Protección contra Juez Suplente del Juzgado de Letras de Garantía de Combarbalá

nombre reservado

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Recurso de protección Rol Nº 1051-2021.- La Serena, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el 29 de junio de los corrientes, a folio 1, comparece nombre reservado, chilena, soltera, dueña de casa, domiciliada en domicilio reservado, compareciendo por sí en calidad de hija de nombre reservado, chilena, soltera, jubilada, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, de su mismo domicilio, y deduce recurso de protección en contra de la Juez Suplente del Juzgado de Letras de Garantía de Combarbalá, doña FRANCISCA PAVÉZ CEPEDA, en conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución de la República, y por haber dictado una sentencia en la causa Rol C-21-2021, de fecha 17 de junio de 2021, caratulada “nombre reservado con nombre reservado” sobre juicio posesorio de amparo, perjudicando gravemente a su madre.

Relata que en virtud de escritura pública que adjunta y que se encuentra anexada en la causa, su madre es única dueña de la propiedad denominada Lote D, la que se encuentra inscrita a su nombre de fojas 37 a 39 N°21, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Combarbalá, correspondiente al año 2019, asimismo es dueña y tiene instalado en su domicilio, sendos empalmes domiciliarios de luz y agua potable, por lo que paga los derechos respectivos.

Alega que aun teniendo conocimiento de lo anterior la juez recurrida, sin hacer un adecuado análisis de los antecedentes probatorios aportados por parte de su madre en el juicio, en forma ilegal y abusiva y por mero capricho, transgrediendo los requisitos para la acogida de la demanda de amparo y sin que la demandante tenga siquiera la capacidad para deducir la demanda, se verifica la falta de legitimación procesal (activa), requisitos para que ella fuere probada, ha acogido una demanda de amparo deducida en contra de su madre, aceptando como valido sin un análisis adecuado lo que dedujo la parte demandante, no obstante haberse controvertido.

Señala que el objeto de la querella de amparo, como la intentada en estos autos, es conservar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos, y procede cuando se ha tratado de turbar o molestar al poseedor en su posesión o en el hecho se le ha molestado o turbado. Toda acción posesoria persigue un efecto fundamental cual es el de devolver o reintegrar la posesión al mismo estado que tenía antes de la turbación.

Reproduce los requisitos de la acción intentada ante el juzgado emplazado, los que a su juicio no se verificaron. Entonces no se vislumbra ninguna de las infracciones de ley acusadas por el recurrente y que en una resolución carente de fundamento legal y caprichosa ha efectuado la señora Juez recurrida, puesto que, para el éxito del interdicto de esta naturaleza, el hecho generador de la turbación debe importar discutir la posesión del agredido, contradecir la posesión ajena, de manera que si los actos carecen de esa dirección no se justifica el interdicto posesorio y habrá que recurrirse a otro tipo de acciones.

En la especie se reclama una serie de actos ejecutados por el querellado, su madre, que fueron realizados en un inmueble inscrito a su nombre, sin invadir o impedir el paso a la propiedad del querellante, ni pretender disputarles su posesión, por lo que no concurren los presupuestos de la institución denunciada.

En efecto, de acuerdo a lo señalado por la doctrina, el acto de turbación o molestia supone una invasión o amenaza de invasión en la esfera posesoria del individuo que, sin llegar a la privación de la posesión, pone en duda la misma e impide o dificulta su ejercicio tal y como lo venía realizando antes de la “inquietación”. El tercero debe realizar estos actos con la intención de poseer, lo que surgirá de la exteriorización de su comportamiento y la realización de actos posesorios, por lo que aquellos actos que no tendiesen a hacer entrar al autor en posesión de la cosa, no podrían considerarse como acto de turbación de la posesión.

De lo dicho, es posible concluir que la regla contenida en el artículo 921 del Código Civil no pretende amparar la posesión frente a cualquier acto de molestia, sino de aquellos que se orienten en el sentido indicado, de suerte que los hechos signados, en la querella, no quedan comprendidos en la protección que brinda la querella en comento, sin perjuicio de otras acciones que pudieren ejercer los actores.

A mayor abundamiento y basado en los mismos argumentos expuestos, solicita tener presente que, para poder figurar y actuar eficazmente como parte en un proceso determinado y específico, no basta con disponer de la aptitud general de la capacidad, sino que es necesario, además, poseer una condición precisa y referida, en forma particularizada, al proceso individual de que se trate. Tal condición ha sido denominada legitimación procesal y consiste en la consideración especial en que tiene la ley, respecto de un proceso particular, a las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto del litigio y en virtud del cual se exige, para que la pretensión de fondo pueda ser examinada, que dichas personas figuren como tales en el proceso. En tal sentido, la legitimación activa o pasiva es un presupuesto procesal de la sentencia, por lo que de constatar que ésta falta o no existe, el juez está obligado a declararlo de oficio y omitir pronunciamiento sobre el conflicto promovido.

