Protección contra empresa AGUAS DEL VALLE S

nombre reservado y otros Aguas del Valle Recurso de Protección Rol N° 1047-2018 y acumuladas.

La Serena, veinte de diciembre de Diciembre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

nombre reservado, contador auditor, domiciliado en domicilio reservado, Conjunto residencial Los Peñones, Ovalle; nombre reservado, ingeniero en administración de empresas, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, labores, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, labores, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, técnico universitario en electricidad; domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, técnico en prevención de riesgos, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, ingeniero de ejecución en prevención de riesgos, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado., técnico electricista nivel superior, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, enfermera universitaria, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, ingeniero comercial, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, sicólogo, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, sicóloga, domiciliada en domicilio reservado y don nombre reservado, geólogo, domiciliada en domicilio reservado, quienes interpusieron recursos de protección, (acumulados), en contra de la empresa AGUAS DEL VALLE S.A., representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, fundado en que ha incurrido en actos arbitrarios e ilegales, los que habrían conculcado los derechos protegidos en los numerales 1 y 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y numeral 24, según el caso, al comenzar la construcción de un tranque de veintitrés millones de litros de agua a seis metros de distancias de sus casas, sin contar con los permisos y autorizaciones de rigor.

Los recurrentes señalan que se encuentran ante una actuación material de parte de la empresa recurrida, de carácter permanente, que afecta gravemente a 81 familias del loteo “Los Peñones” ubicado en la ciudad y provincia de Ovalle, desde el día siete de agosto de 2018 y que afecta a diario a estas familias. Esto, debido a los procedimientos de construcción de un tranque por parte de la empresa Aguas del Valle S.A. y también a la posibilidad de su finalización, que conllevaría a un estado constante y permanente de miedo por parte de las familias debido a la posibilidad de rompimiento, rebalse o inundación.

Indican que han tomado conocimiento de la situación que denuncian a partir del día siete de agosto de 2018. Agregan que en una reunión se presentó la Empresa Aguas del Valle S.A. a exponer en forma verbal a un grupo de vecinos, sobre el proyecto de construcción de un tranque de veintitrés millones de litros de agua, el cual se emplazaría a seis metros de distancia de sus casas, el cual tendría una dimensión aproximada de 85 por 60 metros. La envergadura del tranque sería de una profundidad de 4,70 metros altura, de los cuales 2,70 metros serian en superficie, y un talud de protección de 2.70 metros desde el nivel del suelo.

Explican que los vecinos se organizaron para solicitar a la alcaldía de Ovalle la paralización de las obras, atendido a que la empresa Aguas del Valle S.A. no contaba con los siguientes documentos: Permisos municipales; Estudio de suelo; Estudio de riesgos; Estudios de impacto ambiental (atendido lo indicado artículo 10 letra O y artículo 11 de la ley 19.300); Declaración de impacto ambiental.

Agregan que el día trece de agosto de 2018, el Jefe del Departamento de Obras de la Municipalidad de Ovalle se presenta en la faena de Aguas del Valle S.A. y detienen los trabajos. Señala que la empresa Aguas del Valle S.A. ha seguido con los trabajos de manera silenciosa, continuando la ejecución de las obras aun cuando la orden municipal fue de paralizarlas.

Agregan que en el sector en donde se pretende realizar el tranque, loteo Los Peñones, es dentro del radio urbano en zona residencial, el cual posee un riesgo de inundación ante cualquier crecida del río Limarí́.

Indican que con los trabajos ya realizados por la empresa Aguas del Valle S.A. se han dañado fuertemente los suelos del loteo “Los Peñones”, hay daños en el sector de recreación del loteo, además, señalan que se ha producido un hundimiento considerable en los sectores de los patios de las casas.

Expresan que la construcción de un tranque altera completamente la plusvalía de las propiedades, debido a los conceptos de seguridad y ambiente. Además, el loteo “Los Peñones” representa un sector urbano de la ciudad de Ovalle, por lo cual, no era posible una representación de la construcción de un tranque o una obra de tal magnitud al momento de la adquisición de las propiedades.

