Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N° 1045-2018.- La Serena, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Comparece Eduardo Quintanilla Rojas, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en base a los siguientes antecedentes.

Indica que con fecha 30 de Agosto del 2017, su representado reclama contra la resolución N° 000000003 de la Asociación Chilena de Seguridad, la cual calificó su patología médica como no cubierta por la Ley N° 16.744 y sus reglamentos, y que por tanto no requiere reposo laboral, no otorgándose licencia médica.

Luego, el 03 de enero del 2018, presenta recurso de reconsideración de la resolución antes mencionada respecto del cual se pronuncia la recurrida con fecha 08 de junio del mismo año, mediante Resolución Exenta N° 15921, concluyendo que la afección que presenta su representado es de origen común. Dicha resolución le fue notificada con fecha 08 de junio 2018.

Agrega que con fecha 22 de junio del 2018, se deduce apelación administrativa respecto de esta última resolución, resolviéndose mediante Resolución Ord. N° 40387, la cual en lo resolutivo mantiene firme la resolución anterior. Esta última resolución le fue notificada con fecha 08 de Agosto del 2018 y sobre esta y las anteriores resoluciones se produjeron los actos ilegales y arbitrarios que recurre.

Manifiesta que su representado se retiró el 11 de septiembre del 2014, del cargo de Operador – Mantenedor en Minera Los Pelambres, desempeñándose por a los menos 20 años en el Rubro de la Minería. Precisamente en el año 2011, comenzó a manifestar ciertos episodios ansiosos y trastornos adaptativos resultado de factores estresantes de su trabajo, siendo en ese entonces medicado con clonazepan y sertralina. Dichos diagnósticos se originaron con ocasión del uso excesivo de las nuevas tecnologías de información en la minería, factor de riesgo principal y patología somática originada con ocasión del trabajo, como asimismo contribuyo a esto la complejidad de la labor que efectuaba, la cantidad de horas que trabajaba.

En cuanto a los argumentos esgrimidos por la Superintendencia, en orden a que no es posible establecer relación de causalidad, señala que es complejo, porque los trastornos están determinados por factores biológicos, biográficos, psicológicos y sociales, los cuales no fueron calificados, no pudiendo desprenderse de la lectura de las resoluciones los reales sustentos fácticos o técnicos, dejando a su representado en absoluta indefensión para controvertir la decisión de la Superintendencia recurrida.

Asimismo, indica que el acto recurrido es arbitrario, por cuanto no ha sido adoptado con criterios que puedan estimarse racionales de acuerdo a los hechos expuestos, existiendo inclusive múltiples certificados médicos actuales, que dan cuenta que el diagnóstico que presenta don nombre reservado es con ocasión del trabajo. Y es ilegal, en cuanto es contrario al ordenamiento jurídico, porque vulnera e infringe los artículos 3 y 40 de la Ley 19.880, sobre procedimiento administrativo, y el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3/1984 del Ministerio de Salud, al ser un acto administrativo infundado, desde el punto de vista técnico y especialmente, desde el punto de vista fáctico, en orden a señalar los hechos en que se basa la decisión denegatoria.

Señala como garantías conculcadas el derecho a la vida e integridad física y psíquica, contemplado en el Artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República de Chile.

Previas citas legales finaliza su presentación, solicitando se acoja el presente recurso de protección en todas sus partes, declarando arbitraria e ilegal la ordenanza N° 40387, mediante el cual se rechaza el recurso de reconsideración interpuesto, o bien se adopten las medidas que esta Corte estime pertinente para restablecer el imperio del derecho, todo ello con costas del recurso.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Ordenanza N° 40387, de fecha notificación 08 de agosto 2018, emanada por la Superintendencia de Seguridad Social; 2.- Resolución exenta N° 15921, de fecha notificación 08 de junio 2018, emanada por la Superintendencia de Seguridad Social; 3.- Certificado médico del profesional nombre reservado de fecha 19 de junio 2018; 4.- Certificado de diagnóstico médico de profesional nombre reservado de fecha 29 de Agosto 2018; 5.- Certificado de diagnóstico médico de profesional nombre reservado de fecha 30 de Agosto 2018; 6.- Certificado de diagnóstico médico de profesional nombre reservado de fecha 3 de Septiembre 2018.

Evacuando informe la Superintendencia recurrida, en primer término, hace presente la extemporaneidad del recurso impetrado, al haberse ejercido la acción constitucional de marras con fecha 06 de septiembre de 2018, en circunstancias que el actor tuvo conocimiento de la supuesta acción u omisión arbitraria o ilegal, a lo menos, con fecha 22 de junio de 2018, oportunidad de presentación de la reconsideración administrativa contra la Resolución Exenta ISEST N° 15921, de fecha 08 de junio de 2018, de dicha Superintendencia, la cual determinó el origen común de la patología de salud mental que afectó al recurrente.