Al constituir, en la especie, un requisito esencial de la querella posesoria entablada por la actora, que ésta sea poseedora de la cosa cuya restitución solicita, calidad de la cual, carece, se verifica la falta de legitimación procesal (activa) antes descrita.

Solicita se ordene de inmediato hacer cesar el abuso en cuanto se le impide a su madre, cerrar perimetralmente su propiedad y se le obliga a ceder, derechos de luz y agua a terceros, situación que no competía haberla resuelto, y para los efectos de resolver peticiona se traiga a la vista el expediente civil en el cual constan los argumentos y hechos que sirven de base a este recurso. Sin perjuicio de pedir informe a la magistrada recurrida.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe la recurrida nombre reservado, Secretaria Titular del Juzgado de Letras y Garantía de Andacollo informa lo siguiente.

Indica que en su calidad de juez suplente del Juzgado de Letras y Garantía de Combarbalá, dictó la sentencia definitiva materia del presente recurso de protección con fecha 17 de junio de 2021 en la causa Rol C-21-2021, caratulada “nombre reservado con nombre reservado”, juicio de amparo posesorio. En dicha sentencia se hace lugar a la demanda, accediéndose a la misma. En resumen, se tomó tal decisión por tratarse de un problema de propietarios de un predio subdividido en lotes en donde a una de las copropietarias de uno de los lotes, quien además construyó una casa en el lugar, se le impedía el acceso a la misma por medio de alambrados levantados por la madre de la recurrente, además de haberle retirado los empalmes eléctricos comunes a los lotes por alegar que estos pertenecían exclusivamente a la demandada y hoy recurrente de protección; dicha decisión se adoptó conforme al mérito del proceso por estimar que se cumplieron los requisitos legales de la acción impetrada, a diferencia de lo expuesto por la recurrente.

En cuanto a los hechos que expone la recurrente, quien comparece en representación de su madre doña nombre reservado, demandada en dicha causa y cuyos derechos se habrían visto gravemente vulnerados, señalando que la sentencia dictada adolece de ilegalidad y arbitrariedad por cuanto habría sido dictada de forma caprichosa y abusiva -fuertes epítetos para el trabajo de una magistrado-, sin hacer un adecuado análisis de los presupuestos de la acción ejercida, sin haber valorado debidamente los medios de prueba aportado por la demandada y sin haberse pronunciado sobre las alegaciones de falta de legitimación activa de los actores de dicha demanda.

Seguidamente, la recurrente hace un profuso análisis de los requisitos de la doctrina clásica de dicha acción posesoria, de los requisitos de la acción de amparo posesorio y de cómo el primero de los requisitos ha sido incumplido en la especie, señalando que su madre, la protegida, es la única ama, señora y dueña de la propiedad denominada lote D del predio denominado “Peralillo”, inscrito a fojas 37 a 39 nº21 del registro de Propiedad año 2019 del Conservador de Bienes Raíces de Combarbalá.

Señala que entre las partes de dicho juicio existe otra causa pendiente, ante el mismo tribunal, de rescisión de contrato por lesión enorme en autos C-116-2020 que recae justamente en el inmueble cuyo derecho de propiedad detentaría la protegida.

En la especie, a juicio de la suscrita no se observa la vulneración de derechos alegada, por diversas razones de forma y fondo que pasan a exponerse.

En primer lugar, la acción de protección está establecida para restablecer el imperio del derecho ante la turbación y amenaza de derechos que se encuentran indubitados; tal no es el caso de autos por cuanto ya se ha señalado que lo discutido en el juicio es si hay o no exceso en el ejercicio de las facultades del dominio que señala la recurrente le asisten. Se trata además, de una discusión respecto de un inmueble que tiene la calidad de litigioso, por lo que también se ve en entredicho el derecho de dominio de la recurrente sobre dicho inmueble. En tales términos se ha pronunciado la Corte Suprema en causas rol 10962-2011 y 4656- 2011, a modo de ejemplo.

En segundo lugar, la acción de protección no es la vía idónea para impugnar resoluciones judiciales. Ante el concepto de agravio que subyace en el recurso evidentemente la vía procesal pertinente es recurrir de acuerdo al régimen de impugnación que corresponda al procedimiento en comento, lo que en efecto ha ocurrido, toda vez que la parte demandada -en favor de quien se interpone el presente arbitrio- apeló de la sentencia definitiva con fecha 30 de junio, siendo concedido el recurso y elevados los autos con fecha 7 de julio del presente. Es así entonces que la recurrente pretende la impugnación de la sentencia definitiva dictada por esta juez a través de dos mecanismos procesales diversos, cuestión que contraría la seguridad jurídica y la economía procesal al someter a doble revisión la misma sentencia ante el mismo órgano jurisdiccional.

