurre es nulo, toda vez que la funcionaria inspectora comunal del trabajo, excedió las facultades que le otorga la ley, por tanto no se respetó el principio de legalidad contenido en el artículo 7 de la Carta Fundamental. Cita también el artículo 73 de la Constitución Política.

Agrega que la resolución recurrida vulnera el artículo 19 Nº 3 inciso quinto, que asegura a toda persona el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales. Que los acuerdos antes señalados sólo pueden ser dejados sin efecto por una sentencia de un órgano jurisdiccional conforme a la Constitución y a la Ley, y no por un ente administrativo que se arrogó facultades de las cuales carece.

Sostiene que al haber desconocido el valor legal de dichos acuerdos, sanciona a su representada, por no haber escriturado un contrato de trabajo que ninguna de las partes quiere ni está obligado a suscribir, y consecuentemente y dando por establecida una relación laboral no reconocida por ambas partes, sanciona a su representada, además, por no entrega de liquidación de remuneraciones y no mantener condiciones adecuadas de seguridad y salud laboral. Cita jurisprudencia para apoyar sus dichos.

Añade que igualmente se vulnera el artículo 19 Nº 16 de la Carta Fundamental que protege el derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo ya que desconoce que los estudiantes que ha citado en su libelo puedan librememnte contratar con su representada una prestación de servicios ocasionales.

Alega que también se ha vulnerado el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, desde el momento que impone una multa en dinero que afecta el patrimonio de una pequeña empresa por una resolución cuyos fundamentos fácticos son nulos por haber ejercido la Inspectora del Trabajo, en los hechos, actividades jurisdiccionales, al calificar por sí y ante sí, que los contratos de prestación de servicios ocasionales no serían válidos.

Agrega que ejerce esta acción de protección, sin perjucio de los demás derechos que puede hacer valer ante la autoridad o Tribunales correspondientes.

Solicita finalmente a esta Corte, tener por interpuesto el recurso de protección por la actuación arbitraria e ilegal de nombre reservado, Inspectora comunal del trabajo y acogerlo, dejando sin efecto la Resolución multa 8015/17/28 de 30 de mayo de 2017 de la Inspectora comunal del trabajo de La Serena doña nombre reservado en lo que dice relación con Cero Grado con nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Finalmente acompaña los siguentes documentos en su presentación: 1) copia de la resolución recurrida, con constancia de su notificación con fecha 1 de junio de 2017; 2) copia de la escritura pública de mandato de fecha 8 de junio de 2017, otorgada en la notaria de santiago de nombre reservado; 3)copia de los acuerdos de prestación de servicios ocasionales para estudiantes, certificados de estudios y carta de aceptación firmada en donde los estudiantes contratados manifestaron su voluntad de mantener el sistema actual de contratación celebrados entre Cero Grados con nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado; 4) acuerdo de prestación de servicios ocasionales, carta de manifestación de voluntad y contrato de trabajo celebrados entre Cero Grado con doña nombre reservado, única estudiante que manifestó voluntad de prestar servicios bajo un contrato de trabajo; y 5) contratos de trabajo con el administrador de local y sub-jefe de local celebrado entre Cero Grado con nombre reservado y nombre reservado, respectivamente.

SEGUNDO: Que ha rendido el informe de rigor doña Claudia Pinto Robles, abogada, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena, representada por su Inspectora provincial, y de la fiscalizadora nombre reservado, recurrida en estos autos.

En cuanto a los antecedentes de hecho, relata que en virtud de una denuncia interpuesta en contra de la empresa Cero Grado Comercial Ltda., la fiscalizadora nombre reservado se constituyó el 10 de mayo de 2017, en el domicilio ubicado en domicilio reservado, lugar donde se encuentra el Mall Outlet Vivo Peñuelas, en que funciona el local “0° Grado”, que cuenta con una sala de espera y recepción de patines y una pista de hielo.

Agrega que en el lugar fiscalizado prestaban servicios 11 personas: nombre reservado (administradora), nombre reservado (Sub Jefa), quienes contaban con contrato de trabajo escriturado, además de los dependientes nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado. Que los nueve dependientes realizaban funciones como patineros (entrega y recepción de patines a los clientes), cajeros y patrulleros (seguridad en la pista de hielo), además de asistente paramédico, manifestando la Sub jefa, que se encontraban contratados a honorarios. Indica que se exhibieron a la funcionaria dos registros de asistencia: uno, para los dependientes con contrato de trabajo; y otro, para quienes prestaban servicios a honorarios.

