nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

nombre reservado

Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Recurso de protección Rol N°1051-2025 La Serena, veintinueve de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de doña nombre reservado, y deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., señalando como acto ilegal y arbitrario el rechazo verbal de la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, ejecutado el 11 de junio de 2025, lo que vulnera el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que la recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales, conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156, en virtud de su calidad de técnico extranjero. La recurrente es notificada mediante correo electrónico el 26 de mayo de 2025, indicando que el trámite se encuentra detenido a la espera de acompañar el certificado de afiliación a la seguridad social del país de origen legalizado o apostillado. Lo anterior implica que el trámite se encontraría detenido indefinidamente, puesto que la legalización o apostilla requiere de la existencia de relaciones diplomáticas entre los estados de Chile y Venezuela. Refiere que, de forma telefónica la recurrida le informa que su solicitud impetrada se encontraba rechazada, en virtud de que el certificado de afiliación del seguro social del país de origen tiene que estar apostillado o legalizado.

Hace referencia a lo señalado en el artículo 1° y 7° de la Ley 18.156 conforme a los cuales, en caso de que trabajadores extranjeros registren cotizaciones en una administración de fondos de pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieran depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo primero, norma que exige que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen previsional o de Seguridad Social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Señala que la actora cumple con los requisitos mencionados siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización en su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato y sus documentos.

Agrega que la respuesta entregada por la AFP, evidencia el actuar arbitrario e ilegal, puesto que: a) el rechazo se obtuvo de forma verbal, sin que medie una debida fundamentación; b) se acompañó constancia certificada emitida por la autoridad de seguridad social del país de origen, con código alfanumérico a efectos de acreditar la constancia y; c) La recurrida cuenta con distintos medios para acreditar que el recurrente efectivamente se encuentra afiliado, por lo que la interpretación realizada por la AFP recurrida, es a todas luces arbitrario e ilegal.

Alega que, lo anterior deviene en un actuar caprichoso y, sin sustento jurídico, puesto que todo solicitante tiene derecho a una respuesta debidamente fundamentada, concluir como lo realizó la Administradora de Fondos de Pensiones conduciría a la vulneración los derechos fundamentales de la Igualdad Ante la Ley y el Derecho de Propiedad.

Lo anterior, dice relación a que las constancias emanadas de la seguridad social de Venezuela incluyen un código alfanumérico el cual puede ser verificable en la web señalada, y este código de verificación se encuentra en la parte inferior de la constancia. Señala que la constancia electrónica es verificable existiendo una conducta o misiva de verificar la afiliación, lo que deviene en un actuar ilegal y arbitrario en cuanto se argumenta que la constancia electrónica no se encuentra vigente, no obstante, emanar de un organismo público y verificable en la web oficial de institución, con la agravante que acompañó el certificado de afiliación legalizado ante el consulado de Venezuela y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, verificable a través del código QR, lo que lleva a concluir que la recurrente efectivamente se encuentra afiliada a la Seguridad Social de su país de origen y que el actuar de la recurrida es arbitrario e ilegal.

Culmina solicitando se ordene reconocer la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos previsionales solicitados, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Acompaña a su recurso: 1. cédula de identidad para extranjeros; 2. foto captura que evidencia comunicación telefónica; 3. comunicación electrónica de la AFP que indica que el trámite de nombre reservado se encuentra detenido; 4. constancia electrónica de afiliación previsional del país de origen; 5. Título profesional apostillado, que acredita profesión de nombre reservado; 6. certificado emitido por la AFP, que acredita domicilio recurrente; y carta de aprobación de AFP, que autoriza retiro de fondos de pensiones cumpliendo con los mismo requisitos que el recurrente de marras.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo del recurso con costas.

En primer término, alega improcedencia de la acción de protección, por resultar evidente que la materia en cuestión no es propia de la acción cautelar, pues lo solicitado es en definitiva es una modificación de los cuerpos normativos que regulan el sistema de pensiones, lo que no se condice con la finalidad de un recurso de protección, y la excede, pretendiendo discutir la constitucionalidad del DL 3.500 en sede cautelar y de emergencia.

Explica que, su representada rechazó el 26 de mayo de 2025 solicitud de la recurrente de autos, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones, las cuales debe observar. Hace presente que, en todo este tiempo, la actora no ha recurrido a la Superintendencia de Pensiones, organismo estatal de carácter técnico que ejerce la supervigilancia de todas las Administradoras de Fondos de Pensiones exponiendo su caso para efectos de obtener pronunciamiento del regulador.

En cuanto al derecho, se refiere al Decreto Ley 3.500, y las competencias y obligaciones que le otorga. Agrega en relación a la Ley 18.156, que su artículo 1° de la Ley N°18.156, y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, regulan la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, siempre que den cumplimiento a los requisitos prescritos en el artículo 1° de dicha Ley y en el Libro II Título XI, del referido Compendio de Normas. Por su parte, el artículo 7° de la misma ley otorga la facultad de solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, a los trabajadores extranjeros afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del citado cuerpo legal, los cuales deben ser cumplidos de forma copulativa.

Hace presente, que el comportamiento adoptado por su representada no ha sido ni ilegal ni arbitrario en lo que respecta a la situación que afecta al recurrente de autos, ni mucho menos ha carecido de razonabilidad, sino que muy por el contrario ha significado dar cumplimiento a sus obligaciones legales, y por tanto no se ha vulnerado ninguna garantía constitucional.

Solicita rechazar el recurso con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que es dable sostener que el rechazo al retiro pedido por la actora lo fue basado en el incumplimiento de los requisitos legales. Esta Corte, a su turno, comparte la postura de la recurrida por las siguientes razones:

1.- En primer término, valga recordar que el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Por su parte, el artículo 7 de la Ley N°18.156 establece que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”, esto es, “a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.”

Al respecto, no consta satisfecha la exigencia de haberse anexado los documentos indicados, en especial, aquel consignado en la letra a) precedente, esto es, el certificado previsional en una entidad extranjera con vigencia a la fecha del requerimiento, sobre todo por la redacción de la norma, que exige la actualidad de dicha pertenencia (“que se encuentre afiliado”), circunstancia que es tácitamente reconocida por la actora, al sostener que ese dato podía ser revisado por la misma entidad recurrida. Aquello es contrario a la lógica, considerando que es la parte quien debe acreditar el cumplimiento de las exigencias legales.

Por lo demás, el documento anexado a folio 1 no es idóneo para satisfacer la exigencia, al no cumplir con las exigencias básicas para considerarlo como válido en Chile, al tratarse de un documento extranjero sin la debida legalización exigida por nuestra ley nacional.

2.- A lo anterior abona que la recurrida sustenta su oposición a la improcedencia de acoger el requerimiento, por no cumplirse las exigencias legales referidas. Aquello deja en evidencia que el derecho que se exige carece del carácter de indubitado, elemento propio de las garantías que pueden ser impuestas por esta vía constitucional y de excepción, nueva razón para desechar el presente arbitrio.

3.- Finalmente, en cuanto a la lectura de la ley, resulta acorde a los intereses del recurrente cuyo sentido no es compartido por esta Corte, desde que la Ley N°18.156 fue dictada para permitir el retiro extraordinario de fondos acumulados por ciertos trabajadores extranjeros temporales, facultad que no cuentan los demás trabajadores nacionales, de manera que la excepcionalidad debe leerse con tal rasgo y, por ende, ser exigentes al momento de cumplir sus estándares. Al no ocurrir, el rechazo debe ser confirmado pues, lo contrario, importa provocar una desigual protección ante la ley.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1051-2025. Protección