nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

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Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol N° 1046-2025 La Serena, tres de julio de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece Judith Amelia Urzúa Arriaza, abogado, quien interpone recurso de protección en representación de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado legalmente por su Director Nacional don Luis Eduardo Thayer Correa, fundado en que la autoridad administrativa ha incurrido en una omisión ilegal y arbitraria por no resolver la solicitud de residencia temporal presentada por la recurrente el 20 de septiembre de 2023, registrada bajo el ID 67671174.

En primer término, señala que la recurrida ha incurrido en una demora injustificada al no haber dictado resolución final dentro del plazo máximo de seis meses, establecido en el artículo 27 de la Ley Nº19.880. Destaca que esta situación mantiene a la recurrente en un estado de indefensión, sin entregarle una respuesta respecto a su situación migratoria.

Agrega que, la urgencia de la presente acción constitucional viene dada por el hecho de la ilegalidad en la que incurre la autoridad migratoria de autos, donde a través de un proceder omisivo no otorga respuesta a la afectada sobre su solicitud de Residencia temporal, no ajustándose a los plazos legales o incluso plazos razonables, afectando su garantía constitucional de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política.

Por lo anterior, solicita que se condene al Servicio Nacional de Migraciones a resolver la solicitud de residencia temporal de la recurrente en un plazo que no exceda a 60 días y condenar en costas a la recurrida.

Acompaña los siguientes documentos: 1) Comprobante de envío de solicitud de residencia temporal, de fecha 20 de septiembre de 2023; 2) Certificado de residencia en trámite; 3) Copia digitalizada de pasaporte colombiano; 4) Contrato de trabajo; 5) Cédulas de identidad de los hijos de la recurrente; 6) Acta de nacimiento apostillada de hijo; 7) Certificado de antecedentes penales apostillados; 8) Comprobante de pago de multa.

SEGUNDO: Que informa el recurso don Roberto Ignacio Castillo Toro, abogado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso, sin costas, por estimar que no existe acto u omisión ilegal o arbitraria que afecte los derechos fundamentales de la recurrente.

Sostiene que la solicitud de residencia temporal de la recurrente ingresó el 20 de septiembre de 2023, encontrándose actualmente en etapa de resolución desde el día 6 de julio de 2024.

Luego reseña antecedentes de derecho relativos a la visa temporaria y subcategoría de reunificación familiar y las normas protectoras de la Ley N°21.325.

Hace presente que el Servicio Nacional de Migraciones ha actuado con apego estricto a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, indicando que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genera privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de residencia presentada, lo cual califica la parte recurrente de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita que se ordene a la recurrida resolver sin más demora su solicitud o bien adoptar las medidas que se estimen apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho.

Por su parte, la recurrida ha señalado que la solicitud de residencia se encuentra en trámite.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo del asunto, atendido el mérito de los antecedentes, es dable señalar que en el presente caso no se vislumbra en la tramitación del procedimiento algún acto u omisión que pueda calificarse como ilegal o arbitrario y que conculque la garantía constitucional de igualdad ante la ley invocada, que requiera de la adopción de una medida cautelar de urgencia como la que se pretende, por cuanto durante la sustanciación del procedimiento la entidad recurrida le ha dado impulso al mismo, mediante el transcurso de las diversas etapas que indicó en su informe, encontrándose actualmente en etapa resolutiva, fase que se inició en julio de 2024, de forma tal que no se verifica en la especie infracción alguna al artículo 27 de la Ley N°19.880, no pudiendo estimarse como plazo excesivo aquel verificado en el caso de marras, motivos por los que la acción intentada se rechazará conforme se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Decisión acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Sr. Gabriel Gallardo, quien fue de la opinión de acoger el recurso intentado, ya que, en mérito de lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones, es posible advertir que la tramitación de la permanencia definitiva del actor se encuentra en una etapa resolutiva desde septiembre de 2024, sin que la recurrida diera fundamentos para justificar esta etapa, extendiéndose la solicitud en más de dos años, plazo que escapa de toda razonabilidad para emitir un pronunciamiento, ya sea concediendo o rechazando el beneficio solicitado.

Por lo que queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo de tal forma el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880, debiendo esta dilación, en este caso particular, ser debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal y oportuna, en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1046-2025 Protección.