En cuanto a la posible finalización del tranque, los daños ambientales se concentrarían en la aparición de plagas como: mosquitos, moscas, ratas que pueden enfermar a los habitantes del sector con distintos tipos de pestes por el hecho de que su patio prácticamente sea el tranque.

Asimismo, la posibilidad de la finalización de un tranque tan cerca del loteo “Los Peñones” y considerando los demás condominios y poblaciones cercanas al loteo pone en riesgo continuo la vida de los pobladores de la ciudad de Ovalle y principalmente a los cercanos, atentando contra sus vidas y la sus hijos en épocas de lluvias, ya que éstas pueden rebalsar el tranque e inundar el sector.

En cuanto a las garantías constitucionales los recursos estiman que de acuerdo con el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República de Chile no existen grupos privilegiados en Chile, por lo que nadie está por sobre la ley. En este sentido, se ve vulnerado el derecho fundamental de igualdad ante la ley, dado que Aguas del Valle S.A. está actuando por sobre la ley, ignorando los procedimientos necesarios para la construcción de un tranque.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 19 número 1 de la Constitución Política de la República de Chile, que asegura la vida de todas las personas y tanto su integridad psíquica como física, consideran que está siendo vulnerado este derecho por las acciones y pretensiones de Aguas del Valle S.A. respecto a la construcción del tranque, debido a que la finalización de este proyecto crea un constante temor por parte de los vecinos de “Los Peñones” y los condominios cercanos y, además atenta contra la vida de estos en caso de una inundación producto de las lluvias.

Respecto al artículo 19 número 4 de la Constitución Política de la República de Chile que asegura el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. Señalan que este derecho se está viendo vulnerado por el actual proceso de construcción del tranque, en este sentido, el polvo emanado de la construcción puede enfermar a los hijos de los vecinos.

Señalan que en relación al artículo 19 número 8 de la Constitución Política de la República de Chile que asegura el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, derecho que se está viendo vulnerado por la construcción actual del tranque que está emanando polvo a través de los movimientos de piedra y tierra, además de la contaminación acústica que está provocando la construcción.

Finalmente, respecto del recurso interpuesto por don nombre reservado, señalan que el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República de Chile asegura el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Se estima en su inciso tercero que: Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre el cual recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. En este sentido se ha visto vulnerada la facultad de usar del derecho real de dominio, debido a las perturbaciones que han impedido usar el patio de mi propiedad, producto de los desniveles causados por los movimientos de construcción del tranque por Aguas del Valle S.A., esto vulnerando una de las tres facultades, en este caso es el uso, que estipula el Código Civil en el artículo 582.

En definitiva solicitan acoger la acción constitucional interpuesta y ordenar las medidas suficientes para restablecer el imperio del derecho y así evitar que puedan seguir construyendo el tranque en un lugar urbano.

Los recurrentes acompañaron los siguientes documentos: 1.- carta oficio entregada por la Municipalidad de Ovalle a distintos organismos públicos ; 2.- informe de la empresa Aguas del Valle causa C-1023-2017, Primer Juzgado de Letras de Ovalle.

Evacuando el informe solicitado, comparece GABRIELA ARAYA GONZÁLEZ, abogada, en representación de AGUAS DEL VALLE S.A., quien señala lo siguiente:

El recurso de protección es extemporáneo: Indica que con fecha 17 de julio de 2018, personal de la empresa Aguas del Valle S.A., toma contacto con los vecinos del Conjunto Habitacional Los Peñones en Ovalle, reuniéndose con alguno de ellos el día 24 del mismo mes, para el luego el día 28 de Julio del presente año, personal del equipo Agua Sana, dependiente de Aguas del Valle S.A. y encargados de vínculos con la comunidad, proceden a realizar una actividad de contacto puerta a puerta en el Conjunto Habitacional Los Peñones, con el fin de dar a conocer la obra próxima a ejecutar en el terreno colindante a dicho condominio. Posteriormente, el día 7 de agosto del presente año en la vivienda de la señora nombre reservado con la presencia, por parte del recurrido del equipo de comunicaciones, se reúnen el subgerente de ingeniería y planificación nombre reservado, el subgerente zonal Limarí-Choapa nombre reservado y los vecinos del Conjunto Habitacional Los Peñones.

