nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado

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Recurso de Protección Rol N° 1042-2020.- La Serena, veinte de agosto de dos mil veinte.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 16 de junio de 2020, ha comparecido nombre reservado, empleada, domiciliada en domicilio reservado, quien debidamente representado interpone recurso de protección en contra de nombre reservado, receptora judicial, con domicilio en el Edificio de Tribunales de La Serena, domicilio reservado, en razón de que la recurrida habría faltado a la verdad al efectuar certificaciones y búsquedas de la causa P-8.824-2019, lo que ha afectado de manera arbitraria e ilegal el ejercicio de sus derechos reconocidos en los numerales 1°, 2°, 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Fundando el recurso, y a modo de contexto, señala que desde marzo del año 2001 tiene el domicilio ya singularizado, oportunidad en que compró dicho inmueble al Banco Estado.

Indica que el año 1995, contrajo matrimonio con nombre reservado, sin embargo, por problemas de violencia intrafamiliar, en el año 2009 éste debió abandonar el domicilio, dejándose la respectiva constancia policial. Luego, en el mes de septiembre de 2010 se divorciaron definitivamente. Así, rehízo su vida y fuera de tener un hijo en común de 24 años, no existe ningún tipo de relación, ni contacto, con su ex cónyuge.

Agrega que en la casa pareada que se encuentra a un costado, ubicada en domicilio reservado” , vive nombre reservado, inmueble que se encuentra sin moradores y a su cuidado desde enero de 2020. Luego, en domicilio reservado, vive nombre reservado, primo de la recurrente y quien tiene un almacén en su domicilio. Frente al domicilio se emplaza la capilla Sagrada Familia.

Hace presente que todas las personas señaladas conocen la situación familiar de la recurrente, es una persona conocida en el Barrio, porque cuando ocurrió el abandono de su ex marido, debió ser auxiliada con cajas de alimentos por los vecinos del barrio y gente de la misma parroquia.

Añade que el día 13 de junio de 2020, en horas de la noche, y al regresar del turno de su trabajo, la recurrente encontró una notificación judicial y citación dejada por la recurrida, mediante la cual pretende emplazar en la citada dirección a nombre reservado, su ex cónyuge, quien no vive ahí hace casi 10 años. Revisada la causa P-8.824-2019, existen 2 certificaciones previas a la notificación, las que sirven de base para la orden de notificar en dicho domicilio. De tal forma, la recurrida primero certifica 2 veces un hecho falso, y luego entrega dicha información falsa al Tribunal.

En cuanto a las garantías constitucionales lesionadas, sostiene que el acto recurrido ha perturbado y vulnerado su derecho a la integridad psíquica, pues ha generado incertidumbre, stress, estado ansioso por temor y vulnerabilidad psicológica para enfrentar la amenaza del actuar arbitrario de la justicia, al verse expuesta a un procedimiento injusto e ilegal, que amenaza su hogar y sus bienes.

Expresa además, que también se han afectado sus derechos a la igualdad ante la ley, y a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, al despojar a la recurrente del trato racional y ajustado a derecho que todo funcionario judicial debe observar en el desempeño de sus funciones. Además, no puede un receptor judicial a su arbitrio, dejar de cumplir sus obligaciones e incumpliendo la Ley, certificar un hecho en base a su intuición.

Por último, refiere que se ha afectado el derecho de propiedad, al ver amenazados de embargo sus bienes por deuda ajena, máxime si el procedimiento ha sido viciado por el arbitrario e ilegal actuar de la recurrida.

Agrega que no existe otro remedio procesal que no sea el recurso de protección, ya que ella no es parte del juicio P-8.824-2019 y por tal motivo, sólo podría optar a interponer una tercería al momento del embargo, la que no podría prosperar al no poder notificarla al deudor, por no contar con su domicilio.

Termina solicitando se tenga por interpuesto el recurso.

En sustento de su acción cautelar la recurrente acompañó los siguientes documentos: certificado de matrimonio donde costa su divorcio, y 13 declaraciones juradas emitidas por los vecinos de la recurrente, y 1 certificado de residencia.