En este sentido, indica que se pretende utilizar el presente arbitrio constitucional como una última instancia de reclamación para obtener un pronunciamiento favorable, lo cual no resulta procedente, al no ser el recurso de protección una vía de impugnación subsidiaria, de tal suerte que el hecho de haber reclamado ante dicha Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno. Lo anterior deriva de lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, al señalar que esta acción se debe ejercer “sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

Luego, y en subsidio de lo anterior, alega la improcedencia de la acción de protección en materia de seguridad social, al no estar amparado por la acción cautelar que motiva estos autos el derecho consagrado en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Constitución, el cual no se contempla en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 del mismo cuerpo normativo.

En subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción de marras, haciendo presente que el Sr. nombre reservado reclamó ante dicha Superintendencia mediante presentación de fecha 03 de enero de 2018, en contra de la Asociación Chilena de Seguridad, quien calificó de origen común la patología de salud mental que presenta, de lo que discrepa. En razón de lo anterior, los profesionales médicos de dicho organismo procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, confirmando que la afección que presentó el Sr. nombre reservado es de origen común, toda vez que en su oportunidad no fue posible establecer una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7° de la Ley N° 16.744, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología que motivo la atención.

En este sentido, de los antecedentes tenidos a la vista, entre ellos, estudio de puesto de trabajo, informes y riegos clínicos, acompañados al expediente administrativo, no se verificó exposición a factores de riesgo de tensión psíquica, en el ejercicio del trabajo suficiente, para explicar la emergencia de la sintomatología reclamada en la especie.

A mayor abundamiento, en Informe Antecedentes Médicos, de fecha 25 de enero de 2018, suscrito por el Dr. nombre reservado, en relación a la evaluación clínica del Sr. nombre reservado, se señaló "Evaluado por psiquiatra quien indica tratamiento con antidepresivos señalando que cuadro no tiene origen laboral sino más bien en características disfuncionales del paciente (...) El 18 de diciembre de 2017, caso es evaluado por el Comité calificador de Enfermedades Profesionales, en proceso abreviado, determinándose que NO CORRESPONDE estudio por enfermedad profesional dado que paciente no mantiene vínculo laboral con la empresa hace más de tres años por su jubilación".

Que sin perjuicio de lo señalado, indica que con fecha 22 de junio de 2018, se dirigió nuevamente ante dicha Superintendencia el Sr. nombre reservado solicitando se reconsidere el dictamen N° 15921 antes citado. Sobre el particular, señala que los antecedentes del caso fueron una vez más evaluados por profesionales médicos de dicho organismo, concluyendo que no existen nuevos elementos que hagan variar lo resuelto. En efecto, los antecedentes aportados al expediente del Sr. nombre reservado acreditan que no ha tenido exposición al medio laboral hace más de tres años y que concurren en este período factores de tensión psíquica de índole no laboral.

En consecuencia, dicha Superintendencia resolvió no dar lugar a la solicitud de reconsideración planteada por el Sr. nombre reservado, manteniendo firme lo resuelto mediante Resolución Ord. N° 40387, de fecha 8 de agosto de 2018.

Por estas consideraciones y previas citas normativas, solicita el rechazo íntegro del recurso de protección impetrado, con costas.

Acompaña a su informe copia de los antecedentes que obran en el expediente administrativo, relativos al caso del Sr. nombre reservado.

Que con fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho se trajeron los autos en relación.

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que, en primer término, en relación a la alegación de extemporaneidad de la acción constitucional deducida, es necesario indicar que el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, dispone que el recurso de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. En la especie, el recurrente, ataca el acto administrativo final, esto es aquella resolución que resuelve la reconsideración, ya que es dicho acto el que da certeza de la decisión final del ente administrativo, por lo que la extemporaneidad está fuera de lugar.

CUARTO: Que, del mérito de los antecedentes aportados se infiere que, el recurrente mediante diversas presentaciones ha intentado obtener un pronunciamiento en orden a que su padecimiento de salud, sea declarado de origen laboral, puesto que la Asociación Chile de Seguridad le había diagnosticado un cuadro de trastorno adaptativo de origen no laboral, presentaciones que la Superintendencia de Seguridad Social resolvió mediante Resolución Ord. N° 40387, de fecha 8 de agosto de 2018, declarando de origen común la referida afección, por lo que no procedía otorgar en este caso la cobertura de la ley 16.744.

