nombre reservado con UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE

nombre reservado, nombre reservado

Universidad Central de Chile Recurso de Protección Rol N°1050-2021.- La Serena, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno comparece nombre reservado, abogado, deduciendo recurso de protección en contra de la Universidad Central de Chile, en virtud de los actos derechamente ilegales, arbitrarios y sin razonabilidad alguna ejercidos por la recurrida en contra de su persona y que consta en el informe evacuado con fecha 28 de mayo del 2021 en causa Protección 439–2021, del cual tomó conocimiento el día 2 de junio del 2021, que actualmente conoce esta Corte de Apelaciones.

Expone haber estudiado la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile sede La Serena obteniendo la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. En el mes de marzo del año 2018 ingresó a impartir clases de Derecho Romano en su misma casa de estudios. Con fecha 23 de agosto del 2018, por concurso público, ingresó en calidad de profesor jornada completa.

Agrega que, tras una serie de desavenencias y exclusiones hacia su persona, y por la inmisión de un dependiente de la recurrida en su vida privada y amorosa, dedujo denuncia ante el Comité de Ética de la recurrida, la que fue rechazada, proceso en el cual la recurrida de autos tomó conocimiento de antecedentes de su vida privada.

Con posterioridad a ello, la persona que hasta entonces había sido su pareja comenzó a vivir una serie de hostigamientos que derivaron en un procedimiento de investigación ante el Comité de Ética, Unidad de Género, con denuncias cruzadas y una serie de comentarios de pasillo. Hace presente que ambos se conocieron en el año 2013 siendo estudiantes de Derecho en la Universidad Central y que su relación siempre se mantuvo dentro de una esfera de privacidad, toda vez que, hasta aquella fecha, su círculo familiar no sabía de su condición y opción sexual.

Sin perjuicio de lo anterior, a raíz de una serie de episodios de depresión y decaimiento anímico, tuvo que reunir a su familia e informar de la situación que se encontraba viviendo en la Universidad, situación que le causó un quiebre familiar complejo y prolongado. Paralelamente, dentro de la Facultad de Derecho y Humanidades de la recurrida fue sacado de la docencia directa en aula y se le asignaron funciones de investigación en calidad de profesor jornada, sin embargo, su contrato de trabajo nunca fue modificado a pesar de haber hecho solicitud por escrito toda vez que las condiciones contractuales por las que había sido contratado derechamente habían cambiado.

Después de relatar diversas dificultades y exclusiones experimentadas al interior de la Universidad Central, expone que se desvinculó de dicha casa de estudios a través de un “mutuo acuerdo” el día 10 de mayo del 2021, fecha en que dejó de prestar funciones, sin perjuicio de lo cual el respectivo finiquito se firmó recién el día 3 de junio y los pagos indemnizatorios se liberaron el martes 8 de junio siguiente por una serie de negligencias en la Unidad de Recursos Humanos de la recurrida.

Sin perjuicio de lo anterior, pensando que la tempestad en la Universidad Central había terminado y que debía seguir reconstruyendo su vida personal y profesional, con fecha 2 de junio del 2021, se enteró a través de la tabla de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, del hecho de existir un Recurso de Protección en contra de la Universidad Central deducido por su expareja por una serie de vulneraciones. Al revisar la causa y el informe evacuado por la Universidad Central de Chile, se percató de manera sorpresiva que en éste se hacía alusión con nombre y apellido a su persona, develando derechamente información de carácter sensible que la Universidad Central de Chile maneja sólo por el hecho de haber conocido de la denuncia hecha por su parte en contra de un dependiente de la recurrida ante el Comité de Ética de la Universidad, situación que a su juicio traspasa los límites de nuestro ordenamiento jurídico constitucional, develando información sensible relativa a su opción sexual y a la identidad de su expareja.

Sostiene que la recurrida de autos, la Universidad Central de Chile, ha incurrido en actos que afectan el núcleo esencial de lo dispuesto en el artículo 19 numeral 1 y numeral 4 de la Constitución Política, esto es, una vulneración sobre su integridad física y psíquica, vulneración a la protección de su vida privada y a la honra de su persona.

Añade que el actuar de la Universidad Central de Chile, además de ser inconstitucional, es ilegal, toda vez que transgrede gravemente la ley 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, refiriéndose específicamente a las letras e) y f) del artículo 2° y al artículo 7° de dicho cuerpo legal. Como corolario de las normas citadas, la recurrida de autos maneja información de carácter personal y sensible de su persona, toda vez que se desempeñó como trabajador desde el día 13 de agosto del año 2018 hasta el día 10 de mayo del 2021 y durante ese lapso reunió antecedentes de carácter personal y sensible que ahora están usando sin su autorización, en un proceso judicial de carácter público, justificando un actuar que se imputa como ilegal y arbitrario.