SEGUNDO: Que, con fecha 30 de junio de 2020, comparece la recurrida y evacuando el informe sostiene que, por encargo del abogado del Instituto de Previsión Social, Patricio López San Francisco, se le solicito efectuar la notificación de la causa de cobranza previsional P-“8.842”-2019,( más adelante indica el Rol 8.824), seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, diligencia que efectuó el 28 y 30 de abril del año dos mil veinte. Al efecto, realizó búsquedas positivas al demandado nombre reservado, en el domicilio señalado en la demanda, ubicado en domicilio reservado. Afirma que consultó a vecinos del sector quienes le señalaron que podía ubicar al demandado en tal domicilio, además, tal dirección es la que aparece en la resolución de cobranza judicial como su domicilio comercial. Posteriormente, el 13 de junio de 2020, lo notificó de conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil En primer lugar, sostiene que la acción intentada es extemporánea, puesto que, el recurso fue interpuesto el 16 de junio de 2020, y de la sola lectura del mismo queda de manifiesto que se reclama de las búsquedas efectuadas los días 28 y 30 de abril de 2020, fecha cierta en la que tomó conocimiento de los hechos que son materia de este recurso.

Enseguida, afirma que la acción intentada es improcedente, toda vez que por su intermedio se pretende paralizar la causa RIT P-8.824-2019, existiendo los medios para impedir su ejecución en el respectivo procedimiento.

Respecto del fondo del recurso, señala que no ha infringido norma legal alguna, ya que actuó conforme lo ordenado por el Juzgado del Trabajo de La Serena, y las notificación y certificaciones se efectuaron en el domicilio señalado en la demanda ejecutiva. Además, las certificaciones se realizaron conforme la Ley, pues consultó a vecinos del sector quienes le señalaron que podía ubicar al demandado en el ya referido domicilio.

En definitiva, solicita el rechazo de la acción constitucional entablada.

La recurrida allegó a los autos, correo electrónico mediante el cual se le encargó la notificación de causa, por el abogado del Instituto de Previsión Social TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en relación a la alegación de extemporaneidad de la acción constitucional deducida, preciso es consignar que el numeral 1° del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, dispone que el recurso de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

SEXTO: Que ,en el caso sub lite, cabe señalar que de los antecedentes allegados al recurso, los cuales deben apreciarse de acuerdo con las reglas de la sana critica, y del tenor del informe evacuado por la recurrida, se infiere que, efectivamente, con fecha 28 y 30 de abril de 2020 se realizaron las búsquedas y certificaciones previas a la notificación practicada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, el 13 de junio de 2020, oportunidad en que se notificó al demandado en la causa Rol P-8.824-2019 seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, siendo esta última fecha la oportunidad en que cabe considerar que la recurrente tomo conocimiento de los hechos objeto de la presente acción constitucional, lo que permite concluir que el presente arbitrio se planteó dentro de los treinta días corridos a que se refiere la norma citada en el motivo anterior, con lo que la alegación de extemporaneidad debe ser desestimada.

SEPTIMO: Que, en cuanto al fondo del recurso de protección, cabe tener presente que en virtud de lo dispuesto en el artículo 390 del Código Orgánico de Tribunales, los receptores son ministros de fe pública y el artículo 427 del Código de Procedimiento Civil, consagra que “se reputarán verdaderos los hechos certificados en el proceso por un ministro de fé, a virtud de orden de tribunal competente, salvo prueba en contrario”.

De lo dicho precedentemente puede desprenderse que las certificaciones receptoriales, se encuentran revestidas de la presunción del artículo 427 ya mencionado, por lo que corresponde a la tercero nombre reservado, efectuar en la causa Rol P-8.824-2019 las alegaciones que estime pertinentes al efecto, a través de los mecanismos procesales que contempla la propia ley, para debatir la veracidad del cumplimiento de los requisitos legales para la procedencia de la notificación en conformidad al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, y consecuencialmente para la validez de una notificación que se ha practicado en un domicilio que según la recurrente no corresponde al demandado sino que al de ella, diligencia que le podría ocasionar perjuicios de ser efectiva dicha circunstancia.

OCTAVO: Que, de lo anterior se concluye que el actuar de la receptora judicial, en su calidad de ministro de fe, no puede estimarse que constituya un acto arbitrario o ilegal, al contrario, lisa y llanamente ha dado cumplimiento a una resolución judicial, donde no se vislumbra afectación alguna de los derechos constitucionales que alega la recurrente, no siendo, además, ésta la vía idónea para discutir sobre la validez de las diligencias efectuadas y en todo caso la validez de la notificación practicada debe ser debatida en la referida causa laboral.

NOVENO: Que, en consecuencia, no existiendo acto u omisión que prive o perturbe en forma ilegal o arbitraria las garantías invocadas, no cabe sino el rechazo del presente recurso.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de doña nombre reservado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Fiscal Judicial don nombre reservado.

Rol N°1042-2020 Protección