De acuerdo con lo anterior, estima que el plazo de 30 días corridos, contemplado por el constituyente, se encuentra expirado, ya que los vecinos del Conjunto Habitacional Los Peñones, tomaron conocimiento de la obra que describen los recurrentes en su libelo en más de una oportunidad, siendo el día 28 de Julio de 2018, fecha última en la cual ya los vecinos tomaron conocimiento de la obra a desarrollar en el terreno colindante, en razón a que el día 24 del mismo mes hubo acercamiento con los mismos, por lo cual ha trascurrido con creces el plazo de treinta días corridos que establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia a efectos de interponer el recurso de protección respectivo.

Agrega que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer y resolver la presente controversia, ya que es una acción cautelar de derechos constitucionales que constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto a una situación fáctica, que se encuentra perfectamente delimitada, probada o evidente, pues la protección no puede transformarse en un procedimiento declarativo de derechos, el que además es extraordinario, breve y concentrado respecto de garantías cuya afectación se encuentre indubitada y no discutida, lo que no ocurre en la especie.

Los recurrentes al formular su recurso se basan en supuestos hechos, los cuales no tienen ningún sustento material ni legal. Más bien dan cuenta del desconocimiento del funcionamiento del servicio público sanitario en el país y del objetivo del proyecto del que da cuenta en su recurso.

Se pretende que se resuelva un asunto de fondo, que afecta no sólo a la recurrida, sino que a 26.000 usuarios de la ciudad de Ovalle, lo que conlleva a desnaturalizar el objetivo del Recurso de Protección, y además, violenta el derecho constitucional de Aguas del Valle S.A. al debido proceso, ya que conforme a las alegaciones planteadas por los recurrentes en sus libelos (todos ellos idénticos), y la pretensión formulada, corresponde a la recurrida a defenderse en el procedimiento establecido por la ley, de lato conocimiento, y no por esta vía cautelar, especial y extraordinaria destinada a proteger las garantías fundamentales, especialmente de contenido patrimonial.

Aclara que el artículo 2 de Ley 18.902 dispone: “Corresponderá́ a la Superintendencia de Servicios Sanitarios la fiscalización de los prestadores de servicios sanitarios, del cumplimiento de las normas relativas a servicios sanitarios y el control de los residuos líquidos industriales que se encuentren vinculados a las prestaciones o servicios de las empresas sanitarias, pudiendo al efecto, de oficio o a petición de cualquier interesado, inspeccionar las obras de infraestructura sanitaria que se efectúen por las prestadoras, tomando conocimiento de los estudios que le sirven de base.”

Agrega que en dicho contexto y ante los eventos climáticos que han acontecido desde el año 2015 y que han provocado que más de 28.000 clientes se vean afectados por interrupciones del suministro de agua potable en la ciudad de Ovalle, la SISS ha instruido a su representada, mediante Oficio N°118 de fecha 30 de marzo de 2016 la construcción de un tranque de agua cruda, con una autonomía de 18 horas y que además, no cuente con aporte de pozos. Además, la SISS ordenó que esta obra sea incluida dentro del cronograma que forma parte del Plan de Desarrollo, siendo parte este proyecto del plan correspondiente al año 2018. Dicha instrucción fue impartida en base a un análisis de estudios de obras de seguridad para mitigar los eventos de turbiedades en el sector y reuniones sostenidas con la prestadora sanitaria recurrida, de forma tal, que existen estudios y análisis con soporte técnico respecto a la construcción del tranque, todo ello a pesar que los recurrentes señalen que la construcción del tranque carecería de los estudios respectivos.

Agrega, que si bien la SISS imparte como instrucción la de construir un tranque con un volumen de 15.000 metros cúbicos, a su vez señala que este debe tener una autonomía de 18 horas, se determinó aumentar el volumen a 23.000 metros cúbicos, ya que considerando el número de clientes de la ciudad de Ovalle y el caudal de descarga, este volumen cubre con la autonomía exigida por la autoridad sanitaria.