Prosigue relatando que lo observado por la funcionaria, en el período comprendido entre enero y mayo de 2017, en ambos libros cada dependiente registró el horario de entrada y salida así como su firma. Algunos de los registros de los trabajadores a honorarios dan cuenta de jornadas de más de 12 horas diarias y de hasta 10 días seguidos de trabajo. Que igualmente, durante su visita la fiscalizadora pudo constatar en forma presencial que uno de estos trabajadores se encontraba bajo las instrucciones de la Sub jefa de Local y lo observó ingresar a la pista de hielo para hacerle mantención, utilizando jeans y zapatillas. Entrevistado este trabajador señaló que su función principal era la de patinero, pero que en ocasiones y según las instrucciones de su jefa directa debía realizar la mantención de la pista de hielo. Consultado sobre los elementos de protección personal para desarrollar sus labores, señaló que la empresa le entregó una polera de piqué y un polerón de polar, y que existían botas de agua para ingresar a la pista, pero dado que eran de uso comunitario, prefería no utilizarlas.

Señala que coincidiendo con lo observado directamente por la fiscalizadora, la sub jefa del local corroboró a la funcionaria que ella y la administradora eran las responsables de administrar el local, encontrándose dentro de sus funciones, supervisar, controlar y dirigir a los trabajadores a honorarios en su actuar diario, y que éstos se encontraban bajo sus instrucciones directas, pudiendo realizar labores como patrulleros, patineros o cajeros, según necesidad, aunque lo habitual era que sus funciones permanecieran fijas. Que igualmente se les entregaba ropa de trabajo consistente en una polera de piqué y un polerón de polar. La sub jefa también informó a la fiscalizadora que dentro de las funciones que ella y la administradora desempeñaban, también, estaba la de confeccionar el calendario de turnos de trabajo según la disponibilidad horaria de cada trabajador, informando a la funcionaria que estos dependientes eran estudiantes, exhibiendo el horario que debía cumplir cada uno durante el mes de que se trataba, el que se había comunicado durante el mes anterior, informándose a la funcionaria que sólo la sub jefa y la administradora podían autorizar la modificación del horario según las contingencias.

Señala la recurrida, que la funcionaria verificó que estos dependientes tenían pactadas remuneraciones en un valor hora de $1.400 o $1.600 según la función que cumplen patineros: $1.400.- pesos por hora; cajeros: $1.600 pesos por hora; patrulleros: $1.400 pesos por hora, y asistente paramédico: $1.600 pesos por hora. Indica que la fiscalizadora pudo constatar que estos nueve trabajadores prestaban servicios a la recurrente cumpliendo labores de patinero, cajero, patrullero o asistente paramédico, en el establecimiento de la empresa, utilizando sus instalaciones e implementos, además de ropa de trabajo proporcionada, percibiendo una remuneración por dicha prestación, la que se encuentra determinada entre los $1.400 y $1.600 pesos por hora, según función, encontrándose bajo la subordinación de la administradora o la subjefa del local, al recibir instrucciones directas acerca de la forma y oportunidad de la ejecución de las labores que deben realizar. Pese a lo anterior, estos trabajadores no contaban con contratos de trabajo, ni con liquidaciones de remuneraciones, exhibiéndose en cambio documentos denominados “acuerdo de prestación de servicios ocasionales”.

Agrega la recurrida, que la funcionaria constató igualmente que en las instalaciones fiscalizadas la temperatura ambiente era notoriamente baja, por lo que, consultada la subjefa, ésta señaló que la temperatura en la pista era de -2° C, pero que no existía una medición de la temperatura en la sala de espera y entrega de patines. Conforme a lo anterior, la funcionaria solicitó la evaluación de riesgos identificados en el lugar de trabajo, documento que no fue exhibido a la funcionaria.