Agrega que el actuar de la recurrida, a su vez, es arbitrario, toda vez que el mismo carece de razonabilidad alguno.

Por estas consideraciones solicita se ordene que la Universidad Central de Chile se abstenga de la utilización de sus datos personales y sensibles en cualquier tipo de instancia judicial o extrajudicial y que digan relación con su vida privada, tales como orientación sexual, identidad de su expareja, antecedentes psicológicos y psiquiátricos que obren en su poder sin su debida autorización y disculpas institucionales, con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1) Informe psiquiátrico del Dr. nombre reservado; 2) Informe evacuado por la recurrida en causa Protección 439-2021 Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena; 3) Mail enviado a altas autoridades con fecha 2 de junio del 2021.

SEGUNDO: Que, evacuó informe Andrés Ruiz Ibáñez, abogado, en representación de la recurrida.

Expone, en lo pertinente, que la relación laboral con el recurrente se terminó de mutuo acuerdo, mediante finiquito suscrito ante notario, sin reserva de derechos, el día 03 de junio de 2021, esto es, un día después de tener conocimiento -acorde a sus dichos- del informe evacuado por esa recurrida en causa rol de ingreso 439-2021, caratulado nombre reservado con Universidad Central de Chile. Añade que, de haber tenido reclamo alguno sobre la relación laboral o el término de la relación contractual, el recurrente habría planteado sus alegaciones en dicho instrumento, en el que se incluye una cláusula por la que el trabajador declara “…que se le dio protección eficaz sobre su vida y salud y un trato digno y no discriminatorio, con pleno respeto a sus derechos fundamentales.”

Reitera que el recurrente tuvo conocimiento del informe que supuestamente causó vulneración a sus derechos fundamentales antes de la firma del finiquito, instrumento donde pudiendo plasmar reserva de derechos -que por su profesión no podía sino saber que aquella era la oportunidad para manifestar un reclamo- no lo hizo.

En cuanto al fondo, informa que el recurrente señor nombre reservado inició un procedimiento de ética en contra de una docente, por hostigamientos, malos comentarios, inmiscuirse en su vida privada y especialmente en su relación de pareja. El comité revisó su caso y resolvió rechazar su pretensión, decisión que fue confirmada en todas sus partes por el Rector, quien actuó como instancia revisora.

En forma paralela a la actuación del recurrente recién explicada, el estudiante presentó una denuncia en contra de la misma docente, por similares hechos, que se substancia según las reglas al Protocolo de Género, llevándose a cabo el procedimiento que es declarado nulo. Producto de ello se realiza uno nuevo, con diferentes comisiones, proceso que culmina con rechazar su pretensión, decisión que también es confirmada por el Rector al resolver el recurso de apelación.

Añade que, con motivo de la decisión desfavorable, con fecha 15 de mayo de 2021 el estudiante interpuso recurso de protección en contra de la Universidad Central de Chile tramitado ante esta Ilustrísima Corte de Apelaciones rol 439-2021 por la inobservancia en la conformación de las comisiones investigadora y juzgadora respecto de la segunda investigación acorde a los lineamientos del Protocolo de Género.

Sobre esta segunda investigación, señaló el actor que no se cumplió con los requisitos para la conformación la Comisión Investigadora y Juzgadora, vulnerándose el Debido Proceso al conformar una comisión especial para conocer de la denuncia. Teniendo presente que el estudiante recurrió por una eventual inobservancia de la conformación de las comisiones, la defensa de la Universidad consistió en explicar -además de la extemporaneidad de la acción- que las Comisiones Investigadora y Juzgadora de esta investigación se conformaron de manera correcta. Para ello, se hace un resumen -miembro por miembro de ambas comisiones- de las razones de la integración.

Respecto de la Comisión Investigadora se explica a esta Corte que no conformaron la nueva Comisión Investigadora los designados el año 2019 como “miembros permanentes”, puesto que la psicóloga nombre reservado había conocido de los hechos en la investigación declarada nula por resolución del Rector y el abogado que hacía la dupla investigadora, señor nombre reservado, era pareja del denunciante (informado tanto por el estudiante como por el docente). Por tanto, se conformó la segunda investigación de los mismos hechos con dos profesionales distintos a los ya mencionados, quienes no tenían relación de amistad o alguna parcialidad respecto de las partes.