QUINTO: Que, en segundo término, en cuanto a la alegación de la recurrida, en orden a que el recurso de protección incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, garantizado en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, derecho que no se encuentra contemplado dentro del catálogo del artículo 20 de dicho texto constitucional, es necesario señalar lo ya establecido por esta misma Corte en causa rol 880-2018. En efecto, se debe tener en consideración que el numeral 2° del referido Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección previene que es preciso examinar el recurso deducido a fin de determinar si se mencionan hechos que podrían constituir vulneración de alguna de las garantías indicadas en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental. Pues bien, en la especie, de la simple lectura del libelo recursivo es posible constatar que la accionante reclama a través del presente arbitrio la decisión contenida en el Resolución 40.387, en virtud de la cual la SUSESO rechazó la reconsideración de la decisión contenida en la Resolución 15.921, que declaró que la enfermedad de la recurrente era de origen común, estimando que dicho acto le ha causado privación y perturbación a los derechos y garantías consagradas en el numeral primero del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que corresponde a esta Corte discernir si los actos reprochados podrían constituir una transgresión al derecho a la vida e integridad física de la accionante, o bien si tales actos pueden ser constitutivos de vulneración de otra garantía de aquellas protegidas por el recurso; por lo tanto, la argumentación sostenida por la recurrida en este aspecto, carece de sustento.

SEXTO: Que, la resolución impugnada, indica que los profesionales médicos de la SUSESO procedieron al análisis de los antecedentes disponibles y concluyeron que la afección que presentaba el solicitante es de origen común, por cuanto no resulta posible establecer una relación de causa directa, como lo exige la ley 16.744, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología que motivó el reposo, añadiendo que se ha verificado en los antecedentes la concurrencia de factores de riesgo de tensión psíquica de índole no laboral que explica la emergencia y evolución de la patología; en consecuencia, declara como de origen común la afección mental que presentaba el accionante, no resultando procedente otorgar la cobertura del precitado cuerpo legal.

SÉPTIMO: Que, en la especie, no nos encontramos ante un derecho indubitado, susceptible de ser amparado, en forma rápida y eficiente, mediante medidas de resguardo que permitan reestablecer el imperio del derecho, a fin de poner fin a cualquier conculcación de las garantías que asegura nuestra Carta Fundamental a todo habitante de la nación. En efecto, del análisis de los antecedentes aportados, se trata de una materia técnica y especializada, que requiere de conocimientos científicos idóneos para su resolución, por lo que la situación planteada está lejos de ser de aquellas que permitan establecer sin lugar a dudas y en forma evidente una afectación a un derecho determinado. El origen de la enfermedad del recurrente, es una discusión que, como ya se ha dicho, carece de certeza, por lo que su esclarecimiento, no puede ser pretendido resolver, a través de una acción constitucional, en la cual carece de las etapas procesales necesarias para decidir materias de naturaleza médicas y técnicas, ya que evidentemente se carecen de las competencias para ello y más aún, cuando se han acompañado una serie de antecedentes que se contraponen unos a otros, según quien las presenta, y los intereses que sustenta.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, es necesario indicar que la resolución impugnada y aquella sobre la cual recayó la reconsideración, se sustentan por sí misma, tanto en los antecedentes aportados, como del mérito del expediente administrativo, por lo que no se constata vulneración alguna en dichos actos administrativos.

NOVENO: Que atendido el mérito de los antecedentes allegados a los autos, lo señalado por el recurrente y lo informado por la recurrida, se desprende que el acto que se reprocha mediante el presente arbitrio constitucional ha sido dictado en conformidad a las facultades legales y reglamentarias que en materia de enfermedades profesionales detenta la Superintendencia de Seguridad Social, en particular, aquellas conferidas mediante la Ley N° 16.744 y el Decreto Supremo N° 109, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en relación con la Ley N° 16.395.

Precisamente en el ejercicio de la potestad precedentemente indicada es que se estableció por parte de dicho organismo que no existía una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7° de la Ley N° 16.744, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología que motivo la atención, habiendo obrado en consecuencia la recurrida dentro del ámbito de sus atribuciones legales.

DECIMO: Que, como se indicó, el acto impugnado se encuentra debidamente fundado. En efecto, los antecedentes aportados al expediente del Sr. nombre reservado acreditan que no ha tenido exposición al medio laboral hace más de tres años y que concurren en este periodo factores de tensión psíquica de índole no laboral, todo lo cual evidencia y refuerza los argumentos esgrimidos por el ente administrativo, que motivan su decisión de rechazo.

UNDECIMO: Que, en síntesis, de lo expuesto en los considerandos precedentes se deduce que la Superintendencia de Seguridad Social, al haber emitido la resolución reprochada, ha obrado dentro de sus facultades legales, careciendo asimismo dicha decisión de arbitrariedad alguna al aparecer debidamente ajustada al mérito de los antecedentes, por lo que, al no cumplirse el presupuesto básico de procedencia de esta acción constitucional, en cuanto a la existencia de una actuación u omisión arbitraria o ilegal, necesariamente se deberá rechazar el presente arbitrio constitucional, y así precisamente se declarará en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en representación de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, sin costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactada por el abogado integrante Marcos López Julio.

Rol N° 1045-2018 (Protección).- Pronunciado por la Primera Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por el Ministro titular señor Fernando Ramírez Infante, el Ministro suplente señor Juan Carlos Espinosa Rojas y el abogado integrante señor Marcos López Julio. No firma el Ministro señor Espinosa no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa por encontrarse en comisión de servicio.

En La Serena, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.