Luego expone que en relación con la citación y requerimiento de documentación que fue objeto el representante de la empresa fiscalizada y relata que en una primera oportunidad asitió el Sr. nombre reservado, quien requirió un plazo para efectuar ante la mutualidad, la gestión de evaluación de riesgos; y en una segunda, el 18 de mayo de 2017, la Sra. nombre reservado, administradora del local, a quien se le explicaron las infracciones constatadas, y el plazo especial de 7 día hábiles que se otorgaba a las medianas y pequeñas empresas, para corregirlas, allanándose la representante del empleador a subsanar las infracciones detectadas. Prosigue su relato, señalando que luego de vencido dicho plazo, se presentó ante la fiscalizadora el Sr. nombre reservado, representante legal de la empresa quien explicó que conversó con los trabajadores involucrados en la fiscalización y se les dio la opción, para escoger si querían mantener el sistema actual de contratación a honorarios o si querían firmar un contrato de trabajo, y que, según esta elección, sólo una de los nueve trabajadores, Srta. nombre reservado, escogió tener un contrato de trabajo, regularizándose su documentación laboral en forma retroactiva a su fecha de ingreso, 2 de enero de 2017, manteniéndose el resto con contrato a honorarios. Exhibió la documentacion que apoyaba sus dichos. Relata que la funcionaria explicó al Sr. nombre reservado, las circunstancias constatadas durante la fiscalización y que la formalidad de la relación laboral no depende de una “opción” por parte del trabajador. Esta parte controvierte que la funcionaria haya efectuado alguna amenaza respecto del empleador. El representante del empleador no exhibió a la fiscalizadora las restantes liquidaciones de remuneraciones de los dependientes señalados, ni tampoco boletas de honorarios. Agrega que en dicha oportunidad tampoco se exhibió la evaluación de riesgos solicitada previamente.

Que tras los hechos relatados, la fiscalizadora procedió a notificar las siguientes multas: Multa N° 8015/2017/28-1: “No escriturar el contrato de trabajo respecto de los siguientes trabajadores, contratados en las fechas que se indican: - nombre reservado, 16.02.2017 - nombre reservado, 15.02.2017 - nombre reservado, 13.03.2017 - nombre reservado, 31.03.2017 - nombre reservado, 02.01.2017 - nombre reservado, 02.05.2017 - nombre reservado, 03.05.2017 - nombre reservado, 04.05.2017.”; Multa N° 8015/2017/28-2: “No entregar junto con el pago de las remuneraciones un comprobante con indicación del monto pagado, de la forma cómo se determinó y de las deducciones efectuadas, respecto de los siguientes trabajadores y durante los periodos que se indican: - nombre reservado, 16.02.2017 - nombre reservado, 15.02.2017 - nombre reservado, 13.03.2017 - nombre reservado, 31.03.2017 - nombre reservado, 02.01.2017 - nombre reservado, 02.05.2017 - nombre reservado, 03.05.2017 - nombre reservado, 04.05.2017.” y Multa N° 8015/2017/28-3: “No mantener las condiciones adecuadas de seguridad y salud laboral al no identificar los peligros y evaluar los riesgos que están presentes en el lugar de trabajo, según el siguiente detalle: puestos de trabajo con temperaturas muy bajas, situación que afecta a los siguientes trabajadores: - nombre reservado, RUT reservado - nombre reservado, RUT reservado - nombre reservado, RUT reservado - nombre reservado, RUT reservado - nombre reservado, RUT reservado - nombre reservado, RUT reservado - nombre reservado, RUT reservado - nombre reservado, RUT reservado - nombre reservado, RUT reservado - nombre reservado, RUT RUT reservado - nombre reservado, RUT RUT reservado.”

Luego la recurrida se refiere a la procedencia de un recurso de protección, refiriéndose a la legalidad de las multas impugnadas. Que en cuanto a la existencia de una relación laboral y las normas aplicables,señala que en términos generales, tanto el artículo 1º del D.F.L. No 2 de 1967, como el 505 del Código del Trabajo, han entregado a la Dirección del Trabajo la función de fiscalizar la aplicación de la legislación laboral. En concordancia con esta función general, son los fiscalizadores de este servicio, los llamados a constatar la existencia o no de infracciones a la legislación laboral, y en caso afirmativo, a imponer las multas prescritas por la ley. Agrega que en el caso de autos, la funcionaria se constituyó en el lugar previa denuncia, constatando que respecto de los trabajadores señalados se presentaban todos los elementos que configuran una relación laboral, conforme a la definición de contrato de trabajo contenida en el artículo 7 del Código del Trabajo en relación con el artículo 8 del mismo texto legal, transcribiendo dichas normas.