En virtud de lo anterior, dicho ente fiscalizador podrá pedir informes e inspeccionar los servicios, requerir los diseños correspondientes a los proyectos incorporados en el programa de desarrollo, revisar o auditar su contabilidad y, en general, adoptar las medidas necesarias para velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

Señala la recurrida que la Obra “Tranque Los Peñones”, tendrá́ una capacidad de 23.000 metros cúbicos, ocupará una extensión de terreno correspondiente a 102 metros por el poniente y 126 metros por el norte, y beneficiará a más de 26.000 clientes de la ciudad de Ovalle, invirtiendo RUT reservado millones de pesos. El diseño fue realizado por la empresa ICSA SpA en conjunto con personal de la subgerencia de ingeniería y planificación de Aguas del Valle S.A. En esta etapa se realizaron estudios de mecánica de suelos, análisis de estabilidad hidráulico y ensayos de laboratorio que aseguran la estabilidad estructural del tranque y el cumplimiento estándares de seguridad operativa del mismo. Señala que el tranque contempla la aplicación de una tecnología de revestimiento de Geo membrana, que permite garantizar la resistencia y durabilidad para asegurar la impermeabilización, más, una cubierta flotante que permite asegurar la calidad del agua y el no contacto con el medio ambiente. De esta forma se aísla el cuerpo de agua del medioambiente externo, de vectores, junto con evitar pérdidas por evaporación. El coronamiento o ancho de los diques será de 3 metros en todo el perímetro. En general, desde el nivel de aguas máximas se mantiene una revancha de 0.60 m de altura hasta el nivel de coronamiento del dique.

Agrega que en el caso de la comuna de Ovalle, su representada desarrolló los estudios de ingeniería necesarios para llevar a cabo el proyecto, concluyendo que, para enfrentar eventos de turbiedad extrema, sería indispensable el emplazamiento de un tranque de acumulación de agua cruda, siendo el sitio óptimo el recinto productivo Los Peñones, por razones de eficiencia tanto técnica como económica. Su ubicación cuenta con buena accesibilidad, permite un control y monitoreo durante las 24 horas del día de su funcionamiento operativo, a saber, estado de la infraestructura, control de niveles de agua cruda y medición de parámetros de calidad.

Para concretar la ejecución de este tranque, señala el informe que se efectuó́ una ingeniería conceptual y de detalle, que permite cumplir con todos los estándares de seguridad constructivos necesarios, teniendo como respaldo un estudio de mecánica de suelos, que permitió́ determinar el tipo de suelo, la calidad de éste y sus características. Este estudio fue realizado por un especialista en suelos y geotecnia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC); y los ensayos de mecánica de suelos fueron realizados por laboratorio acreditado INVECC de la Universidad de la Serena. Junto con esto, se realizó un análisis de estabilidad en casos de sismos y/o terremotos. Dicho análisis fue realizado por profesionales del DIC/AT (Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de la Santísima Concepción).

La informante señala una serie de acciones y/o actividades realizadas con autoridades y la comunidad a fin de informar sobre la obra y minimizar el impacto en el entorno.

Asimismo, indica que todo recurso de protección debe plantearse en base a la existencia de un acto u omisión, de carácter arbitrario o ilegal, debiendo acreditarse la acción u omisión reprochada, debiéndose además establecer la ilegalidad o arbitrariedad de dicha acción u omisión, y que ésta, de forma directa e inmediata, atente contra una o más de las garantías protegidas procesalmente por la vía de este recurso.

Refiere que los recurrentes no señalan si sus recursos los fundamentan en base a una acción u omisión y si ésta corresponde a un arbitrio o ilegalidad.

Para estar frente a un acto u omisión arbitrario es necesario que estos sean irracionales.

Señala que el proyecto “Tranque Los Peñones” o “Tranque Ovalle” corresponde a una obra que nació́ por instrucciones de la SISS, tras los eventos climáticos acaecidos a contar del año 2015, y con el fin de mejorar el servicio de 26.000 clientes. Por lo que en ningún caso corresponde a una obra que tiene fin antojadizo, o carente de razón o fundamentos.

Tampoco, el recurso de autos da cuenta de una actuación u omisión ilegal, que se pueda atribuir a la recurrida.