En tercer lugar y en cuanto al fondo, la recurrente señala solo someramente que la decisión de esta juez afecta su derecho de propiedad, concretamente la facultad de cerrar su loteo y de disponer de sus derechos de luz y agua. Pues bien, ello nuevamente corresponde a un análisis de fondo del fallo recurrido y no existe una afectación de tales derechos; el hecho de que la demanda sea acogida no implica negar la posibilidad de demarcar su lote o de pagar su propio consumo de agua y luz, sino que el ejercicio de dicha facultades del dominio debe realizarse a su vez, conforme a derecho y sin perturbar el derecho ajeno, como estimó esta juez en la sentencia que en la especie no estaba ocurriendo. El actuar de la protegida implicaba impedir el paso de los demás propietarios – la demandante en concreto- a su respectivo lote, y privarla además de su suministro de luz y agua. Existen desde luego otras formas de instalar una demarcación o cierre sin perturbar el derecho de paso de los demás propietarios -aunque ellos no cuenten con una servidumbre de paso- o bien instalar más de una conexión o empalme en una propiedad con un solo rol y ello debe hacerse conforme a la normativa vigente, no siendo suficiente justificación para ello el cambio de nombre de titular de los empalmes existentes.

Existe entonces en la especie, ausencia de afectación del derecho de propiedad, considerando además que no se señala en la especie la forma en que este derecho se afecta, ni que contra la sentencia ya se dedujeron recursos y que por ende, la misma no se ha ejecutado, por lo que en la especie no se observa la premura en el actuar propia de un recurso de protección o necesaria para que éste pueda prosperar.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición y que, por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, para una adecuada resolución del asunto es preciso considerar que la recurrente ha reconocido que lo que pretende impugnar mediante este arbitrio constitucional es la sentencia dictada en los autos civiles seguidos ante el Juzgado de Letras de Combarbalá bajo el rol C-21-2021, con fecha 17 de junio de 2021, por la cual se acoge querella de amparo en contra de su madre doña nombre reservado, decisión que fue objeto de apelación que se encuentra pendiente de revisión en los autos rol ingreso Corte 605-2021.

QUINTO: Que, en este contexto, el recurso de protección, no puede ser entendido como una vía paralela para analizar y ponderar el mérito de una decisión judicial, máxime si existiendo medios recursivos idóneos para reprochar la decisión de un tribunal a quo, la parte los ha ejercido y su decisión aún está pendiente de revisión por esta Corte.

En base a lo dicho, a juicio de estos sentenciadores, el conflicto judicial vigente en que la recurrente tiene la calidad de demandada y apelante, permiten situar esta discusión en un ámbito que escapa de la acción constitucional ejercida, toda vez que esta última supone hechos ciertos y derechos indubitados en juego, nada de lo cual ocurre en la especie, pues como se desprende del propio libelo intentado, es dable entender que las situaciones fácticas que afectarían el derecho de propiedad, en que sostiene su recurso son, básicamente hechos controvertidos y que se trata de una materia no susceptible de ser solucionada en esta sede.

SEXTO: Que, además, cabe recordar que el recurso de protección es un procedimiento excepcional que “Se aplica sólo cuando existe una amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de un derecho esencial producida por una acción u omisión arbitraria o ilegal de un tercero, sea este público o privado, existiendo una manifestación de dicha actuación que no requiere de un proceso de prueba complejo, la afectación del derecho debe ser relativamente clara o evidente. En caso contrario, debe utilizarse el procedimiento ordinario o sumario correspondiente.” (Nogueira Alcalá, Humberto; El Recurso de Protección en el Contexto del Amparo de los Derechos Fundamentales Latinoamericano e Interamericano, en Revista Ius et Praxis, 13 (1): 75 - 134, 2007), por lo que abona el rechazo de este recurso el hecho que nos encontramos en sede cautelar de urgencia en la cual no es dable una discusión para la declaración de derechos dubitados, lo que requiere de un proceso de lato conocimiento, circunstancia esta última presente en la especie, pues del tenor de las argumentaciones de los intervinientes se revela una diferente apreciación de los hechos acaecidos lo que no puede ser solucionado vía recurso de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, por sí y en favor de nombre reservado.

Notifíquese, comuníquese y regístrese.-.

Rol N° 1051-2021 (Protección).-