Destaca que no se acompañaron las declaraciones o informes que constan en el procedimiento interno, y tampoco se difundió esta información en medios de comunicación o redes sociales. Lo único que su parte realizó -y que es objeto de reproche por el recurrente- fue informar a un Tribunal de la República una circunstancia específica y que incidía directamente en el asunto sometido a su jurisdicción, cual fue explicar las razones por las cuales el señor nombre reservado no integró la Comisión Investigadora.

Por otra parte, sostiene que debe tenerse presente que en la misma investigación del Protocolo de Género el recurrente declaró a favor del estudiante, manifestando que fueron pareja. Por lo tanto, no es efectivo que solo conoció la Universidad de dicho dato en el Comité de Ética, sino que voluntariamente lo hizo presente el recurrente en esta otra investigación interna.

Reafirma que fue en ese único sentido por el cual su parte hizo presente que el recurrente en estos autos, señor nombre reservado, no podía conformar la Comisión Investigadora. De no haber informado de ello, legítimamente podría haberse entendido -erróneamente- que el señor nombre reservado, como miembro permanente de la Comisión, debía integrarla y que la Universidad habría conformado una comisión especial.

Aclara que no se acompañó la investigación completa, puesto que ella tenía antecedentes de fondo que no eran pertinentes al recurso, como todas las declaraciones -incluyendo testimonio del recurrente en autos nombre reservado-, informe de la Comisión Investigadora o informes psicológicos. Lo anterior, no solo para resguardar datos sensibles del señor nombre reservado, sino también de la docente denunciada y de los testigos que fueron a declarar.

Destaca que el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías constitucionales señala que es obligatorio presentar informe y todos los antecedentes que existan en poder de su parte relevantes sobre el conflicto jurídico (artículo 3°); en caso de no informar o no entregar los antecedentes que la Universidad tenga en su poder, el Auto Acordado establece diversas sanciones (artículo 15°). En cumplimiento de dicho Auto Acordado, su representada informó todos los antecedentes que tuviesen relación con la conformación de las comisiones. No podía sino remitirlas ni informar parceladamente, puesto que un Tribunal de la República estaba solicitando dichos antecedentes.

Refiere que el actuar de su representada fue razonable y proporcional.

Por estas consideraciones solicita se desestime en todas sus partes el recurso de protección presentado en contra de la Universidad Central de Chile, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, tal como fuera aclarado en estrados por el actor, el hecho que se reprocha a la recurrida consiste en haberse hecho alusión a su persona, con nombre y apellido, en un informe emitido por la Universidad Central a propósito de un recurso de protección interpuesto por un tercero, en términos tales que, según el recurrente, se estaría develando información sensible relativa a su opción sexual y a la identidad de su expareja.

SEXTO: Que, revisadas las copias de la causa rol 439-2021 de esta Corte, acompañadas a este proceso junto con la interposición del recurso, se advierte que el recurrente aparece mencionado solo en uno de los 38 puntos en que se estructura el informe emitido por la Universidad Central de La Serena, en los siguientes términos: “23. Que debe tener presente S.S.I. que no conformaron la Comisión Investigadora los designados el año 2019, puesto que la psicóloga nombre reservado había conocido de los hechos en la investigación declarada nula por resolución del Rector y el abogado que hacía la dupla investigadora, señor nombre reservado, era pareja del denunciante (recurrente en estos autos). Por tanto, se conformó la investigación con dos profesionales distintos a los ya mencionados, quienes no tenían relación de amistad o alguna parcialidad respecto de las partes.” Teniendo presente que el recurso aludido decía relación precisamente con la composición de la comisión que tuvo a su cargo la investigación de un reclamo interpuesto por el recurrente de dichos autos, es posible concluir que la información entregada por la Universidad era absolutamente pertinente y necesaria para la adecuada resolución del asunto.

SÉPTIMO: Que no se advierte que la información entregada por la Universidad contenga una referencia específica a la orientación sexual del recurrente, siendo insuficiente para efectuar una inferencia en ese sentido el mero señalamiento de ser pareja del recurrente, atendida la amplitud semántica del término utilizado. Así, el Diccionario de la RAE contempla entre otros posibles significados los siguientes: “Conjunto de dos personas, animales o cosas que tienen entre sí alguna correlación o semejanza, y especialmente el formado por hombre y mujer”, “Cada una de las personas, animales o cosas que forman una pareja, considerada en relación con la otra”, “Persona que acompaña a otra en una actividad” y sólo en su sexta acepción indica “Compañero o compañera del sexo opuesto o, en las parejas homosexuales, del mismo sexo”. En todo caso, la utilización del vocablo en comento sí permite establecer la existencia de un vínculo significativo entre ambos, de tal manera que solo resulta ser un hecho indubitado que la Universidad, en su informe, entregó efectivamente la información respecto de la identidad de dicha pareja.