Explica que respecto de los permisos, en primer lugar, la obra ya indicada, corresponde a una obra de infraestructura sanitaria, por lo que el otorgamiento de permisos por parte de la Municipalidad respectiva no procede, ya que dicha entidad no otorga permisos para las obras sanitarias ni tampoco las califica, debido a que no tiene competencias para aquello.

Al respecto, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en su artículo 116 dispone que: “La construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación de edificios y otras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición del propietario con las excepciones que señale la Ordenanza General”. A mayor abundamiento, los incisos 3 y 4 del mismo precepto legal determinan: “Deberán cumplir con esta obligación las urbanizaciones y construcciones fiscales, semifiscales, de corporaciones o de Empresas autónomas del Estado y de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad”; “No requerirán permiso las obras de infraestructura que ejecute el Estado, ni las obras urbanas o rurales de carácter ligero o provisorio, en la forma que determine la Ordenanza General”. Si bien respecto de los edificios y urbanizaciones del Estado hay discusiones respecto de la vigencia de la norma sobre permiso municipal, nadie lo discute respecto de las obras de infraestructura, como el caso de la obra de infraestructura que ejecuta Aguas del Valle S.A., ya que no constituye ni edificio ni urbanización. A esto agregamos que la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, en su el artículo 3.2.2 del capítulo segundo del título 3 dispone: “Todo proyecto relacionado con la construcción reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la provisión o purificación de agua potable para el consumo humano, quedara sometido a lo dispuesto en el Código Sanitario y sus Reglamentos. Así también, la explotación de los Servicios Públicos Sanitarios que se vinculan con la producción y distribución de aguas lluvias, quedarán sometidas a lo dispuesto en la Ley General de Servicios Sanitarios y normas sobre la materia que dicte la Superintendencia de Servicios Sanitarios”. “Todas las redes y sus correspondientes obras complementarias vinculadas a cualquier proyecto de urbanización de un terreno, serán de cargo del urbanizador y se ejecutaran en conformidad a las normas y especificaciones técnicas sobre diseño y construcción de este tipo de obras, aprobadas por el Ministerio de Obras Públicas a proposición de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en virtud a lo previsto en la Ley General de Servicios Sanitarios, sin perjuicio del cumplimiento de las normas que sobre la misma materia, se deriven de la aplicación del Código de Aguas y del Código sanitario”. Agrega, que el artículo 4 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones preceptúa que: “Al ministerio de Vivienda y Urbanismo corresponderá́, a través de la División de Desarrollo Urbano, impartir las instrucciones para la aplicación de las disposiciones de esta Ley y su Ordenanza General, mediante circulares”. Es del caso, que este organismo mediante Circular Ordinario N° 295 de 29 de abril de 2009, al pronunciarse bajo el numeral 6 sobre “La procedencia de requerir permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales para la ejecución de obras de infraestructura, así como la calificación sanitaria de estas obras”, incluye expresamente dentro de las “b) OBRAS QUE NO REQUIEREN PERMISO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES”, específicamente los “ductos”, “plantas elevadoras de aguas servidas”, “plantas de tratamiento de aguas servidas”, “plantas de captación de agua potable”, “rellenos sanitarios”, “estaciones de transferencia de residuos, plantas domiciliarias propias de urbanización de un predio singular (de tratamiento de aguas servidas, captaciones de agua potable, estanques, etc.) u otras de similar naturaleza”.

Señala la informante que tampoco se requiere de una autorización por parte de la Dirección General de Aguas, ya que conforme con el artículo 294 del Código de Aguas, requerirán la aprobación de dicha autoridad: Los embalses de capacidad superior a cincuenta mil metros cúbicos o cuyo muro tenga más de 5 metros de altura; y es del caso que el Tranque tiene una capacidad de 23 mil metros cúbicos y su muro contará con una altura en su punto más alto de 2,7 metros.

En lo que respecta a los permisos y estudios de carácter ambiental, la obra a desarrollar, al no tener las características establecidas en el artículo 294 recién citado, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 letra a) de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente no se requiere someter al sistema de evaluación de impacto ambiental, por lo que menos se debe presentar un Estudio de Impacto Ambiental. Esto además está reforzado con lo dispuesto en el artículo 3 letra a.1, del Decreto Supremo 40, que aprueba el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental.