Prosigue indicando la recurrida que la mera afirmación del recurrente de que la naturaleza del vínculo entre las partes es civil, consistente en un contrato de prestación de servicios profesionales en forma esporádica y ocasional, con labores y valores por hora a convenir en cada oportunidad, sin la presencia de rasgos de subordinación y dependencia, se contrapone en primer término, a la realidad verificada directamente por la funcionaria fiscalizadora; en segundo, al allanamiento que hiciera la Administradora del Local de corregir la situación de informalidad de los trabajadores; y en tercero, a la propia corrección que efectuó el empleador respecto de la trabajadora nombre reservado. Así las cosas, la fiscalizadora actuante pudo constatar, a través de hechos claros y precisos, la existencia de una relación laboral, por concurrir los elementos que la configuran (sic).

Prosigue describiendo en su libelo la diferencia entre los contratos civiles y los contratos laborales, según denomina e indica que a las normas laborales no se puede renunciar pues son de orden público.

Agrega que al no encontrarse escriturado el respectivo contrato de trabajo, se estaba infringiendo el artículo 9 del Código de Trabajo Igualmente se constata infracción al artículo 54 del Código del Trabajo, norma que en su inciso 3ro. se refiere al comprobante de pago de remuneraciones. Señala que además el artículo 184 del Código del Trabajol establece el deber de protección o deber de seguridad, deber genérico, en virtud del cual el empleador debe adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, informando los posibles riesgos y manteniendo las condiciones de adecuadas de higiene y seguridad, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales, que dicha norma se ha infringido por parte del recurrente respecto de todos los trabajadores dependientes de la empresa, al no identificar los peligros y evaluar los riesgos presentes en el lugar de trabajo. Argumenta que sería contrario a la razón considerar que el empleador se encuentra obligado a proteger la vida y salud de algunos dependientes, sujetos a contratos de trabajo; y no la de trabajadores que prestan los mismos servicios y en las mismas condiciones, pero sujetos a contratos civiles.

Señala que una vez constatadas estas infracciones, de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 506 del Código del Trabajo de fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral, y de conformidad con el artículo 503 del mismo compendio, que establece que las sanciones por infracciones a la legislación laboral y de seguridad social y a sus reglamentos, se aplicarán administrativamente por los respectivos inspectores del trabajo, actuando dichos funcionarios como ministros de fe. Que las multas cursadas, lo fueron en el ejercicio de dichas facultades generales de fiscalización, no atribuyéndose dicho Servicio otras facultades distintas a las conferidas por la ley. Destaca también la recurrida en su informe, que se deben respetar los principios que regulan el Derecho del Trabajo y en particular, aplicable al asunto que nos ocupa, el de irrenunciabilidad de los derechos establecidos en las leyes laborales.

Luego se refiere a las facultades de fiscalización de la Dirección del Trabajo, cuestonadas en el recurso y al respecto señala la recurrida, que en virtud del principio de juridicidad establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, la Dirección del Trabajo, como todo órgano del Estado, debe someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, dentro su competencia y en la forma que determina la ley. Por tanto, indica que el artículo 505 del Código del Trabajo establece que: “La Fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen”. Por su parte, el artículo 5 del D.F.L. No 2 de 1967 que contiene la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, le otorga entre otras funciones: “Velar por la correcta aplicación de las leyes del trabajo en todo el territorio de la República”, funciones que se desarrollan por los Inspectores del Trabajo en los términos regulados en los artículos 20 y 23 del mismo cuerpo legal.”

Sostiene que las normas sobre informalidad laboral, remuneraciones, y deber general de protección se encuentran dentro del ámbito de fiscalización de la Dirección del Trabajo que le han otorgado las normas recién transcritas, y es en virtud de esta competencia que se han cursado las multas respecto de las cuales se reclama. Y al efectuar las fiscalizaciones pertinentes, los funcionarios de este Servicio actúan con estricto apego a las normas establecidas en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, no atribuyéndose otras facultades que las que la ley expresamente le ha entregado.

Agrega que las multas respecto de las cuales se reclama son la materialización del ejercicio de la facultad conferida a la Dirección del Trabajo relativa a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, la que conlleva implícitamente la facultad de sancionar los hechos que constituyen infracciones a la legislación laboral. En este caso, la fiscalizadora actuante constató diversas infracciones a las normas laborales, que de acuerdo al artículo 506 del Código del Trabajo se sancionan con multa, no atribuyéndose en caso alguno facultades jurisdiccionales.