OCTAVO: Que la calificación de “datos sensibles” que el actor aplica a la información contenida en el informe ya referido, no es compartida por estos sentenciadores, desde que no se advierte que se estén ventilando asuntos relativos a características físicas o morales del actor, ni tampoco a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, en los términos indicados en el artículo 2 letra g) de la Ley 19.628. Al contrario, la referencia efectuada en el informe se refiere al ámbito profesional del actor, como integrante de una Comisión especializada al interior de la Universidad Central y en particular a las razones por las que fue marginado de la investigación de un caso en particular. Por lo tanto, la Universidad informante no ha efectuado una revelación indebida del ámbito íntimo del actor, sino que ha aportado al proceso respectivo un elemento relevante de su participación en el ámbito público.

Si bien es efectivo que las relaciones familiares y afectivas pueden formar parte del ámbito privado de una persona, hay múltiples circunstancias que pueden llevar a limitar la reserva que les es debida. La propia Ley 19.628 hace referencia a la exclusión de su ámbito de aplicación de los aspectos relacionados con el ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar. Por otro lado, quienes ejercen cargos públicos se encuentran sujetos a la obligación de transparentar sus vínculos familiares en el marco de la normativa vigente en materia de probidad y transparencia. Esta carga es especialmente intensa respecto de quienes ejercen labores investigativas y/o de juzgamiento, y es así como dentro de las causales de inhabilidad de fiscales y jueces se incluyen no sólo vínculos de parentesco, sino también de amistad, enemistad, e incluso de gratitud, que dichos funcionarios se ven en la obligación de transparentar en procesos en que intervienen, los que, por norma general, tienen el carácter de públicos.

NOVENO: Que, en consecuencia, el hecho de detentar una determinada posición dentro de la Universidad, con facultades investigativas al interior de la misma, ciertamente trae aparejada una mayor exposición en lo que mira a publicidad de las relaciones personales, familiares y afectivas, en particular si involucran a otros miembros de la comunidad estudiantil. Ello deriva de la propia naturaleza de la función investigativa y de la necesidad de evitar conflictos de interés que comprometan su eficiencia, pero sobre todo de garantizar un ejercicio transparente de aquellas atribuciones que pueden derivar en la aplicación de sanciones, como parte del respeto debido a las garantías de los involucrados.

DÉCIMO: Que, por otro lado, debe tenerse en consideración que la remisión de un informe solicitado en el marco de la tramitación propia de una acción de protección de garantías constitucionales no puede en modo alguno calificarse como una actividad de tratamiento de datos de aquellas a que se refiere el artículo 1° de la Ley 19.628, y por lo mismo, tampoco se encuentra sujeta al deber de secreto contenido en el artículo 7 del mismo cuerpo legal. La información del actor remitida por la recurrida no está destinada al poblamiento de bases de datos, limitándose a lo estrictamente necesario atendido el requerimiento efectuado por esta Corte de Apelaciones, en el marco de un proceso sobre protección de garantías constitucionales, por lo tanto en cumplimiento de un deber no solo desde el punto de vista normativo, ya que así lo exige el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección, sino también ético, habida cuenta de la naturaleza del proceso y la función pública de la recurrente, que por lo mismo no puede calificarse de ilegal. Tampoco es posible reprochar arbitrariedad a la recurrida, tanto por la finalidad legítima de la entrega de información, como por la posición que detentaba el recurrente dentro de la institución, según se ha razonado en los motivos precedentes.

UNDÉCIMO: Que, conforme se ha razonado, verificado que la actuación que motivó la interposición del presente arbitrio constitucional no reviste la calidad de ilegal ni arbitraria por parte de la recurrida, no es necesario determinar si el recurrente ha sufrido privación, perturbación o amenaza de un derecho constitucionalmente cautelado, toda vez que no concurriría en tal caso el presupuesto ineludible para que esta acción cautelar pueda ser acogida.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, se resuelve que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Universidad Central de Chile.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Sergio Troncoso Espinoza.

Rol 1050-2021 Protección.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena integrada por los Ministros Titulares señora nombre reservado, señor Sergio Troncoso Espinoza y el Ministro (I) señor Jorge Corrales Sinsay. No firma la señora nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse haciendo uso de su feriado legal.