Además, de acuerdo al Plan Regulador Comunal de Ovalle, de septiembre de 2015, los puntos referenciados como AR1, son zonas inundables, dentro de las que se encuentra el lugar donde está emplazado el condominio Los Peñones. Además, conforme al Estudio de Riesgos del Plan Regulador de Ovalle, de enero de 2013, desde tal fecha ya se tenía certeza que la zona señalada es susceptible de riesgo de inundación.

La construcción del “Tranque Los Peñones” o “Tranque Ovalle” en ningún caso da origen al riesgo de inundación, y menos lo aumenta, ya que con o sin tranque el riesgo existe igual, y no acredita cómo el tranque aumenta el riesgo indicado.

En cuanto a las garantías constitucionales esgrimidas como conculcadas, señala lo siguiente:

a) Derecho a la Vida e Integridad Física y Psíquica de las personas:

Conforme a la argumentación en que basan las recurrentes la vulneración a esta garantía, señala que no existe relación alguna entre el temor a que su vivienda se vea inundada con motivo de contingencia meteorológicas y a la construcción del tranque. Reitera que el lugar donde se construyó el condominio “Los PEÑONES”, ya en el 2013 fue declarado como zona de inundación, y esta calificación no ha cambiado hasta la fecha, por lo que el emplazamiento del tranque en ningún caso fue motivo de dicha declaración.

b) Medio ambiente libre de contaminación: Tratándose de la garantía consagrada en el artículo 19 N° 8 de la Carta Fundamental, el inciso segundo del artículo 20 del texto constitucional dispone que el recurso de protección procederá́ cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada, descartando la arbitrariedad y restringiendo con ello el análisis jurídico únicamente a determinar la legalidad del acto u omisión denunciado.

c) Igualdad ante la ley: señala que el proyecto se está realizando por Aguas del Valle S.A en cumplimiento de una instrucción dada por el órgano regulador y sancionador de las sanitarias del país. Se suma a ello, que por las características del proyecto “Tranque Los Peñones” o “Tranque Ovalle”, este no requiere ser sometido ni al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ni a la aprobación de permisos por parte de la Dirección de Obras Municipales (DOM) y en consecuencia, no se está realizando ninguna diferencia arbitraria a favor de esta prestadora sanitaria – y por tanto, vulnerando la garantía fundamental establecida en el artículo 19 número 2 de la Carta Fundamental..

d) Respeto y protección a la vida privada y a la honra: no existe nexo o relación entre esta garantía y el hecho correspondiente a la construcción de un tranque, en razón a que esta garantía se refiere a elementos subjetivos referidos a la imagen, dignidad, fama y consideración que se tienen los individuos dentro de una sociedad.

e) Propiedad: Para que se acoja un recurso de protección, invocando la vulneración a la garantía indicada en esta letra, el derecho de dominio debe encontrarse indubitado, los cuales estima que no existen, siendo difícil haber irrogado una afectación ilegítima al artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, por lo que no es suficiente enunciarla y luego señalar que tiene un derecho de dominio, sin ni siquiera demostrar los elementos que harían procedente acoger el presente arbitrario.

Finalmente, solicita el rechazo de todos los recursos acumulados, los cuales no permiten lógica ni jurídicamente dar por acreditado que Aguas del Valle S.A. haya vulnerado las garantías constitucionales invocadas, no siendo posible en consecuencia que se dé lugar a las pretensiones planteadas, las que son desmedidas, carecen de razonabilidad y racionalidad, son desproporcionadas y, en definitiva, conllevarían a producir un grave perjuicio a su representada y a toda la comunidad de Ovalle.