Señala que a pesar de concurrir los elementos que configuran la relación laboral, al infractor le bastaría cuestionar la actuación administrativa, invocando presuntas faltas de competencias de la Inspección del Trabajo, para lograr la impunidad, sin que se cumplan los objetivos de aplicación de las normas infringidas y sin que los Tribunales de Justicia lleguen a pronunciarse sobre el fondo del asunto durante la vigencia de la relación laboral, precisamente el estadio de mayor incumplimiento de las normas laborales (sic).

Hace presente a esta Corte la recurrida, que el artículo 23 del D.F.L. No 2 del 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social dispone que “Los Inspectores del trabajo tendrán el carácter de Ministro de fe de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro de las cuales podrán tomar declaraciones bajo juramento”. “En consecuencia, los hechos constatados por los Inspectores del Trabajo y de los cuales deban informar de oficio o a requerimiento, constituirán presunción legal de veracidad incluso para los efectos de la prueba judicial”.

Señala además que no ha existido arbitrariedad en el actuar de la inspección del Trabajo, ya que en caso alguno el procedimiento de fiscalización obedeció a un acto arbitrario, infundado o caprichoso de la fiscalizadora actuante, sino que ha derivado de un proceso de fiscalización serio y ajustado tanto a la normativa legal como a los procedimientos de este Servicio. Que la conducta de la funcionaria se ha enmarcado en sus facultades fiscalizadoras contenidas en el DFL Nº2 de 1967 y basada en elementos y principios jurídicos para la aplicación de la normativa legal pertinente, ya citada, contenida en el Código del Trabajo, como asimismo en la doctrina del Servicio y como consecuencia de los hechos constatados directamente en la visita inspectiva realizada. Que por tanto, la recurrida no ha conculcado ninguna garantía constitucional de la recurrente, toda vez que actuó en el ejercicio de sus facultades de fiscalización para obtener el cumplimiento de la legislación laboral y previsional, concretamente el Código del Trabajo. Que del mismo modo no ha pretendido invadir las facultades privativas de los Tribunales de Justicia, por cuanto no se ha pronunciado sobre un asunto que esté siendo conocido por ellos ni ha ejercido actos de jurisdicción sino que, por el contrario, ha ejercido sus facultades de fiscalización, constatando hechos objetivos, dentro de la competencia otorgada por la ley para fiscalizar la legislación laboral, dentro de un procedimiento inspectivo y de acuerdo a las instrucciones del Servicio sobre la materia, sancionando las infracciones a la legislación laboral detectadas.

Señala que la resolución administrativa de multa respecto de la cual se recurre constituye un acto administrativo y no jurisdiccional, careciendo absolutamente del efecto de cosa juzgada, y siendo esencialmente revisable y revocable por los Tribunales de Justicia de acuerdo al procedimiento que la propia ley establece. De este modo, resulta claro que la fiscalizadora recurrida sólo ha ejercido sus facultades; Que ha dado cumplimiento al mandato legal que sobre ella recae de fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral y, ha actuado ante hechos claros y determinados y conforme a los procedimientos de dicho Servicio. En caso alguno ha vulnerado la garantía constitucional de no ser juzgado por comisiones especiales establecida en el artículo 19 Nº 3 inciso 4º (sic) de la Constitución, por cuanto no ha ejercido funciones jurisdiccionales sino de fiscalización.

Luego se pronuncia en cuanto a la alegada violación de la libertad de trabajo del artículo 19 No 16 de la Carta Fundamental. Indica que la libre contratación en materia laboral de ninguna manera se ha visto conculcada puesto que ésta debe respetar los límites establecidos en la propia ley en virtud del orden público laboral. Agrega que no es posible que las partes de la relación laboral pacten otros acuerdos que impliquen una renuncia a los derechos laborales establecidos a favor de los trabajadores, precisamente porque la libertad contractual en materia laboral tiene como límite el orden público laboral que impide renunciar a derechos mientras esté vigente la relación de trabajo.

Finalmente señala que la multa cursada no amenaza, no perturba y no priva a la recurrente de su derecho de propiedad, máxime si este procedimiento se funda en una actuación completamente legal por parte de la autoridad administrativa. Además, no se observa cómo una multa vaya a amenazar el derecho de propiedad de la recurrente, si lo que ha hecho el Servicio fue actuar de acuerdo a criterios establecidos en la propia legislación vigente.