La recurrida acompañó los siguientes documentos: 1.- Acta de puerta a puerta informativo Villa Los Peñones en Ovalle, de fecha 28 de julio de 2018, elaborado por el Programa Agua Sana de la empresa Aguas del Valle .S.A.; 2.-.Acta Reunión celebrada el día 7 de Agosto de 2018, en la que participaron los vecinos de la Villa Los Peñones de Ovalle y personal de la empresa Aguas del Valle .S.A.; 3.- Informe elaborado por el área de comunicaciones y vínculos con la comunidad de la empresa Aguas del Valle S.A.; 4.- Oficio SISS N° 1118, de fecha 30 de Marzo de 2016, que explicita la obra Tranque Ovalle, define el volumen que debe tener y exige incluirlo en el cronograma Plan de Desarrollo. Además, hace referencia una segunda etapa y dependiendo de la evolución de futuros eventos extremos, se podrá programar un segundo tranque de similares características; 5.- Informe LG-INS-137, de fecha 23 de marzo de 2018, elaborado por el laboratorio de geotécnica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que indica, con respecto a la primera calicata o excavación realizada en el Recinto Los Peñones, que este fue de una profundidad de 4, 40 metros, señalando además de qué está compuesto el suelo donde irá emplazado el tranque; 6.- Informe LG-INS-138, de fecha 23 de marzo de 2018, elaborado por el laboratorio de geotécnica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, referente a la segunda calicata, realizada en el Recinto Los Peñones, que este fue de una profundidad de 4, 50 metros, señalando además de qué está compuesto el suelo donde irá emplazado el tranque, midiendo además la capacidad de filtración del mismo; 7.- Informe LG-INS-139, de fecha 23 de marzo de 2018, elaborado por el laboratorio de geotécnica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, respecto a la tercera calicata, de una profundidad 4, 70 metros, y, en cada cota o nivel, da cuenta de las características del suelo. También, en lo referente a su compactación, se indica que aspectos se consideraron para calcular el porcentaje de compactación; 8.- Informe LG-INS-140, de fecha 23 de marzo de 2018, elaborado por el laboratorio de geotécnica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, respecto a la cuarta calicata, de una profundidad 5 metros, y, en cada cota o nivel, da cuenta de las características del suelo; 9- Informe Ensayo de Suelos, N°. S.18-24564, de fecha 15 de febrero de 2018, elaborado por la Fundación de Investigación y Control de Calidad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Serena. Este informe de ensayo recopila los antecedentes recabados en los 4 informes anteriores, lo que permitió́ determinar: -Nivel de granulometría del suelo; -Determinación del nivel líquido y plástico del suelo -Contenido de humedad - Determinación de Densidad - Determinación de soporte de compactación.- Determinación de partículas sólidas; 10.- ANEXO: ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUD, elaborado por el Departamento de Ingeniería Civil de Universidad Católica de la Santísima Concepción, de fecha 29 de Mayo de 2018, solicitado por la empresa ICSA, para el diseño del Tranque Ovalle; 11.- Informe Servicio Control de Plagas, de fecha 13 de agosto de 2018, en el cual se da cuenta del trabajo de desratización realizado en el Planta Los Peñones en Ovalle; 12.- Estudio de Riesgos Plan Regulador Comunal de Ovalle, Región de Coquimbo solicitado por la Municipalidad de Ovalle, de fecha enero del año 2013, en cual hace referencia a las zonas inundables; 13.- Plan Regulador de la Comuna de Ovalle, de fecha septiembre de 2015, parte 1 y 2, donde se indica como zona inundable o potencialmente inundable, los puntos con las siglas “AR-1”; 14.- Acta de Inspección en terreno-Unidad de Fiscalización DGA Nro. 0000414, Nro. 0000415 y Nro. 0000416 todas de fecha 4 octubre de 2018; 15.- Circular Ordinario Nº295 de 29 de abril 2009.

Se le solicitó informe a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la que señaló que no posee facultades para el otorgamiento de permisos o autorizaciones para construcción de las obras que las concesionarias sanitarias deban realizar a objeto de dotar a sus concesiones de la infraestructura necesaria para dar cumplimiento a la garantía de calidad de servicio, por lo que no puede impedir la construcción de determinada obra, como es el caso del tranque de acumulación consultado; que si bien la obra técnicamente resulta una solución necesaria, resulta fundamental que esta obra cuente con las autorizaciones sectoriales que permitan su construcción y funcionamiento.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que en conformidad al recurso interpuesto, el acto arbitrario e ilegal es la construcción de un tranque de acumulación de agua de 23 millones de litros de agua por parte de la sanitaria Aguas del Valle S.A., emplazado en sector Los Peñones, de la comuna de Ovalle, cercano a un loteo residencial, que conllevaría a un estado constante y permanente de miedo por parte de las familias colindantes debido a la permanente posibilidad de rompimiento, rebalse o una inundación.

CUARTO: Que en cuanto a la extemporaneidad alegada por la recurrida, se debe indicar que se sustenta en circunstancias generales, cuyos antecedentes no son suficientes para estimar que todos y cada uno de los recurrentes haya tomado conocimiento de los hechos denunciados, con posterioridad al transcurso del plazo establecido en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, por lo que se desestima tal argumentación.

QUINTO: Que es necesario indicar que los recurrentes no han acompañado antecedente técnico alguno, que permita establecer alguna deficiencia técnica del proyecto en cuestión. Sólo se limitan a indicar el temor que dicha construcción les genera, ante una eventual crecida del río o desborde de las aguas. Además, no se indica norma legal o reglamentaria que haya sido vulnerada por la recurrida, en cuanto a los permisos o autorizaciones que se requieran para la construcción del tranque de acumulación de agua.

SEXTO: Que en conformidad a los antecedentes acompañados, la obra denunciada posee las características de infraestructura sanitaria, y por ende, no hay antecedentes que permitan establecer que se haya omitido o infraccionado alguna norma en la aprobación y construcción del referido tranque. Se debe recordar lo establecido en la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, en su el artículo 3.2.2 del capítulo segundo del título 3 dispone: “Todo proyecto relacionado con la construcción reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la provisión o purificación de agua potable para el consumo humano, quedara sometido a lo dispuesto en el Código Sanitario y sus Reglamentos. Por su parte, el artículo 4 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones preceptúa que: “Al Ministerio de Vivienda y Urbanismo corresponderá, a través de la División de Desarrollo Urbano, impartir las instrucciones para la aplicación de las disposiciones de esta Ley y su Ordenanza General, mediante circulares”. En la especie, mediante Circular Ordinario N° 295 de 29 de abril de 2009, se indica “b) OBRAS QUE NO REQUIEREN PERMISO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES”, específicamente los “ductos”, “plantas elevadoras de aguas servidas”, “plantas de tratamiento de aguas servidas”, “plantas de captación de agua potable”, “rellenos sanitarios”, “estaciones de transferencia de residuos, plantas domiciliarias propias de urbanización de un predio singular (de tratamiento de aguas servidas, captaciones de agua potable, estanques, etc.) u otras de similar naturaleza”.

Además, se debe tener presente el artículo 294 del Código de Aguas, nos indica que requerirán de la aprobación de dicha autoridad: Los embalses de capacidad superior a cincuenta mil metros cúbicos o cuyo muro tenga más de 5 metros de altura, lo cual no se configura en el caso de análisis, toda vez que no hay discusión que el Tranque tiene una capacidad de 23 mil metros cúbicos y su muro contará con una altura en su punto más alto de 2,7 metros.

Por otra parte, en conformidad a lo establecido en el artículo 294 recién citado, y en relación al artículo 10 letra a) de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente no se requiere someter al sistema de evaluación de impacto ambiental dicha obra.

SEPTIMO: Que conforme a los recursos interpuestos y los antecedentes acompañados, no se logra acreditar ningún acto u omisión de carácter arbitrario o ilegal, de carácter indubitado, que justifique una actuación que imponga el imperio del derecho, en forma rápida y urgente, como es el objetivo de toda acción constitucional de protección. Toda discusión respecto de aspectos de construcción, autorizaciones y eventuales perjuicios, son materia de procedimientos de largo aliento, lo cual no es la especie y la vía para su análisis y discusión. En consecuencia, tampoco se acredita la vulneración a las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZAN, sin costas, los recursos de protección interpuestos y acumulados en estos autos.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Marcos López Julio.

Rol N° 1047-2018 (acumuladas 1048, 1050, 1051; 1052; 1053; 1054; 1055; 1056; 1058; 1062; 1065; 1066, 1067, todas año 2018)

Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena integrada por el Ministro titular señor Humberto Mondaca Díaz el Fiscal Judicial señor nombre reservado y el abogado integrante señor Marcos López Julio.

En La Serena, a veinte de diciembre de dos mil dieciocho, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.