Sostiene la recurrida que las resoluciones administrativas de multas, se imponen por infracciones a la normativa laboral en resguardo de los derechos de los trabajadores, lo que no constituye lesión de ninguna especie al derecho de propiedad del recurrente, a menos que tuviera propiedad sobre la facultad de incumplir la normativa laboral de la cual obviamente carece.

No es motivo de violación del derecho de propiedad el hecho de que la Dirección del Trabajo dando cumplimiento al imperativo de fiscalizar la aplicación de la legislación laboral, de acuerdo al artículo 1 del D.F.L. N° 2 de 1967, y 505 del Código del Trabajo, haya constatado que determinados trabajadores se encontraban en situación de informalidad laboral.

Solicita a esta Corte tener por evacuado el informe solicitado y rechazar el recurso de protección en todas sus partes, con costas.

La recurrida acompaña a su informe los siguientes documentos: Informe (F-17) evacuado por la funcionaria nombre reservado, ante recurso de protección, referido al procedimiento realizado; Activación de fiscalización N° 0401.2017.430; Anexo 4: Informe de inicio de fiscalización; Copia de informe de fiscalización N° 0401.2017.430, incluyendo informe de exposición; Acta de entrevista y revisión documental (F 4/6); Acta de requerimiento de documentación y citación (F-7); Acta de constatación de hechos en terreno para MYPE (F 8-4); Acuerdos de prestación de servicios ocasionales; Documentos de fecha 18.05.2017; Copia de libro de asistencia honorarios periodo enero a mayo de 2017; Resolución de multa N° 8015/2017/28-1, 2 y 3, incluyendo acta de notificación conforme al artículo 508 del Código del Trabajo.

TERCERO. Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de nuestra Carta Fundamental. Que en el asunto que ha sido traído hasta esta Corte, la recurrente reclama que se han conculcado las garantías consagradas en el citado artículo 19, Nº 3, inciso 5º, Nº 16 y Nº24 , de la Constitución Política de la República, toda vez que la Inspectora comunal del trabajo de La Serena, al dictar la resolución multa 8015/17/28 de fecha 30 de mayo de 2017, se atribuyó, según el recurrente, de manera arbitraria e ilegal, la facultad privativa de los Tribunales de Justicia de calificar la naturaleza jurídica y desconocer los efectos legales de Acuerdos de prestación de servicios ocasionales para estudiantes, celebrados válidamente entre Cero Grado y dichos estudiantes.

CUARTO: Que de acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista en el presente recurso, la recurrida, dictó la resolución multa 8015/17/28 de fecha 30 de mayo de 2017 por medio de la cual la inspectora comunal del trabajo de La Serena, doña nombre reservado, cursó tres multas. Una de ellas por no escriturar contrato de trabajo, la segunda por no entregar comprobante de pago de remuneraciones y la tercera por no mantener las condiciones adecuadas de seguridad y salud laboral en las faenas, las multas fueron por 80, 9 y 10 UTM respectivamente.

QUINTO: Que la recurrente reclama por el actuar de la inspectora del Trabajo, quien al fiscalizar se atribuye arbitraria e ilegalmente, la facultad exclusiva y excluyente de los entes jurisdiccionales, de calificar la naturaleza jurídica y desconocer los efectos legales de ocho contratos de prestación de servicios ocasionales para estudiantes, válidamente celebrados entre Cero Grado y dichos estudiantes; señala que libre y voluntariamente ambas partes concordaron, dentro del ámbito de la libertad contractual, un acuerdo de prestación de servicios ocasionales para estudiantes.

SEXTO: Que tal como se indica en el informe por la recurrida, en cuanto a la existencia de una relación laboral y las normas aplicables, tanto el artículo 1º del D.F.L. Nº 2 de 1967, como el 505 del Código del Trabajo, han entregado a la Dirección del Trabajo la función de fiscalizar la aplicación de la legislación laboral. Que los fiscalizadores de dicha institución son los llamados a constatar la existencia o no de infracciones a la legislación laboral, y en caso afirmativo, a imponer las multas prescritas por la ley. Agrega que en el caso de autos, la funcionaria se constituyó en el lugar previa denuncia, constatando que respecto de los trabajadores señalados se presentaban todos los elementos que configuran una relación laboral, conforme a la definición de contrato de trabajo contenida en el artículo 7 del Código del Trabajo en relación con el artículo 8 del mismo texto legal.

Que de acuerdo a la realidad verificada directamente por la funcionaria fiscalizadora, lo que aparecía era una relación laboral de subordinación y dependencia descrita por la ley laboral; que además la administradora del Local se allanó al requerimiento de corregir la situación de informalidad de los trabajadores cuando se le solicitó; y, asimismo, está la corrección que efectuó el empleador respecto de la trabajadora nombre reservado.

Que en definitiva lo que la fiscalizadora realizó fue una constatación de hechos y no una interpretación de los contratos como ha alegado la recurrente, toda vez que lo descrito fue objeto de su propia observación, al fiscalizar personalmente la pista de patinaje en hielo, de propiedad de la recurrente, lo que no ha sido negado ni puesto en duda por el recurrente.

SÉPTIMO: Que, en relación con las facultades fiscalizadoras de la Dirección del Trabajo, ejercidas en la práctica por sus funcionarios, la Corte Suprema se ha pronunciado, conociendo de un recurso de Queja y ha señalado que “…Por su parte, el artículo 505 del Código del Trabajo establece: "La fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen". "Los funcionarios públicos deberán informar a la Inspección del Trabajo respectiva, las infracciones a la legislación laboral de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus cargos" Los restantes artículos contenidos en el Título IV del Decreto con Fuerza de Ley mencionado (DFL Nº 2 de 1967), precisan específicamente las atribuciones de los Inspectores en el ejercicio de sus funciones, y en su artículo 1° se previene que le corresponde como función particular a la Dirección del Trabajo, la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral y fijar de oficio o a petición de parte por medio de dictámenes el sentido y alcance de las leyes del trabajo, además de la divulgación de los principios técnicos o sociales de la legislación del ramo, la supervigilancia de los organismos sindicales y de conciliación y la realización de toda acción tendiente a prevenir y resolver los conflictos del trabajo. De este modo, de la letra y del sentido de las indicadas disposiciones, no se infiere ninguna prohibición taxativa en cuanto a las facultades que les asiste para animar el marco legal en que deben desarrollar sus funciones; y al contrario, allí se alienta a ejercerlas en el caso concreto que se les presente, lo que no conlleva necesariamente la auto atribución de una potestad jurisdiccional, que se relaciona más bien con un conflicto desatado en una situación debatible, que con la imposición de un marco legal determinado a una situación fáctica fiscalizable” (Corte Suprema , Cuarta Sala, rol 1879-2014, considerando sexto, fallo de dos de abril de dos mil catorce).

OCTAVO: Que en el asunto que nos ocupa, no ha habido por parte de la inspectora del trabajo atribución de competencias que no le pertenecen, tal como se ha expuesto supra. Que por tanto la actuación del Servicio recurrido ha sido dentro de la esfera de sus atribuciones, no siendo ni ilegal, menos arbitraria, se ha enmarcado dentro de la ley y no ha sido antojadiza como lo sería una actuación arbitraria.

Que en consecuencia no se ha vulnerado ninguna de las garantías constituionales alegadas por la recurrente. En efecto, no ha existido vulneración al inciso quinto del númeral 3 del artículo 19, pues la fiscalizadora, al cursar la multa ejerce atribuciones administrativas luego de constatar hechos, no siendo de carácter jurisdiccional dicha actuación. Que en cuanto a la violación de la libertad de trabajo y el derecho de propiedad, no se vislumbra de qué forma el extender una multa, que es una sanción pecuniaria de carácter administrativo, de aquellas que la ley permite al fiscalizador cursar y que es esencialmente revocable y revisable, por las vías que la ley otorga al multado, puede constituirse en una vulneración al derecho al trabajo o la propiedad.

NOVENO: Que por las razones expuestas en los motivos precedentes el recurso de protección no podrá prosperar en defintiva.

Por tanto, según lo obrado en estos autos y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la tramitación y fallo del Recurso de Protección, se resuelve que, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por Roberto Ibarra Videla, actuando en representación de Cero Grado Comercial Limitada, en contra de la Inspectora Comunal del Trabajo de La Serena, doña nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese cuando corresponda.

Redactó la abogado integrante Elvira Badilla Poblete Rol N° 1052-2017.- Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones integrada por el Ministro Titular señor Fernando Ramirez Infante, el Fiscal Judicial señor nombre reservado y la abogada integrante señora Elvira Badilla Poblete.

En La Serena, a dos de agosto de dos mil diecisiete, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.